Los diversos rostros de la violencia: el caso Monterrey


I. El olor del miedo
:
El testimonio habla de la violencia que se vive a diario en Monterrey. José Mendoza se siente vulnerable y por ello utiliza un seudónimo para ocultar su verdadero nombre. Sobrevivir a un tiroteo no le garantiza nada. Sabe que en cualquier momento el crimen organizado puede identificarlo y desaparecerlo sin el menor reparo, como ocurre a diario con sólo mirar las noticias.
Esta historia comenzó el pasado 22 de mayo de 2011 en la fachada del Café Iguana, uno de los bares emblemáticos de la ciudad, famoso por albergar a los grupos más sobresalientes de la escena rockera regiomontana. José llegó al lugar alrededor de las 00:20 horas. Acababa de saludar a Pablo y al ‘Enano’ cuando recibió el primer disparo en el brazo derecho, justo debajo del hombro, en el momento exacto que cruzaba la puerta de entrada. Se tiró al suelo por puro reflejo mientras el ensordecedor ruido de la metralla consumaba la tragedia. Luego vino un silencio pesado, profundo, espeso, capaz de convertir la incertidumbre en la más insoportable angustia.
Un miedo punzante se apoderó de José, quien permanecía tendido sobre el piso, escuchando gritos y sollozos de mujeres con los nervios destrozados. No sabía si el tiroteo había llegado a su fin. Pensó en la posibilidad de que hubiera narcotraficantes armados dentro del bar o que los agresores pudieran estar afuera, al acecho de cualquiera que intentara salir del establecimiento. Así pasaron varios minutos hasta que finalmente llegó la policía.
Lo subieron a la ambulancia bañado en sangre. La bala le destrozó el húmero, pasando a tan sólo cinco milímetros de la arteria braquial, algo que probablemente le hubiera provocado morir desangrado en pocos minutos. Durante el trayecto al hospital, los rescatistas lucían nerviosos. Le contaron que, en ocasiones, los sicarios bloqueaban el paso de las ambulancias para bajar a los heridos y desaparecerlos. Una vez en el hospital, los médicos pudieron salvarle el brazo. Cuatro personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a Pablo César Martínez y Gerardo Fermín Sánchez Lomelí, mejor conocido como ‘el Enano’, quienes formaban parte del equipo de seguridad del bar.
A casi dos meses de lo ocurrido, José no puede sacar de su cabeza aquel fatídico día. A menudo reflexiona sobre aquel instante en que se salvó de una muerte segura. “Si no hubiera dado ese pasito, justo al entrar, muy probablemente estaría muerto”, recuerda José al mostrar la cicatriz que le dejó el tiroteo.
Pensó en abandonar la ciudad mientras las cosas se tranquilizan un poco, quizá pasar un tiempo con su familia en Saltillo, pero considera que su vida está en Monterrey, al lado de su novia y los amigos que le han apoyado en estos momentos difíciles. Aunque ha recuperado la movilidad del brazo sigue sin poder trabajar, pero no le importa. Siente que volvió a nacer y por ello disfruta cada bocado, cada abrazo de los suyos como si fuera el último.
Los lentes oscuros que porta al momento de la entrevista no ocultan el miedo. “Ahora vivo con paranoia. Cada que veo un coche sospechoso, me entra la adrenalina y volteo para todos lados esperando que pase algo”, relata José. El narco no pudo quitarle la vida, pero le arrebató la calma. Una situación similar a la que viven a diario miles de habitantes de la zona urbana de Monterrey, víctimas del miedo y la violencia.

