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Ponencia sobre Corrupción en Pemex en Colpin 2015

En días recientes tuve la oportunidad de ir a Lima, Perú a presentar mi trabajo de investigación sobre Corrupción en Pemex dentro de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2015 (Colpin), en la cual se dieron cita “los autores de los mejores trabajos postulados al Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación”. Fue un honor para mí presentar mi trabajo periodístico en un evento tan importante, donde tuve la oportunidad de codearme con varios de los periodistas más talentosos del continente, con trabajos realmente impresionantes. Aquí les dejo el video de la ponencia.

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Cocinar la revolución a fuego lento

En un mundo donde la gente muere lo mismo de hambre que obesidad, los científicos buscan la manera alimentar a los 9 mil millones de personas que seremos en 2050, mientras el terreno disponible para cultivar comida se agota a ritmo acelerado. ¿Cómo resolver el problema? Reduciendo la velocidad de nuestros ritmos de vida, sugiere Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food, quien considera que para resolver la crisis agroalimentaria del planeta es necesario emprender una revolución en la manera en que nos relacionamos con la comida. Una iniciativa que además de plantear una transformación profunda en los sistemas sociales, busca restablecer el equilibrio energético del planeta.

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Manuel Hernández Borbolla

Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido más comida ni se habían desperdiciado más alimentos que en la actualidad. Tampoco se habían padecido simultáneamente epidemias de hambre y obesidad como las que existen hoy en día.

Las señales de alarma están en rojo. ¿Qué pasará con el ser humano cuando el crecimiento acelerado de la población y la falta de tierras cultivables en el planeta terminen colapsando a un sistema alimentario en crisis? ¿Qué pasará cuando estos problemas se agudicen con los efectos del cambio climático y el aumento de los precios de la comida? Son las mismas preguntas que se hacen los científicos del mundo para tratar de evitar un futuro parecido a una película de tintes apocalípticos.

Según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas, publicado en 2013, la población global pasará de 7,200 millones de personas a 9,600 millones para 2050. Esta tasa de crecimiento significa que diariamente se suman al mundo 200,000 nuevas bocas que alimentar, con lo cual, la ONU estima que hacia 2050 se requerirá incrementar 70% la producción de alimentos a nivel mundial para satisfacer la demanda global de comida.

¿Cómo resolver el problema? Quizá la respuesta sea reducir la velocidad de nuestros acelerados ritmos de vida. Al menos eso es lo que plantea el gastrónomo y sociólogo italiano Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food, quien sostiene que alimentar a las próximas generaciones con el actual modelo agrícola representa “una locura”.

“Tenemos una situación insostenible. La humanidad pensó que los recursos de la tierra eran infinitos. No es verdad. El agua, de la tierra o la biodiversidad son recursos finitos. Destruir los recursos de la naturaleza plantea una situación de entropía que genera una crisis muy fuerte. Superar esta crisis con antiguos paradigmas es una locura, no es suficiente en este momento histórico”, afirma Petrini en entrevista con Fitzionario.

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La historia de Petrini como figura pública comenzó en 1986, cuando, armado con un tazón de pasta entre las manos, encabezó las protestas contra la instalación del primer McDonald´s en Italia. La anécdota marcaría una declaración de guerra contra las grandes cadenas de comida rápida y el modelo económico neoliberal que estas representaban, ya que los manifestantes consideraban que la homogenización de los hábitos alimenticios terminaría por erosionar la riqueza cultural de la cocina italiana.

Aunque el emblemático local de hamburguesas terminaría abriendo sus puertas en el corazón de Roma, el movimiento slow (lento) se extendería en los años siguientes por diversos países de Europa mientras el modelo neoliberal permeaba rápidamente en el Viejo continente. En 1989, tomando un caracol como insginia, nacería oficialmente la organización Slow Food en respuesta a los problemas sociales y ecológicos provocados por un mundo obsesionado con la rapidez. A partir de ese momento, el movimiento slow buscaría contrarrestar “la locura universal de la fast life” con el “tranquilo placer material de redescubrir los sabores y aromas de la cocina tradicional”, según reza el manifiesto de la organización. Fue así como una revolución empezaba a cocinarse a fuego lento.

Con el paso del tiempo, el movimiento slow se propagó a otros países de Europa y comenzó a involucrarse en problemas relacionados con la alimentación desde una perspectiva integral que fuera más allá de la gastronomía convencional para incursionar en campos como la física, la genética, el desarrollo sustentable, la antropología y hasta la economía política.

Por ello Petrini considera que los cocineros deben jugar un papel activo en la transformación del mundo. Después de todo, “la gastronomía es todo lo que refiere al hombre cuando come”, tal como alguna vez escribió el jurista francés Jean Anthelme Brillant-Savarin, el padre de la gastronomía moderna, en su célebre tratado sobre La fisiología del gusto, publicado en 1825. Un personaje al que Petrini suele citar con fervor a la hora de explicar la necesidad de realizar cambios profundos en un sistema agroalimentario en crisis, al cual califica como “criminal” debido a sus devastadores efectos tanto sociales como ambientales. La frialdad de los números pareciera confirmar la hipótesis.

En su informe sobre El estado de la agricultura y la comida en el mundo 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que 860 millones de personas en el mundo padecen hambre. Al mismo tiempo, existen 2,000 millones de personas con algún tipo de desnutrición y 1,400 millones con problemas de obesidad.

Y mientras esto ocurre, fenómenos como la degradación del suelo y el cambio climático recrudecerán los problemas relacionados con la producción de alimentos en las próximas décadas.

“En cualquier país del mundo, si uno puede preguntarle a un campesino anciano cómo estaba la fertilidad del suelo hace 40 o 60 años antes, la respuesta es siempre la misma: antes el suelo era más rico, más fuerte, ahora es ‘pobrecito’. 130 años de química para producir mucho más en la primera parte del siglo XX fueron útiles, ahora son una desgracia”, apunta Petrini.

Estimaciones de la ONU señalan que cada año, 12 millones de hectáreas son transformadas en desiertos a causa del hombre y que una cuarta parte de las tierras de cultivo del planeta tienen un suelo altamente degradado.

Un estudio de la ONU, titulado Economía de la degradación de los suelos, señala que la degradación “es principalmente el resultado de la mala gestión del suelo, hambrunas relacionadas con sequías y las percepciones erróneas de la abundante producción de comida, grandes reservas de alimentos en Europa, fronteras abiertas, comida subvencionada relativamente barata, bajos precios del suelo y abundantes recursos hídricos y energéticos”.

Además de esto, los científicos prevén un aumento en los periodos de sequía de diversas regiones del planeta para las próximas décadas, incluyendo a países como México, de acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Sin embargo, los efectos podrían ser aún más graves, ya que una caída en la oferta sumada a una creciente demanda de comida provocará un incremento en el precio de los alimentos, situación que podría derivar en una crisis humanitaria sin precedentes al afectar principalmente a los países más pobres. Un escenario que podría estar más próximo de lo que suponemos, ya que de seguir la actual tendencia climática, el precio de la comida podría incrementarse hasta 40% en la próxima década, según el informe Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2013-2022.

Pero el problema no se reduce a una simple cuestión estadística. Además de la falta de agua y la pérdida de fertilidad del suelo, la acelerada pérdida de biodiversidad es otro de los grandes problemas generados por el actual modelo agrícola basado en el monocultivo, lo cual provoca que cada año se pierda una enorme variabilidad genética que podría ser la clave para contrarrestar las hambrunas del futuro.

“En 110 años, la humanidad ha perdido el 70% de especies endémicas de frutas, verduras y razas animales, porque este sistema alimentario privilegia sólo a las razas fuertes. Si una raza no puede entrar a un supermercado o a una red de distribución, puede desaparecer. ¡Eso es criminal!”, señala el gastrónomo italiano.

¿Cuánta comida produce el mundo? (2010, miles de toneladas)
Cereales 2,476,416
Oleaginosas 170,274
Legumbres 68,829
Raíces y tubérculos 747,740
Vegetales 1,044,380
Azúcar 228,748
Nueces 13,940
Frutas 608,926
Cultivos de fibras 28,143
Carne 296,107
Huevos 69,092
Leche 719,000
Mantequilla 9,044
Queso 20,222
Pescado 88,604
Pescado (acuacultura) 59,873
FAO Stats, 2013 

Para ilustrar la magnitud del problema, Petrini cuenta la historia de la ‘hambruna de la papa’ en Irlanda. Originario de Sudamérica, el tubérculo llegó a Europa en el siglo XVI como una curiosidad llevada por los conquistadores españoles. Sin embargo, pasó prácticamente inadvertida como alimento por más de siglo y medio, en el que fue cultivada como planta ornamental, debido aen gran parte a sus bellas flores, en los jardínes de los reyes. Fue en Sevilla el lugar donde los europeos comenzaron a experimentar con “los nuevos tubérculos” como alimento de los enfermos de hospitales, soldados y animales, debido a su bajo costo. Para finales del siglo XVI, la papa se convirtió en un alimento común en Italia, Alemania, Polonia y Rusia, donde incluso se convirtió en la base para la elaboración del vodka, debido entre otras cosas, a la gran resistencia que la planta presentaba durante el frío invierno europeo.

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Sin embargo, el poder nutricional de la papa fue comprobado al salvar de la hambruna a Alemania durante la llamada Guerra de los Treinta Años, utilizándose como alimento sustituto de la dieta germana ante la caída en las cosechas de cereales. Para el siglo XVIII, los científicos y aristócratas franceses convencieron a la población sobre las ventajas de comer papas.

A partir de entonces, la también llamada patata se convirtió en un alimento común en todo el Viejo Continente, incluyendo países como Irlanda, lugar donde el tubérculo se convirtió en el alimento base de un pueblo oprimido por la hegemonía británica. Debido a que la mayor parte de la propiedad agrícola pertenecía a la aristocracia británica, los campesinos irlandeses cultivaban el trigo que era exportado a Inglaterra mientras ellos se alimentaban con papas cultivadas en el huerto familiar, debido a su alto rendimiento. Las condiciones de pobreza y la dependencia hacia un solo alimento fueron construyendo la catástrofe de manera silenciosa. La crisis detonó cuando repentinamente, una aparición de una plaga provocada por el organismo protista Phytophthora infestans que destruyó casi en su totalidad los cultivos de papa, provocando que el tubérculo se pudriera antes de su recolección. El hambre se convirtió en pandemia, cobrando la vida de un millón de personas que murieron por inanición entre 1845 y1852, además de provocar un éxodo masivo de millones de irlandeses que migraron hacia Estados Unidos, Gran Bretaña y Sudamérica, hecho conocido como la ‘gran diáspora irlandesa’. Los efectos de la catástrofe marcaron la historia del país y continuaron durante décadas. Hasta la fecha, Irlanda no ha podido recuperar los niveles de población previos a la hambruna. Un censo de 1841 contabilizó poco más de 8 millones de personas, cifra que contrasta con los 6 millones 400 mil irlandeses que había en 2011. Una historia de lo que puede suceder cuando se ponen todos los huevos en la misma canasta. Sin embargo, la lección pareciera no haber sido del todo bien aprendida.

Aunque el ser humano ha seleccionado y cultivado más de 7,000 especies vegetales desde que aprendió a hacerlo hace miles de años y existen cerca de 30,000 especies de plantas terrestres comestibles en el mundo, según datos de la FAO, apenas una treintena de cultivos cubren el 95% de nuestras necesidades de energía alimentaria y sólo cinco de ellos —arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo— comprenden el 60%. Lo mismo pasa con los animales, ya que los datos más recientes señalan que el 22% de las razas de ganado del mundo están en peligro de extinción.

La FAO estima que en el siglo pasado, alrededor del 75% de la diversidad genética de los cultivos se perdió cuando los agricultores en todo el mundo dejaron de producir variedades locales de ciertos alimentos para cultivar variedades genéticamente uniformes de alto rendimiento. Una pérdida que nos hace cada vez más vulnerables a una epidemia de hambre similar a la que ocurrió en Irlanda, pero con un alcance global. Esto se debe a que la diversidad genética funciona como un escudo para que las especies puedan hacer frente a enfermedades repentinas o fenómenos como el cambio climático.

Un ejemplo de esto se encuentra en una variedad de trigo de Turquía descubierta en la década de 1980, misma que poseía genes resistentes a muchos tipos de hongos causantes de enfermedades, lo cual permite a los fitogenetistas utilizar estos genes para desarrollar variedades de trigo resistentes a dichas enfermedades.

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“La historia de la humanidad nos ha enseñado que cuando se pierde la biodiversidad existe hambre, muerte e infelicidad”, agrega Petrini, quien considera que la manera en que opera el sistema agroalimentario a nivel global ha condenado a la extinción a muchos alimentos que no encuentran cabida en el mercado de la comida ante la estandarización de los hábitos de consumo. Un asunto cultural que fomenta el desperdicio.

La FAO calcula que cada año se desperdicia una tercera parte de la comida producida en el mundo, equivalente a 1,300 millones de toneladas, según el informe La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos naturales, publicado en septiembre de 2013.

“La comida no tiene valor, es sólo mercancía, commodity. Se habla del precio, pero no del valor. Son cosas distintas. Detrás del valor de un producto, hay gente que lo trabaja, que lo transforma, que lo vende. Esto es el valor y en todo el mundo entendemos que la comida no tiene valor. ¡Las cosas en el mundo están increíbles!”, sostiene el gastrónomo italiano.

“En Europa el 30% de los productos biológicos van a la composta. ¿Por qué? Porque en la gran distribución, si la zanahoria no es perfecta, no se compra. Si la patata tiene un tubérculo extra, tampoco. El campesino deja esto para hacer composta. Una cuestión estética. Estos productos tienen el mismo valor nutricional pero en la gran distribución no puede entrar al mercado por una concepción nazi-fascista. ¡La estética!”, exclama Petrini.

—¿Esto tiene que ver con que las personas no sean concientes de todo lo que hay detrás de un plato de arroz para que este llegue a su mesa?—, pregunté a Petrini durante su última visita a México, en mayo de 2013.

— Es el resultado principal de un consumismo pasivo. Siempre en la historia de la humanidad, la relación de los hombres con la comida era de trabajo y participación activa, de manera espiritual al interior de las comunidades. Ahora la comida tiene sólo una relación de consumismo. Significa que perdió su visión holística y ahora se le percibe como un carburante, un combustible. Esta situación genera ignorancia, una ausencia de respeto por la naturaleza y las comunidades que producen el alimento. Esta es una situación muy mala porque no hay defensa contra la ignorancia. Se necesita reconquistar el valor de la comida. Comprender que detrás de ella hay gente que trabaja, hay comunidades, hay historia, muchas cosas que la sociedad consumista olvidó totalmente.

Una consecuencia del desapego a la tierra característico de los centros urbanos de todo el planeta luego de que la Revolución Industrial y modificara nuestra relación con la comida, donde el alto consumo energético es una constante.

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La paradoja energética

La comida es sinónimo de energía. A través del metabolismo, los seres vivos transforman la energía contenida en los alimentos para convertirla en el combustible que permite a las células desarrollar diversas actividades: respirar, crecer, reproducirse, responder a estímulos. La vida como la conocemos no podría concebirse sin ese complejo proceso capaz de convertir la energía del sol en movimiento. Una idea base para entender la crisis de la comida que enfrenta actualmente la humanidad a nivel global.

La comida es nuestra principal fuente de energía. A diferencia de los organismos autótrofos —que son capaces de producir su propio alimento al transformar materia inorgánica en energía mediante la absorción de luz solar o la oxidación de ciertos compuestos químicos—, los animales necesitan alimentarse de materia orgánica, proveniente de otros seres vivos, para que las células obtengan la energía necesaria para realizar funciones relacionadas con el metabolismo. De este modo, la comida es una transferencia de la energía capaz de mantener en equilibrio el ciclo de la vida a través de la cadena alimenticia.

Con el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales hace 10,000 años, los humanos fueron capaces de almacenar importantes cantidades de energía para poder afrontar los tiempos difíciles. Esta acumulación de energía a través de la comida permitió también el surgimiento de la civilización y los primeros asentamientos humanos, situación que modificó por completo el modo de vida nómada que prevaleció durante miles de años.

Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, la agricultura daría un nuevo giro. Las innovaciones tecnológicas permitieron mejorar los procesos de producción agrícola con el uso de maquinaria. Con una mayor cantidad de comida disponible, el crecimiento demográfico vino acompañado de un crecimiento acelerado de las ciudades y una creciente demanda de energía.

El desarrollo tecnológico en el campo durante los años siguientes hizo posible que la producción de comida diera otro salto con la llamada Revolución verde ocurrida entre 1940 y 1970 en Estados Unidos, la cual permitió incrementar de dos a cinco veces la producción agrícola a través de semillas mejoradas en grandes extensiones de terreno de monocultivo, acompañadas por grandes cantidades de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Los altos rendimientos en la producción de comida provocó que algunos especialistas llegaran a creer que el problema del hambre en el mundo sería finalmente resuelto. El desencanto fue creciendo mientras las pruebas científicas documentaban los efectos negativos de la Revolución verde pero principalmente uno: el deterioro del suelo. Con la pérdida de nutrientes, derivada del monocultivo y el uso de agroquímicos, el suelo se volvió poco fértil. Los rendimientos de las cosechas no volvieron a ser los mismos. Aunado a esto, el alto consumo de insumos hizo que la demanda de energía en el sector agrícola se incrementara drásticamente. De acuerdo con un informe de la FAO, la cadena productiva de la comida utiliza el 30% de la energía producida en el mundo.

Un escenario que plantea un “problema de entropía” en el actual sistema de producción agrícola, según sostiene Petrini. La entropía es un concepto utilizado en termodinámica para medir el desperdicio de energía dentro de un sistema y que permite explicar el desbalance energético en la producción de alimentos. El argumento es simple: no se puede gastar mucha energía para producir poca energía.

“La comida es energía para la vida. Toda la humanidad vive porque come. Si el alimento genera una determinada cantidad de energía y yo utilizo cuatro veces más energía para producirlo, hay una crisis entrópica. No es posible consumir mucha energía para producir poca energía. En el sector de la comida, esto es una gestión dramática”, sostiene Petrini.

¿Cuánta energía se utiliza para producir comida? Era la pregunta obligada. Luego de varios meses de infructuosa búsqueda del dato, decidí realizar mi propia investigación sobre el tema utilizando datos de la FAO, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía en 2009. Tras varios meses de investigación, el dato resultó revelador: utilizamos 7.23 veces más energía para producir alimentos en comparación con la cantidad de energía que obtenemos de la comida[1]. Sin embargo, la cifra no considera factores como el enorme desperdicio de comida que existe en el planeta, por lo que el número podría ser aún mayor.

Datos recientes del Banco Mundial parecieran confirmar la hipótesis, ya que por cada caloría de comida desperdiciada, se utilizan entre 7 y 10 calorías para producirla. Esto significa un enorme desperdicio de energía que contribuye a agudizar los efectos devastadores del cambio climático y su tendencia a generar sequías más prolongadas en todo el planeta, lo cual a su vez, podría generar una mayor escasez de alimentos en las décadas siguientes.

Esto es justo lo que ocurrió en 2011 en el Cuerno de África, cuando la sequía provocó una severa crisis alimentaria a lo largo de Somalia, Etiopía, Kenia, Djibouti y Uganda, amenazando la subsistencia de más de 12 millones de personas.

De acuerdo con la FAO, la crisis se agravó debido al elevado precio de los cereales a nivel local, una excesiva mortalidad del ganado, los conflictos y el acceso restringido a la ayuda humanitaria en algunas zonas. Y es ahí donde la dinámica del mercado global de alimentos juega su parte a la hora de generar crisis humanitarias como la que se sigue viviendo en el Cuerno de África, donde incluso la ayuda internacional obedece al lucro de las naciones ricas.

Esto es lo que plantean los investigadores Roger Thurow and Scott Kilman, quienes en su libro Suficiente: ¿por qué los más pobres se mueren de hambre en el mundo en la era de la abundancia? explican la manera en que una buena parte de la economía agrícola de Estados Unidos depende de la ayuda alimentaria que proporciona el gobierno norteamericano a los países más pobres, lo cual genera la quiebra sistemática de agricultores locales en países como Etiopía, incapaces de competir en el mercado con los precios de los granos estadounidenses, generando así un “síndrome de dependencia” alimentaria. Esto ha provocado que muchos etiopes incluso estén más preocupados de que llueva en Iowa, al otro lado del planeta, que en su propio país. Un caso que ejemplifica la manera en que el actual sistema económico genera crisis humanitarias de gran escala.

 

El trabajo fotográfico de Peter Hanzel, reunidos en el libro Hunger planet (Lo que come el mundo) ilustra a la perfección los diferentes hábitos alimenticios alrededor del mundo y las diferencias sobre el acceso a la comida. 

Otros expertos parecen coincidir con este punto de vista. Para el investigador Lester Brown, fundador del Earth Policy Institute, el problema es que la dinámica del mercado está creando una “burbuja alimentaria” que está elevando constantemente los precios de la comida debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, tal como ocurrió con el incrmento de los precios de los granos en 2007 y 2008. De acuerdo con el especialista, esto ha provocado que la humanidad esté entrando en una “época de escasez crónica de alimentos, que está dando lugar a una intensa competencia por el control de recursos como la tierra y agua, creando una nueva geopolítica de la comida”.

