Un frente ciudadano para combatir a la corruptocracia: una lectura política de la dolorosa realidad nacional desde la matanza de Nochixtlán

El asesinato de al menos once personas a manos de la Policía Federal y el saldo de más de cien heridos durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la sociedad civil en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio de 2016, es la muestra más reciente de la dictadura que se padece actualmente en México.

A diferencia de lo ocurrido en Ayotzinapa, en Nochixtlán hubo muchos fotógrafos y testigos que documentaron la matanza. El secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong, dice que prefiere esperar a las investigaciones, lo cual se traduce en que quieren ganar tiempo para inventarse otra “verdad histórica” con la tontería esa de que los policías fueron emboscados. Nadie les cree. Y menos cuando hay fotos de agentes con armas largas vestidos de civiles. La crisis de derechos humanos que vivimos en México sólo se ve en las más crueles dictaduras: asesinatos, represión, desaparecidos, torturados.

Y en este sentido, es necesario cuestionar las inconsistencias en la estrategia política de la CNTE y su exigencia de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a lo cual uno podría preguntarse qué posibilidad real de diálogo existe cuando el gobierno utiliza armas de fuego para asesinar manifestantes desarmados. ¿Con quién habría que dialogar? ¿Con un gobierno ilegítimo que viola sistemáticamente los derechos humanos para reprimir a sus opositores y censurar la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto reconocer el diálogo implica reconocer como interlocutor a un gobierno ilegítimo que asesina a la población para salvaguardar los intereses de una oligarquía corruptocrática que ha convertido la ruina del país en un lucrativo negocio privado, como ocurrió con la reforma energética y la reforma educativa que pretende facilitar el despido de los maestros disidentes en beneficio de intereses políticos del gobierno? [1] De ahí que la reforma educativa no sea sino un instrumento de control diseñado para que el PRI pueda recuperar el control del gremio magisterial, luego de que los gobiernos del PAN otorgaron una serie de privilegios a los líderes corruptos del sindicato docente con fines político-electorales. Esto explica el por qué los profesores de la CNTE se oponen a un proceso de evaluación que otorga a los señores de la corruptocracia la posibilidad de sustituir a los maestros disidentes por maestros dóciles, lo cual convierte dicha reforma en un aparato de control diseñado para desarticular la oposición al actual régimen.

No es la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto reprime a sus opositores mediante el uso de la fuerza y otros medios coercitivos. Así ocurrió con la detención de José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, luego de que tuvieran que levantarse en armas para defenderse ante los continuos ataques del crimen organizado y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública. Así ocurrió también con la intervención de las fuerzas armadas, el crimen organizado y el Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de la campaña de desprestigio y acoso orquestada por el gobierno federal en contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin contar con las presiones del gobierno sobre MVS para censurar a Carmen Aristegui y sus colaboradores luego del escándalo de corrupción de la Casa Blanca que involucra directamente a la esposa de Peña Nieto, así como el continuo asesinato de periodistas, activistas y líderes sociales, casos que muestran las difíciles condiciones que se enfrentan actualmente en México para ejercer la libertad de expresión. Rasgos típicos de una dictadura, término que puede definirse como una forma de gobierno en la que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos de coerción para contener a sus opositores mediante el uso de la fuerza.