Fachada del Café Iguana

Después de las 10 de la noche, las calles lucen despobladas. Puede sentirse la tensión en el ambiente. La gente voltea con desconfianza en todas direcciones mientras espera el autobús en la avenida Juárez, a la altura del Colegio Civil. Tras varios minutos, decido tomar un taxi con dirección al sur, cerca del Cerro de la Silla, donde vive César, un amigo de mi hermano que gentilmente me hospeda en su casa. Durante el recorrido, el taxista narra con detalle la vez que presenció un tiroteo a tan sólo unos metros de distancia, cuando los tipos que conducían una camioneta negra le cortaron el paso al automóvil de enfrente y comenzaron a disparar.
Al llegar a mi destino, César me cuenta que por las noches pueden oírse los enfrentamientos entre el ejército y las bandas del crimen organizado. Un ambiente que empieza a hacerse habitual.
La violencia en las calles se hizo más visible a partir de 2008, un año después de que el rompimiento formal entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas desencadenara una confrontación abierta por el control del territorio . A partir de entonces, la guerra entre ambas organizaciones detonó las ejecuciones en los nueve municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años y medio han sido contabilizados al menos 2 mil 443 asesinatos en el estado de Nuevo León, cifra que se ha incrementado notablemente año con año. En 2007, el gobierno estatal registró 283 asesinatos vinculados con el narcotráfico. En 2010 hubo 770 casos. Para la primera mitad de 2011 esta cifra se ha duplicado: hasta el 30 de junio se habían registrado al menos 860 homicidios .
Eso, sin contar los 21 ejecutados en el bar Sabino Gordo el pasado 8 de julio ─en una de las jornadas más violentas a nivel nacional durante el sexenio de Felipe Calderón─, la matanza de 23 personas más entre el lunes 11 y el miércoles 13 del mismo mes, o el asesinato de 52 personas en el atentado contra el Casino Royale que consternó al país entero en el mes de agosto. Hechos que hacen de 2011 el año más violento en la historia de Nuevo León.
Para revertir la situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para reestructurar las corporaciones policíacas de Nuevo León y reducir la presencia del ejército en las calles. La publicidad de la llamada ‘Fuerza Civil’ es evidente en cualquier rincón de Monterrey, ya sea en anuncios espectaculares, autobuses o puestos de reclutamiento, como los que hay a lo largo de la calle Morelos, en el centro de la ciudad. De esta forma se pretende acabar con la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad mediante incentivos económicos para los las nuevas generaciones de jóvenes policías, estrategia similar a la que utilizan los cárteles de la droga para reclutar gente.

Convocatoria Fuerza Civil, Nuevo León.

“Ahora el policía que menos gana en Nuevo León, con sus exámenes de control de confianza y todos los requisitos que implantamos, gana casi 14 mil pesos. Aumentamos los seguros de vida y la calidad de su capacitación. En pocas palabras, estamos dotando al policía de una carrera y un plan de vida para que tenga algo que perder. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos policíacos”, señaló el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante el foro Justicia y seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió la necesidad de realizar modificaciones de fondo en los sistemas de impartición de justicia a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario criticó la falta de una gran política nacional de desarrollo social capaz de resolver a fondo el problema de la delincuencia organizada, pues reconoció que la falta de oportunidades para los jóvenes representa un “caldo de cultivo” para el crimen.

Rodrigo Medina en el Foro de Justicia y Seguridad

De ahí que algunos expertos consideren que fenómenos como la pobreza, la marginación y los altos índices de desigualdad social que padece Monterrey, y el resto del país, representan “un factor determinante para entender todos las causas que están provocando los efectos negativos vinculados con la violencia y la criminalidad”, tal como sostiene Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, quien considera que el clima de violencia ha provocado en la población un temor profundo que le impide actuar de manera decidida frente al problema.

“Tenemos más miedo y como consecuencia ya no deseamos participar. Creo que el miedo se deriva de esta gran ignorancia de no saber hablar directamente del tema, porque tiene sus causas y son muy explicables. Tenemos muchos años cometiendo malas prácticas y a medida que las vayamos revirtiendo podremos solucionar el problema”, apunta el experto en derecho penal.

 

 

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II. El crimen como forma de vida
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‘El Gufi’ entró a una pandilla cuando tenía 13 años de edad. Creció en la colonia Independencia, una de las favelas regiomontanas donde la violencia y el crimen son cosa de todos los días.
“Desde chico viví la vida muy rápido, me gustaba andar de aquí para allá. También empecé de vicioso con las drogas, pues desde chico vi gente consumiendo drogas”, cuenta el Gufi, quien a los 11 años consumió mariguana por primera vez; a los 15 ya portaba su primera pistola.