De ahí el temor de los expertos de que el control de los grandes grupos económicos en la producción, distribución y precios de los alimentos puedan crear epidemias de hambre cada vez más grandes a través de la especulación financiera y prácticas monopólicas. Esto se debe a que el sistema agroalimentario global está diseñado para generar ganancias en lugar de acabar con el hambre.

Y mientras al mismo tiempo que la hambruna hace estragos en los rincones más pobres del planeta, la epidemia de la obesidad a nivel global sigue creciendo aceleradamente. Según datos de la FAO el sobrepeso y la obesidad en adultos aumentó en todas las regiones del planeta al pasar del 24% al 34% entre 1980 y 2008. Esto ha provocado que en regiones como América del Norte, Europa, América Latina y Oceanía, más del 50% de los adultos tengan algún problema de sobrepeso, lo cual ha contribuido a elevar los indices de enfermedades como la diabetes y trastornos cardiovasculares.

Ver: National Geographic- Lo que come el mundo

Los expertos consideran que las principales causas que explican este incremento de la obesidad en las últimas décadas tienen que ver con un cambio en los hábitos alimentarios y el sedentarismo típico de los grandes centros urbanos.

De acuerdo con un estudio de 2006 realizado por Boyd Eaton, investigador del Departamento de Antropología y Radiología de la Universidad de Emory, el principal cambio en la dieta actual, en comparación con la que prevalecía en la antigüedad, está íntimamente vinculada a un mayor consumo de carbohidratos, azúcares y grasas, así como una reducción considerable en la ingesta de proteínas, frutas, verduras y fibra.

Diferencias en la dieta del hombre antiguo y moderno
Antigüedad Modernidad
Grasas

35%

33%
Grasas saturadas 8% 12%
Carbohidratos 35% 50%
Azúcar añadido 2.5% 15%
Proteína 30% 15%
Frutas y verduras 50% 16%
Fibra 100 gramos/día 15 gramos/día
Fuente: S. Boyd Eaton. The ancestral human diet: what was it and should it be a paradigm for contemporary nutrition? Departments of Anthropology and Radiology, Emory University, Atlanta, USA.

Una de las explicaciones más comúnes para explicar este cambio en los hábitos alimenticios de la humanidad tienen que ver con nuestro desarrollo evolutivo aunado a la abundancia de comida que trajo consigo la Revolución Industrial.

“¿Por qué la gente come tanto? ¡Porque puede!”, señala Kelly Brownell, director del Rudd Center for Food Policy and Obesity de la Universidad de Yale.

Esto se debe a que no comemos para satisfacer el hambre, sino simplemente porque la comida está ahí. El desarrollo evolutivo de nuestro cerebro hizo que la comida rica en grasa y azúcares detone nuestras ganas de comer aún cuando estemos satisfechos, ya que el cerebro le manda el mensaje al cuerpo de que recoja toda la energía disponible para soportar las épocas de carestía. La misma situación que permitió la superviviencia de nuestros ancestros explica también la epidemia de obesidad que existe en prácticamente todo el planeta y principalmente en las sociedades industrializadas, donde la comida suele estar siempre disponible con un mínimo esfuerzo. Basta con marcar el teléfono para recibir una pizza en pocos minutos y sin necesidad de salir de casa.

De ahí que Petrini considere que la manera en que la comida es un problema no solo ambiental, sino también de economía política, ya que los patrones de consumo en el actual modelo civilizatorio promovido desde occidente ha provocado que la comida haya perdido su valor en términos culturales.

Una situación preocupante que implica buscar nuevas maneras de abordar el problema de la alimentación a nivel global, ya que los métodos promovidos por el actual modelo económico para aumentar la producción de comida son incapaces de resolver el problema, ya que el sistema económico hace que el sistema agroalimentario esté diseñado para generar dinero en lugar de acabar con el hambre. Esto explica el por qué avances tecnológicos como los generados durante la Revolución verde y más recientemente con los organismos genéticamente modificados, son incapaces de resolver por sí mismos el problema de la alimentación global mientras exista un sistema económico que fomenta el desperdicio en los países ricos al mismo tiempo que genera epidemias de hambre entre los sectores más pobres de la población global.[]

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La comida que produce el mundo

De los aproximadamente 2.3 millones de toneladas de cereales que actualmente se producen, aproximadamente mil millones de toneladas se destinan a uso alimentario, a 750 millones de toneladas se emplea como alimento para animales, y los restantes 500 millones de toneladas se procesan para el sector industrial.

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Los 10 alimentos con mayor producción en el mundo (toneladas)

1 Caña de azúcar 1,800,377,642
2 Maíz 885,289,935
3 Arroz 722,559,584
4 Avena 701,395,334
5 Leche 614,578,723
6 Papas 373,158,351
7 Remolacha azucarera 273,500,615
8 Vegetales 268,833,780
9 Soya 262,037,569
10 Mandioca 256,404,044

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Los 10 alimentos más producidos en México

1 Caña de azúcar 49,735,273
2 Maíz 17,635,417
3 Leche 10,724,288
4 Narnajas 4,079,678
5 Avena 3,627,511
6 Carne (pollo) 2,757,986
7 Huevo 2,458,732
8 Tomate 2,435,788
9 Carne (ganado) 2,190,100
10 Limones 2,147,740

 

Fuente: FAO, 2011

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Las tres grandes etapas del hombre y al comida

Según The Cambridge World History of Food, la historia de la alimentación de la humanidad puede dividirse en tres periodos:

Hace 1.5 millones de años – Mioceno y pleistoceno. Los ancestros del ser humano comenzaron a preparar plantas crudas y comían restos de carne que dejaban otros depredadores

700,000 años – En el medio pleistoceno. El hombre se convierte en cazador de especies cada vez más grandes como bisontes, caballos y mamuts. La alimentación de plantas sigue jugando un papel importante.

10,000 años – Domesticación de animales. Pasa de la recolección de plantas al cultivo de plantas.

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Un problema que crece rápidamente

La población global pasará de 7,200 millones de personas a 9,600 millones para 2050, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU publicado en 2013. Esta tasa de crecimiento significa que diariamente se suman al mundo 200,000 nuevas bocas que alimentar. La ONU estima que hacia 2050 se requerirá incrementar 70% la producción de alimentos a nivel mundial para satisfacer la demanda de comida.

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Sin agua y tierra disponible

La agricultura utiliza actualmente el 11% de la superficie terrestre para la producción de cultivos y utiliza el 70% del agua total extraída de acuíferos, ríos y lagos. En últimos 50 años las tierras de cultivo se han extendido 12% y la producción agrícola prácticamente se ha triplicado. Sin embargo, la ONU advierte que las tasas de crecimiento de la producción agrícola han ido disminuyendo, lo cual aumentará los conflictos por la disputa de recursos como la tierra y el agua, según el informe El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura.

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La escasez por cambio climático

El sector agrícola es un emisor importante de gases de efecto invernadero, pues origina el 13.5% de las emisiones globales. El cambio climático supone riesgos adicionales para los agricultores ante una creciente aridez y cambios en los regímenes de lluvias, así como la creciente incidencia de los fenómenos climáticos extremos.

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Hambre y obesidad

Los números son elocuentes. En su informe sobre El estado de la agricultura y la comida en el mundo 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que 860 millones de personas en el mundo padecen hambre. Al mismo tiempo, existen 2,000 millones de personas con algún tipo de desnutrición y 1,400 millones con problemas de obesidad.

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[1] NOTA: La metodología utilizada para obtener el dato sobre la cantidad de energía utilizada para producir comida frente a la energía de los alimentos producidos, fue la siguiente:

  1. De acuerdo con datos de la FAO de 2009, en promedio, cada persona en el planeta consumió 2,831 kilocalorías por día. (FAOSTAT)
  2. El Banco Mundial estima que en 2009 había 6,805,251,332 de personas en planeta
  3. Al multiplicar las kilocalorías por persona, por 365 días del año, por el número de personas que el BM estimó para 2009, obtenemos que la población global consumió 7,031,968,280,125,580 kcal en 2009.
  4. Al convertir kcal a PJ, obtenemos 29,434.412 PJ consumidos por la población global en 2009.
  5. De acuerdo con la FAO, la cadena productiva de la comida utiliza el 30% de la energía producida en el planeta (Energy-Smart Food at FAO: An Overview, pag. 6 http://www.fao.org/docrep/015/an913e/an913e.pdf)
  6. De acuerdo con la Agencia Mundial de Energía, el mundo consumió 709,572 PJ en 2009 (http://www.iea.org/Sankey/index.html#?c=World&s=Balance)
  7. Al hacer la conversión para obtener el 30% del total de energía consumida en 2009, obtenemos que el sistema de producción y distribución de comida utilizó alrededor de 212,871.6 PJ en 2009.
  8. Al dividir la energía utilizada en el sistema de producción y distribución alimentaria entre la energía consumida por la población global a través de la comida, obtenemos que la energía utilizada para producir comida fue 7.23 mayor a la energía consumida a través de la comida durante 2009.
  9. NOTA: Sin embargo, dicha estimación no contempla el desperdicio de comida que va directo a la basura, por lo que el desperdicio de energía podría ser todavía mayor.

El millonario negocio privado de la importación de gasolina en Pemex

Desde 1988, Pemex desvía multimillonarios recursos con operaciones similares al lavado de dinero a través de sus filiales privadas, entre las cuales destaca Grupo PMI, empresas manejadas de manera secreta por un reducido grupo dentro del gobierno federal, tal como revelan documentos oficiales obtenidos por Quadratin, los cuales evidencian un faltante de casi 3 mil millones de dólares en la comprobación de importaciones de combustible de 2000 a 2013. Y mientras el Consejo de Adminsitración de Pemex reconoce no contar con los estados financieros de sus filiales, la reforma energética crea un régimen de excepción que facilitará la corrupción y la discrecionalidad al interior del gobierno federal para favorecer a las empresas privadas que ordeñan a Pemex.

 

Manuel Hernández Borbolla

Desde hace 26 años, Pemex ha desviado miles de millones de pesos a través de sus filiales privadas, manejadas de manera secreta por un reducido grupo al interior del gobierno federal. Una práctica que el Congreso legalizó con la aprobación de la reforma energética, misma que crea un régimen de excepción para que los altos directivos de la paraestatal sigan utilizando recursos públicos en beneficio de intereses privados, tal como ocurre con el negocio privado de exportación de petróleo crudo y la importación de gasolina.

A través de sus filiales privadas, muchas de ellas constituidas bajo leyes extranjeras, Pemex se ha autoasignado contratos multimillonarios cuyas ganancias son transferidas a cuentas privadas en el extranjero mediante operaciones de triangulación de recursos similares a las utilizadas por el crimen organizado en el lavado de dinero.

Todo comenzó en 1988, cuando la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Pedro Aspe —quien meses después sería nombrado como Secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari— autorizó a Pemex invertir recursos públicos para la creación de Grupo PMI (Petróleos Mexicanos Internacional), un conjunto de empresas privadas encargadas de comercializar todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados en el extranjero.

El gobierno justificó la creación de Grupo PMI con la necesidad que en aquel entonces tenía Pemex de contar con un “velo corporativo” que protegiera los bienes de la nación ante una posible sanción derivada de un litigio comercial en el extranjero, además de flexibilizar su margen de acción para aprovechar ventajas competitivas en los mercados internacionales.

De este modo, todas las exportaciones e importaciones de hidrocarburos que realiza México son operadas por empresas privadas manejadas de manera discrecional por los altos funcionarios de Pemex, sin que hasta el momento existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que dichos recursos no sean utilizados para otros fines.

Así lo reconoce Fluvio Ruíz, exconsejero profesional de Pemex, quien considera que el manejo discrecional de las ganancias obtenidas por las filiales de Pemex a través de PMI generan “mucha suspicacia”, incluso entre los altos funcionarios de Pemex.

“Se requiere una nueva forma de tener control sobre estas filiales. Si bien ha habido mucha jurisprudencia y la Auditoría Superior de la Federación varias veces ha tratado tener un control más directo sobre PMI, como lo hace con Pemex y todas sus subsidiarias, es necesario que hacia la sociedad haya más transparencia”, asegura.

“Algo que sí hemos discutido al seno del Consejo, es que la creación de filiales escapaban al control del Consejo y había muchísimo de discrecionalidad en su creación, sobre todo en el caso de filiales de filiales”, reveló Ruíz en entrevista exclusiva con Quadratin cuando todavía era consejero profesional de Pemex.

Grupo PMI inició operaciones el 24 de marzo de 1988 con la creación de P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV), una empresa instrumental de capital privado constituida bajo las leyes de Holanda, misma que funciona como tesorería centralizada de los negocios privados que realiza Pemex a través de sus filiales.

Al ser consideradas empresas extranjeras que no están regidas por la Constitución Mexicana, el Estado mexicano no tiene facultades legales para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de la compañía, tales como el pago de dividendos, contratación de deuda, otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo PMI o la realización de inversiones en el capital social de otras empresas extranjeras. De este modo, los altos mandos de Pemex y el gobierno federal crearon una estructura empresarial que opera con una contabilidad paralela y cuya función es “velar por intereses privados” a pesar de manejar recursos públicos.

Esto significa que “dada la personalidad jurídica de esta empresa instrumental, el papel fundamental de los integrantes de su órgano de gobierno sería velar precisamente por los intereses de la misma, y no así por la de terceros, como podría ser el mismo Pemex”, según advierte la Auditoría Superior de la Federación en su reporte 10‐1‐18T4I‐02‐0740 sobre las inversiones de la paraestatal en empresas filiales.

Fue así que Pemex creó un laberinto financiero y legal argumentando que las empresas instrumentales de PMI “no podrían tener el carácter de paraestatales, debido a que no desarrollarían actividades primarias ni estratégicas para el Estado mexicano”. Un argumento que contradice a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de Petróleos Mexicanos vigentes, en las cuales se define a “la industria petrolera” como una actividad de carácter estratégico, lo cual incluye “la distribución y las ventas” de petróleo y sus derivados.

Sin embargo, para los directivos de Pemex esto no constituye una ilegalidad. “PMI tiene un régimen de contrataciones propio, es una filial que le reporta a Pemex y ellos también se tienen que regir bajo leyes de adquisiciones, hacer informes y rendir cuentas. En ese esquema de mecanismos de contratación, de hecho, muchas veces compiten con nuestros propios proveedores para ofrecernos mejores condiciones”, explica en entrevista el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez, quien rechaza que las filiales de Pemex operen de manera ilegal.

“Claro que es legal, porque es una filial, lo puede hacer sin ningún problema; de lo contrario, ya nos hubieran observado ese tipo de operaciones”,señaló a pegunta expresa de Quadratin.

La Auditoría Superior de la Federación opina lo contrario. El organismo sostiene que la legislación mexicana, previo a la reforma energética, “no establece un régimen de excepción para empresas de participación estatal mayoritaria directa e indirecta en el capital social”, por lo que los ingresos que obtiene Pemex por medio de las empresas filiales deberían reflejarse en la cuenta pública que la paraestatal entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Pemex interpreta que la legislación lo faculta a crear empresas privadas, cuando su objeto no sea prioritario ni estratégico. Cabe señalar que los recursos que administran las empresas del Grupo PMI, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio, mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”, precisa la ASF en su más reciente informe.

Tan solo en 2012, las 13 empresas privadas que integran a Grupo PMI generaron utilidades por 12,716 millones 318.4 mil pesos. Para finales de ese mismo año, el Grupo PMI obtuvo ganancias acumuladas por un total de 59,967 millones 210.7 mil pesos, mismos que no son considerados recursos públicos al no ser reportados como parte de la cuenta pública.

“Pemex no rinde cuentas al Poder Legislativo de las empresas filiales que han generado utilidades y cuya política ha sido de no decretar dividendos en favor de Pemex”, de acuerdo con un informe de la ASF sobre la cuenta pública de 2007.

En 2013, Pemex contaba con 51 filiales privadas, de las cuales al menos 13 pertenecían a Grupo PMI. Sin embargo, muchas de las filiales de reciente creación han dejado de ser utilizadas únicamente como vehículos financieros para convertirse en operadoras privadas a las cuales Pemex otorga contratos millonarios en una privatización silenciosa que se ha incrementado de manera constante en la última década.

“Las filiales de más reciente creación tienen que ver más con cuestiones operativas que con las condiciones financieras de Pemex, algo que tenemos que revisar”, explica Fluvio Ruíz, quien citó las irregularidades en el gaseoducto Los Ramones como un caso paradigmático de cómo la autoasignación de contratos de Pemex a sus filiales ha sido utilizado como un mecanismo del gobierno federal para favorecer a empresas privadas. Así ocurre con la filial TAG Pipelines, una compañía creada específicamente para que particulares fueran beneficiados en un evidente caso de corrupción, de la cual Pemex posee indirectamente la mitad de las acciones mientras la otra mitad pertenece a la empresa privada Ienova.

“El problema es que no solamente se abren los sectores sino que se maniatan a los organismos públicos que participan en sectores abiertos, en lugar de fortalecerlos y buscar regulaciones adecuadas que le permitan enfrentar a la competencia, ser mejores. Ese es el gran riesgo, y en el caso de la refinación es un ejemplo patético”, señala Ruíz.

Algo que ocurre todos los días con el negocio privado de la importación de gasolinas, manejado de manera opaca por altos funcionarios de Pemex desde hace dos décadas durante las administraciones del PRI y el PAN.

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Compra de gasolinas en Pemex, sin facturación

Mientras la demanda de gasolinas en México ha crecido de manera sostenida y las refinerías han sido abandonadas por el gobierno, documentos obtenidos por Quadratin confirman diversas irregularidades en la importación de combustibles, ya que existen compras en Pemex Refinación por casi 3 mil millones de dólares que no cuentan con facturas que las respalden, además que el Consejo de Adminsitración de Pemex reconoce no conocer los estados financieros de sus filiales privadas.

En las últimas dos décadas, las refinerías de Pemex disminuyeron su producción al mismo tiempo que el aumento en la demanda y las importaciones de gasolina dieron beneficios multimillonarios a los intermediarios privados de Pemex.

De 1992 a 2012, la producción del Sistema Nacional de Refinación disminuyó 5.18% al pasar de 1 millón 264,703 de barriles diarios a 1 millón 199,260 de barriles, de acuerdo datos de Pemex Refinación obtenidos a través de una solicitud de información.

Prácticamente en el mismo periodo de tiempo, la “demanda de gasolinas se incrementó en 65.9%, lo que ocasionó un aumento de las importaciones de 353.9%” de 1992 a 2011, según la ASF.

Informes internos de Pemex revelan que entre 2011 y 2012 el Sistema Nacional de Refinación trabajó entre el 64% y 67% de su capacidad instalada, sin haber realizado los estudios necesarios para solucionar los problemas técnicos que han contribuido a elevar el precio de los combustibles.

“Cabe señalar que no se han realizado los estudios necesarios para abatir los costos de producción, que se incrementan principalmente por la baja producción, paros forzados de las refinerías por altos inventarios de productos intermedios y tomas clandestinas”, según el informe de la ASF de la cuenta pública de 2011.

Y mientras las refinerías han sido abandonadas por el gobierno mexicano, las empresas comercializadoras del Grupo PMI encargadas de realizar todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados han obtenido cuantiosas ganancias al fungir como intermediarios en toda la cadena productiva de la gasolina.

Esto debido a que Grupo PMI obtiene ganancias privadas durante la exportación del petróleo crudo, el proceso de refinación realizado en Estados Unidos y la importación de los derivados. Un negocio redondo realizado de manera opaca.

El 24 de mayo de 1989, el gobierno creó la empresa PMI Comercio Internacional con el fin de comercializar el petróleo crudo que vende Pemex Exploración Producción en el mercado internacional. Desde entonces, PMI cobra una comisión de 3 centavos de dólar por barril vendido en el extranjero, cifra que de 1995 a 2013 representó más de 325 millones de dólares, de acuerdo con el número de barriles de petróleo crudo exportados por Pemex.

Sin embargo, estas no son las únicas ganancias obtenidas por PMI Comercio Internacional, ya que la empresa también obtiene utilidades al regular el diferencial que existe entre el precio del petróleo que compra a Pemex y el precio al que revende dicho petróleo en el extranjero. Tan solo en 2012, PMI Comercio Internacional obtuvo ganancias por 269 millones 725 mil pesos, “resultado del diferencial pagado a Pemex por la compra de petróleo y la venta a compañías extranjeras”, según el último reporte de la ASF.

Del petróleo comercializado al extranjero, PMI Comercio Internacional vende una parte considerable a otra empresa privada de Pemex, PMI Norteamérica (PMI NASA), la cual se encarga de refinar petróleo crudo en el extranjero, mediante un contrato de coinversión con la trasnacional Shell para operar de manera conjunta la refinería Deer Park Refining Limited Partnership, ubicada en Houston, Texas, Estados Unidos.

Información obtenida por Quadratin mediante diferentes solicitudes de información, señala que de 2000 a 2012, PMI NASA obtuvo ganancias por más de 1,874 millones de dólares provenientes de Deer Park, siendo el 2006 el año más lucrativo para la empresa encargada de controlar la refinería privada de Pemex, al obtener 520 millones de dólares, justo cuando la elección presidencial en México se decidió por menos de un punto porcentual.

