La dictadura de la corruptocracia: la represión del gobierno contra la disidencia magisterial

30 Encajoso

 

Manuel Hernández Borbolla

Una dictadura puede definirse como una forma de gobierno en que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos institucionales para contener a sus opositores a través de la fuerza y otros instrumentos de coerción. Para quien a estas alturas del partido todavía siga dudando si vivimos o no dentro de una dictadura, basta ver lo ocurrido en México durante las últimas semanas desde una perspectiva más amplia para darse cuenta de la verdad. Más allá de que podamos estar a favor o en contra de la manera en que los maestros de la CNTE realizan sus protestas contra la llamada reforma educativa, el tema de fondo que se debería estar discutiendo en medios y redes es la manera autoritaria y represiva en que el gobierno detuvo a los líderes magisteriales violentando el debido proceso judicial, según lo relatado por testigos que presenciaron la detención de Rubén Núñez, quien de inmediato fue trasladado a Sonora por supuestos delitos que tuvieron una amplia resonancia en la campaña mediática contra el magisterio en resistencia, orquestada por Aurelio Nuño desde la Secretaría de Educación Pública. Por ello, lo importante no es discutir si los maestros deben ser evaluados o no, aún cuando ese sea solo el pretexto para que el PRI recupere el control del magisterio luego de que las administraciones docena trágica panista de Vicente Fox y Felipe Calderón cedieron una serie de privilegios a las cúpulas mafiosas del sindicato docente entonces encabezado por Elba Esther Gordillo con fines político-electorales. Lo realmente importante es cuestionar la manera tan burda en que el gobierno utiliza la maquinaria del Estado para reprimir a la disidencia, es decir, la manera en que utilizan la ley para reprimir a todo aquel que se manifieste en contra el actual régimen corruptocrático.

No es la primera vez que esto sucede. Así ocurrió con José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, quienes a la fecha siguen presos, y casos como el de Emilio Álvarez Icaza, a quien le fueron imputados cargos por un supuesto fraude como represalia por haber impulsado, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que hizo trizas la versión histórica de la PGR sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotiznapa.

Esto, sin contar con la presión que ejerció el gobierno de Enrique Peña Nieto para censurar a los muy pocos medios críticos, como pasó con el veto a Carmen Aristegui y sus colaboradores tras la investigación de la Casa Blanca, aún cuando algunos medios que han resistido el cerco informativo siguen denunciado y evidenciado la corrupción al interior del actual régimen, como recientemente ocurrió con la investigación de Animal Político contra el nefasto gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien cínicamente sigue en su cargo de manera impune pese a su desastrosa administración y de que existen muchas pruebas documentales sobre la manera en que él y sus colaboradores se han enriquecido a expensas del dinero público destinado para combatir la pobreza. Mientras el gobierno es sumamente efectivo para hacer “cumplir la ley” y reprimir a los líderes de la sección 22 de la CNTE con delitos fabricados, que van de lavado de dinero al “robo de libros de texto”, el mismo gobierno resulta particularmente omiso a la hora de ejercer la ley contra la larga lista de exgobernadores vinculados con el crimen organizado y acusados de saquear las arcas públicas, incluyendo a personajes como el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien incluso fue defendido legalmente por una comisión del gobierno mexicano sin que existiera justificación alguna para ello, tras su detención en España por lavado de dinero.

Es decir, que en México la ley es utilizada para beneficiar a corruptos y reprimir a la disidencia, rasgos típicos del autoritarismo y de una dictadura oligárquica donde la corrupción es aquello que le da cohesión a todo sistema político mexicano. Es por ello que, lejos de vivir en una democracia, en México padecemos desde hace ya varios años una dictadura corruptocrática que explica en buena medida la manera en que el PRI y sus secuaces han detenido el avance de las leyes anticorrupción en el Congreso promovidas por la sociedad civil. Pero si bien el impulso de medidas como la Ley 3de3 resultan necesarias y urgentes ante la apabullante corrupción en todos los niveles de la esfera pública, la elaboración de una ley difícilmente podrá revertir la profunda crisis institucional que enfrenta México, pues a final de cuentas la justicia seguirá siendo aplicada de manera discrecional por la corruptocracia que tiene secuestrada al país.

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Y esta profunda crisis estructural de las instituciones mexicanas es lo que ha provocado que México pueda ser considerado hoy como un Estado fallido, incapaz de satisfacer las necesidades elementales de la población, tal como queda evidenciado con los altos niveles de inseguridad, pobreza, marginación y violencia que prevalecen a lo largo y ancho del territorio nacional, donde el abuso y la violación sistemática de los derechos humanos pareciera ser la única regla que saben respetar al pie de la letra los señores de la corruptocracia. Un argumento que se sostiene con cifras oficiales, ya que más del 92% de los delitos que se cometen en México quedan impunes debido a la falta de un Estado de derecho que permita el acceso a la justicia, según datos que se desprenden de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2015).