Gufi

Pertenecer a una pandilla como la Sur 13 no era ningún juego, sino un asunto de pertenencia, de identidad. Una forma de hacer frente al mundo hostil que les rodeaba a un puñado de jóvenes con perspectivas de futuro poco alentadoras. Tenían un líder y a menudo hacían reuniones para “discutir” diversos temas, divertirse tomando cerveza o ayudarse entre sí. Cuando alguien del barrio estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, la pandilla vendía ropa o drogas para ayudar al hermano en apuros. También salían a robar a colonias acomodadas cuando el hambre apretaba. De ahí que muchas pandillas se identifiquen con personajes como Chucho ‘el Roto’, héroe de una mitología popular que robaba a los ricos para darle a los pobres, explica el Gufi mientras muestra orgulloso la imagen de Pancho Villa que lleva colgando del cuello.

“Lo hacíamos para sostener nuestras casas, nuestros alimentos. Había ocasiones que no había nada que comer y de ahí teníamos que sacar”, recuerda el pandillero en retiro.
Se cuidaban las espaldas el uno al otro, unidos por los colores de la pandilla, ese pacto de sangre que hacía la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de enfrentar a las pandillas rivales o a la policía. Aunque siempre se sintió atraído por el respeto y el poder que le confería el ser miembro de la Sur 13, los problemas empezaron cuando los excesos se convirtieron en un estilo de vida. Algo que tarde o temprano pasa factura.