Por lo anterior habría que preguntarse: ¿Con qué instituciones pretenden lograr gobernabilidad? ¿Con un Poder Ejecutivo que reprime a la disidencia y el pensamiento crítico al mismo tiempo que protege y beneficia a sus cómplices? ¿Con un Poder Legislativo que dicta leyes a modo para beneficiar los intereses de la clase política por encima de la gente, como ocurrió recientemente con la manera en que echaron abajo la propuesta de ley anticorrupción promovida desde la sociedad civil?[2] ¿Con un Poder Judicial que dicta sentencia en función de intereses políticos y donde los crímenes quedan impunes en más del 99% de los casos?[3] ¿Con órganos electorales que invariablemente resultan omisos ante la inyección de dinero ilícito durante las campañas electorales?[4] ¿Con procuradurías de justicia que torturan y manipulan los hechos a su conveniencia para construir “verdades históricas” como las de Ayotzinapa?[5] ¿Con gobernadores corruptos que no son sino empleados del crimen organizado y las empresas trasnacionales?[6] ¿Con los serviles medios de comunicación que administran la ignorancia y realizan campañas de difamación para beneficiar al gobierno en turno?[7] Este es el vivo retrato del actual régimen, donde la corrupción es aquello que da cohesión a todo el sistema político mexicano, lo cual permite entender el actual fenómeno de ingobernabilidad como consecuencia de una severa crisis de legitimidad. Una situación que ha derivado en una grave crisis institucional donde la ausencia de un Estado de derecho ha generado una ola de violencia utilizada por el gobierno para imponer sus propios intereses por encima del bien común, mediante el uso de la fuerza y una maquinaria burocrática diseñada para promover el abuso sistemático en contra de la población. Rasgos de un Estado fallido que busca reconfigurarse como una dictadura donde la política del garrote y la mordaza se ha convertido en el medio predilecto para tratar de controlar la creciente molestia social ante los desastrosos resultados de un gobierno ilegítimo y tirano.

Por ello, no es casualidad que la brutal represión y la detención de los líderes del magisterio disidente se produzca pocas semanas después de que los partidos políticos que forman parte del actual régimen, aprobaran en las comisiones de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca crear un Estado de excepción para suspender los derechos humanos y legalizar la represión contra la población civil.[8] Un instrumento típicamente utilizado por las dictaduras para acabar con la oposición política, controlar el descontento social y aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza. Algo que, de hecho, ha venido ocurriendo desde 2007, a inicios del sexenio de Felipe Calderón, tal como puede constatarse en el elevado índice de letalidad de las fuerzas armadas en su presunta “guerra contra el narcotráfico”,[9] lo cual evidencia que durante la última década se han realizado una serie de “ejecuciones sumarias” contra civiles,[10] tal como quedó de manifiesto con las masacres de Tlatlaya,[11] Apatzingán[12] y Tanhuato[13] a manos del ejército mexicano y fuerzas federales. Esto, sin contar con los casos de tortura reconocidos por los altos mandos del ejército[14] y otros casos violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en San Fernando, Ojinaga, Allende

De ahí que existan elementos más que suficientes para responsabilizar al Estado mexicano en tribunales internacionales por delitos contra la humanidad, tal como sostiene un reciente informe de Open Society, el cual señala que ante la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continua que prevalece en el país “existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.[15]

Una crisis de derechos humanos que no es sino síntoma de una enfermedad crónica provocada por un sistema capitalista cuya perversa lógica de explotación, acumulación y miseria ha servido para enriquecer a los más ricos mediante el sufrimiento de los más pobres,[16] situación que en buena medida explica los altos índices de violencia en México[17] y sirve también para encubrir una política de despojo promovida por empresas que —en su continua disputa por territorios, recursos y mercados— violentan los derechos elementales de las personas y las comunidades en complicidad con el Estado.[18] Una crisis profunda generada por un “pacto de impunidad” entre las élites político-empresariales que controlan al país.[19]

Es por ello que la renuncia de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete se vuelve un reclamo elemental para evitar una escalada de violencia ante el creciente descontento y la ola de represión contra opositores del actual régimen. Si bien la renuncia o destitución de funcionarios de alto perfil difícilmente resolverá la actual crisis política que enfrenta México, sí representa un primer paso para realizar cambios de fondo en la estructura del sistema político mexicano.

Aún cuando en las actuales condiciones la vía armada representa una opción legítima para derrocar al gobierno tirano que asesina civiles y protege delincuentes, me parece que la mejor vía para afrontar la crisis desde la resistencia civil es mediante la conformación de un Frente Amplio Democrático que genere consensos y una estrategia muy concreta para frenar la violencia y combatir la corrupción, los dos pilares que sostienen el poder político del gobierno autoritario que padecemos. La construcción de un Frente Amplio Democrático permitiría aglutinar y cohesionar la protesta social en las calles, al mismo tiempo que generaría condiciones para construir los consensos mínimos necesarios para echar a andar una reforma profunda del Estado mexicano y ejercer presión sobre la corruptocracia desde distintas trincheras, a partir de una estrategia puntual que ataque el problema de raíz y que pueda implementarse en diversos sectores sociales.

