La necesidad de un nuevo pacto social en México

La crisis actual del Estado mexicano tiene al país al borde de una guerra civil. No es exageración. Los primeros brotes de una insurrección popular son más que evidentes con el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán y las protestas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En ambos casos, los vínculos entre el crimen organizado y los tres niveles de gobierno han desnudado la profunda crisis de legitimidad por la que atraviesan los aparatos del Estado. Una crisis estructural que no pasa sólo por el poder Ejecutivo, sino también por el Legislativo, el Judicial y otros metapoderes como la élite empresarial que controla a los medios de comunicación.

En su libro Vacíos de poder en México, el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, señala que los altos niveles de violencia en México son consecuencia de un ‘pacto de impunidad’ entre las élites político-empresariales del país, en el cual se han debilitado intencionalmente los controles legales encargados de combatir al crimen organizado, con el objetivo de crear negocios multimillonarios al amparo de la corrupción y la impunidad. De ahí que el gobierno de Enrique Peña Nieto reconociera al principio de su administración que en México existían niveles de impunidad cercanos al 99%, tal como reconoció públicamente el gobierno federal al inicio del sexenio. Pero fuera de resolver el problema, el actual gobierno ha acentuado la crisis creando más vacíos legales para hacer negocios estratosféricos con reformas antipopulares como la energética, en la cual se crean más lagunas para que las empresas privadas puedan hacer negocios multimillonarios con los recursos naturales propiedad de la nación.

La restauración autoritaria que pretenden imponer el PRI y sus aliados que sostienen al actual régimen, es directamente proporcional a su miopia política. Los tricolores pretenden gobernar con mano dura y repression a los opositores, como en los viejos tiempos, sin entender que las cosas en el país han cambiado durante las últimas décadas. El actual régimen es incapaz de garantizar la gobernabilidad por la debilidad de las instituciones mexicanas, mismas que fueron desmanteladas en aras de un proyecto económico desastroso cuya premisa era precisamente “adelgazar” al Estado para permitir que el “libre mercado” y el capital financiero pudieran operar sin el menor obstáculo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. El mercado terminó devorando al débil Estado mexicano, el cual pretende recomponer su dictadura imperfecta a partir de viejas prácticas autoritarias. Sólo bajo esta lógica neoliberal puede entenderse la complicidad existente entre el Estado y el crimen organizado. Sólo así puede entenderse el enorme poder que en los últimos años han adquirido los cárteles de la droga y los grandes grupos empresariales que han magnificado sus fortunas al amparo de la corrupción. El crimen organizado se apoderó del Estado mediante inyección de dinero ilícito a las campañas electorales que sustentan a la partidocracia que gobierna bajo la misma lógica de la corrupción, la misma lógica con la que se legisla y se administra la justicia para satisfacer los intereses de las élites que tienen secuestrado al país.

De ese tamaño es la crisis estructural que padece el Estado mexicano. Una crisis provocada por un régimen corrupto que opera un Estado fallido que violenta el pacto social que antiguamente le otorgaba legitimidad al gobierno. Y es precisamente este vacío de legitimidad de las instituciones lo que genera el actual clima generalizado de violencia en el que los opositores al régimen desaparecen por miles mientras las fosas clandestinas desbordadas de cadáveres anónimos aparecen todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. De ahí que la violencia que vive el país provenga del Estado mismo.

El pacto social que legitima al Estado mexicano está roto, toda vez que el Estado (encarnado en el mal gobierno) no ha cumplido su parte del acuerdo dentro del pacto social. Y esa ruptura es la misma que genera un clima de desestabilización e ingobernabilidad que podría desencadenar una guerra civil en el futuro próximo como un intento desesperado de la población por restablecer el orden extraviado, al mismo tiempo que los grupos de poder mueven sus fichas para generar un reacomodo de fuerzas al interior del gobierno para seguir manteniendo el control. Si las instituciones del Estado son incapaces de resolver los problemas para los cuales fueron creadas, no tiene caso obedecerlas. Y si la vía institucional para resolver los problemas ha dejado de ser factible, la inconformidad se ve en la necesidad que buscar otras vías para resolver sus problemas, incluyendo las armas. De ahí el riesgo de que un conflicto armado pueda estallar en el futuro inmediato si no existen mecanismos capaces de resolver la crisis.

