Revolución o dictadura: la disyuntiva que se dibuja en el México actual

La crisis política y social que vive México ha alcanzado niveles que tienen al país al borde de una guerra civil. No es una exageración. Es una posibilidad latente, debido a una profunda crisis estructural al interior del actual régimen. Por ello, los alcances de los grupos de autodefensa de Michoacán resultan un tema particularmente incómodo para el gobierno mexicano, pues además de desnudar su ineptitud el asunto ha puesto en evidencia la inviabilidad del actual régimen y el Estado fallido con el que administran la desgracia de millones.

El Estado, según la corriente contractualista encabezada por Hobbes, surge de un contrato social en el que los ciudadanos ceden al Estado su legítimo derecho a defender su vida a cambio de que dicho ente garantice la seguridad de los ciudadanía a través del monopolio del uso legítimo de la coacción. La legitimidad de dicho uso legítimo de la fuerza es regulado a través de un contrato social materializado en la Constitución y plasmado en un sistema legal y jurídico que garantice cierto nivel de convivencia social. De ahí que el dichoso Estado de derecho (que tanto le gusta citar a nuestra ignorante clase política) es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, regulando el funcionamiento de los funcionarios públicos y manteniendo un cierto equilibrio de poder entre los diversos grupos sociales que conforman una nación. Estas son las bases sobre las que se construye el pacto social entre el Estado y la ciudadanía. Todo lo que no ocurre en el México de hoy.

De ahí que la tesis del Estado fallido mexicano resulte tan contundente a la hora de describir la crisis institucional que enfrenta actualmente el país. El pacto social está roto, tal como sugieren los analistas serios (que rara vez aparecen en las primeras planas de la mediocracia nacional). Esto se debe a que el pacto social construido durante la Revolución Mexicana y plasmado en la Constitución de 1917 —el cual permitió la industrialización del país y un crecimiento sostenido de la economía del país de 1940 a mediados de la década de 1970, época del llamado “milagro mexicano”— ha sido reducido a cenizas tras varias décadas de gobiernos corruptos, cuyo funcionamiento está enfocado en generar beneficios para una élite político-empresarial castigando a las mayorías. Basta revisar la manera en que las fortunas de las élites empresariales del país han crecido de manera exorbitante en las últimas dos o tres décadas, con la complicidad de los políticos en turno, al mismo tiempo que la pobreza y las condiciones de vida de la mayoría han sufrido un deterioro pronunciado en el mismo periodo de tiempo. Las cifras son contundentes y pueden revisarse en el texto publicado en este mismo blog con motivo de los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La manera en que el gobierno mexicano adoptó el proyecto neoliberal como modelo de desarrollo a partir de 1983, con la bandera de la desregulación estatal y el libre mercado como bandera, aunado al fraude electoral de 1988 que a la poste llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México, fueron dos hechos determinantes que aceleraron la descomposición del tejido social, tal como evidenció el levantamiento indígena en Chiapas con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, misma fecha en que el TLCAN entraba en vigor. Sin embargo, la aparición de los zapatistas fue solo una de las muchas caras que poco a poco iban evidenciando la debilidad del Estado mexicano, tal como ocurrió con la crisis económica del 94 y el subsecuente rescate bancario, el fortalecimiento sostenido de los principales cárteles de la droga mexicanos, el éxodo masivo en que millones de trabajadores mexicanos que se vieron forzados a migrar ilegalmente a los Estados Unidos para no morir de hambre. Este escenario, aunado a una guerra por el poder al interior del mismo régimen, que derivó en asesinatos de políticos de gran impacto como el de Carlos Ruíz Massieu, Luis Donaldo Colosio y el sospechoso accidente en el que murió el panista Manuel Clouthier, sumado a las presiones del gobierno de Estados Unidos, fueron construyendo en pocos años, las condiciones necesarias para que el régimen abriera una válvula de escape a esa olla de presión a punto de reventar. Esa válvula de escape fue la llamada alternancia democrática que permitió que en 1997 el PRD ganara la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en las primeras elecciones de su historia, y que el panista Vicente Fox ocupara la presidencia de la República en el año 2000.

La situación en ese entonces parecía inmejorable: instituciones fuertes como aquel Instituto Federal Electoral encabezado por José Woldemberg, un ligero crecimiento de la economía en la segunda mitad de los 90, elevados precios del petróleo que alcanzaron los 100 dólares por barril o la esperanza de que la tan anhelada democracia mexicana finalmente comenzaba a tomar forma, eran algunas señales positivas en aquel efímero periodo de transición. El desencanto no tardó en llegar.