Sur 13

“El narco se te hace un vicio, querer tener siempre más y más. En una ocasión, llegué a tener en mi casa 175 kilogramos de mariguana, cinco kilos de coca, 32 pistolas y hasta un harén con cinco mujeres. Todo se te hace fácil teniendo dinero. Para darte una idea, en aquel tiempo un kilo de coca costaba alrededor de 90 mil dólares. Ahora que miro atrás no sé que hice con todo ese dinero”, señala Gufi, quien decidió alejarse de ese estilo de vida luego de un incidente que vivió al lado de David Cardona Carrillo, alias ‘el Ruso’.
“Cuando llegamos nos encontramos a otros contrarios a la pandilla, nos reconocieron y sacaron de la disco. Nos dijeron que ya no nos querían volver a ver ahí. Me apuntaron con una pistola en el cuello y por azares del destino no me dispararon. Regresamos y no lo podíamos explicar, sabiendo que había muchas muertes y que estos tipos eran más violentos que nosotros dos juntos”, relata el Gufi, quien atribuye ese milagro a las bendiciones que su madre la envió desde el cielo, tras perder la batalla contra la diabetes.
Desde ese entonces ambos decidieron empezar una vida más tranquila. Ninguno sospechaba que el destino les tenía guardada otra fatalidad. Cuando celebraba su cumpleaños 25, hace poco más de un año, ‘el Ruso’ recibió un disparo en la pierna. Murió desangrado horas más tarde, cuando pretendían trasladarlo a un hospital. Una pérdida irreparable para el Gufi, quien ha decidido tatuarse el rostro de su amigo en el brazo izquierdo como símbolo de hermandad.
Piensa que el asesinato de su amigo fue producto de un error. ‘El Ruso’ se había creado fama de traficante y por ello, un grupo vinculado con los grandes cárteles de la droga decidió eliminarlo en la disputa por el territorio. Eso motivó que muchos integrantes de la Sur 13 abandonaran su hogar para refugiarse en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. A partir de entonces, cada uno está por su propia cuenta.
“Siempre ha existido una relación entre el narco y las pandillas, pero ahora se nota más por el control de la ciudad de Monterrey. Aquí hay tres cárteles en disputa, pero los que están haciendo todo el desmadre son los Zetas. Como nosotros éramos la pandilla que controlaba las ventas de droga y armas en la zona, tuvimos que salir de nuestro propio barrio, pues nos andaban buscando. Preguntaban nuestros alias, sin saber que estábamos ahí. Ese fue el motivo de nuestra separación. Todos se fueron para lugares distintos”, explica el Gufi, quien ahora intenta retomar sus estudios que dejó truncos por falta de dinero.
“Dicen las sagradas escrituras que iba a haber una etapa de guerras donde íbamos a pelear entre nosotros. Estamos en una etapa de la vida donde se está reflejando todo esto. Creo que así se va a acabar el mundo, en una lucha de todos contra todos”, afirma resignado.
Esta falta de esperanza pareciera ser un problema generalizado en algunos sectores de la juventud regiomontana, quienes mediante el crimen organizado buscan mitigar algunos traumas originados por las condiciones de marginación en que viven. El dinero y poder que proporciona el narcotráfico provoca admiración y respeto entre sus conocidos, algo que suele ser anhelado por jóvenes acostumbrados a la humillación derivada de la explotación laboral, la discriminación por su forma de vestir o la violencia familiar que muchos de ellos padecen.
Esto explica por qué muchas adolescentes no ven como un problema que sus novios sean parte de bandas criminales o que los niños pequeños sueñen con ser Zetas cuando sean grandes, emulando los pasos de sus hermanos mayores, los ‘chingones’ del barrio. Muchos de ellos se inician en las filas del narco como ‘halcones’, haciendo labores de espionaje callejero y pasando información.
De acuerdo con un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, durante el presente sexenio, al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por el narco en México. Algo que puede constatarse de forma clara en lugares como Monterrey, donde el número de menores de edad ejecutados crece de forma alarmante. Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León indican que entre 2009 y 2010, el número de menores procesados por delitos del fuero federal creció 98 por ciento, de 52 a 103, mientras los del fuero común aumentaron 28 por ciento, de 269 a 345 .
Ante este panorama, el gobierno estatal estudia la posibilidad de reducir la edad penal, con el fin de que los menores infractores de 12 a 17 años vinculados con el narcotráfico puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, algunos expertos califican como absurda esta medida debido a que no ataca el problema de fondo, vinculado a la falta de oportunidades. Algunos cálculos sostienen que en Nuevo León existen al menos 170 mil 122 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan .
Para Efrén Sandoval Hernández, experto en temas de desigualdad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la dramática caída en las condiciones del empleo y el limitado acceso a la educación son elementos clave para explicar este complejo escenario de descomposición social que vive Monterrey.
“Lo que está pasando tiene explicaciones de tipo político, pero en términos generales, podría pensar que hay una condición de vulnerabilidad generalizada, no sólo en términos laborales sino también sociales. Hay una sociedad muy fragmentada donde la gente tiene muy clara la existencia de esta desigualdad pero no tiene herramientas para luchar contra ella”, afirma el especialista.
Aunado a esto, Sandoval considera que la privatización del espacio público en zonas de alta marginación es otro de los factores que está recrudeciendo el problema, pues quitar albercas públicas para hacer estacionamientos o privatizar canchas de futbol limita aún más las condiciones de bienestar de muchos grupos vulnerables.
“Hoy está pasando algo que no pasaba antes: se está criminalizando a los pobres de manera brutal. Si antes se tenían más prejuicios en contra de ellos ahora se tienen más”, señala Sandoval, quien agrega que los operativos realizados por el ejército en muchos barrios populares, con el fin de encontrar armas y drogas, constituyen una violación a los derechos humanos y un claro ejemplo de esta situación.
“Supuestamente piden permiso para entrar pero, ¿te imaginas a alguien diciéndole al ejército que no pueden entrar a su casa?”, pregunta el experto.
Por ello considera ilógico que el gobierno pretenda acabar con la delincuencia organizada al mismo tiempo que utiliza la fuerza pública para desmantelar zonas de comercio informal, convirtiendo a la pobreza en un delito que perseguir.
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III. Migración, pobreza y discriminación
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Fidel Bernal Aguilar llora sin consuelo al contar su historia. Tiene 60 años de edad y en su rostro se refleja la desesperación. Nació en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, lugar que abandonó durante la adolescencia para probar suerte en Monterrey, junto a sus padres. Huían de la miseria en que vivían cultivando maíz y frijol, al igual que muchos migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro más próspero.

Fidel Bernal

Una vez establecido, Fidel comenzó a trabajar como albañil. Pagaban poco pero había mucho trabajo, según recuerda. Con el paso del tiempo se casó y formó una familia de seis hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Su mujer lo corrió de la casa cuando empezó a escasear el trabajo, a raíz de la crisis económica de 2008. Desde entonces lleva una tristeza profunda cargando a cuestas mientras deambula por la Alameda, como buscando una solución para sus problemas, la cual, simplemente no llega.