De 2002 a 2012, México importó 143 millones 700,500 barriles de petróleo refinado proveniente de Deer Park, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Quadratin a PMI Comercio Internacional, organismo que se niega a revelar el valor económico de dichas importaciones al clasificar los datos como “información reservada”.

Una vez que el petróleo crudo es convertido en gasolina, Pemex vuelve a utilizar los servicios de otra de sus filiales privadas para realizar todas las importaciones de combustibles y petroquímicos a través de la empresa PMI Trading Limited, constituida el 24 de julio de 1991 bajo las leyes de la República de Irlanda.

Solo en 2012, PMI Trading Limited obtuvo ganancias por 8,349 millones de pesos como intermediario al comprar productos procesados en el extranjero para luego revendérselos a Pemex a un precio mayor. Un negocio muy lucrativo para las filiales privadas y las compañías extranjeras, pero poco redituable para Pemex, según reportes oficiales.

“Los precios de las gasolinas negociados por Pemex Refinación en esos mercados le han sido desfavorables en virtud de que comparativamente con los precios internacionales de la mezcla mexicana de exportación, significan un elevado margen para las empresas que le venden la gasolina a la paraestatal”, según detalla el Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, realizado por la Cámara de Diputados.

Cifras del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto indican que mientras en 2003 el volumen de las importaciones de petrolíferos, gas y petroquímicos representó el 12.8% como proporción de su producción, la cifra se disparó a 41.9% en lo que va de 2014, alcanzando su punto más alto en 2011, cuando prácticamente se importó la mitad de todos los derivados del petróleo (49.2%).

Aún cuando la inversión pública en Pemex pasó de 68,589.5 millones de dólares en 2000 a 328,571.8 millones de dólares en 2013, el saldo de la balanza comercial de Pemex pasó de 11,294.5 millones de dólares a 20,263.4 millones de dólares en el mismo periodo. Esto significa que mientras la inversión pública en Pemex creció 379%, los ingresos de la balanza comercial de Pemex apenas crecieron 79% en el mismo periodo. Y a pesar del aumento exponencial en la inversión, el PIB de la actividad y producción petrolera presenta una caída constante de 14.51% entre 2005 a 2012, según los datos más recientes del gobierno federal. Un buen negocio privado y un pésimo negocio para la paraestatal.

Mientras en 1999 cada barril de gasolina importado por Pemex costaba 10 dólares más por cada barril de crudo exportado, el déficit comercial por cada barril de gasolina importado en 2012 prácticamente se triplicó al pasar a 29.57 dólares, de acuerdo con las últimas cifras publicadas en el Anuario Estadístico de Pemex 2013.

Aunque Pemex representa el mayor cliente de PMI Trading Limited, no es el único, ya que también comercializa en el extranjero un porcentaje del petróleo refinado por PMI NASA en Deer Park.

“Cabe mencionar que no todas las compras de gasolina realizadas por PMI Trading correspondieron a los mismos productos, montos y volúmenes importados por Pemex Refinación, toda vez que una parte fue comercializada por PMI Trading con terceros, en los diversos mercados en los que opera”, señala un reporte de la ASF sobre importación de gasolinas en la cuenta pública de 2007.

Este manejo discrecional de los precios de petróleo ya ha sido acreedor de sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública tras haber detectado casos de corrupción en los que cuatro empleados de PMI Comercio Internacional vendieron gasolina a un precio por debajo de lo normal a clientes en el extranjero, ocasionando pérdidas por 24.3 millones de dólares a la nación, hecho que incluso provocó la destitución de la entonces directora de PMI Comercio Internacional, María del Rocío Cárdenas Zubieta.

Sin embargo, resulta difícil establecer el tamaño del negocio que representa la importación de petrolíferos para las filiales privadas de Pemex, debido a que las cifras no cuadran.

De acuerdo con una relación de todas las facturas con las que Pemex Refinación acredita sus importaciones de petrolíferos de 2000 a 2013, obtenida por Quadratin a través de una solicitud de información, la subsidiaria afirma contar con documentos que respaldan compras por 168,119 millones 987,563 de dólares, cifra que difiere de los 171,078 millones 762,000 de dólares de petrolíferos importados que reporta la Secretaría de Energía a través del Sistema de Información Energética.

Esto significa que existen compras por 2,958 millones 774,436.09 dólares que no cuentan con facturas que las respalden. ¿Dónde quedó ese dinero? Es una pregunta que los datos publicados por Pemex son incapaces de responder. 

Es así que las tres empresas comercializadoras de Grupo PMI han convertido la importación de hidrocarburos en un negocio privado administrado por altos funcionarios de Pemex con la protección del gobierno federal en turno.

Pero no solo eso, ya que tan solo de 2004 a 2014, Pemex desvió al menos 21 mil 458 millones de pesos a sus empresas privadas mediante contratos multimillonarios otorgados a filiales pertenecientes a Grupo PMI, principalmente a PMI Trading Limited y PMI NASA, para el transporte de hidrocarburos y arrendamiento financiero de buquetanques, de acuerdo con registros disponibles en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Eso sin contar los casi 57 millones de dólares que Pemex deberá pagar a PMI NASA hasta 2022 por los intereses generados en el arrendamiento financiero de seis buquetanques. Un caso concreto de cómo las ganancias generadas en Deer Park han servido para que las filiales privadas de Pemex inviertan en otros negocios particulares tras ser beneficiadas con adjudicaciones directas y contratos autoasignados por Pemex de manera poco transparente.

“No es aceptable es que estas compras se hagan a través de licitaciones simuladas. Se está mandando una señal a los mercados de que existe una licitación cuando realmente los resultados están predeterminados a favor de PMI. Yo no estoy criticando los negocios de PMI, lo que me preocupa son las formas”, afirma David Shields, consultor y experto en temas de energía, quien fungió como testigo social de Pemex en el proceso de licitación de los buquetanques.

Aunque Shields considera positivos algunos aspectos de la reforma energética aprobada en julio pasado, califica de “preocupante” la discrecionalidad que existe al interior del Consejo de Administración de Pemex.

“Está bien que el Consejo de Adminsitración de Pemex tenga nuevas facultades, pero lo importante es que sea más transparente en todo lo que haga, porque si algún organismo no ha sido transparente en los últimos años ha sido el Consejo de Administración. Ahí se toman decisiones y no se divulgan a la opinión pública”, señala.

“No sabemos qué hacen. La información que colocan en internet está muy incompleta. Yo creo que el Consejo de Administración de Pemex es el punto neurálgico de la opacidad en Pemex”, agrega Shields en entrevista con Quadratin.

Las empresas de Grupo PMI ni siquiera rinden cuentas al Consejo de Administración de Pemex, de acuerdo con una respuesta de Pemex a una solicitud de información realizada por Quadratin, en la que la paraestatal afirma que “las empresas de Grupo PMI han presentado cero estados financieros ante el Consejo de Administración de Pemex”. Esto, a pesar de que la legislación vigente, antes y después de la aprobación de la reforma energética, establece que el Consejo de Adminsitración de Pemex es el máximo organismo encargado de supervisar las operaciones realizadas por Pemex. 

Sin embargo, los informes de auditoría realizados a las empresas de Grupo PMI no permiten conocer puntualmente el destino del dinero obtenido por estas filiales privadas a lo largo de dos décadas, ya que cada empresa transfiere un porcentaje importante de sus ganancias a una tesorería paralela centralizada administrada por PMI HBV, organismo que realiza diversas operaciones financieras cuyas ganancias no forman parte de la contabilidad oficial de Pemex. De ahí que las auditorías no expliquen detalladamente muchos de los gastos reportados por las empresas de PMI, lo que constituye un gran agujero negro en las finanzas de Pemex.

“Todas la revisión de PMI y sus filiales fueron calificadas por la ASF como ilegales, están fuera de toda normatividad. No se apegaron a las leyes que rigen a las entidades paraestatales y los recursos que logró Pemex a través de esas filiales no entraron a la tesorería de la federación, son cosas muy graves”, cuestiona Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del PRD en el Senado, en entrevista con Quadratin.

“Todo este proceso es para legalizar todo este ciclo de filiales, cada vez crean más instrumentos, pero todo eso es ilegal y ahora quieren legalizarlo”, agrega Padierna.

De acuerdo con la ASF, “todas las empresas de Grupo PMI depositaron dinero en la cuenta de PMI HBV, que funciona como tesorería centralizada. El 95.3% del total de efectivo invertido en la tesorería centralizada correspondió a los depósitos realizados por las compañías comercializadoras PMI NASA y PMI Trading”, según datos de la cuenta pública 2010.

“La administración de esos recursos permitió a esas empresas tener excesos de efectivo por 22,598 millones de pesos en el mes de diciembre de 2010 y mantenerlos invertidos en el extranjero, al crear una tesorería centralizada paralela en el extranjero a la de Pemex, administrada por P.M.I. Holdings B.V., una de las compañías tenedoras del Grupo PMI, la cual firmó un contrato de inversión con la institución financiera JPMorgan Chase Bank, N.A., posibilitando a P.M.I. Holdings B.V., invertir los excesos de efectivo diarios aportados por las compañías participantes del Grupo PMI, así como tener la disponibilidad de invertir en nuevos negocios, con independencia de presupuesto autorizado a Pemex”, agrega el informe.

De este modo, las ganancias de las filiales privadas de Pemex son utilizadas para realizar inversiones en el extranjero y diversos paraísos fiscales, donde el destino de las ganancias queda al manejo discrecional de los altos funcionarios de Pemex, tal como ocurrió con la compra y venta de acciones de Repsol realizadas en 2011, calificada como un “mal negocio” según declaraciones de funcionarios de la actual administración federal. Un mal negocio por el cual, Pemex pagó 943 millones de pesos solo por concepto de intereses a instituciones financieras como HSBC, Credit Agricole y NATIXIS en 2012.

Esto, aún cuando Pemex invirtió 1,600 millones de dólares en la adquisición de acciones sin tomar en cuenta el Consejo de Administración de Pemex, situación que fue criticada por los entonces consejeros profesionales Héctor Moreira Rodríguez y Rogelio Gasca Neri, tras considerar que el manejo discrecional de recursos públicos a través de las filiales abre la puerta para actos de corrupción.

De acuerdo con los “Lineamientos para la aprobación de las transacciones estratégicas en Petróleos Méxicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Participantes”, aprobados en la sesión 839 ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, los altos directivos de la paraestatal fueron facultados para realizar “transacciones estratégicas” sin necesidad de consultar al órgano rector de la empresa.

“La definición de ’transacciones estratégicas’ que se presenta en los lineamientos es sumamente ambigua y se puede prestar a diversas interpretaciones, que pudieran ser confusas en el futuro. Además, los lineamientos no consideran dentro de los requerimientos para las ’transacciones estratégicas’ que deba haber una justificación de la transacción. Con ello, abren espacio a la opacidad, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas”, según precisa Gasca Neri en su voto razonado, tras rechazar los ajustes internos realizados en Pemex en febrero de 2012.

Solo en un año, el manejo de la tesorería paralela de Pemex generó ganancias a PMI HBV por 105 millones 166 mil pesos tras realizar diversas operaciones financieras en el extranjero, según los estados financieros de PMI en 2011 consultados por la ASF.

“Las empresas del denominado Grupo PMI, en las que Pemex es propietaria directa o indirectamente de las mismas, no rinden cuentas, independientemente de la rentabilidad de sus inversiones, por no tener una política corporativa para el decreto y cobro de dividendos de sus empresas filiales que participan en la operación de sus empresas filiales”, según otro informe de la Auditoría de 2007.

Mientras el manejo opaco de los recursos públicos ha servido para beneficiar intereses privados involucrados en la importación de combustibles, el precio de la gasolina Magna se incrementó 553% de 1995 a 2014, mientras la gasolina Premium aumentó su costo 348% de 1996 a 2014, según cifras de Pemex.

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La legalización del crimen, el reparto del negocio

Con la aprobación de la reforma energética, los integrantes del Consjeo de Adminsitración de Pemex dejarán de ser considerados funcionarios públicos, ya que “no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal”. Esto, además de que “la acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en cinco años contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto”, con lo cual, los altos funcionarios de Pemex gozarán de impunidad una vez que los posibles delitos caduquen cinco años después de haberse cometido, según cosnta en los artículos 30 y 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

El pasado 7 de octubre, el nuevo Consejo de Adminsitración de Pemex inició sesiones tras las modificaciones legales de la reforma energética. De este modo, el organismo quedó integrado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; tres consejeros nombrados por el Ejecutivo federal (el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Eenergía, María de Lourdes Melgar). El organismo fue completado con cinco consejeros independientes propuestos por el presidente de la República: Alberto Tiburcio Celorio (quien fuera presidente de la consultora Ernest & Young hasta 2013); Octavio Francisco Pastrana (exdirectivo de British Petroleum); Jorge Borja Navarrete (exdirectivo de ICA); Jaime Lomelín Guillén (exdirector de Industrias Peñoles) y Carlos Elizondo Mayer-Serra (ex director del CIDE e impulsor de la reforma energética).

La bancada del PRD en el Senado cuestionó los perfiles de los consejeros independientes al considerar que “una vez más, el PRI y el PAN se reparten la mayor riqueza país”. Esto luego de que durante las negociaciones de la reforma energética, el PAN cedió ante el PRI en el primero de sus siete puntos “irreductibles” al permitir que el Ejecutivo nombrara a los consejeros de Pemex, los cuales contarán con mayores facultades en el manejo de la paraestatal, incluyendo la operación de las empresas filiales.

Diez días después de ser promulgada la reforma energética el 11 de agosto pasado, el director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció la creación de tres nuevas filiales de la petrolera: una de perforación que prestará servicios a los nuevos actores de la industria; otra de logística y transporte; y una para la cogeneración de energía eléctrica para colocar excedentes en el mercado nacional.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, “a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal”. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, “los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”, lo cual no impide que las subsidiarias y filiales de Pemex “puedan celebrar contratos de suministro bajo las nuevas condiciones de mercado”. Esto abre la puerta para que las operaciones ilegales realizadas por PMI durante dos décadas sean legalizadas y administradas de manera discrecional por el gobierno federal. De este modo, la reforma energética permite que las empresas privadas de Pemex puedan tener una participación considerable en el negocio de las gasolinas a través de sus filiales privadas que no rinden cuentas.

El gobierno federal estima que las importaciones de gasolinas mostrarán un crecimiento promedio anual de 4.1%, con lo cual se espera que en 2019 México importe el 53.3% de los petrolíferos que utiliza actualmente, de acuerdo con el documento Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2013-2027,realizado por al administración de Enrique Peña Nieto previo a la reforma energética.

Aunque el gobierno federal preveía mitigar el impacto de las importaciones de combustibles con la construcción de la Refinería Bicentenario de Tula, anunciada durante el sexenio de Felipe Calderón y cancelada de manera definitiva el 4 de octubre pasado tras la aprobación de la reforma energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que la política de la actual administración federal será la de ya no construir nuevas refinerías, sino “modernizar” las que se tienen.

“No es una ocurrencia. La estrategia del plan de negocios es que lo que más conviene al país y a Pemex es modernizar las refinerías existentes”, puntualizó.

En el marco del foro World National Companies Oil Congress Americas, celebrada en septiembre pasado en la ciudad de Cancún, expertos del sector energético señalaron que la importación de combustibles aumentará de manera significativa debido a un crecimiento sostenido en la demanda y el estancamiento en la capacidad de producción de las refinerías.

Información del Departamento de Energía de Estados Unidos señala que las exportaciones estadounidenses de productos derivados del petróleo a México han aumentado 152% en la última década.

De este modo, la reforma energética contribuirá a que México importe un monto mayor de gasolinas en las próximas décadas en un lucrativo negocio que beneficiará a particulares y las filiales privadas de Pemex manejadas en total opacidad por los altos mandos del gobierno federal. ::.

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El texto original de éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección:

http://mexico.quadratin.com.mx/El-millonario-negocio-privado-de-la-importacion-de-gasolina-en-Pemex%C2%A0/

http://mexico.quadratin.com.mx/Compra-de-gasolinas-en-PEMEX-sin-facturacion/

http://mexico.quadratin.com.mx/De-2004-2014-Pemex-desvio-mas-de-21-mil-mdp-empresas-privadas-Ifai/

20 años del TLCAN: el recuento del desastre

La reforma energética y la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras es apenas el último capítulo de un proyecto político y económico cuyo fracaso es más evidente con el paso del tiempo. En prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, los saldos del proyecto neoliberal arrojan número rojos junto a las promesas incumplidas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contribuyó a empeorar la calidad de vida de los mexicanos al mismo tiempo que permitió a las élites político-empresariales del país amasar grandes fortunas bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Manuel Hernández Borbolla

El saldo negativo que arroja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de su entrada en vigor, explican en buena medida al México actual: un país atrapado entre una crisis de legitimidad de sus instituciones políticas y una élite empresarial privilegiada cuya riqueza creció exponencialmente junto con la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la violencia del crimen organizado y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que conforman a un Estado mexicano devorado por la corrupción.

El mismo gobierno federal reconoce que la economía mexicana tiene un estancamiento de 30 años, época que coincide con el comienzo del proyecto neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo su auge con la firma del TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuó desarrollándose durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad”, señaló Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la presentación de la reforma fiscal que el Ejecutivo envió al Congreso en septiembre pasado.

Si el gobierno mexicano reconoce que el modelo económico utilizado en las últimas tres décadas no ha funcionado, ¿por qué seguir implementando las mismas medidas? Los especialistas consideran que esto se debe a que la implantación del TLCAN, la apertura comercial y las privatizaciones han resultado ser un gran negocio para una cúpula político-empresarial que ha amasado enormes fortunas cobijados por una impunidad sistemática que explica la crisis de legitimidad que enfrentan actualmente las instituciones mexicanas. Este es el saldo de tres décadas de reformas estructurales y la entrada en vigor del acuerdo comercial que marcó la historia reciente de México.

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1. Dejar de producir para importar

Las cifras macroeconómicas son contundentes. En dos décadas, México desmanteló su planta productiva para convertirse en un país importador. De acuerdo con datos del INEGI, la productividad total de México en 2011 fue 8.2% menor a la que existía en 1990.

En contraparte, de 1993 a septiembre de 2013, el país tuvo un déficit comercial de 124,460 millones de dólares, según datos del Banco de México. Al descontar los ingresos del petróleo, la estadística es aún peor, ya que el déficit acumulado en 20 años suma 329,554 millones de dólares.

El sector servicios, que incluye al turismo y el sistema financiero, también arroja un saldo negativo acumulado de 377,467 millones de dólares desde 1994 hasta 2012, periodo en el que el déficit se duplicó al pasar de -14,980 millones de dólares a -31,978 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, la SHCP y el Banco de México, recopilados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

La inversión extranjera pasó de 12,830 millones de dólares en 1994 a 72,299 millones de dólares en 2012, según cifras de Banxico. En el mismo periodo, México descendió del cuarto lugar al vigésimo tercero en la captación de inversión extranjera directa, debido principalmente a la pérdida de competitividad, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Sin embargo, la inyección de capital extranjero no ha logrado incidir de manera favorable en el crecimiento de la economía nacional, debido a que la apertura comercial provocó que se destruyeran varias cadenas productivas de valor que fomentaban el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ya que la industria mexicana se enfoca principalmente en actividades de ensamblaje al final del proceso de fabricación, dirigido por empresas transnacionales que importan la mayoría de los insumos utilizados para generar productos de exportación. Algo que explica el poco valor agregado de la industria nacional, tal como ocurre con las pantallas planas, ya que en México se genera solo el 5% del valor agregado a pesar de ser uno de sus principales productos de exportación.

De 1993 a 2012, la industria mexicana registró un retroceso de 14.35% en el valor agregado de sus productos manufactureros, según datos de la Secretaría de Economía, lo cual evidencia la manera en que se ha desarticulado la planta productiva del país tras la firma del TLCAN.

“Las pequeñas, medianas y microempresas no están conectadas a la modernidad y tienen niveles muy bajos de productividad”, señaló en septiembre pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que el 50% de las exportaciones mexicanas son realizadas por sólo 45 empresas. La mayoría de ellas, de capital extranjero.

Según la Cepal, México es uno de los tres países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional, de acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012.

Para nosotros, el comercio exterior fue firmar tratados de libre comercio pero no se establecieron programas de competitividad, fomento industrial ni comercio exterior”, afirma Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y consultor del sector privado, quien asegura que la política “dogmática” que se adoptó junto con la firma del TLCAN promovió la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas.

No hemos diseñado una política para fortalecer el mercado interno porque nos abrimos mucho y establecimos una competencia desleal para la planta productiva nacional”, agrega.

El especialista considera que mientras los Cuatro Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) supieron aprovechar sus acuerdos comerciales con Japón para invertir en educación y programas que ayudaran a fortalecer su economía, México adoptó una postura basado en que “la mejor política industrial es la que no existe”, tal como en su momento declaró el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial del sexenio salinista, Jaime Serra Puche.