Por ello resulta urgente empezar a plantear la conformación de un frente ciudadano para encarar los abusos de la corruptocracia y convertir la inconformidad social que a diario vemos en las calles y redes sociales en un proyecto político donde la ciudadanía reclame el poder político que le corresponde y le ha sido arrebatado por políticos sin escrúpulos que han dejado en la ruina al país. Una labor urgente que sólo podrá convertirse mediante la construcción de acuerdos mínimos entre diversos sectores sociales, situación que atenta contra la tradición fragmentaria de una izquierda cuyo dogmatismo ideológico y su imposibilidad de construir consensos carga con una parte de responsabilidad en este desastre de país provocado por un bipartidismo de derecha cuyas políticas neoliberales no han hecho sino amplificar el abuso, la desigualdad y la miseria en todas las formas posibles. Una estampa que retrata a la perfección el México corrompido y violento en el que vivimos.

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[1] Manuel Gil Antón. La reforma Educativa. El Colegio de México, 2013. Entrevista disponible en Youtube.

[2] Rubén Rojas. “Elude Senado reclamo de mexicanos y aprueba Ley 3 de 3 rasurada”, en UNOtv. México, 15 de junio de 2016.

[3] Índice Global de Impunidad en México 2016. Universidad de las Américas, Puebla. México, 2016.

[4] Oswaldo Chacón Rojas. ”Diagnóstico del modelo de fiscalización electoral mexicano” en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, num. 4, pp. 275-301. PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2013.

[5] Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-CIDH. México, 2016.

[6] Humberto Padgett. Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano. Ediciones Urano. México, 2016.

[7] Jenaro Villamil. “Rapados en Comitán: el montaje fallido de Aurelio Nuño contra la CNTE”, en Homozapping. 1 de junio de 2016.

[8] “Aprueban diputados, en comisiones, dictamen sobre Estado de excepción en México”, en Aristegui Noticias. México, 29 de marzo de 2016.

[9] Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. Documento de trabajo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2015.

[10] Azar Ahmed y Eric Schmitt. “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera preocupación”, en The New York Times. 26 de mayo de 2016. // “Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México – Informe de seguimiento de experto de la ONU”. Boletín de prensa. Naciones Unidas. Ginebra-Ciudad de México. 20 de junio de 2016.

[11] “Difunde AP que elementos de la Sedena fusilaron a 22 personas en el Edomex”, en Proceso. México, 11 de julio de 2014.

[12] Laura Castellanos. “Masacre en Apatzingán”, en Aristegui Noticias. Reportaje en dos partes. México, 19 de abril-24 de mayo de 2015.

[13] “Fue masacre en Tanhuato; la saña y que nadie traía zapatos, pruebas: familiares”, en La Jornada. México, 25 de mayo de 2015.

[14] “Ejército pide perdón por caso de tortura en Guerrero”, en Milenio Diario. México, 16 de abril de 2016.

[15] Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Open Society Foundations, 2016, p. 166.

[16] Gerardo Esquivel Hernández. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam México. México, 15 de junio de 2015.

[17] Ted Enamorado, et al. Income Inequality and Violent Crime: Evidence from Mexico’s Drug War. Banco Mundial. Junio de 2014. // Índice de Paz México 2016. Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 2016.

[18] Carlos Fazio. Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo. México, 2016.

[19] Edgardo Buscaglia. Vacíos de poder en México. Random House Mondadori. México, 2014.

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Acerca de manuelhborbolla

Poeta, filósofo y periodista, egresado de la UNAM. Creo que es posible transformar el mundo a través de la poesía.

Publicado el 29 junio, 2016 en Política y etiquetado en , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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