“Ando en la calle y pos ahí vamos a los comedores a que nos brinden un taco para comer y así he sobrevivido. Vamos a las clínicas a que los vigilantes nos den chance de pasar la noche pero a veces no quieren y nos vamos debajo de los puentes. No tenemos cobijas ni nada, así nomás”, recuerda Fidel con los ojos llenos de lágrimas. “Una vez me pegó una enfermedad a media noche y pos ya, me recuperé. Nadie le regala a uno un vaso de agua, una pastilla”.
Históricamente, la migración hacia Monterrey inició a finales del siglo XIX, a medida que la ciudad se convertía en un importante centro industrial. Más tarde, factores como la guerra cristera y el colapso de la minería en San Luis Potosí y Zacatecas provocaron la migración de albañiles que sabían trabajar la cantera, conformando las primeras colonias populares de Monterrey. En la década de los 70 llegaron los primeros grandes flujos de población indígena provenientes de la Huasteca potosina, Veracruz, Tamaulipas y otras regiones del país, situación que se incrementó aún más a partir de los años 90, en un escenario de crisis económica nacional.
“La escasa oportunidad de empleo es un motor que incentiva esta migración. Por ello encontramos personas que migran a Nuevo León con la idea de mejorar su calidad de vida, pero hemos encontrado personas que viven incluso en peores condiciones que en sus lugares de origen, además de que las aspiraciones y necesidades de estas familias se vuelven muy diferentes”, comenta Galileo Hernández, integrante de Enlace Potosino, una organización civil de reciente conformación que promueve el desarrollo social de los migrantes potosinos en Nuevo León.
Esto puede constatarse en sitios como Los Altos, en el municipio de Apodaca, ubicado en las afueras del área metropolitana de Monterrey que alberga un número importante de migrantes, quienes libran una lucha continua por la supervivencia.
Leonardo Santiago Cruz es originario de Tampamolón, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la Huasteca Potosina. A los 11 años llegó a Monterrey siguiendo a sus hermanos, luego de una prolongada sequía de tres años que agudizó al extremo las condiciones la miseria que predominaba en su comunidad. De niño trabajó lavando platos en un restaurante. Aún recuerda el miedo que sentía por la violencia de los policías. “Te miraban caminando en la calle y te paraban luego luego”, según cuenta.

Leonardo Santiago Cruz

La discriminación es otro de los grandes problemas que la migración genera en el contexto cultural regiomontano, una sociedad hermética que no siempre ve con buenos ojos la llegada de gente de otras entidades, sobre todo indígenas. No en vano, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) califica como “preocupante” el nivel de intolerancia contra algunos sectores de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Basta revisar los comentarios racistas publicados por jóvenes regiomontanos en algunos grupos de Facebook, como el de “San Luis llévate a tu gente”, el cual contaba con 728 seguidores al momento de escribir este texto.
“Nuevo León es de las entidades con mayor discriminación en general, no sólo con la población indígena sino con cualquiera que sea diferente. Somos una sociedad muy excluyente y tenemos que hacer algo para que esta realidad cambie”, dice la antropóloga Carmen Farías Campero, una de las fundadoras de la organización Zihuame Mochilla (Casa de la Mujer en náhuatl), que ofrece diversas actividades para generar una cultura de respeto hacia los pueblos indígenas.
Una de las activistas más entusiastas de este proyecto es Elvira Maya Cruz, orgullosa de su cultura nahua y originaria de Chahuatlán, Veracruz. Salió de su comunidad hace 13 años, debido a que no le era redituable trabajar el bordado de una servilleta durante dos o tres días para ganar 20 pesos. Actualmente organiza cursos de cocina y manualidades con el fin de que las mujeres indígenas de su localidad puedan acceder a mejores condiciones de vida.
La labor no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que sortear muchos obstáculos, incluyendo algunos intentos de criminalizar el trabajo doméstico que, en su mayoría, realizan mujeres indígenas. Así ocurrió con un programa promovido en la localidad de San Pedro de los Garza para crear un padrón de empleadas domésticas, con el objetivo de reducir el número de robos que se registran en este municipio, uno de los más ricos de América Latina. Algunas organizaciones civiles han criticado fuertemente dicha medida, al considerarla un atentado contra de las garantías individuales de las trabajadoras.