IMPUNIDAD 2

Por ello resulta tan grotesco que los grandes medios de comunicación, que no son sino aplaudidores y voceros del actual régimen corruptocrático, celebren el triunfo del PAN frente al PRI en las recientes elecciones, como si esto fuera una muestra de una supuesta alternancia democrática que en realidad ha funcionado como disfraz para ejercer un bipartidismo de derecha, el mismo que en los últimos 28 años ha aprobado casi todas las reformas legales que actualmente tienen en la ruina al país, desde la apertura del Tratado de Libre Comercio hasta las reformas laboral, educativa y energética, pasando por el rescate bancario del FOBAPROA y la privatización de prácticamente todo el patrimonio nacional que tanto trabajo costó construir tras la Revolución Mexicana. Un esquema de simulación democrática que queda en evidencia en los procesos electorales, donde la compra de votos mediante el desvío de recursos públicos es una constante y casos como el de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde el alto grado de abstencionismo sólo se explica por la manera en que el sistema de partidos es ajeno a los intereses de los ciudadanos. Así pudo constatarse en los muchos candados que se impusieron para la participación de candidatos independientes, así como la manera en que, a pesar de haber obtenido más votos en la Ciudad de México, Morena tendrá menos representantes que el PRI a la hora de redactar la nueva constitución capitalina, debido a la manera en que fue negociada la reforma política de la Ciudad de México en el Congreso federal, entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD dentro del Pacto por México.

Cómo estarán las cosas, que hasta el cínico del expresdiente Carlos Salinas de Gortari, el principal promotor del modelo neoliberal en México, ahora reniega del neoliberalismo al señalar que “sólo propone abusos de mercado”. Lo que olvidó decir Salinas es que él junto con algunos de sus colaboradores cercanos han sido beneficiarios de dichos abusos, tal como ocurre con sus exsecretarios Pedro Aspe y Luis Téllez, quienes siguen enriqueciéndose con la reforma energética que convirtió la quiebra de Pemex un gran negocio para las mafias empresariales cercanas al poder.

Pero el saqueo sistemático no es el único problema derivado del fallido Estado mexicano, ya que la crisis de violencia, asesinatos y desaparecidos que se mantiene desde 2006 hasta la fecha, situación por la cual, organizaciones internacionales como Open Society consideran que los gobiernos Calderón y Peña son corresponsables por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos mexicanos, crímenes típicos de gobiernos dictatoriales entre los cuales se encuentran casos como el de Ayotzinapa, las masacres como las de Tlatlaya, Apatzingán y San Fernando, y otros casos menos conocidos como los de Tetelcingo, Ojinaga y Allende, por mencionar solo algunos.

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Todos ellos, casos de desaparición forzada, tortura, asesinato y detenciones con fines políticos, donde la participación del Estado es innegable y donde incluso los altos jefes del ejército mexicano han tenido que salir a pedir disculpas por los abusos cometidos contra la sociedad civil, al mismo tiempo que la corruptocracia pretende darle más facultades a las fuerzas armadas para allanar domicilios e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos, medidas típicas de las dictaduras para reprimir a todo aquel que se manifieste abiertamente en contra del gobierno, como ocurre actualmente con los maestros de la CNTE y otros grupos inconformes. Por ello, no es casualidad que los mismos militares sigan jugando un papel clave para contener las protestas de la disidencia magisterial en entidades como Chiapas y Oaxaca.

Todo lo anterior deja ver que la restauración autoritaria no es una posibilidad latente, sino una realidad consumada, luego de que la división de poderes al interior del Estado obedece a los intereses oligárquicos que explican la manera en que las resoluciones judiciales de alto impacto obedecen más a intereses políticos que la impartición de justicia. Por eso resulta absurdo seguir tratando de abordar la profunda crisis institucional que vive México desde el filtro de una supuesta alternancia democrática, como insisten en hacernos creer los intelectuales leales al actual régimen y los críticos descafeinados que han hecho de sus moderados comentarios una apacible forma de vida.

De ahí la importancia de tener en claro que, más allá de estar o no de acuerdo en los métodos utilizados por la CNTE en sus protestas, no podemos permitir que el gobierno siga utilizando los aparatos de control del Estado para reprimir a quienes se manifiestan en contra del actual régimen corruptocrático, cuyos rasgos autoritarios permiten establecer una similitud notable frente a las peores dictaduras del siglo XX. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que llamemos a las cosas por su nombre? La dictadura de la corruptocracia. Así se llama este triste episodio en la historia de México. ¿Qué vamos a hacer al respecto?

::.

Acerca de manuelhborbolla

Poeta, filósofo y periodista, egresado de la UNAM. Creo que es posible transformar el mundo a través de la poesía.

Publicado el 15 junio, 2016 en Política y etiquetado en , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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