 

Reconstruir el pacto social

¿Cómo puede resolverse la crisis estructural del Estado mexicano? Reconstruyendo el pacto social a través del diálogo entre los distintos sectores sociales fuera de la vía institucional.

El espacio natural para establecer el diálogo necesario para construir un nuevo pacto social sería el Congreso, pero resulta que una buena parte de la actual crisis política pasa precisamente por la poca o nula legitimidad del Poder Legislativo. Una pérdida de legitimidad que se explica a partir de una crisis en el modelo de representación política implantado en México, ya que los legisladores responden más a las lógicas propias de los partidos políticos, cuyo carácter organizativo está basado en estructuras clientelares cuyo margen de acción depende del dinero público que desvían los gobiernos de los tres niveles con fines electorales. De ahí que el sistema político mexicano no pueda entenderse hoy en día sin el componente estructural de la corrupción, el cual articula todos los engranes de una maquinaria política divorciada de la ciudadanía. Sólo así puede entenderse la manera en que el Congreso ha logrado aprobar iniciativas de ley antipopulares como la reforma laboral, diseñada para satisfacer los intereses de las mafias político-empresariales que mantienen el control institucional del país sin contrapesos reales que permitan a la ciudadanía incidir en los procesos de participación política y toma de decisiones. Otro ejemplo es la manera en que iniciativas de ley promovidas por la ciudadanía son deformadas en su espíritu y en su forma por los legisladores de las distintas facciones partidistas para satisfacer a los intereses de la clase política, tal como ocurrió con la Ley General de Víctimas promovida por el Movimeinto por la Paz con Justicia y Dignidad. Por ello, la misma ilegitimidad del Congreso mexicano hace imposible que sea ese el lugar donde pueda darse el diálogo necesario para la construcción de un nuevo pacto social.

¿Y cómo construir este escenario de participación ante la grave crisis institucional que enfrenta el Estado? A partir del diálogo. ¿Y desde que estructura debe darse este diálogo entre los distintos sectores sociales? Desde una organización popular e incluyente que permita a la sociedad civil discutir los problemas del país sin pasar por el filtro de partidos políticos y un Congreso de dudosa legitimidad. De ahí la importancia de construir una estructura abierta que promueva la participación ciudadana y permita la construcción de un nuevo proyecto de nación mediante un nuevo pacto social que promueva nuevos modos de convivencia y un reparto mas equitativo del poder político y un rediseño institucional del Estado mexicano, lo cual debe plasmarse en una nueva Constitución redactada por un Congreso Constituyente, ajeno a los intereses sectarios de los partidos politicos y la corrompida clase política.

La teoría social nos ha enseñado que las instituciones son un producto de los hábitos -tal como sostienen tanto Berger y Luckman como Giddens con su teoría de la estructuración social- y por lo tanto, la construcción de un nuevo acuerdo social tiene que pasar por la institucionalización del diálogo como una vía para que los mexicanos puedan resolver sus diferencias.

Y es aquí donde el papel de las universidades, tanto públicas como privadas, juega un papel determinante en la conformación de estos espacios plurales que promuevan el diálogo entre distintos grupos sociales, con el fin de construir un proyecto alternativo de nación que permita solucionar la actual crisis de Estado que ha desembocado en diversas expresiones de violencia emanadas del pacto de impunidad existente entre gobiernos de los tres niveles y las organizaciones criminales que controlan el territorio, los sistemas de impartición de justicia, los medios de información y la toma de decisiones.

De ahí la importancia de construir un nuevo pacto social que otorgue la legitimidad perdida al Estado y ponga fin al actual ‘pacto de impunidad’ existente entre gobiernos de los tres niveles y las organizaciones criminales que controlan el territorio, los sistemas de impartición de justicia, los medios de información y la toma de decisiones.

La reconstrucción del orden social a través de una reconfiguración del Estado implica una revolución. En nosotros queda que esta revolución pueda concretarse de manera pacífica.

Acerca de manuelhborbolla

Poeta, filósofo y periodista, egresado de la UNAM. Creo que es posible transformar el mundo a través de la poesía.

Publicado el 2 diciembre, 2014 en Política y etiquetado en , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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