César Pérez, integrante de la asociación Enlace Potosino, ayuda a una señora originaria de San Luis Potosí a llenar un docuemnto para sacar un acta de nacimiento y poder realizar otros trámites, un problema recurrente al que se enfrentan los migrantes de otras entidades que llegan a Nuevo León.

“Yo no estoy de acuerdo con ese padrón, porque si algo pasa, los primeros etiquetados somos los indígenas y no debería ser así. Por eso les digo a mis sobrinas que no den sus datos si se los llegan a pedir”, comenta Elvira, quien una vez por semana recibe en casa a sus cuatro sobrinas que trabajan como empleadas domésticas en diversos puntos de la ciudad. Esto, para evitar que sufran la discriminación de la que son víctimas los indígenas que se reúnen cada domingo en la Alameda.

De esta forma, el crecimiento de la desigualdad social en Monterrey pareciera estar íntimamente ligado a los procesos migratorios derivados de una vulnerabilidad generalizada en otras regiones, pues al igual que ocurre en el resto del país, el incremento demográfico y la expansión territorial de los grandes centros urbanos está generando cinturones de pobreza, lugares donde se acumula un resentimiento social profundo que se expresa en diversas formas de violencia. Escenario típico de sitios con altos índices de marginación.

Ezequiel Cabrera Balderas vive en Los Altos, Apodaca. Vive de recolectar cartón y fierro viejo. En comunidades como Los Altos donde las oportunidades son pocas, muchos jóvenes son blanco fácil para ingresar a las filas del narcotráfico.

Esto concuerda con algunos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales indican que en los últimos años, la pobreza en las ciudades se ha disparado en comparación con el medio rural. En este sentido, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza desarrollado por la dependencia, ubica a Nuevo León como la primer entidad a nivel nacional con el mayor crecimiento de la pobreza laboral, luego de rebasar a Baja California. Una tendencia que predomina en todo el territorio nacional ante la desigualdad promovida por el actual modelo de desarrollo.