Aunque México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, tiene un déficit comercial con 30 de ellos, según explica Gómez, quien considera que firmar el Acuerdo Trans-Pacífico resultará contraproducente, principalmente para industrias como la cafetalera y la textil.

Para Gregorio Vidal, investigador de la UAM, el problema de fondo consiste en que el modelo basado en exportaciones carece de las bases necesarias para generar un crecimiento económico sostenido de entre 5% y 6%, a diferencia de lo que ocurre con otras potencias exportadoras como China, país que genera sus propios insumos y requerimientos industriales para luego transformarlos y exportarlos al resto del mundo, incluido México. Esto debido a que el TLCAN permitió que países como el gigante asiático introdujeran sus mercancías a México a través de Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo no hay ninguna política industrial en México. Se ha asumido que simplemente hay que actuar de acuerdo a los mercados. Un ejemplo notable es el caso del petróleo, cuando se dice que sale más barato importar gasolina que construir refinerías”, señala Vidal, quien considera que la situación actual de Pemex ilustra la situación que ha ocurrido con el resto de la industria nacional.

También aumentó la presión sobre las finanzas públicas, ya que la balanza entre ingresos y gasto público pasó de tener un saldo favorable de 0.2% del PIB en 1994 a un saldo de -2.5% del PIB para 2012. Una cifra negativa que se incrementará para 2014, luego de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó aumentar la deuda pública 1.5% del PIB para 2014 con el objetivo de aumentar el gasto público y evitar una recesión ante la desaceleración económica de los últimos meses. Sin embargo, el incremento de la deuda difícilmente revertirá el rezago de la inversión estatal en México desde la implantación del modelo neoliberal, ya que en el país el gasto público como porcentaje del PIB “es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, es del 27.1%, y en los países de la OCDE es de 46.5%”, de acuerdo con la SHCP.

A pesar de que México registra un saldo negativo en casi todas las variables macroeconómicas, el PIB presenta un ligero crecimiento de 3.15% desde la entrada en vigor del TLCAN y un crecimiento por habitante de 1.46%, según datos de INEGI y Conapo. ¿Cómo se explica esto?

Esa es la verdadera pregunta ácida para el Estado mexicano a 20 años del TLCAN. ¿Cómo explican agregado económicos, en algunos casos muy altos, cuando no tenemos producción, hay aumento de desempleo y problemas con la producción agrícola?”, señala David Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien considera que los altos precios del petróleo del 2000 a la fecha no permiten explicar por sí solas la manera en que la economía real es “totalmente contraria” a las cifras macroeconómicas.

Por ello, diversos especialistas dudan de la veracidad de las cifras macroeconómicas sean reales, pues deja varios huecos a la hora de explicar fenómenos como la inflación.

“México tiene un problema y hay advertencias del sistema financiero internacional de que México está lavando dinero en grandes cantidades”, agrega Lozano.

—Ahí está el caso HSBC.

—Un ejemplo solamente. Pero también algunas políticas de Estado pueden servir para lavar dinero.

—¿Cómo cuáles?

—Ahí tienes el caso de Chihuahua y Coahuila. Funcionarios públicos que traían empresas que lavaban dinero con el propio dinero del gobierno— afirma Lozano.

La agencia Stratfor estima que cada año se lavan o blanquean en México entre 19,000 y 39,000 millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada.

De ahí que diversos investigadores consideren que la estabilidad macroeconómica del país en las últimas dos décadas haya sido inflada artificialmente mediante deuda pública, las divisas de los migrantes, la precarización del empleo, el comercio informal y el dinero generado por el crimen organizado.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima, cifra que coincide con el excedente de 10,000 millones de dólares que registró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sistema financiero mexicano al cierre del año fiscal 2011, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicada en 2012.

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1950-1995GRAFICO 1

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1990-2011

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Variación en la Productividad Total de los Factores, 1990-2011

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(Fuente: INEGI)

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2. Los privilegiados de las privatizaciones

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que inició originalmente el proceso privatizador al extinguir 294 empresas públicas, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas, o de acuerdo con cifras de la SHCP, no fue sino hasta el sexenio de Salinas cuando el proceso privatizador alcanzó su auge debido al tamaño y relevancia de las empresas que pasaron al control del sector privado. Fue así como en 1991, el gobierno inició la privatización del sector bancario que se vendió principalmente a empresarios nacionales.

“Eran grupos financieros en un sentido amplio. Ellos son los que adquieren todos los bancos en un proceso acelerado que intenta generar grupos financieros y bancarios en el país de gran tamaño que permiten que algunas fortunas se fortalezcan”, explica el investigador de la UAM, Gregorio Vidal.

Con la crisis económica de 1994 y la inminente quiebra de los bancos, el gobierno implementó el mayor rescate financiero en la historia del país al convertir en deuda pública las deudas de los ahorradores. Durante el rescate bancario, el Estado mexicano gastó montos dos o tres veces mayores que los que recibió durante su privatización, para luego vender los bancos ya saneados al capital extranjero.

A 14 años de distancia, la deuda pública por el rescate bancario no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado un 19.87%, debido a que el dinero destinado anualmente para este rubro en el presupuesto de egresos se utiliza para pagar una parte de los intereses. De acuerdo con datos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la deuda en diciembre de 1999 era de 687,844 millones de pesos. Para septiembre de 2013 la deuda ascendía a 824,586 millones de pesos. Esto luego de que a diciembre de 2013, el Estado mexicano ha pagado un total acumulado de intereses por 106,710 millones 722,223 pesos, según el IPAB.

Sin embargo, el crédito otorgado por la banca se contrajo a la mitad desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que mientras en 1994 se otorgaron créditos por 47.4% del PIB, en 2012 el porcentaje de créditos llegó a 20.32%, según datos oficiales recopilados por el CEFP.

Para el gobierno federal, la falta de crédito ha repercutido la caída en la producción y la falta de trabajo, ya que aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos del país, sólo el 15% de ellas tienen acceso a financiamiento.

“Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan: los pequeños y medianos negocios del país”, reconoció Peña Nieto en mayo pasado durante la presentación de la reforma financiera.

En contraste, las ganancias de los bancos han crecido a un ritmo mayor que la economía en los últimos 15 años. De 1999 a octubre de 2013, la banca privada tuvo utilidades por 724,956 millones de pesos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que las ganancias de los bancos crecieron cuatro veces más que la economía nacional en el mismo periodo, principalmente por el cobro de intereses. (El PIB creció 186.37% a precios corrientes mientras que las utilidades de los bancos crecieron a 722% a precios corrientes).

Con la privatización de la industria siderúrgica, los ingenios azucareros, así como las empresas de telefonía, fertilizantes y productos básicos de consumo, y posteriormente los ferrocarriles, los aeropuertos, las líneas aéreas, los puertos marítimos y las dos compañías productoras de energía en fechas más recientes, la emergente élite empresarial del país comenzó a concentrar un mayor volumen de riqueza.

En 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaba los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones; Lorenzo Zambrano (Cemex), con 2,000 millones; Eugenio Garza Legüera (VISA y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones; Ángel Losada Giménez (Gigante), con 1,300 millones; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones; Pablo Aramburuzabala Ocaranza (Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones.

Estos 14 magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual pero con un aumento significativo en el grueso de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes.

En la lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del planeta con una fortuna estimada de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Legüera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones; Jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones; Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), con 2,500 millones; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (exdueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares.

multimillonarios-mexico

De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 2013, elaborado por el banco Credit Suisse, México ocupa el octavo lugar entre los países con mayor número de multimillonarios del planeta, con 186 magnates, aún cuando México es la decimocuarta economía del globo.

“Estos empresarios han salido enormemente beneficiados. O han vendido sus acciones o han cambiado de giro, pero se les han dado ganancias como nunca. Se ha flexibilizado la ley para que ellos puedan tener grandes ganancias, si bien no en el sector productivo, sí en el sector financiero, donde la ley es muy laxa para obtener rápidamente altas ganancias. Por eso ellos no pueden estar a favor de una regulación estatal”, explica Arturo Ortíz Wadeymar, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador asegura que mientras empresas como Grupo Modelo han sido adquiridas por compañías extranjeras, México se ha convertido con el paso de los años en un país donde las empresas mexicanas se han convertido en trasnacionales que exportan grandes cantidades de capital para realizar inversiones en otros países, tal como ocurre actualmente con compañías como América Móvil, Grupo Elektra, Cemex, Grupo México, Bimbo, o Gruma, por mencionar algunas.

“Ahí mismo está el dato de la balanza de pagos, donde la inversión de mexicanos en el extranjero está por ahí de 25,000 millones de dólares en 2013, es decir, están invirtiendo fuera porque ven pocas expectativas en el mercado nacional”, señala Ortíz.

Sin embargo, la fuga de capital es mucho mayor a la reportada oficialmente, ya que de acuerdo con un estudio de la firma Global Financial Integrity, México se convirtió en el tercer país en desarrollo con mayor fuga ilegal de capital, al registrar pérdidas por 461,860 millones de dólares de 2002 a 2011. Un fenómeno que se disparó con la entrada en vigor del TLCAN, debido a que la falta de controles facilitó el lavado de dinero a través de facturación fraudulenta, lo cual permitió que el crimen organizado pudiera lavar grandes sumas de dinero transferido principalmente a los Estados Unidos. Si se comparan los ingresos que recibió México por las remesas familiares y la inversión extranjera, frente a la fuga de capital, se obtiene un saldo negativo de 110,646.5 millones de dólares, lo cual evidencia la magnitud del problema.

El reporte concluye que el gobierno mexicano debe enfocarse en adoptar medidas para frenar la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero que se incrementó exponencialmente después de la entrada en vigor del TLCAN y que “constituye el 73.7% de todos los flujos ilícitos” registrados de 1970 a 2010, de acuerdo con la consultora.

Fuente: Global Financial Integrity

De ahí que la fuga de capital y la caída en la producción sean dos elementos clave para explicar la escasa generación de empleo en las últimas dos décadas, en contraste con un aumento de la riqueza registrada por la élite empresarial beneficiada por el modelo neoliberal.

Redituable sí ha sido. El tema es, ¿redituable para quién? Hay ganadores en este proceso, hay fortunas que han crecido, grupos que se han fortalecido, capitales colocados fuera que son resultado de esta lógica. Que el grueso de la población no se haya beneficiado es otra cosa”, explica Gregorio Vidal, investigador de la UAM, sobre la privatización de los bancos.

“Es muy complicado modificar la lógica económica, porque ellos seguirán defendiendo este mecanismo. Lo que no se logra advertir es que esta forma de operar la economía no hace posible que haya crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, mientras se consolida el estancamiento”, agrega Vidal.

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3. La erosión del ingreso y la falta de empleo

La poca productividad de México y el estancamiento de su economía durante los últimos 20 años se ha traducido en falta de empleo y reducción del poder adquisitivo para los trabajadores mexicanos.

En el país, más de la mitad de los mexicanos (53.3% de la población, equivalente a 63 millones de personas) enfrentan algún nivel de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social. De 1994 a 2012, el número de mexicanos con alguna carencia alimentaria aumentó en 1 millón 740,916; con alguna carencia de capacidades en 2 millones 626,039; con alguna carencia de patrimonio aumentaron en 5 millones 589,294.

A dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el precio de la canasta básica, pasó de 17.86 pesos en 1993 a 108.80 pesos hasta octubre de 2013, de acuerdo con datos del INEGI.

Paralelamente al aumento de la canasta básica, el salario mínimo tuvo una caída del 27% de 1994 a 2012, al pasar de 78.84 pesos a 57.04 pesos, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Además de la erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, también aumentó el desempleo. La tasa de desocupación pasó de 3.6% en 1994 a 5% de la población económicamente activa en 2012, según datos del INEGI.

Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM asegura que las cifras reales del desempleo en México son superiores a las reportadas por el INEGI, ya que al utilizar la metodología de la Organización Mundial del Trabajo, los especialistas aseguran que en el país existen 8 millones de desempleados en México hasta octubre de 2013, equivalentes al 15.5% de la población económicamente activa.

Asimismo, el gobierno reconoce las cifras oficiales sobre el desempleo dadas a conocer por el INEGI son engañosas debido a que el 60% de los trabajadores mexicanos pertenecen a la economía informal, sector que genera una productividad 45% menor en comparación con la economía formal.

“Las estadísticas dicen que México tiene entre el 4.8 y el 5% de su población activa desempleada, pero ese es un dato engañoso porque la realidad es que el 60% son trabajadores informales y sólo el 40% tienen un empleo formal”, reconoció Alfredo Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante una entrevista con la agencia EFE en junio pasado, durante su participación en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra.

El funcionario indicó que la informalidad es el principal problema del sector laboral mexicano es que la “informalidad no paga impuestos, no recibe prestaciones y no cuenta con seguridad social”. Esto, aun cuando el PRI y el PAN impulsaron dentro de la reforma laboral de 2012 aprobada por el Congreso de la Unión, al flexibilizar el despido con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a costa de los trabajadores.

Datos de la UNAM señalan que el tiempo de trabajo necesario para que un trabajador mexicano pueda adquirir una canasta alimenticia prácticamente se duplicó en 20 años, al pasar de 12.53 horas de trabajo en 1994 a 23.44 horas en abril de 2013. En otras palabras, el salario mínimo alcanza para comprar la mitad de comida de lo que se compraba previo a la entrada en vigor del TLCAN, a pesar de que los promotores del acuerdo comercial aseguraban que la libre competencia en el sector agrícola reduciría el precio de los alimentos.

En 2013, uno de cada dos mexicanos dijo haberse quedado alguna vez sin dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con datos de la consultora Latinbarómetro.

Las comparaciones internacionales tampoco resultan favorables. México es el país con mayor explotación laboral entre las principales economías del planeta, ya que el trabajador mexicano que en promedio trabaja 594 minutos al día (el número de horas semanales más alto de las principales economías del planeta), deja de recibir ingresos por prácticamente la mitad del tiempo trabajado (253 minutos), según datos de la OCDE publicados en 2011. Esto significa que la explotación laboral en México es superior a países como China e India, cuyos trabajadores laboran en promedio 504 y 486 minutos al día.

En el caso de los profesionistas, cifras del INEGI señalan que el 37.3% de los desempleados tenían estudios medio superior y superior durante 2013, derivado de un modelo económico en el que los jóvenes profesionistas no encuentran cabida dentro del mercado laboral. Una situación que ha contribuido a desperdiciar el llamado ‘bono demográfico’ de México, que según el Consejo Nacional de Población, se define como el fenómeno de transición demográfica en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y adultos mayores), lo que se supone debería contribuir al impulso económico del país.

Y a pesar de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores nacionales, México perdió 16 lugares en competitividad a nivel internacional de 2001 a 2012, según el Foro Económico Mundial, mientras que perdió 47 lugares en la evaluación del organismo en torno a la calidad de las instituciones públicas, al pasar del lugar 56 al 103 en el mismo periodo.

“El TLCAN ha provocado un mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy tenemos un incremento en la pobreza, aún cuando en los últimos 20 años es cuando más se ha incrementado el gasto federal en el combate a la pobreza”, asegura David Lozano, economista y coordinador del CAM, quien considera que la falta de empleos explica en buena medida la violencia que existe en varias regiones del país.

En 1995 los estados de la República tenían tasas de desempleo entre 8 y 11%, ahora los ves con tasas de hasta 22% de desempleo. Eso cómo no va a impactar en la violencia”, señala el especialista, quien afirma que actualmente el crimen organizado regula la oferta y demanda de ciertos productos y servicios a través de cuotas que impone a los productores de limón, en Michoacán y Jalisco, la piña en Veracruz, o leche en la zona de la Comarca Lagunera.

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM

Hay lugares donde la economía es la economía del narcotráfico. Ahora ya tenemos población económicamente activa que se supone que es ilegal, pero que se contabiliza como ingreso en el paísHay empresas que son verdaderas lavadoras de dinero, pero el gobierno las mantiene porque son generadoras de empleo. Dicen que los tienen bien fiscalizados, pero son los que mejor pagan los servicios financieros y pagan sus impuestos”, asegura.

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4. La devastación del campo y los recursos naturales

A 20 años del TLCAN, el sector agrícola quedó estancado debido a que la falta de apoyos gubernamentales en el campo y las desventajas de los agricultores nacionales frente a sus contrapartes estadounidenses, provocaron que México haya dejado de producir alimentos para importarlos.

Datos de la UNAM señalan que el 72% de los productores del campo se encontraban en quiebra en 2011, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía.

Asimismo, el gobierno mexicano redujo a más de la mitad los subsidios agrícolas en dos décadas, según un estudio de la OCDE publicado en 2013, al pasar de 28% en el periodo 1991-1993 al 13% que se registró para 2010-2012.

Esta situación provocó que muchos productores mexicanos quebraran ante su incapacidad de competir con precios por debajo del valor de mercado ofrecidos por productores estadounidenses gracias a los altos subsidios otorgados por su gobierno, una práctica conocida como dumping que ha dejado cuantiosas pérdidas en productos como maíz, trigo, algodón, carne de puerco y de res.

La inequidad entre el régimen proteccionista de Estados Unidos y México ha provocado un estancamiento del sector agrícola, con un crecimiento de 1.8% anual en las últimas dos décadas, además de que la importación de comida se duplicó en dos décadas al pasar del 19% al 42%, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“El hecho es que con el TLCAN, México se convirtió en una potencia importadora”, asegura Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Otra promesa incumplida es que se iban a dinamizar las inversiones privadas y extranjeras en el campo, las cuales nunca llegaron, mientras la inversión privada fue raquítica. Se retiró la inversión pública para el campo. Solamente se invirtió en una minoría de agricultores comerciales del norte que no representan más del 10% del total de unidades de producción y para el 90% solamente hubo presupuestos de carácter asistencialista para combatir la pobreza, pero no para el desarrollo productivo. El resultado es que no hay mejoría en el ingreso rural ni en el bienestar de la gente del campo”, agrega.

La Confederación Nacional Campesina, organización históricamente vinculada al PRI, reconoce que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a Estados Unidos y otras ciudades del país “con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80% de los alimentos que demanda la población”, según el informe Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo publicado en diciembre de 2013.

Además de la falta de apoyos al campo, el desmantelamiento de empresas paraestatales como Conasupo y Liconsa durante la década de 1990 permitió que diversas empresas trasnacionales regularan los precios de alimentos, semillas y otros insumos agroindustriales que explican en buena parte el incremento de los precios de la comida en las últimas décadas, tal como ocurrió en 2007 con la crisis de la tortilla.

“Se prometió que los consumidores se beneficiarían con alimentos de calidad y bajo precio, pero los resultados indican que tenemos un incremento constante de los precios del consumidor, sobre todo en los últimos siete años, a tal nivel que el precio internacionales de los alimentos se han duplicado o triplicado a los años previos al arranque del TLCAN y esto ha repercutido en el incremento de la pobreza, la desnutrición y la obesidad en México, porque también se ha importado el modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha provocado la epidemia de obesidad”, asegura Suárez.

“El TLCAN ha resultado en un fracaso para el país, los productores y los consumidores. Los únicos que se han beneficiado han sido una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Grupo Vizacarra, Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé, Walmart, Pepsico, Coca Cola, Bayern, General Food y este tipo de empresas, que han visto crecer sus utilidades y su dominio de los mercados tanto nacionales como globales, además de concentrar subsidios, créditos a sus actividades económicas, regímenes de privilegio de carácter fiscal. Han pasado de una economía de libre mercado a una economía de oligopolios”, agrega.

Sin embargo, el sector agropecuario no es el único que presenta un saldo negativo tras la firma del acuerdo comercial, ya que las pérdidas económicas ocasionadas por daños al medio ambiente representan el 6.9% del PIB, de acuerdo con datos de INEGI en 2011. Tan solo ese año, las afectaciones ambientales de la minería generaron pérdidas por 242,274 millones de pesos.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 27,000 concesiones mineras que de manera conjunta equivalen entre el 15% y 30% de la superficie total del territorio nacional, gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 27 constitucional que abrió la puerta a la privatización de la tierra, así como la apropiación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal estima que el 82% de las 155 mil hectáreas deforestadas cada año en el territorio mexicano son consecuencia del cambio de uso de suelos “para uso agropecuario, de turismo o por crecimiento urbano e industria”, sectores vinculados a la apertura comercial del TLCAN, convirtiendo a México en el país con mayor deforestación de la OCDE. Y aun cuando el 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas “es alta en comparación con los niveles de otros países de la OCDE”, según detalla un informe de la organización.

Para diciembre de 2011, un 29% de las tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para pasar a propiedad privada, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria.

De ahí que el abandono del sector agrícola aunado a la presión del capital privado sobre las comunidades ha generado un ambiente de descontento social en prácticamente todo el país, ya que de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), actualmente existen cerca de 350 conflictos sociales vinculados con problemas ambientales.

“Existen casos emblemáticos muy graves de daño por contaminación pero no existe ningún tipo de regulación y vigilancia sobre el manejo, uso y destrucción de los recursos naturales del país. Si a esto agregamos que en estos 20 años ha ocurrido un proceso acelerado de privatización de los recursos naturales vía concesiones mineras o la reforma energética, así como otro tipo de infraestructuras, tenemos la más grave amenaza para la supervivencia en la historia del país, más allá del problema de la violencia que también es muy grave”, señala Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la ANAA.