El cambio de colores en la silla presidencial no resolvió los viejos problemas. Por el contrario, los agravó. La corrupción y la impunidad fueron una constante en los primeros seis años de la docena trágica panista. Los escándalos de corrupción de la familia Fox, junto a Martha Sahagún y sus hijos, permanecen impunes hasta nuestros días. Lo mismo ocurrió con escándalos como el Pemexgate o la poco creíble fuga de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, líder del cártel del Pacífico, del penal de “alta seguridad” de Puente Grande, Jalisco. El desafuero y la guerra sucia durante los meses previos a la elección presidencial de 2006 para impedir que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegara a Los Pinos terminó por dinamitar la confianza en las instituciones del Estado mexicano y dividir a la población ante un proceso electoral amañado y tramposo. Tanto, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la intervención de Fox en el proceso electoral puso en riesgo la validez de la elección. A pesar de que el órgano reconoció (a medias) una elección de Estado y la intervención de poderes fácticos durante los comicios (lo cual sería el fundamento principal del Congreso para realizar la reforma electoral de 2007), esto no impidió que Felipe Calderón asumiera la presidencia de México en un ambiente de tensión y la crisis política ante la falta de pruebas suficientes para convencer a la población de que, efectivamente, el PAN había ganado “por las buenas”. Una falta de confianza que se traduciría en un gobierno débil de dudosa (o escasa) legitimidad.

Esta debilidad de origen fue determinante para que Calderón buscara el respaldo inmediato de las fuerzas armadas como una manera de afianzar su poder ante las protestas de la oposición, encabezadas por López Obrador, al mismo tiempo que declaraba una guerra contra el narcotráfico para tratar de construir la legitimidad que no obtuvo en las urnas. Las consecuencias de mandar al ejército a las calles para combatir a las bandas del crimen organizado, sin un diagnóstico previo o los instrumentos jurídicos necesarios para justificar la intervención del ejército en labores propias de las fuerzas civiles, nuevamente terminaría por atentar una vez más contra el famoso Estado de derecho basado en el respeto de la legalidad.

Luego vendrían los pagos de favores a los grupos que influyeron en la imposición de Calderón en la silla presidencial: las concesiones a la líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo (a quien entregó el control de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y la Lotería Nacional); la poco recordada Ley Televisa (que finalmente no prosperó); el primer intento de una reforma energética para privatizar el petróleo (que finalmente no prosperó gracias a la fuerte oposición de la izquierda y la negativa del PRI), las concesiones de obra pública a empresas españolas como OHL; los contratos de la iniciativa privada en el sector eléctrico y petrolero (incluyendo casos memorables de corrupción como el protagonizado por Siemens y el ex presidente del PAN, César Nava); la entrega al por mayor del territorio nacional a través de concesiones mineras y protección a empresas como Walmart, involucrada en un escándalo de sobornos; la cancelación masiva de créditos fiscales por 483,086 millones de pesos; concesiones para casinos administrados por empresarios vinculados al PAN o la reforma laboral como cereza en el pastel.

Algo similar a lo que ocurriría con otros casos de corrupción que hasta la fecha permanecen impunes, tal como los responsables por el incendio de la Guardería ABC, la construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario, o casos de desvío de recursos en estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas o Coahuila, cuyos gobernadores permanecen impunemente libres. La debilidad del Estado a la hora de hacer cumplir la ley quedaba nuevamente de manifiesto. Un terreno próspero para que los poderes fácticos incrementaran su poder durante la docena trágica panista, amparados por gobiernos incompetentes y orientados a satisfacer sus propios intereses político-electorales con la ayuda de grandes grupos económicos que actuaban dentro y fuera de la ley.

Y mientras la corrupción y la impunidad continuaba devorando a las instituciones del Estado mexicano, la guerra de Calderón demostró su ineficacia para acabar con el crimen al mismo tiempo que resultaba sumamente efectiva para justificar la muerte al por mayor de adversarios políticos, periodistas y activistas sociales inconformes con el actual régimen. El saldo: 203,690 homicidios dolosos en seis años y al menos 83,000 ejecuciones en un alud de crímenes sin resolver. La violencia desbordada durante el Calderonato provocó que regiones enteras del país terminaran siendo secuestradas por el crimen organizado y la disputa de cárteles. La disputa entre las bandas delictivas en el norte del país suscitó hechos inéditos en la historia del país como la evacuación de pueblos enteros, (como en Ciudad Mier, Tamaulipas) o toques de queda civiles (como el registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua).