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IV. Crisis nacional
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Para José Luis Calva Téllez, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, queda claro que el factor económico es un componente esencial a la hora de tratar de explicar el complejo escenario de violencia y falta de oportunidades que enfrenta México en la actualidad.
“La determinante principal de la descomposición social es el pésimo desempeño de la economía mexicana”, afirma el especialista, quien considera que la imposición del modelo neoliberal ha sido un rotundo fracaso. De ahí que el país haya perdido al menos tres décadas en materia de desarrollo, algo que podría calificarse como una verdadera “catástrofe”. Un proyecto que nunca pudo cumplir con todo lo que prometió. Los números son contundentes.
De 1935 a 1982, la economía mexicana tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 6.07, muy por encima del 2.2 registrado de 1983 a 2010. Lo mismo ocurre al medir el crecimiento del PIB per cápita, que durante el modelo post revolucionario alcanzó una tasa promedio de 3.17 contra el 0.5 registrado desde la restructuración económica que marcaría el inicio del modelo neoliberal en México, sin considerar a los mexicanos que han migrado al extranjero.
Ni siquiera la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudo revertir esa tendencia negativa, debido en gran parte a que la desaceleración de la economía de Estados Unidos tuvo efectos devastadores para México, con una dependencia casi absoluta frente a las finanzas de su vecino y principal socio comercial.
En los últimos 28 años, cerca de 12 millones de trabajadores se vieron forzados a migrar hacia Estados Unidos ante la falta de empleo, generando una entrada importante de divisas que en su momento más alto reportaba ingresos por cerca de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la situación de la gente que se quedó en el país no mejoró, pues con la implantación del modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido el 71.5 por ciento de su poder adquisitivo.
El campo corrió con la misma suerte, pues la reducción de los programas de fomento agropecuario y el intercambio negativo en la balanza comercial de los productores de granos hizo que la economía rural cayera en el olvido.
Todo esto provocó que fenómenos como la migración, el comercio informal o el tráfico de drogas se convirtieran en una alternativa de vida para muchos mexicanos. Para Calva Téllez, el hecho de que el narcotráfico sea una industria capaz de generar 600 mil empleos puede ayudar a entender el clima de violencia generalizado que vive el país. Una economía paralela que compite con el Estado.
El problema es que el gobierno federal pareciera no estar dispuesto a reconocer que la violencia es el resultado de un modelo de desarrollo fallido que al mismo tiempo promueve. Esto permite entender por qué el asunto del narcotráfico no ha sido combatido desde una perspectiva estructural, con políticas de Estado sólidas en materia fiscal, hacendaria o educativa. De ahí que el Congreso esté impulsando iniciativas de ley, como la Reforma Laboral, que siguen las reglas de un modelo neoliberal en crisis. Algo que para algunos expertos, sólo recrudecerá aún más la descomposición social que vive el país, a pesar de algunos avances como la reforma constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Vivimos un momento en que el Estado tiene que seguir afirmándose como una estructura institucional que permita el flujo de los capitales, y para ello se tuvo que abrir una válvula de escape como la reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales, algo en lo que México estaba muy retrasado a nivel internacional. Paralelamente, la política real de quienes están gobernando este país sigue una lógica de mayor explotación, reducción de salarios, contratos basura y outsourcing para permitir que las empresas sean más ágiles en la generación y concentración de la riqueza. Por ello se construyó una reforma laboral ad hoc para que el sistema económico siga funcionando”, explica Rodrigo Gutiérrez Rivas, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En este país la pobreza se criminaliza a través de los códigos penales y sirven muy bien para perseguir y encarcelar a los pobres. Claro, las normas diseñadas para frenar a las grandes trasnacionales en cuanto a la apropiación de los recursos están muy diluidas o no tienen la vigilancia adecuada, además de que en muchas ocasiones están diseñadas a favor de estas empresas y funcionan con una lógica de simulación”, explica el académico, quien sostiene que la pobreza sistemática que se vive en México está generando un sentimiento de frustración e impotencia que termina manifestándose en robos, delincuencia, daño a terceros, suicidios, etcétera.
Sin embargo, para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, el origen de la violencia en México tiene que ver con la debilidad de las instituciones mexicanas y no necesariamente con la desigualdad social, fenómeno que ha existido de forma permanente desde la época colonial.
“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica el narcotráfico”, comenta el investigador del Colegio de México, quien explica que históricamente, los estallidos de violencia en el país han venido acompañados de una debilidad institucional que genera las condiciones propicias para la insurrección de algunos grupos sociales, tal como ocurrió durante la Independencia y la Revolución Mexicana.
De ahí que la fragilidad y la corrupción al interior de las instituciones mexicanas no sólo abrió la puerta al narcotráfico, sino también a una serie de grupos de poder que ejercen su voluntad aún por encima del bien común, algo que empieza a gestar una profunda crisis de legitimidad que resulta evidente en la pérdida de credibilidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política y los procesos electorales.
“El narcotráfico encuentra un vacío de poder aprovechando una descomposición del control político, igual que Azcárraga o Slim. Se ha deslegitimado el sistema porque la desigualdad y la corrupción se han hecho más obvias”, apunta Meyer, quien considera que para revertir esta situación tendría que construirse un nuevo pacto social que “metiera en cintura” a los poderes fácticos.
Los niveles de violencia que vive México no pueden explicarse únicamente como una disputa de mercado por parte de los cárteles de la droga, si no se toman en cuenta otros factores, como el rencor acumulado durante generaciones enteras en condiciones de marginación y pobreza. Un factor determinante para entender la brutalidad de los asesinatos que abarrotan las primeras planas de la prensa nacional, siguiendo al pie de la letra aquella ‘ley de conservación de la violencia’, enunciada por el sociólogo Pierre Bourdieu, la cual afirma que “la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
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Acerca de manuelhborbolla

Poeta, filósofo y periodista, egresado de la UNAM. Creo que es posible transformar el mundo a través de la poesía.

Publicado el 9 noviembre, 2011 en Reportajes y etiquetado en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Bien Manu, de los cuatro aspectos me quedo con el último. El desmadre nacional provoca focos de violencia y discriminación en cualquier lugar del país. Hay algunos detallitos, dedazos, pero en general bien cabrón.

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  2. ansina es trinche chelías, pero por lo mismo lo fui tratando de conectar pa explicar que el caso de monterrey no se puede entender sin comprender todo el contexto de crisis nacional que vivimos actualmente; y pos sí, le faltó una editada a fondo pero ya ni modo, jeje…

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