Sin embargo, el escenario podría empeorar para los próximos años, debido a que la reciente aprobación de la reforma energética podría generar una destrucción ambiental en los estados del Golfo de México debido a que ahí se encuentran grandes yacimientos petroleros que aumentarán la presión sobre las comunidades para que las empresas trasnacionales puedan extraer hidrocarburos del subsuelo, de modo similar a lo que ocurre con las mineras canadienses.

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5. Exilio forzado

Actualmente existen cerca de 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo del INEGI, lo cual significa que cerca del 18% de la población económicamente activa del país se encuentra en el vecino del norte.

Mientras que en 1990 existían 4 millones 409 mexicanos viviendo en Estados Unidos, la cifra aumentó a 11 millones 964 en 2010, lo cual representa un aumento del 171% en dos décadas.

La migración masiva de trabajadores mexicanos se disparó justo después de la entrada en vigor del TLCAN, debido principalmente a la crisis económica de 1994, el crecimiento acelerado de la economía estadounidense y las redes de migrantes que se construyeron desde la reforma migratoria de Estados Unidos en los años 80.

El flujo migratorio hizo que en dos décadas, los ingresos por remesas aumentaron 645% al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 22,446 en 2012, según cifras oficiales recopiladas por el CEFP.

De ahí que diversos investigadores consideren que la migración fue una ‘válvula de escape’ para la economía mexicana, debido a que la falta de empleo en México podría haber contribuido a precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores nacionales.

“Ha sido una válvula de escape, debido a una combinación de factores, ya que por un lado el TLCAN no ha sido el motor de crecimiento que se esperaba y una política errónea de contención de parte de Estados Unidos consolidó el éxodo masivo de tantos mexicanos”, señala René Zenteno, catedrático del Colegio de la Frontera Norte e investigador de la Universidad de Texas.

“El impacto de las remesas es positivo, porque sin esos niveles de ingreso privado yo no sé cómo podrían sortear muchas familias en México momentos difíciles de estabilidad de ingreso. Las remesas lo que vienen a suplir es esa inestabilidad del ingreso y sus bajos niveles”, agrega.

Sin embargo, los expertos aún tienen dudas sobre cuál ha sido el impacto productivo de las remesas enviadas desde Estados Unidos, ya que de acuerdo con Silvia Elena Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ya que “en ningún país del mundo la emigración ha generado desarrollo local”.

Esto, debido a que en México no existen condiciones favorables para que la entrada de recursos incida de manera significativa en la reducción de la pobreza o la deserción escolar.

No hay condiciones muy favorables para capitalizar los beneficios de la migración. Hay gente que regresa con sus ahorros y abren tiendas de abarrotes, pero no hay condiciones para que se genere un entorno de inversión productiva que permita que se aprovechen los recursos y lo que aprendieron allá”, señala Giorguli,

“Eso pasa por la discusión del desarrollo nacional. No es que generes programas para los migrantes, sino modificar las condiciones del entorno en general”, agrega la especialista, quien considera que entre las consecuencias sociales del fenómeno migratorio se encuentran el despoblamiento de comunidades, procesos de ruptura y separación familiar, problemas de salud mental en los que se van y los que se quedan, así como una vulnerabilidad creciente para la mitad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y no tienen documentos.

Derivado de diversas denuncias interpuestas por organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó en noviembre de 2012 realizar una investigación profunda sobre las denuncias de trabajadores mexicanos contra el gobierno de Estados Unidos ante posibles violaciones al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), firmado como parte del TLCAN, principalmente en lo referente al “pago de salario mínimo; eliminación de la discriminación en el empleo; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; reciban la misma protección que los trabajadores nacionales; y tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales puedan hacer efectivos estos derechos”.

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6. El auge de la economía criminal y la crisis institucional

En los últimos 20 años, la capacidad financiera y operativa de los grandes cárteles de la droga en México convirtieron a estas organizaciones criminales en empresas trasnacionales cuya relevancia en la economía mexicana sigue creciendo ante un Estado débil e incapaz de satisfacer las demandas de su población. Algo que, según diversos especialistas, ayuda a explicar el escenario de violencia y crisis institucional por la que atraviesa el país.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Harvard, el narcotráfico es el quinto proveedor de empleo en México, al ocupar directamente a 468,000 personas en 2008, cifra que coincide con el medio millón calculado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

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Un informe publicado en 2013 por el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña, estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia en México ascienden a 333,000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 27.7% del PIB.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor de la Organización de Naciones Unidas especializado en crimen organizado, el crecimiento de la violencia en México se debe a que “la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los Estados, obteniendo ganancias en aquellos mercados con excesos de complejidad o ausencia de marcos regulatorios”, debido a que las empresas criminales ofrecen a diversos sectores de la población todo aquello que el Estado, “por sus fallas o ausencia, no puede ofrecer”.

De acuerdo con Buscaglia, esto ayuda a entender cómo es que las organizaciones criminales han logrado infiltrar el 78% de los sectores económicos del país, al mismo tiempo que ha contribuido a vulnerado las instituciones de impartición de justicia.

En su libro Vacíos de poder en México, Buscaglia señala que la debilidad del Estado mexicano y la ausencia de controles regulatorios capaces de contener la violencia del crimen organizado es propiciada por un “pacto de impunidad” entre una élite político-empresarial mexicana “que hoy se beneficia de descontrolados financiamientos de campañas electorales y de enriquecimientos inexplicables, vía empresas familiares de políticos que se mantienen de sobornos”.

En otras palabras, la corrupción al interior del Estado mexicano no solo ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga, sino también de grandes grupos empresariales amparados por una clase política y una ilegalidad sistemática que explica los altos niveles de impunidad en México, ya que de acuerdo con Buscaglia, “no existe corrupción pública sin corrupción privada: ambas se retroalimentan”.

Así lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al señalar en diciembre de 2012 que durante el sexenio de Felipe Calderón existió una impunidad del 99%. Una cifra similar al 93% de impunidad reportados a diciembre de 2013 de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, según una investigación recientemente publicada en el periódico Reforma, porcentaje que sin embargo, no contempla los delitos no denunciados, lo cual hace concluir que la impunidad es aún mayor.

En 2013, el Índice de Percepción a la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México como un país con altos niveles de corrupción al ocupar el lugar 106 de 175 países, lo cual hace de México el país con mayor percepción de corrupción entre los países de la OCDE.

Lo mismo considera el informe 2013 del IEP, en el cual se documenta un deterioro en cuatro de las seis condiciones de gobernabilidad durante los últimos 12 años de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, ya que “el nivel de corrupción percibido ha aumentado, el estado de derecho se ha debilitado, la libertad de expresión se ha reducido y, muy notoriamente, la estabilidad política ha disminuido en gran medida”.

La organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre” en su informe de 2013 debido a la falta de condiciones que existen en el país para garantizar el cumplimiento de derechos civiles como la libertad de expresión.

Esto ayuda a explicar el desencanto sostenido en la democracia en los últimos años. En 1996, el 53% de los mexicanos consideraban a la democracia como el sistema preferible frente a cualquier otra forma de gobierno, mientras que para 2013, solo el 37% mantuvieron dicha opinión, de acuerdo con datos del Latinbarómetro, lo cual representa una caída del 16%. En contraste, el 81% de los mexicanos consideraban injusta la distribución de la riqueza, mientras el 82% se declaró insatisfecho con el funcionamiento de la economía.

En 2010, el informe del Latinbarómetro señalaban que en América Latina, México y Brasil fueron “los dos países con la mayor cantidad de población que le da una baja legitimidad a la democracia”. Ese mismo año, los niveles de desconfianza de los mexicanos en el Congreso y el Poder Judicial fue de 72%, en los partidos políticos fue del 81%, en el gobierno fue de 66% y en las fuerzas armadas de 45%.

Los números evidencian el descontento de amplios sectores sociales con las instituciones del Estado mexicano, a raíz de casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, la elección presidencial de 2006, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el sexenio de Calderón o el regreso del PRI a Los Pinos tras una elección marcada por acusaciones de compra de votos y protestas contra los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

De ahí que la corrupción, impunidad e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población se han convertido en un problema de legitimidad política que permite explicar el surgimiento de los grupos de autodefensa surgidos en entidades como Michoacán y Guerrero, así como la ingobernabilidad que existe en Tamaulipas y otros estados secuestradas por las organizaciones criminales.

La corrupción desorganizada y sin controles que vive México invita a las empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer en el país cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios mucho más violentos y dañinos que en los Estados relativamente fuertes”, señala Buscaglia.

“La transición fallida vivida en el país ha desmantelado parcialmente las instituciones del régimen autoritario de partido único de Estado, pero las élites político-empresariales no han remplazado ese vacío con instituciones democráticas, y de esta manera se ha impedido que los supuestos representantes populares encuentren un consenso necesario para definir acuerdos políticos con el propósito de delinear e instrumentar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, contra la corrupción y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales”, agrega.

Una crisis institucional y económica que evidencia la fractura del pacto social que ayuda a explicar el clima de descontento que prevalece en México.

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La reforma fiscal recaudará lo mismo que el gobierno perdonó a deudores

De manera discrecional, el gobierno federal condonó adeudos fiscales por al menos 177,109 millones de pesos en 2013, cifra que representa el 97% del monto total de lo que se prevé obtener con la reforma fiscal. Un ejemplo de cómo el gobierno premia a los contribuyentes morosos y castiga a quienes pagan impuestos de manera puntual.

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Manuel Hernández Borbolla

Hasta octubre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria ha condonado adeudos fiscales por 177,109 millones de pesos, cifra similar a los 180,000 millones que el gobierno federal pretende recaudar con la reforma hacendaria aprobada por el Congreso en octubre pasado.

El monto perdonado a los contribuyentes morosos este año representa más que los adeudos fiscales condonados en los últimos 12 años, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que conjuntamente condonaron adeudos por 105,821 millones de pesos, según datos del SAT obtenidos mediante una solicitud de información.

La cifra récord de condonaciones fiscales para el presente año es el resultado de un programa de amnistía fiscal aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de 2013, denominado ‘Ponte al corriente’, el cual tenía como principal objetivo ‘limpiar’ los registros contables de los contribuyentes morosos, incluyendo tanto a particulares como a estados y municipios, además de elevar los niveles de recaudación.

Dentro de los beneficiarios de este programa se encuentran empresas como Televisa, a la cual le fueron condonados créditos fiscales, de manera discrecional, por 3,334 millones de pesos luego de pagar el 10% del adeudo y desistir en el juicio de nulidad que promovió contra el SAT en 2011.

A pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó al SAT dar a conocer los nombres de los contribuyentes beneficiados por el programa Pone al Corriente, tal como resolvió el pleno del IFAI en octubre pasado, el organismo recaudador se ha negado a revelar dicha información.

Dicho programa fue incluido y aprobado por diputados y senadores dentro del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos 2013, luego de que la iniciativa original enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo no incluía ninguna propuesta para condonar créditos fiscales.

“Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones  federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, señala el texto aprobado por el Congreso.

Sin embargo, la discrecionalidad con la que opera dicho programa ha generado críticas por parte de los legisladores del PRD y PAN, quienes consideran contradictorio que por un lado el gobierno federal sea condescendiente con los deudores fiscales al mismo tiempo que castiga a los contribuyentes cumplidos.

“Es una cifra de escándalo. Se les perdonan impuestos a algunos y se endeudan a todos los mexicanos. Es el reflejo de la profunda inequidad fiscal que vive nuestro país, donde solo pagan impuestos unos cuantos mientras otros tienen toda clase de abusos y privilegios fiscales”, señala el senador del PRD, Mario Delgado.

El legislador del sol azteca criticó la anuencia del presidente Enrique Peña Nieto para perdonar impuestos al mismo tiempo que en su paquete económico de 2014 plantea contratar deuda por 70,000 millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras del gobierno.

“Si Hacienda se hubiera enfocado más en recaudar que en perdonar impuestos no hubiera sido necesaria la reforma fiscal de 2014 (…) Tal vez lo que estamos viendo es el pago de favores y compromisos que tuvo Peña Nieto en su campaña y que una vez en el gobierno, se los paga con el fisco”, agregó.

Hasta septiembre de 2013, el SAT recuperó 52,028 millones de pesos provenientes de adeudos fiscales, cifra que representa el 29% del total condonado. Un porcentaje que dista mucho del 45% que el gobierno federal estimaba recaudar con el programa de amnistía fiscal, de acuerdo con Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada perredista en el Senado.

Por ello, los legisladores del sol azteca señalaron que solicitarán tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar informes detallados con los nombres de los contribuyentes beneficiados por la condonación de impuestos, luego de que el Congreso eliminó el secreto fiscal de los contribuyentes morosos durante la aprobación de la reforma hacendaria aprobada en octubre pasado.

La bancada del PAN también indicó que solicitará al SAT más información sobre los beneficiados por las condonaciones fiscales, ya que a decir del legislador Héctor Larios, “resulta verdaderamente grave que le pidas un enorme sacrificio a la sociedad con nuevos impuestos, que afectes la productividad de empresas, se ahuyenten inversiones y se graven las prestaciones de los trabajadores y con la mano izquierda se perdona una cantidad igual a la que se pretende recaudar con los nuevos impuestos”.

“Aparte de que nos sube impuestos, quita instrumentos de control a los grandes empresarios, a los grandes intereses, y tampoco nos está diciendo cómo va a resolver el asunto estructural de los pasivos laborales, de manera que estamos en la vertiente de una regresión financiera”, agrega el senador del blanquiazul por Baja California, Ernesto Ruffo.

Por su parte, el PRI considera que tras el programa de amnistía para deudores, la reforma hacendaria buscará tapar los “huecos” legales que actualmente permiten a los grandes contribuyentes evadir al fisco, tal como ocurrió con Grupo Televisa.

“Estas condonaciones se dan porque evidentemente existen condiciones de vaguedad en la ley que lo hacen factible y posible”, señala el tricolor José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. 

“El hecho de inflexibilizar las disposiciones fiscales tiene como propósito cerrar cauce a todo este tipo de estados de excepción que generan huecos en la recaudación”, apuntó.

Durante la implementación del programa ‘Ponte al corriente’, el gobierno federal condonó hasta el 80% de los créditos fiscales por contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, además del 100% por recargos, multas y gastos de ejecución derivados de los conceptos mencionados anteriormente.

Diversos legisladores consultados para este texto reconocieron que dicho artículo no fue discutido con tiempo suficiente debido a las prisas con las que se aprobó la Ley de Ingresos 2013, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo en diciembre del año pasado.

 

Mensajes contradictorios

Para el abogado y consultor en temas fiscales, Herbert Bettinger, la implementación del programa resultó positiva para que el gobierno y los contribuyentes pudieran sanear sus estados financieros, aun cuando este tipo de medidas desincentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

“Este fue un programa especial que se pidió desde la Cámara de Diputados justamente para quitar esas barreras que nada más dañaban las estadísticas, porque financieramente era difícil obtener más de lo que ya se obtuvo”, señala.

“Este es un programa para el incumplido y en este país ser incumplido siempre es un beneficio. No ha habido ningún programa para la parte cumplida. Sí es contradictorio. Ayuda a ser moroso y desestima al cumplido”, agrega el especialista.

En el mismo sentido apunta Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien considera que las facilidades otorgadas por el gobierno federal para que estados y municipios retengan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado del pago de nómina de sus trabajadores sin reportarlo a la SHCP, representa otro ejemplo de inequidad en el pago de impuestos y opacidad en el manejo de recursos públicos.

Esto debido a que los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y las entidades beneficiadas por esta condonación de impuestos han sido reservados por el SAT aún cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a hacer pública dicha información, según una investigación realizada por el IMCO.

De ahí que hasta el momento se ignora qué porcentaje de los 177,109 millones de pesos condonados en lo que va de 2013 pertenecen a estados y municipios.

“No hemos llegado a saber de manera cierta a cuánto equivale o quiénes han suscrito los convenios para indagar esta información”, explica Corona.

“Uno de los efectos de esto es que el contribuyente promedio cuestione que a los estados y municipios les están condonando una millonada de recursos, lo cual provoca una pérdida de confianza por parte del contribuyente a través de mensajes contradictorios”, agrega.

Para el investigador Fausto Hernández Trillo, experto en finanzas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la condonación de impuestos a estados y municipios obedece más a una cuestión política, pues asegura que durante la aprobación de la Ley de Ingresos de 2013 hubo una fuerte cabildeo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y asociaciones que integran a varios municipios con el fin de sanear sus finanzas públicas.

“Lo más grave de todo es la inequidad, es decir, porque si muchas empresas no enteraran lo que se les retuvo a sus empleados sería delito, por qué no lo es con estados y municipios y por qué el Congreso le da ese tratamiento de privilegio a las entidades”, señala.

“Este no es un problema de Hacienda, sino del Legislativo. Yo fui siguiendo el proceso en estados y municipios y fueron tanto la Conago como asociaciones de municipios las que estuvieron cabildeando en el Congreso de una manera muy fuerte, porque Hacienda se los estaba cobrando”, indicó Hernández.

Para la realización de este reportaje se contactó a funcionarios del SAT para conocer su versión del tema y conocer qué porcentaje de las condonaciones corresponde tanto a particulares como a estados y municipios, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Año
Importes Condonados (millones de pesos)
2000
0
2001
0
2002
0
2003
 7.83
2004
 228.83
2005
 632.70
2006
 2,198.20
2007
 32,098.70
2008
 54,893.60
2009
3,057.66
2010
1,420.83
2011
9,881.19
2012
1,401.67
2013
177,109.75

Fuente: SAT

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Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el gobierno federal canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos de manera discrecional.

A pesar de que la baja recaudación de México ha sido uno de los argumentos utilizados por el presidente Enrique Peña Nieto para promover la reforma hacendaria recientemente aprobada en el Congreso, el gobierno de Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones 316,990 pesos durante el periodo 2007-2012, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtenidos a través de una solicitud de información.

A diferencia de lo que ocurre con la condonación de impuestos, donde el gobierno exonera de toda responsabilidad de los deudores, la cancelación de créditos fiscales implica que la deuda de los contribuyentes morosos con el fisco no desaparece, por lo cual, el gobierno puede reiniciar las labores de cobranza si cambia la circunstancia que dio origen a la cancelación.

Aunque la ley faculta al SAT para cancelar créditos fiscales “con imposibilidad práctica de cobro o que fueran incosteables”, de acuerdo con datos de la dependencia, el manejo discrecional con que el gobierno autoriza la cancelación y condonación de créditos fiscales pueda ser utilizada para encubrir casos de corrupción, de acuerdo con expertos.

“La decisión de las autoridades hacendarias y en especial del SAT sigue siendo opaca”, señala María Sánchez de Tagle, integrante del equipo de estrategias jurídicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., organización especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas.

“A lo mejor las razones o el fundamento que traen detrás no son necesariamente malos o equivocados, pero si no nos dan acceso a la información pública a la que tendríamos que tener acceso, nos hace pensar que hay una incongruencia o algo de discrecionalidad que permite se den casos de corrupción”, apunta.

El tema de la cancelación y condonación de aduedos con el fisco cobró relevancia en 2007, luego de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública de 2005 indicó en su momento que “no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto”.

En 2007, la cancelación de créditos fiscales ascendió a 73,960.4 millones de pesos, incluyendo 166 créditos con montos entre 25 y 100 millones, y otros 15 créditos de 100 a 500 millones de pesos, cancelados en su mayoría por “incosteabilidad” de cobro, de acuerdo con información obtenida a partir de una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información en junio de 2012.

Fundar consideró que el tema era de interés público y solicitó al SAT el nombre de los contribuyentes beneficiados por la cancelación de créditos, información que fue denegada con el argumento de que revelar dicha información vulneraba el secreto fiscal establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esta determinación fue ratificada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de julio de 2012 tras estudiar el amparo 699/2011 interpuesto por Fundar.

A pesar del alto monto derivado de créditos fiscales cancelados en 2007, la cifra fue superior los años siguientes, siendo 2011 el año récord, al registrar 125,843 millones de pesos, una cantidad superior al monto destinado conjuntamente al Programa Oportunidades y el Seguro Popular para ese mismo año (125,102 millones de pesos).

“Lejos de servir como una protección al contribuyente, esto le permite al SAT reservar arbitraria y sistemáticamente todo tipo de información”, agrega Sánchez de Tagle, quien considera.

La reforma fiscal aprobada por el Congreso en octubre pasado propone que el secreto fiscal sólo sea válido para los contribuyentes cumplidos, con lo cual, el SAT estaría obligado a publicar en internet el nombre, la razón social y el RFC de los ciudadanos a quienes les cancele un crédito fiscal por incosteabilidad del cobro, insolvencia del deudor o programas de condonación.