La presencia de las fuerzas armadas en las calles no impidió que el crimen organizado diversificara sus negocios. A la par del tráfico de drogas, las bandas delictivas comenzaron a incursionar en actividades como el secuestro, cobro de cuotas en giros negros y sectores de la economía informal, extorsiones, trata de personas, cobros por “derecho de piso” o robos de combustible, así como otros negocios de carácter “legal” a través de empresas fantasma producto de lavado de dinero, tales como centros de apuestas, hoteles, constructoras, restaurantes, hospitales o explotación de minas, muchos de estos, con el apoyo directo o indirecto de los gobiernos en turno, tal como denunció en su momento el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Esto provocó que el crimen organizado se apoderara de grandes porciones del territorio nacional, convirtiéndose en una especie de Estado paralelo con sus propios sistemas de cobro de impuestos, sistemas de salud, desarrollo social o “impartición de justicia”, su propia maquinaría bélica e incluso sus propias políticas para regular el precio de productos agrícolas en el mercado formal.

Y es precisamente en este contexto de degradación social y debilidad institucional que aparecen los primeros brotes de insurgencia civil. Tal es el caso de Cherán, comunidad de Michoacán que decidió levantarse en armas para defenderse del acoso del crimen organizado en 2010, y que representa el referente directo para entender la proliferación de grupos de autodefensa y policías comunitarias en al menos ocho estados del país: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Jalisco, además de Colima y Tabasco, según diversos reportes publicados en 2013.

Fuente: Milenio

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La ingobernabilidad en dichas regiones del país, aunado al control hegemónico de los cárteles de la droga en lugares como Tamaulipas, la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) o Sinaloa, evidencia el tamaño de la crisis política que enfrenta el Estado mexicano. Una crisis a la cual habría que sumar las expresiones de descontento prevaleciente entre grupos como los que normalistas de Ayotzinapa, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los autodenominados anarquistas, tras otro proceso electoral marcado por indicios claros de corrupción tolerados por la autoridad, tal como ocurrió en enero de 2013 cuando el Instituto Federal Electoral utilizó una argumentación patética para desechar las acusaciones del llamado caso Monex que condujo a Enrique Peña Nieto a la silla presidencial por la vía de la ilegalidad.

De ahí que la preocupación del actual régimen por contener los brotes de insurrección armada que se han presentado en Michoacán durante el último año, tal como ocurrió con el encarcelamiento de 45 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, a manos del ejército en agosto de 2013. Y a pesar de que el gobierno federal ha señalado en reiteradas ocasiones que intervendrá en Michoacán para restablecer el orden, la falta de resultados ha puesto en evidencia la debilidad del Estado mexicano, devorado por la corrupción.

Por eso, la manera en que el Concejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec y otros grupos civiles armados de Michoacán lograron replegar a Los Caballeros Templarios en municipios como Nueva Italia, evidencian la debilidad de un Estado mexicano desfondado por la corrupción al interior de sus instituciones y la violación sistemática de los derechos civiles. ¿Cómo es posible que un grupo de civiles improvisados en tácticas de combate haya podido contener a los grupos criminales mientras el Estado se ha declarado incompetente para ello, pese a supuestamente tener los recursos humanos y materiales necesarios para erradicar el conflicto? En otras palabras, el Estado no ha cumplido con su parte en el contrato social. Y ese incumplimiento de sus obligaciones explica el surgimiento de grupos civiles armados a lo largo y ancho del país, tal como explica el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, al describir la manera en que la ciudadanía tuvo que recurrir a la vía armada para defenderse del crimen tras recurrir inútilmente a las instancias legales promovidas por un gobierno coludido con los grupos delictivos:

Las imágenes de los grupos de autodefensa sometiendo a los policías locales, habla de la magnitud de este fenómeno social. Con el avance de las autodefensas en varios municipios de Michoacán, en una estampa que no se veía desde tiempos de la Revolución Mexicana, el gobierno federal optó por desarmar a los grupos de autodefensa asesinando a civiles que protestaron ante una medida que los dejaría en estado de indefensión ante las represalias del crimen organizado. Un acto que claramente viola el contrato social que justifica la existencia misma del Estado.