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Cancelación de créditos fiscales 2000-2012
Fuente: SAT
Año
Importe (millones de pesos)
2000
673.93
2001
1,267.60
2002
755.57
2003
284.99
2004
4,248.15
2005
18,084.75
2006
17,879.15
2007
73,960.40
2008
38,043.57
2009
75,756.72
2010
81,060.34
2011
125,843.16
2012
88,422.11

Los diversos rostros de la violencia: el caso Monterrey


I. El olor del miedo
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El testimonio habla de la violencia que se vive a diario en Monterrey. José Mendoza se siente vulnerable y por ello utiliza un seudónimo para ocultar su verdadero nombre. Sobrevivir a un tiroteo no le garantiza nada. Sabe que en cualquier momento el crimen organizado puede identificarlo y desaparecerlo sin el menor reparo, como ocurre a diario con sólo mirar las noticias.
Esta historia comenzó el pasado 22 de mayo de 2011 en la fachada del Café Iguana, uno de los bares emblemáticos de la ciudad, famoso por albergar a los grupos más sobresalientes de la escena rockera regiomontana. José llegó al lugar alrededor de las 00:20 horas. Acababa de saludar a Pablo y al ‘Enano’ cuando recibió el primer disparo en el brazo derecho, justo debajo del hombro, en el momento exacto que cruzaba la puerta de entrada. Se tiró al suelo por puro reflejo mientras el ensordecedor ruido de la metralla consumaba la tragedia. Luego vino un silencio pesado, profundo, espeso, capaz de convertir la incertidumbre en la más insoportable angustia.
Un miedo punzante se apoderó de José, quien permanecía tendido sobre el piso, escuchando gritos y sollozos de mujeres con los nervios destrozados. No sabía si el tiroteo había llegado a su fin. Pensó en la posibilidad de que hubiera narcotraficantes armados dentro del bar o que los agresores pudieran estar afuera, al acecho de cualquiera que intentara salir del establecimiento. Así pasaron varios minutos hasta que finalmente llegó la policía.
Lo subieron a la ambulancia bañado en sangre. La bala le destrozó el húmero, pasando a tan sólo cinco milímetros de la arteria braquial, algo que probablemente le hubiera provocado morir desangrado en pocos minutos. Durante el trayecto al hospital, los rescatistas lucían nerviosos. Le contaron que, en ocasiones, los sicarios bloqueaban el paso de las ambulancias para bajar a los heridos y desaparecerlos. Una vez en el hospital, los médicos pudieron salvarle el brazo. Cuatro personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a Pablo César Martínez y Gerardo Fermín Sánchez Lomelí, mejor conocido como ‘el Enano’, quienes formaban parte del equipo de seguridad del bar.
A casi dos meses de lo ocurrido, José no puede sacar de su cabeza aquel fatídico día. A menudo reflexiona sobre aquel instante en que se salvó de una muerte segura. “Si no hubiera dado ese pasito, justo al entrar, muy probablemente estaría muerto”, recuerda José al mostrar la cicatriz que le dejó el tiroteo.
Pensó en abandonar la ciudad mientras las cosas se tranquilizan un poco, quizá pasar un tiempo con su familia en Saltillo, pero considera que su vida está en Monterrey, al lado de su novia y los amigos que le han apoyado en estos momentos difíciles. Aunque ha recuperado la movilidad del brazo sigue sin poder trabajar, pero no le importa. Siente que volvió a nacer y por ello disfruta cada bocado, cada abrazo de los suyos como si fuera el último.
Los lentes oscuros que porta al momento de la entrevista no ocultan el miedo. “Ahora vivo con paranoia. Cada que veo un coche sospechoso, me entra la adrenalina y volteo para todos lados esperando que pase algo”, relata José. El narco no pudo quitarle la vida, pero le arrebató la calma. Una situación similar a la que viven a diario miles de habitantes de la zona urbana de Monterrey, víctimas del miedo y la violencia.

Fachada del Café Iguana

Después de las 10 de la noche, las calles lucen despobladas. Puede sentirse la tensión en el ambiente. La gente voltea con desconfianza en todas direcciones mientras espera el autobús en la avenida Juárez, a la altura del Colegio Civil. Tras varios minutos, decido tomar un taxi con dirección al sur, cerca del Cerro de la Silla, donde vive César, un amigo de mi hermano que gentilmente me hospeda en su casa. Durante el recorrido, el taxista narra con detalle la vez que presenció un tiroteo a tan sólo unos metros de distancia, cuando los tipos que conducían una camioneta negra le cortaron el paso al automóvil de enfrente y comenzaron a disparar.
Al llegar a mi destino, César me cuenta que por las noches pueden oírse los enfrentamientos entre el ejército y las bandas del crimen organizado. Un ambiente que empieza a hacerse habitual.
La violencia en las calles se hizo más visible a partir de 2008, un año después de que el rompimiento formal entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas desencadenara una confrontación abierta por el control del territorio . A partir de entonces, la guerra entre ambas organizaciones detonó las ejecuciones en los nueve municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años y medio han sido contabilizados al menos 2 mil 443 asesinatos en el estado de Nuevo León, cifra que se ha incrementado notablemente año con año. En 2007, el gobierno estatal registró 283 asesinatos vinculados con el narcotráfico. En 2010 hubo 770 casos. Para la primera mitad de 2011 esta cifra se ha duplicado: hasta el 30 de junio se habían registrado al menos 860 homicidios .
Eso, sin contar los 21 ejecutados en el bar Sabino Gordo el pasado 8 de julio ─en una de las jornadas más violentas a nivel nacional durante el sexenio de Felipe Calderón─, la matanza de 23 personas más entre el lunes 11 y el miércoles 13 del mismo mes, o el asesinato de 52 personas en el atentado contra el Casino Royale que consternó al país entero en el mes de agosto. Hechos que hacen de 2011 el año más violento en la historia de Nuevo León.
Para revertir la situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para reestructurar las corporaciones policíacas de Nuevo León y reducir la presencia del ejército en las calles. La publicidad de la llamada ‘Fuerza Civil’ es evidente en cualquier rincón de Monterrey, ya sea en anuncios espectaculares, autobuses o puestos de reclutamiento, como los que hay a lo largo de la calle Morelos, en el centro de la ciudad. De esta forma se pretende acabar con la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad mediante incentivos económicos para los las nuevas generaciones de jóvenes policías, estrategia similar a la que utilizan los cárteles de la droga para reclutar gente.

Convocatoria Fuerza Civil, Nuevo León.

“Ahora el policía que menos gana en Nuevo León, con sus exámenes de control de confianza y todos los requisitos que implantamos, gana casi 14 mil pesos. Aumentamos los seguros de vida y la calidad de su capacitación. En pocas palabras, estamos dotando al policía de una carrera y un plan de vida para que tenga algo que perder. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos policíacos”, señaló el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante el foro Justicia y seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió la necesidad de realizar modificaciones de fondo en los sistemas de impartición de justicia a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario criticó la falta de una gran política nacional de desarrollo social capaz de resolver a fondo el problema de la delincuencia organizada, pues reconoció que la falta de oportunidades para los jóvenes representa un “caldo de cultivo” para el crimen.

Rodrigo Medina en el Foro de Justicia y Seguridad

De ahí que algunos expertos consideren que fenómenos como la pobreza, la marginación y los altos índices de desigualdad social que padece Monterrey, y el resto del país, representan “un factor determinante para entender todos las causas que están provocando los efectos negativos vinculados con la violencia y la criminalidad”, tal como sostiene Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, quien considera que el clima de violencia ha provocado en la población un temor profundo que le impide actuar de manera decidida frente al problema.

“Tenemos más miedo y como consecuencia ya no deseamos participar. Creo que el miedo se deriva de esta gran ignorancia de no saber hablar directamente del tema, porque tiene sus causas y son muy explicables. Tenemos muchos años cometiendo malas prácticas y a medida que las vayamos revirtiendo podremos solucionar el problema”, apunta el experto en derecho penal.

 

 

***

II. El crimen como forma de vida
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‘El Gufi’ entró a una pandilla cuando tenía 13 años de edad. Creció en la colonia Independencia, una de las favelas regiomontanas donde la violencia y el crimen son cosa de todos los días.
“Desde chico viví la vida muy rápido, me gustaba andar de aquí para allá. También empecé de vicioso con las drogas, pues desde chico vi gente consumiendo drogas”, cuenta el Gufi, quien a los 11 años consumió mariguana por primera vez; a los 15 ya portaba su primera pistola.

Gufi

Pertenecer a una pandilla como la Sur 13 no era ningún juego, sino un asunto de pertenencia, de identidad. Una forma de hacer frente al mundo hostil que les rodeaba a un puñado de jóvenes con perspectivas de futuro poco alentadoras. Tenían un líder y a menudo hacían reuniones para “discutir” diversos temas, divertirse tomando cerveza o ayudarse entre sí. Cuando alguien del barrio estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, la pandilla vendía ropa o drogas para ayudar al hermano en apuros. También salían a robar a colonias acomodadas cuando el hambre apretaba. De ahí que muchas pandillas se identifiquen con personajes como Chucho ‘el Roto’, héroe de una mitología popular que robaba a los ricos para darle a los pobres, explica el Gufi mientras muestra orgulloso la imagen de Pancho Villa que lleva colgando del cuello.

“Lo hacíamos para sostener nuestras casas, nuestros alimentos. Había ocasiones que no había nada que comer y de ahí teníamos que sacar”, recuerda el pandillero en retiro.
Se cuidaban las espaldas el uno al otro, unidos por los colores de la pandilla, ese pacto de sangre que hacía la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de enfrentar a las pandillas rivales o a la policía. Aunque siempre se sintió atraído por el respeto y el poder que le confería el ser miembro de la Sur 13, los problemas empezaron cuando los excesos se convirtieron en un estilo de vida. Algo que tarde o temprano pasa factura.

Sur 13

“El narco se te hace un vicio, querer tener siempre más y más. En una ocasión, llegué a tener en mi casa 175 kilogramos de mariguana, cinco kilos de coca, 32 pistolas y hasta un harén con cinco mujeres. Todo se te hace fácil teniendo dinero. Para darte una idea, en aquel tiempo un kilo de coca costaba alrededor de 90 mil dólares. Ahora que miro atrás no sé que hice con todo ese dinero”, señala Gufi, quien decidió alejarse de ese estilo de vida luego de un incidente que vivió al lado de David Cardona Carrillo, alias ‘el Ruso’.
“Cuando llegamos nos encontramos a otros contrarios a la pandilla, nos reconocieron y sacaron de la disco. Nos dijeron que ya no nos querían volver a ver ahí. Me apuntaron con una pistola en el cuello y por azares del destino no me dispararon. Regresamos y no lo podíamos explicar, sabiendo que había muchas muertes y que estos tipos eran más violentos que nosotros dos juntos”, relata el Gufi, quien atribuye ese milagro a las bendiciones que su madre la envió desde el cielo, tras perder la batalla contra la diabetes.
Desde ese entonces ambos decidieron empezar una vida más tranquila. Ninguno sospechaba que el destino les tenía guardada otra fatalidad. Cuando celebraba su cumpleaños 25, hace poco más de un año, ‘el Ruso’ recibió un disparo en la pierna. Murió desangrado horas más tarde, cuando pretendían trasladarlo a un hospital. Una pérdida irreparable para el Gufi, quien ha decidido tatuarse el rostro de su amigo en el brazo izquierdo como símbolo de hermandad.
Piensa que el asesinato de su amigo fue producto de un error. ‘El Ruso’ se había creado fama de traficante y por ello, un grupo vinculado con los grandes cárteles de la droga decidió eliminarlo en la disputa por el territorio. Eso motivó que muchos integrantes de la Sur 13 abandonaran su hogar para refugiarse en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. A partir de entonces, cada uno está por su propia cuenta.
“Siempre ha existido una relación entre el narco y las pandillas, pero ahora se nota más por el control de la ciudad de Monterrey. Aquí hay tres cárteles en disputa, pero los que están haciendo todo el desmadre son los Zetas. Como nosotros éramos la pandilla que controlaba las ventas de droga y armas en la zona, tuvimos que salir de nuestro propio barrio, pues nos andaban buscando. Preguntaban nuestros alias, sin saber que estábamos ahí. Ese fue el motivo de nuestra separación. Todos se fueron para lugares distintos”, explica el Gufi, quien ahora intenta retomar sus estudios que dejó truncos por falta de dinero.
“Dicen las sagradas escrituras que iba a haber una etapa de guerras donde íbamos a pelear entre nosotros. Estamos en una etapa de la vida donde se está reflejando todo esto. Creo que así se va a acabar el mundo, en una lucha de todos contra todos”, afirma resignado.
Esta falta de esperanza pareciera ser un problema generalizado en algunos sectores de la juventud regiomontana, quienes mediante el crimen organizado buscan mitigar algunos traumas originados por las condiciones de marginación en que viven. El dinero y poder que proporciona el narcotráfico provoca admiración y respeto entre sus conocidos, algo que suele ser anhelado por jóvenes acostumbrados a la humillación derivada de la explotación laboral, la discriminación por su forma de vestir o la violencia familiar que muchos de ellos padecen.
Esto explica por qué muchas adolescentes no ven como un problema que sus novios sean parte de bandas criminales o que los niños pequeños sueñen con ser Zetas cuando sean grandes, emulando los pasos de sus hermanos mayores, los ‘chingones’ del barrio. Muchos de ellos se inician en las filas del narco como ‘halcones’, haciendo labores de espionaje callejero y pasando información.
De acuerdo con un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, durante el presente sexenio, al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por el narco en México. Algo que puede constatarse de forma clara en lugares como Monterrey, donde el número de menores de edad ejecutados crece de forma alarmante. Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León indican que entre 2009 y 2010, el número de menores procesados por delitos del fuero federal creció 98 por ciento, de 52 a 103, mientras los del fuero común aumentaron 28 por ciento, de 269 a 345 .
Ante este panorama, el gobierno estatal estudia la posibilidad de reducir la edad penal, con el fin de que los menores infractores de 12 a 17 años vinculados con el narcotráfico puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, algunos expertos califican como absurda esta medida debido a que no ataca el problema de fondo, vinculado a la falta de oportunidades. Algunos cálculos sostienen que en Nuevo León existen al menos 170 mil 122 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan .
Para Efrén Sandoval Hernández, experto en temas de desigualdad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la dramática caída en las condiciones del empleo y el limitado acceso a la educación son elementos clave para explicar este complejo escenario de descomposición social que vive Monterrey.
“Lo que está pasando tiene explicaciones de tipo político, pero en términos generales, podría pensar que hay una condición de vulnerabilidad generalizada, no sólo en términos laborales sino también sociales. Hay una sociedad muy fragmentada donde la gente tiene muy clara la existencia de esta desigualdad pero no tiene herramientas para luchar contra ella”, afirma el especialista.
Aunado a esto, Sandoval considera que la privatización del espacio público en zonas de alta marginación es otro de los factores que está recrudeciendo el problema, pues quitar albercas públicas para hacer estacionamientos o privatizar canchas de futbol limita aún más las condiciones de bienestar de muchos grupos vulnerables.
“Hoy está pasando algo que no pasaba antes: se está criminalizando a los pobres de manera brutal. Si antes se tenían más prejuicios en contra de ellos ahora se tienen más”, señala Sandoval, quien agrega que los operativos realizados por el ejército en muchos barrios populares, con el fin de encontrar armas y drogas, constituyen una violación a los derechos humanos y un claro ejemplo de esta situación.
“Supuestamente piden permiso para entrar pero, ¿te imaginas a alguien diciéndole al ejército que no pueden entrar a su casa?”, pregunta el experto.
Por ello considera ilógico que el gobierno pretenda acabar con la delincuencia organizada al mismo tiempo que utiliza la fuerza pública para desmantelar zonas de comercio informal, convirtiendo a la pobreza en un delito que perseguir.
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III. Migración, pobreza y discriminación
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Fidel Bernal Aguilar llora sin consuelo al contar su historia. Tiene 60 años de edad y en su rostro se refleja la desesperación. Nació en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, lugar que abandonó durante la adolescencia para probar suerte en Monterrey, junto a sus padres. Huían de la miseria en que vivían cultivando maíz y frijol, al igual que muchos migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro más próspero.

Fidel Bernal

Una vez establecido, Fidel comenzó a trabajar como albañil. Pagaban poco pero había mucho trabajo, según recuerda. Con el paso del tiempo se casó y formó una familia de seis hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Su mujer lo corrió de la casa cuando empezó a escasear el trabajo, a raíz de la crisis económica de 2008. Desde entonces lleva una tristeza profunda cargando a cuestas mientras deambula por la Alameda, como buscando una solución para sus problemas, la cual, simplemente no llega.

“Ando en la calle y pos ahí vamos a los comedores a que nos brinden un taco para comer y así he sobrevivido. Vamos a las clínicas a que los vigilantes nos den chance de pasar la noche pero a veces no quieren y nos vamos debajo de los puentes. No tenemos cobijas ni nada, así nomás”, recuerda Fidel con los ojos llenos de lágrimas. “Una vez me pegó una enfermedad a media noche y pos ya, me recuperé. Nadie le regala a uno un vaso de agua, una pastilla”.
Históricamente, la migración hacia Monterrey inició a finales del siglo XIX, a medida que la ciudad se convertía en un importante centro industrial. Más tarde, factores como la guerra cristera y el colapso de la minería en San Luis Potosí y Zacatecas provocaron la migración de albañiles que sabían trabajar la cantera, conformando las primeras colonias populares de Monterrey. En la década de los 70 llegaron los primeros grandes flujos de población indígena provenientes de la Huasteca potosina, Veracruz, Tamaulipas y otras regiones del país, situación que se incrementó aún más a partir de los años 90, en un escenario de crisis económica nacional.
“La escasa oportunidad de empleo es un motor que incentiva esta migración. Por ello encontramos personas que migran a Nuevo León con la idea de mejorar su calidad de vida, pero hemos encontrado personas que viven incluso en peores condiciones que en sus lugares de origen, además de que las aspiraciones y necesidades de estas familias se vuelven muy diferentes”, comenta Galileo Hernández, integrante de Enlace Potosino, una organización civil de reciente conformación que promueve el desarrollo social de los migrantes potosinos en Nuevo León.
Esto puede constatarse en sitios como Los Altos, en el municipio de Apodaca, ubicado en las afueras del área metropolitana de Monterrey que alberga un número importante de migrantes, quienes libran una lucha continua por la supervivencia.
Leonardo Santiago Cruz es originario de Tampamolón, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la Huasteca Potosina. A los 11 años llegó a Monterrey siguiendo a sus hermanos, luego de una prolongada sequía de tres años que agudizó al extremo las condiciones la miseria que predominaba en su comunidad. De niño trabajó lavando platos en un restaurante. Aún recuerda el miedo que sentía por la violencia de los policías. “Te miraban caminando en la calle y te paraban luego luego”, según cuenta.

Leonardo Santiago Cruz

La discriminación es otro de los grandes problemas que la migración genera en el contexto cultural regiomontano, una sociedad hermética que no siempre ve con buenos ojos la llegada de gente de otras entidades, sobre todo indígenas. No en vano, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) califica como “preocupante” el nivel de intolerancia contra algunos sectores de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Basta revisar los comentarios racistas publicados por jóvenes regiomontanos en algunos grupos de Facebook, como el de “San Luis llévate a tu gente”, el cual contaba con 728 seguidores al momento de escribir este texto.
“Nuevo León es de las entidades con mayor discriminación en general, no sólo con la población indígena sino con cualquiera que sea diferente. Somos una sociedad muy excluyente y tenemos que hacer algo para que esta realidad cambie”, dice la antropóloga Carmen Farías Campero, una de las fundadoras de la organización Zihuame Mochilla (Casa de la Mujer en náhuatl), que ofrece diversas actividades para generar una cultura de respeto hacia los pueblos indígenas.
Una de las activistas más entusiastas de este proyecto es Elvira Maya Cruz, orgullosa de su cultura nahua y originaria de Chahuatlán, Veracruz. Salió de su comunidad hace 13 años, debido a que no le era redituable trabajar el bordado de una servilleta durante dos o tres días para ganar 20 pesos. Actualmente organiza cursos de cocina y manualidades con el fin de que las mujeres indígenas de su localidad puedan acceder a mejores condiciones de vida.
La labor no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que sortear muchos obstáculos, incluyendo algunos intentos de criminalizar el trabajo doméstico que, en su mayoría, realizan mujeres indígenas. Así ocurrió con un programa promovido en la localidad de San Pedro de los Garza para crear un padrón de empleadas domésticas, con el objetivo de reducir el número de robos que se registran en este municipio, uno de los más ricos de América Latina. Algunas organizaciones civiles han criticado fuertemente dicha medida, al considerarla un atentado contra de las garantías individuales de las trabajadoras.

César Pérez, integrante de la asociación Enlace Potosino, ayuda a una señora originaria de San Luis Potosí a llenar un docuemnto para sacar un acta de nacimiento y poder realizar otros trámites, un problema recurrente al que se enfrentan los migrantes de otras entidades que llegan a Nuevo León.

“Yo no estoy de acuerdo con ese padrón, porque si algo pasa, los primeros etiquetados somos los indígenas y no debería ser así. Por eso les digo a mis sobrinas que no den sus datos si se los llegan a pedir”, comenta Elvira, quien una vez por semana recibe en casa a sus cuatro sobrinas que trabajan como empleadas domésticas en diversos puntos de la ciudad. Esto, para evitar que sufran la discriminación de la que son víctimas los indígenas que se reúnen cada domingo en la Alameda.

De esta forma, el crecimiento de la desigualdad social en Monterrey pareciera estar íntimamente ligado a los procesos migratorios derivados de una vulnerabilidad generalizada en otras regiones, pues al igual que ocurre en el resto del país, el incremento demográfico y la expansión territorial de los grandes centros urbanos está generando cinturones de pobreza, lugares donde se acumula un resentimiento social profundo que se expresa en diversas formas de violencia. Escenario típico de sitios con altos índices de marginación.

Ezequiel Cabrera Balderas vive en Los Altos, Apodaca. Vive de recolectar cartón y fierro viejo. En comunidades como Los Altos donde las oportunidades son pocas, muchos jóvenes son blanco fácil para ingresar a las filas del narcotráfico.

Esto concuerda con algunos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales indican que en los últimos años, la pobreza en las ciudades se ha disparado en comparación con el medio rural. En este sentido, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza desarrollado por la dependencia, ubica a Nuevo León como la primer entidad a nivel nacional con el mayor crecimiento de la pobreza laboral, luego de rebasar a Baja California. Una tendencia que predomina en todo el territorio nacional ante la desigualdad promovida por el actual modelo de desarrollo.

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IV. Crisis nacional
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Para José Luis Calva Téllez, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, queda claro que el factor económico es un componente esencial a la hora de tratar de explicar el complejo escenario de violencia y falta de oportunidades que enfrenta México en la actualidad.
“La determinante principal de la descomposición social es el pésimo desempeño de la economía mexicana”, afirma el especialista, quien considera que la imposición del modelo neoliberal ha sido un rotundo fracaso. De ahí que el país haya perdido al menos tres décadas en materia de desarrollo, algo que podría calificarse como una verdadera “catástrofe”. Un proyecto que nunca pudo cumplir con todo lo que prometió. Los números son contundentes.
De 1935 a 1982, la economía mexicana tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 6.07, muy por encima del 2.2 registrado de 1983 a 2010. Lo mismo ocurre al medir el crecimiento del PIB per cápita, que durante el modelo post revolucionario alcanzó una tasa promedio de 3.17 contra el 0.5 registrado desde la restructuración económica que marcaría el inicio del modelo neoliberal en México, sin considerar a los mexicanos que han migrado al extranjero.
Ni siquiera la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudo revertir esa tendencia negativa, debido en gran parte a que la desaceleración de la economía de Estados Unidos tuvo efectos devastadores para México, con una dependencia casi absoluta frente a las finanzas de su vecino y principal socio comercial.
En los últimos 28 años, cerca de 12 millones de trabajadores se vieron forzados a migrar hacia Estados Unidos ante la falta de empleo, generando una entrada importante de divisas que en su momento más alto reportaba ingresos por cerca de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la situación de la gente que se quedó en el país no mejoró, pues con la implantación del modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido el 71.5 por ciento de su poder adquisitivo.
El campo corrió con la misma suerte, pues la reducción de los programas de fomento agropecuario y el intercambio negativo en la balanza comercial de los productores de granos hizo que la economía rural cayera en el olvido.
Todo esto provocó que fenómenos como la migración, el comercio informal o el tráfico de drogas se convirtieran en una alternativa de vida para muchos mexicanos. Para Calva Téllez, el hecho de que el narcotráfico sea una industria capaz de generar 600 mil empleos puede ayudar a entender el clima de violencia generalizado que vive el país. Una economía paralela que compite con el Estado.
El problema es que el gobierno federal pareciera no estar dispuesto a reconocer que la violencia es el resultado de un modelo de desarrollo fallido que al mismo tiempo promueve. Esto permite entender por qué el asunto del narcotráfico no ha sido combatido desde una perspectiva estructural, con políticas de Estado sólidas en materia fiscal, hacendaria o educativa. De ahí que el Congreso esté impulsando iniciativas de ley, como la Reforma Laboral, que siguen las reglas de un modelo neoliberal en crisis. Algo que para algunos expertos, sólo recrudecerá aún más la descomposición social que vive el país, a pesar de algunos avances como la reforma constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Vivimos un momento en que el Estado tiene que seguir afirmándose como una estructura institucional que permita el flujo de los capitales, y para ello se tuvo que abrir una válvula de escape como la reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales, algo en lo que México estaba muy retrasado a nivel internacional. Paralelamente, la política real de quienes están gobernando este país sigue una lógica de mayor explotación, reducción de salarios, contratos basura y outsourcing para permitir que las empresas sean más ágiles en la generación y concentración de la riqueza. Por ello se construyó una reforma laboral ad hoc para que el sistema económico siga funcionando”, explica Rodrigo Gutiérrez Rivas, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En este país la pobreza se criminaliza a través de los códigos penales y sirven muy bien para perseguir y encarcelar a los pobres. Claro, las normas diseñadas para frenar a las grandes trasnacionales en cuanto a la apropiación de los recursos están muy diluidas o no tienen la vigilancia adecuada, además de que en muchas ocasiones están diseñadas a favor de estas empresas y funcionan con una lógica de simulación”, explica el académico, quien sostiene que la pobreza sistemática que se vive en México está generando un sentimiento de frustración e impotencia que termina manifestándose en robos, delincuencia, daño a terceros, suicidios, etcétera.
Sin embargo, para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, el origen de la violencia en México tiene que ver con la debilidad de las instituciones mexicanas y no necesariamente con la desigualdad social, fenómeno que ha existido de forma permanente desde la época colonial.
“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica el narcotráfico”, comenta el investigador del Colegio de México, quien explica que históricamente, los estallidos de violencia en el país han venido acompañados de una debilidad institucional que genera las condiciones propicias para la insurrección de algunos grupos sociales, tal como ocurrió durante la Independencia y la Revolución Mexicana.
De ahí que la fragilidad y la corrupción al interior de las instituciones mexicanas no sólo abrió la puerta al narcotráfico, sino también a una serie de grupos de poder que ejercen su voluntad aún por encima del bien común, algo que empieza a gestar una profunda crisis de legitimidad que resulta evidente en la pérdida de credibilidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política y los procesos electorales.
“El narcotráfico encuentra un vacío de poder aprovechando una descomposición del control político, igual que Azcárraga o Slim. Se ha deslegitimado el sistema porque la desigualdad y la corrupción se han hecho más obvias”, apunta Meyer, quien considera que para revertir esta situación tendría que construirse un nuevo pacto social que “metiera en cintura” a los poderes fácticos.
Los niveles de violencia que vive México no pueden explicarse únicamente como una disputa de mercado por parte de los cárteles de la droga, si no se toman en cuenta otros factores, como el rencor acumulado durante generaciones enteras en condiciones de marginación y pobreza. Un factor determinante para entender la brutalidad de los asesinatos que abarrotan las primeras planas de la prensa nacional, siguiendo al pie de la letra aquella ‘ley de conservación de la violencia’, enunciada por el sociólogo Pierre Bourdieu, la cual afirma que “la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
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Cabo Cortés: un riesgo para la reserva marina más robusta del planeta

Debido a las contradicciones técnicas al interior de la Semarnat en la evaluación del proyecto turístico Cabo Cortés y el riesgo de un grave deterioro en uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del planeta, la Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación a fondo acerca de la autorización concedida a la empresa española Hansa Urbana por parte de la actual administración del presidente Felipe Calderón.

Manuel Hernández

“Cuando vi que el camino que había recorrido toda mi vida estaba todo enrejado me dieron ganas de llorar”, dice Judith Castro Lucero mientras conduce su camioneta por el pequeño camino de terracería que conecta la zona urbana de Los Cabos con el parque nacional de Cabo Pulmo, en la punta este de Baja California Sur. El lugar es considerado como la “reserva marina más robusta del planeta” según estudios recientes. Hoy se encuentra amenazada por el proyecto Cabo Cortés, el cual pretende hacer de este sitio el segundo desarrollo turístico más grande del país.

Un caso emblemático para diversos grupos ambientalistas que han denunciado múltiples irregularidades en el permiso otorgado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la constructora de origen español Hansa Baja Investments en marzo pasado.

“Fue casi de un día para otro. De repente había máquinas por todos lados y nadie entendía qué estaba pasando, hasta que la gente de la comunidad empezó a investigar. Fue así que nos enteramos del proyecto”, cuenta Judith, presidenta de la organización Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, mientras señala algunas torres de vigilancia y un extenso muro de alambre que delimita el terreno de 3 mil 800 hectáreas donde la empresa española busca construir 27 mil habitaciones, dos campos de golf, una marina con 490 posiciones y varios centros comerciales. Un proyecto muy superior a los 12 mil 375 cuartos de hotel que actualmente se encuentran disponibles en Los Cabos, de acuerdo con datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Todo esto, en una zona semidesértica con una baja disponibilidad de agua, situación que ha generado algunas tensiones entre las poblaciones vecinas debido a que el permiso otorgado por la Semarnat incluye una concesión de tres pozos para extraer un volumen de 4.5 millones de litros cúbicos al año y la instalación de una planta desalinizadora con capacidad de generar 750 litros de agua potable por segundo y cuyos residuos podrían ocasionar daños irreversibles al único arrecife de coral vivo en todo el Golfo de California.

Además, algunos estudios realizados por investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur sostienen que la aprobación del proyecto Cabo Cortés generaría una explosión demográfica similar a la registrada en Cabo San Lucas y San José del Cabo, lo cual no sólo traería consecuencias devastadoras para los ecosistemas de la región, sino también para los gobiernos locales ante la imposibilidad de satisfacer la demanda de servicios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan a Baja California Sur como la entidad con la mayor tasa de crecimiento de población a nivel nacional con 3.95 por ciento anual, una cifra ligeramente superior al 3.9 registrado por Quintana Roo en el mismo periodo.

“No se trata sólo de aprobar un hotel, sino la construcción de una ciudad entera que requerirá escuelas, hospitales, seguridad pública y otros servicios. Por ello estamos tratando de demostrarle al municipio la inviabilidad del proyecto en términos económicos, pues a final de cuentas, todos esos costos tendrán que ser asumidos por el gobierno local”, comenta Judith Castro, quien considera que el proyecto de Cabo Cortés representa una seria amenaza al modelo desarrollo sustentable que se ha venido impulsando en Cabo Pulmo desde hace dos décadas y que se ha convertido en un referente a nivel mundial en cuanto al manejo de los ecosistemas costeros.

Todo comenzó a principios de los años 90, cuando los pescadores que durante décadas habían estado asentados en Cabo Pulmo se dieron cuenta de que cada vez tenían que recorrer mayores distancias para atrapar unos cuantos peces cuyas poblaciones empezaban a verse seriamente disminuidas ante fenómenos como la sobrepesca y la contaminación de los mares. Fue entonces que los integrantes de la familia Castro decidieron dar un cambio radical al dejar las redes y apostar de lleno por el ecoturismo como medio de vida.

En 1995 el gobierno federal decretó a Cabo Pulmo como Área Natural Protegida y para 2005 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 2010 un censo elaborado por investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California encontró que el número total de peces en el ecosistema de la reserva se incrementó más de 460 por ciento de 1999 a 2009 gracias a la protección de la comunidad local, una recuperación sin antecedentes a escala global. De ahí que para los habitantes de Cabo Pulmo detener el proyecto de Cabo Cortés se ha convertido en un asunto personal.

“No estamos en contra del desarrollo, pero éste tiene que ir de la mano de la naturaleza”, afirma Enrique Castro, hermano de Judith y mejor conocido como ‘Kiki’, quien relata la manera en que la comunidad se ha organizado para construir una propuesta de desarrollo realmente sustentable y capaz de hacer frente a los embates de los grandes inversionistas. “Nunca imaginaron que 120 personas les harían la vida de cuadritos”, agrega.

Las inconsistencias

De acuerdo con los especialistas, el problema de fondo en el caso Cabo Cortés se debe a una serie de irregularidades en la manifestación de impacto ambiental en la que se basó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat para aprobar el proyecto a pesar de las violaciones al Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos, además de hacer caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la propia Semarnat, organismos que determinaron que existía poca viabilidad desde el punto de vista técnico para otorgar el permiso a la empresa Hansa Urbana.

foto de Octavio Aburto

En el mismo sentido, un documento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) consideró que además de violar el Programa de Ordenamiento Ecológico, la autorización del proyecto Cabo Cortés no toma en cuenta las afectaciones a especies de flora y fauna amenazadas dentro de la NOM-SEMARNAT-059-2001 ni tampoco el “Principio Precautorio” adoptado por México durante la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en relación a las posibles afectaciones al arrecife de Cabo Pulmo debido a la falta de información detallada en torno al comportamiento de las corrientes marinas.

Aunado a esto, el CEMDA considera que la autorización de la Semarnat ignoró la opinión de 22 científicos de 18 instituciones académicas nacionales e internacionales que alertaron a la UNESCO sobre las consecuencias negativas que traería consigo la construcción de un desarrollo turístico masivo en una zona frágil.

Pese a ello, Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, considera que el permiso dado por la dependencia está respaldado por el marco jurídico vigente.

“Lo que la Semarnat autoriza y permite es lo que nos marca la ley, lo que nos dice la Cámara de Diputados lo que podemos hacer. No quisiera poner sobre la mesa si la Semarnat debería actuar en una línea conservacionista al cien por ciento donde todas las demás actividades económicas queden detenidas”, comentó Elvira Quesada, quien durante su quinto informe de labores indicó que hasta el momento no se ha realizado ningún avance de la obra hasta esperar la información completa por parte de la empresa española.

“En el caso Cabo Cortés no ha avanzado ninguna obra porque estamos esperando que la empresa logre entregarnos la información de que todas y cada una de las actividades que desarrollen no tenga ninguna afectación a Cabo Pulmo”, indicó el secretario.

“Lo que sí puedo les puedo garantizar y poner con toda claridad y transparencia es que ningún permiso de los que se ha dado ha tenido algún tipo de presión ni política, social o económica, todo ha sido bajo el marco de la ley”, señaló Elvira Quesada.

Pero no todos están de acuerdo. Para Alejandro Olvera, coordinador de la campaña de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México, los argumentos utilizados por la Semarnat sólo ponen en evidencia la discrecionalidad con la que se utilizan los instrumentos legales para beneficiar intereses privados en detrimento del interés público.

“La cuestión es que la Semarnat hace uso discrecional de la ley, pues la ley también dice que tienen la facultad de rechazar proyectos. Cualquier cosa que hagan se justifican diciendo que actúan bajo la ley, pero esa no es una justificación. La labor de la Semarnat es proteger los recursos naturales, algo que no está haciendo al aprobar proyectos como Cabo Cortés o Marismas Nacionales en el sur de Sinaloa”, señala el activista, quien consideró incongruente que el gobierno mexicano promueva centros turísticos de gran escala al mismo tiempo que atraviesa por serios problemas para echar a andar grandes desarrollos que resultaron ser un fracaso.

“Es un modelo obsoleto, basado en la especulación financiera. Hay varios proyectos fracasados por parte del gobierno federal como Loreto o la Escalera Náutica, grandes proyectos situados en zonas ecológicamente frágiles que se anuncian con bombo y platillo y que al final del día quedan detenidos”, explica Olvera, quien sostiene que resulta ilógico que el gobierno mexicano haya concedido la autorización de un proyecto tan grande a pesar de los serios problemas financieros por los que atraviesa Hansa Urbana en España.

foto de Octavio Aburto

Esta empresa dedicada a la construcción y el negocio inmobiliario pertenece en su mayoría a la familia Gálea y otras entidades financieras como Cajasol y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), misma que se encuentra en un proceso de rescate financiero por parte del gobierno español luego de los estragos que dejó la crisis económica de 2008. En julio pasado El Banco de España en coordinación con la Unión Europea aprobó un plan de recuperación de 2 mil 800 millones de euros y una facilidad de liquidez de 3 mil millones de euros para que la CAM pueda recuperar cierta estabilidad.

Hansa Urbana también se encuentra sujeta a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Murcia luego de las presuntas violaciones a la normatividad vigente y algunos supuestos casos de corrupción involucrados en la construcción del proyecto Novo Carthago, el cual consta de 6 mil viviendas, dos campos de golf y varios hoteles de lujo en las costas de Murcia.

A pesar de contar con el apoyo del gobierno local para la realización del proyecto, Juan Rafael Gálea, presidente de Hansa Urbana, fue llamado a declarar ante un juez de Alicante en mayo de 2010, ante las sospechas de fraude y otros delitos contra la Hacienda Pública valuados en 6.1 millones de euros, incluyendo la falsificación de documentos por la compra-venta de un terreno. Hasta el momento, el proyecto de Novo Carthago se encuentra detenido.

De acuerdo con Olvera, estos antecedentes tampoco fueron tomados en cuenta por el gobierno federal a la hora de emitir el permiso, ni tampoco los señalamientos hechos por diversos medios de comunicación en torno a la supuesta participación de John McCarthy, director del Fonatur durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, en la adquisición de los terrenos donde ahora se pretende construir el proyecto Cabo Cortés cuando todavía era funcionario federal. Tiempo después Hansa Urbana se deslindó de McCarthy a pesar de que fungía como uno de los asesores de la empresa española.

Debido a la serie de irregularidades en el caso Cabo Cortés, Greenpeace presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de dos funcionarios, Mauricio Limón, subsecretario para la Gestión de Protección Ambiental y Enrique González, director general de la división de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, debido a la manera poco transparente con la que se otorgó el permiso.

Una denuncia que al parecer tuvo efecto en el poder legislativo, ya que algunos días después de la denuncia interpuesta por la organización ambientalista, el Senado de la República alcanzó un punto de acuerdo, promovido por el senador Arturo Escobar y Vega del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la SFP una investigación exhaustiva en lo referente a la autorización del proyecto Cabo Cortés.

“Hay un problema muy severo de acceso a la información en México, a pesar de la ley de transparencia y por ello fiscalizar cosas como las manifestaciones de impacto ambiental, los aprovechamientos de recursos naturales o los permisos que se dan es extremadamente difícil”, sostiene el investigador Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California y consejero de la organización ambientalista WWF, quien considera que copiar un modelo de desarrollo en quiebra como el del Mediterráneo español pone en evidencia la esquizofrenia que existe en la política pública del gobierno federal en materia de medio ambiente.

“Los intereses económicos de corto plazo juegan un papel muy importante en todo esto”, agrega Ezcurra, quien fuera director del Instituto Nacional de Ecología durante el sexenio anterior. “Esto sólo tiene sentido desde una lógica en la que algunas empresas y ciertos intereses puedan ganar mucho dinero en corto plazo”.

Mientras tanto, la filial en México de la constructora Hansa Urbana no pierde la esperanza de poder iniciar con la realización del desarrollo turístico una vez que se haya presentado toda la información solicitada por la Semarnat.

“Cabo Cortés no es un proyecto ni frenado ni estancado, seguimos trabajando para darle cumplimiento a todas las condicionantes que la autoridad de medio ambiente nos indicó”, señaló a principios de septiembre Jesús Guilabert Boyer, director del proyecto Cabo Cortés.

Galería de fotos de Cabo Pulmo y San José del Cabo

El difícil camino hacia la sustentabilidad

A pesar de los avances en materia ambiental que ha tenido México en las últimas dos décadas, los expertos consideran que aún quedan enormes pendientes para alcanzar la anhelada sustentabilidad, algo que implica una transformación radical del mundo como lo conocemos y la manera en que le otorgamos valor a las cosas.

Manuel Hernández

Pocos eventos han sido tan determinantes en la historia reciente del activismo ambiental como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, celebrada en 1992 como una respuesta de la sociedad global al acelerado deterioro del planeta. Algunos antecedentes directos parecían confirmar esta situación, tales como los altos índices de contaminación derivada de la actividad industrial, la acelerada pérdida de biodiversidad, la incapacidad de la llamada ‘revolución verde’ para acabar con el hambre del mundo, la evidencia científica en torno al calentamiento global o los estragos provocados por el accidente nuclear de Chernobyl. Síntomas de una crisis ambiental sin precedentes que promovió la construcción de una ruta de acción con el poder suficiente para revertir el difícil panorama.

De este modo, la Cumbre de Río logró que los gobiernos del mundo se comprometieran a adoptar el concepto de ‘desarrollo sustentable’ como una alternativa viable para solucionar los vicios del modelo de desarrollo todavía vigente a partir de tres ejes fundamentales: el cuidado del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo de las capacidades sociales. Además de redefinir los límites del bienestar humano, la Cumbre de Río fue el detonante necesario la creación de instituciones y una legislación más sólida en materia ambiental que permitieran una mejor gestión de los recursos naturales.

Este fenómeno de escala global también tendría repercusiones en México con la creación del Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la creación de lo que hoy es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Algunos años más tarde, el andamiaje institucional a nivel federal continuaría creciendo con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

“Hace 20 años las líneas de investigación de la Cumbre de Río eran muy incipientes. Antes se hablaba de cuidar recursos naturales; hoy hablamos de tasas de deforestación y áreas naturales protegidas. Antes era cuidar el agua; hoy hablamos de manejo de aguas residuales. Lo que queremos llevar a la próxima cumbre de Río+20 son indicadores que nos permitan tener claro los avances”, comenta Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, quien sostiene que el incremento gradual que año con año ha tenido el presupuesto de la dependencia a su cargo es un referente claro de la importancia que tiene en la actualidad el tema ambiental para los mexicanos.