El gobierno no solo es incapaz de garantizar la seguridad de la población, sino que además reprime de manera violenta el derecho de la gente a ejercer el legítimo uso de la fuerza ante el incumplimiento del contrato social por parte del Estado. Un hecho que además, evidencia el carácter autoritario del actual régimen, el cual utiliza sistemáticamente el uso de la fuerza para reafirmar su poder ante los grupos disidentes. Dicho en otras palabras, el gobierno pretende someter por la fuerza a los grupos que atenten contra los intereses de las élites en el poder, una medida con la cual el Estado de derecho es sustituido por una política de “ajuste de cuentas” propio de los grupos criminales que el gobierno dice combatir. Es aquí donde la legitimidad del actual gobierno se desmorona: ¿cómo se pretende que la ciudadanía cumpla con la ley si el gobierno viola permanentemente los derechos civiles? ¿por qué debo pagar mis impuestos mientras el Estado no castiga a quienes se enriquecen de manera ilícita con recursos públicos? ¿por qué debo entregar las armas cuando el Estado es incapaz de garantizarme la seguridad para la cual fue creado? ¿por qué debo acatar las reglas de un juego diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de las mayorías? Preguntas que cobran fuerza mientras la corrupción del actual régimen evidencia la debilidad de un gobierno antidemocrático que atenta contra los intereses de la mayoría, tal como pudo constatarse con la aprobación de la antipopular reforma energética, solo por mencionar uno de los agravios más recientes.

A partir de este intrincado panorama se cierran las posibilidades y surge la disyuntiva: ¿revolución o dictadura? Resolver la violencia y el descontento generalizado que existe actualmente en México implica construir un nuevo pacto social mediante un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución y establezca un nuevo equilibrio de poderes entre los diversos grupos sociales y un nuevo régimen que ponga en cintura a los poderes fácticos y le arrebate el control de la maquinaria estatal a una partidocracia que no representa los intereses de las mayorías (recordemos que el régimen se define como el conjunto de instituciones que regulan el poder político). Es decir, una revolución. La construcción de consensos entre las bases sociales permitiría ir consolidando gradualmente un Estado fuerte capaz de hacer valer la ley con el fin de garantizar niveles mínimos de convivencia sobre los que se sostiene cualquier sistema social. De ahí la necesidad de construir un proyecto revolucionario que establezca objetivos concretos y metas específicas a alcanzar en un determinado periodo de tiempo, al mismo tiempo que corrija todos los vacíos institucionales que han generado este ambiente de inestabilidad y encono que se traduce en violencia y resentimiento social.

Sin embargo, no será fácil lograr esto, ya que la política del garrote implementada por el actual régimen hace suponer que el actual gobierno utilizará mecanismos propios de los sistemas autoritarios —campañas de miedo y desinofrmación basadas en el control mediático, el uso de la fuerza, la persecución contra los disidentes, la aprobación exprés de leyes que le otorguen un mayor poder al mismo tiempo que reduce a su mínima expresión iniciativas que otorguen mayor poder a la ciudadanía, tales como la transparencia y rendición de cuentas— para mantener el actual régimen de privilegios del que gozan las élites político empresariales del país. Una dictadura que imponga por la fuerza medidas antipopulares. Basta ver la manera en que el Congreso ha aprobado las famosas reformas estructurales entre barricadas para darse cuenta de que esto es algo que de hecho, ya sucede.

El presente y futuro del país están en peligro inminente. De nosotros dependerá ponerle solución al problema y decidir el camino que habremos de elegir. El tiempo se agota. Nuestra fecha límite para impedir una guerra civil y el inminente reguero de sangre están a la vuelta de la esquina. Deberemos estar preparados para entonces. Y dado todo lo anterior: ¡que viva la revolución!

Acerca de manuelhborbolla

Poeta, filósofo y periodista, egresado de la UNAM. Creo que es posible transformar el mundo a través de la poesía.

Publicado el 15 enero, 2014 en Política y etiquetado en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Excelente artículo, Manuel. Sigo con mucha atención la evolución de México, que es un país por el que siento fascinación aun cuando nunca he podido visitarlo (todo se andará). Ofreces una visión global e histórica muy esclarecedora y expresiva, lo cual te agradezco.

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    • Gracias. Aquí se vive un momento muy tenso y en ocasiones es necesario hacer un recuento de la situación para tratar de entender dónde estamos parados y explorar las perspectivas de futuro a partir de una interpretación del presente. Es justo lo que trata de hacer el presente texto. Ojalá sirva de algo. Saludos!!

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