“Con esos incrementos llevamos líneas muy claras en cuanto a la definición de políticas del más alto nivel para conservar los recursos naturales y romper las tendencias de destrucción del planeta”, explica el funcionario.

Panorama poco favorable

Sin embargo, diversos especialistas consideran que a pesar de los avances el panorama ambiental de México es desalentador.

“Estamos por cumplir 25 años del informe Brunland, en el cual se definió por primera vez el término ‘desarrollo sustentable’, y de ahí para acá el balance se inclina hacia lo desfavorable. Creo que en México se ha construido un andamiaje institucional que no existía, y en ese sentido hemos avanzado, pero al mismo tiempo, las instituciones no han sido lo suficientemente fuertes para contender con esto. Creo que nos falta mucho por hacer, sobre todo a la hora de operar. Llevamos veinte años diciendo que ahí viene el lobo y el lobo está ya a la vuelta de la esquina sin que hayamos podido revertir esta situación”, comenta Mireya Imaz Gispert, titular del Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Exequiel Ezcurra, reconocido ecólogo que actualmente dirige el Instituto para México y los Estados Unidos de la Universidad de California, uno de los grandes asuntos pendientes en materia ambiental es hacer de la sustentabilidad un tema transversal de la política pública con el fin de erradicar las fuertes contradicciones que existe actualmente entre el discurso oficial y los hechos concretos.

 “Avances ha habido muchísimos, tal como la creación de institutos de investigación y también un florecimiento de organizaciones civiles cuya orientación es principalmente ambiental. Creo que entre los pendientes está incorporar lo ambiental en serio como un tema transversal. Hay un discurso ambientalista pero las acciones no van por ese lado y ese es el gran déficit en este momento, ya que muchos de los subsidios del gobierno federal van en sentido contrario a la sustentabilidad”, señala el ex director del INE, quien considera que la devastación de los ecosistemas costeros de México por la construcción de infraestructura turística es uno de los muchos ejemplos de degradación ambiental que padece el país. Otros expertos coinciden con el diagnóstico.

“El caso del maíz transgénico expone a la perfección la esquizofrenia de la política ambiental mexicana. Estamos frente a un grave riesgo de uno de los mayores patrimonios de agrobiodiversidad mexicana por una política inconsecuente del gobierno mexicano, no sólo en términos económicos sino también para la sustentabilidad de largo plazo”, explica Alfonso González Martínez, coordinador del Grupo de Estudios Ambientales.

“No hay una conciencia de sustentabilidad para el manejo de los recursos, ni energéticos, ni orgánicos o en el uso de materiales, mucho menos en términos de consumo. La falta de sustentabilidad de la política pública es un problema panorámico”, señala el especialista, quien considera que el gobierno mexicano ha hecho caso omiso a los principios firmados durante la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, “tal como ocurre con el principio precautorio que no se aplica ni para los transgénicos, el impulso de los agroquímicos o la energía nuclear”.

Sin embargo, González Martínez consideró como positivo la existencia de un proceso social emergente que está creciendo a una mayor velocidad que el propio deterioro ambiental, a pesar de que los gobiernos del planeta han hecho hasta lo imposible para minimizar la voz de la sociedad civil, tal como ocurrió en Copenhague durante la Cumbre de Cambio Climático de 2009.

De ahí que la participación de la gente desempeña un rol fundamental para que los principios del desarrollo sustentable puedan materializarse, tal como apunta Irene Pisanty Baruch, experta en ecología y catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien sostiene que la debilidad de las instituciones mexicanas para garantizar el bien común de los ciudadanos ha sido uno de los principales obstáculos en el largo y sinuoso camino hacia la sustentabilidad.

“Tenemos una legislación sólida en materia ambiental pero el problema más grave que tenemos es la corrupción, lo cual imposibilita el cumplimiento de las leyes”, afirma la investigadora.

 “A nivel nacional creo que somos muy poco sustentables, pues los intereses económicos de grupos privados siguen predominando sobre el interés colectivo. Este sistema económico y social no es compatible con una sustentabilidad a largo plazo”, señala.

Un problema económico

Al igual que ocurre en el resto del mundo, México enfrenta una fuerte contradicción entre el crecimiento económico y la destrucción de los recursos naturales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2008 los costos por agotamiento de los recursos naturales y degradación ambiental en México sumaron un monto de 960 mil 513.4 millones de pesos, equivalentes al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En contraparte, los gastos de protección ambiental realizados por las Actividades del Gobierno ascendieron a 26 mil 916.4 millones de pesos, representando el 0.2 por ciento del PIB. Una muestra clara del déficit que existe en el país en términos de economía ambiental.

Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho peores sin las instituciones ambientales mexicanas que se construyeron hace 20 años, según explica Carlos Muñoz Piña, director de Investigación en Política y Economía Ambiental del INE, quien considera que existe una tendencia de desaceleración en cuanto a la pérdida de recursos naturales.

“El indicador nos dice que las cosas estarían mucho peor si no se hubieran dado los cambios institucionales a partir de Río. Se ha logrado frenar un poco la tasa de pérdida de capital natural, pero todavía no nos hemos levantado, pues seguimos evitando la gran caída”, explica Muñoz Piña, quien considera que uno de los grandes pendientes de la política económica es reorientar muchos de los subsidios actuales con el fin de mandar a los consumidores señales que promuevan una menor degradación ambiental.

En contraparte, otras voces señalan que es imposible alcanzar un verdadero desarrollo sustentable con las reglas del actual sistema económico, y por ello, es necesario realizar cambios estructurales de fondo si el mundo pretende frenar la devastación del entorno. Una transformación que implica cosas como una distribución más equitativa de la riqueza, algo a lo que muchos grupos de poder no están dispuestos a ceder en aras de los beneficios que siguen recibiendo de un sistema económico que fomenta la desigualdad social.

“Los indicadores de degradación ambiental no han cambiado porque el modelo económico sigue siendo el mismo. Vivimos en un mundo donde el valor es la competencia o la acumulación de cosas materiales y esto no cambiará hasta que no tengamos un giro de 180 grados donde el interés público esté por encima del interés privado. A final de cuentas, los recursos naturales son un bien público”, señala Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, quien considera que el término de ‘desarrollo sustentable’ ha perdido su sentido original al ser convertido en una estrategia de mercadotecnia.

“El concepto fue absorbido por el sistema y se ha desvirtuado totalmente. Ahora existen empresas que se manejan como socialmente responsables o desarrollos urbanos que se manejan como sustentables cuando en realidad no lo son. Es una máscara, algo que desde Río se conoce como ‘maquillaje verde’ y que sólo ha creado una enorme confusión. Esto sólo podrá cambiar con una revolución cultural, una revolución de valores”, sostiene Calvillo.

Repensar el valor de las cosas

En opinión de algunos expertos, la crisis actual de la humanidad y su actual modelo civilizatorio implica una profunda crisis de valores, lo cual hace necesario la construcción de un nuevo código moral sobre el cual pueda articularse un nuevo esquema de desarrollo. De ahí la importancia que adquiere la ética en la generación de una nueva conciencia sustentable sobre la cual habrá de construirse una nueva perspectiva de futuro.

 “El meollo del asunto está en entender qué diablos es la sustentabilidad”, afirma contundente José Sarukhán Kermez, titular de la Conabio.

“La responsabilidad hacia el entorno ambiental y nuestros congéneres puede asumirse en un sentido de desarrollo sustentable siempre y cuando lleven al mantenimiento e integridad de esos ecosistemas de los cuales venimos y el beneficio equitativo para los miembros de nuestra sociedad actual y las generaciones futuras, lo cual empieza a sentar bases mucho más sólidas para las sociedades de todo el planeta, pero tenemos que definir, en lo individual y lo social, hasta dónde puedo llevar mi bienestar sin afectar al medio ambiente y a los otros miembros de mi especie, algo a lo que no estamos acostumbrados”, sostiene el investigador.

“Hay que contestar qué cosas valoramos como seres humanos, si la acumulación de cosas materiales o el desarrollo de las capacidades intelectuales, espirituales y de relación humana como principios del bienestar, el tipo de vida que queremos vivir, el mundo en que queremos desarrollarnos”, señala Sarukhán, quien considera que eliminar los lujos de nuestros patrones de consumo sería un enorme paso hacia una sustentabilidad real, ya que además de representar una sobreexplotación de los recursos naturales no son capaces de generar grandes niveles de satisfacción entre los mismos consumidores, según estudios recientes.

De ahí que consolidar el proyecto del desarrollo sustentable implica repensar el mundo en su totalidad y construir nuevas tablas de valor que ayuden a la humanidad a replantear sus prioridades, según explica John Crowley, especialista en programas de ética de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“En el área del medio ambiente el reto principal para definir políticas apropiadas es una cuestión de valor, cómo vamos a valorar las cosas. Si no podemos tener una visión razonable con base científica de qué tiene valor y por qué, no vamos a hacer gran cosa. Mucho del discurso de la sustentabilidad tiene que ver con el bienestar de largo plazo y para tomar decisiones sobre esos compromisos uno necesita comparar costos y beneficios futuros con los presentes. Es una cuestión económica pero también una pregunta ética y política”, señala Crowley, quien considera que la construcción de la sustentabilidad como proyecto político sólo será posible a partir de una nueva imaginación política que haga valer los derechos de las otras especies con las que compartimos el planeta.

“Este es un problema de representación, algo tan viejo como la ciencia política. El desarrollo sustentable nos llama darle una voz a las cosas que no tiene voz, darle voz a los árboles, a la atmósfera, al planeta. El problema es que asociamos la voz y la representación con cierto tipo de presencia física, y por ello necesitamos una nueva imaginación política para darles voz a los pandas, por ejemplo. Tenemos que expandir nuestra imaginación de representación en un momento donde muchos humanos carecen de los mecanismos para que sus voces sean escuchadas”, apunta el experto.

La implementación del concepto de desarrollo sustentable implica una reconstrucción a fondo de las estructuras que sostienen al mundo de hoy. Y para ello habrá que devolverle la esperanza a aquellas personas que, con resignación, insisten en declarar que todo está perdido. La transformación del mundo, después de todo, es como sembrar una pequeña planta que habrá de convertirse en un enorme árbol. Será emocionante ver cómo germina y crece este nuevo árbol de la sustentabilidad.

Indicadores de desarrollo sustentable

Los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas se diseñaron y agruparon de acuerdo con criterios temáticos que cubren lo expuesto en el documento Agenda XXI, documento generado en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Estos indicadores se clasificaron en cuatro categorías: social, económica, ecológica e institucional.

Aspectos Sociales

·  Combate a la pobreza.

·  Dinámica demográfica y sustentabilidad.

·  Promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación.

·  Protección y promoción de la salud humana.

·  Promoción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables.

Aspectos Económicos

·  Cooperación Internacional para mejorar el desarrollo sustentable en los países y en sus políticas internas.

·  Cambio de patrones de consumo.

·  Mecanismos y recursos financieros.

·  Transferencia de tecnología.

Aspectos Ecológicos

·  Recursos de agua dulce.

·  Protección de océanos, mares y áreas costeras.

·  Enfoque integrado para la planificación y administración de recursos del suelo.

·  Combate a la desertificación y la sequía.

·  Manejo de ecosistemas frágiles

·  Promoción de la agricultura sustentable y desarrollo rural.

·  Combate a la deforestación.

·  Conservación de la diversidad biológica.

·  Manejo ambientalmente limpio de la biotecnología.

·  Protección de la atmósfera.

·  Manejo ambientalmente limpio de desechos sólidos y aspectos relacionados con aguas servidas.

·  Manejo ambientalmente limpio de sustancias químicas tóxicas.

·  Manejo ambientalmente limpio de desechos peligrosos.

·  Manejo seguro y ambientalmente limpio de desechos radioactivos.

Aspectos Institucionales

·  Integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones.

·  Ciencia para el desarrollo sustentable.

·  Instrumentos y mecanismos legales internacionales.

·  Información para la adopción de decisiones.

·  Fortalecimiento del papel de los grupos principales.

Fuente: CICEANA

La guerra del agua

En los últimos dos siglos, el acelerado crecimiento de las ciudades ha ejercido una mayor presión sobre el capital natural del cual dependen muchas comunidades. En este sentido, factores como el incremento de la pobreza o la voracidad de los grandes grupos económicos por la apropiación de recursos como la tierra y el agua han detonado una serie de conflictos sociales que evidencian la debilidad institucional de un país como México para garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Manuel Hernández

Corrían las primeras horas de la mañana cuando se escucharon los disparos. Todo comenzó el pasado 15 de abril, cuando un grupo de mujeres, jóvenes y niños del poblado de Cherán, ubicado en la meseta purépecha de Michoacán, decidió enfrentar con palos y piedras a un grupo de taladores que operaba ilegalmente en los terrenos de la comunidad. Al verse sorprendidos en el acto y acorralados, los traficantes de madera desenfundaron sus armas para herir de muerte a dos comuneros que intentaban defender su bosque. Horas más tarde un grupo de hombres fuertemente armados que protegían a los talamontes, vinculados con el crimen organizado, llegaron al pueblo para amenazar de muerte a los comuneros, quienes invadidos por el miedo decidieron atrincherarse para evitar un posible ataque.

Luego de dos meses, los habitantes de Cherán han empezado a retomar sus actividades cotidianas, pero el peligro sigue ahí, latente, a la espera del primer descuido para escribir lo que sería una tragedia anunciada.

“Este primer enfrentamiento se da a partir del hartazgo de la gente por la devastación que estas personas estaban haciendo en nuestra comunidad. Por ello exigimos justicia para nuestros asesinados, para nuestros desaparecidos, extorsionados, desplazados y, lo más importante, justicia para nuestros bosques”, señala José, uno de los comuneros que desde entonces vive en estado de alerta constante, algo que se nota de inmediato en sus ojos o en la forma en que se acaricia el cuello cuando la posibilidad de ser asesinado junto a su familia sale durante la conversación.

Esta situación no sólo ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de una ciudadanía asediada por la violencia de los grupos criminales, sino también una guerra sin cuartel por el control de los recursos naturales. Un tema vital para muchas comunidades cuya supervivencia depende de este capital natural en disputa.

Por ello no es casualidad que el enfrentamiento se diera en el momento justo en que los comuneros de Cherán pretendían escavar un segundo pozo en sus terrenos para mitigar la sed ante la cada vez más insuficiente agua potable de la que disponen. Un problema en el que los árboles juegan un papel fundamental para retener el agua de lluvia. De ahí que la tala clandestina de casi 20 hectáreas en poco más de cinco meses, a razón de cuatro camiones diarios, fuera motivo suficiente para que los comuneros de Cherán decidieran defender el bosque aun a costa de su propia vida.

Algo similar ocurre en los alrededores del lago Zirahuén, y no necesariamente por el crimen organizado, sino por las dinámicas de un sistema económico impulsado por los diferentes niveles de gobierno. Esto debido a las facilidades que las autoridades han otorgado tanto a empresarios nacionales como extranjeros para construir un complejo turístico que busca despojar a las comunidades de sus tierras y recursos vitales como el agua. Uno de tantos casos donde queda en evidencia la voracidad de los grandes desarrolladores inmobiliarios.

“Nos interesa que no se acabe el monte y que se conserve el lago, porque de ahí depende la vida de todos, para respirar aire limpio. Los árboles llaman al agua. Hay manantiales que salen del cerro y por eso tenemos desconfianza de que si el lago se seca los manantiales también van a desaparecer”, comenta Bulmaro Cuiriz Hurtado de la comunidad Sierra Grande, uno de los más férreos opositores al proyecto turístico en Zirahuén, quien incluso ha recibido amenazas de muerte por defender las tierras de la comunidad.

A pesar de que los comuneros indígenas se han mantenido en pie de lucha desde hace varios años, los grupos de poder económico avanzan poco a poco en sus intentos por convertir la zona en un jugoso negocio con el aval de las autoridades del municipio de Salvador Escalante y el gobierno estatal de Leonel Godoy. Así lo demuestra la construcción de una carretera en la periferia del lago que detonará el crecimiento inmobiliario y grandes cultivos de aguacate, además de diversas anomalías legales en la disputa por los derechos de propiedad de la tierra.

Una situación que para los comuneros representa la crónica anunciada de un desastre ambiental como el que vive hoy en día el lago de Pátzcuaro, caracterizado por los altos niveles de contaminación y desaparición de especies emblemáticas como el pez blanco. De ahí que los famosos pescadores con redes de mariposa que en otros tiempos dependían del lago para sobrevivir hoy sean una mera atracción turística. Un destino que los comuneros de Zirahuén quieren evitar a toda costa.

“La comunidad nunca ha vendido, aunque las dependencias van a apoyar a estos grandes hacendados que dicen tener en regla sus escrituras”, agrega Bulmaro, quien mira con tristeza cómo estos grupos han empezado a talar más de dos mil árboles en los alrededores de Zirahuén, incluyendo una buena parte de las 100 hectáreas que fueron reforestadas por los comuneros.

Sin embargo los daños ambientales no se limitan a los bosques, ya que una situación similar ocurre en la costa michoacana con las modificaciones ilegales a los ordenamientos de conservación y protección ambiental de Lázaro Cárdenas para promover y facilitar la realización del Proyecto de Desarrollo Turístico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuya primera fase se encuentra sujeta a evaluación del impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que de aprobarse afectaría la dinámica hídrica del estero del Caimán y atentaría contra la biodiversidad. Aunque grupos ambientalistas como la Red Manglar Internacional han denunciado el grave daño que podrían sufrir los ecosistemas de la región, el proyecto sigue su curso en aras de lo que algunos llaman progreso.


Alto impacto social y ambiental

Al igual que ocurre en Michoacán, estas prácticas de despojo y apropiación de recursos naturales derivadas de un modelo de desarrollo capitalista se han convertido en un problema serio que ha detonado diversos conflictos ambientales a lo largo y ancho del país.

“Cada día hay más afectación ambiental y destrucción de los recursos naturales. Iniciamos defendiendo nuestros manantiales junto a 13 pueblos en contra del avance de unidades habitacionales que no están resolviendo el problema de vivienda en nuestras entidades, sino un negocio que hacen estas empresas, ocasionando la destrucción del medio ambiente, invadiendo áreas de tierra cultivables, desaparición de vegetación y animales. Esto además de la contaminación hacia los ríos y barrancas por medio de la basura y los desechos de aguas negras”, dice Saúl Atanasio Roque Morales, representante del Consejo de Pueblos de Morelos, un movimiento social preocupado por solucionar los diversos conflictos ambientales en aquella entidad, tal como ha ocurrido con la instalación de rellenos sanitarios y otros proyectos de urbanización de áreas verdes que han agudizado las tensiones por el acceso a recursos básicos como el agua.

“Se está destruyendo un área de alta captación de aguas como el Texcal con gente que está invadiendo tierras y haciendo negocio con las autoridades, quienes simplemente autorizan o se hacen de la vista gorda destruyendo nuestros recursos naturales”, agrega Roque Morales.

Lo mismo ocurre de forma sistemática en estados como Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Colima o Veracruz, donde las autoridades gubernamentales parecen estar más preocupadas por aprobar proyectos redituables en lo económico aunque esto implique un impacto profundo en la salud de las personas y los ecosistemas. Basta citar el caso de las mineras canadienses instaladas en San Luis Potosí para darse cuenta de la magnitud del problema.

Todo lo anterior pudo constatarse durante el Coloquio sobre Cambio Global, Seguridad Hídrica y Conflictividad Socioambiental en México, celebrado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la ciudad de Morelia en mayo pasado, donde académicos y organizaciones civiles se reunieron para exponer y discutir un sinnúmero de casos donde los intereses económicos parecieran estar por encima del bienestar social y ecológico.

“Digamos que sí hay una emergencia; hay actores muy claros con impactos fuertes, principalmente las empresas mineras, varias empresas transnacionales con modelos de agricultura muy depredadora, el sector inmobiliario y turístico, por lo que es necesario analizar a fondo esta situación con el fin de analizar el origen de los diversos conflictos relacionados con el uso y distribución del agua, la apropiación de los recursos naturales y del territorio mismo”, señaló Patricia Ávila, investigadora del CIEco, quien considera que el crecimiento acelerado de las ciudades durante los últimos cien años viene acompañado de un aumento en los conflictos por el control de los recursos naturales.

De acuerdo con Ávila, el problema de fondo tiene que ver con que el modelo de desarrollo vigente en México y el mundo sigue sin cumplir con los criterios mínimos de sostenibilidad. De ahí que los gobiernos sigan promoviendo grandes proyectos de infraestructura como una alternativa para garantizar cierto nivel de bienestar a determinados sectores de la población, aun con el alto costo ambiental que esto implica, tal como ocurre actualmente en Morelia con las modificaciones de instrumentos de protección ambiental y de planeación territorial con el fin de promover la urbanización en áreas naturales protegidas y en zonas agrícolas.

En el caso del agua esto resulta evidente, ya que la poca sustentabilidad de las políticas públicas ha provocado que los gobiernos hayan decidido enfrentar el problema de abasto hídrico a través de grandes obras que a la larga sólo sirven para agudizar viejos problemas. Esto es justo lo que ocurre en ciudades como el Distrito Federal, León, Acapulco, Hermosillo o Monterrey, lugares donde se pretende resolver el problema de disponibilidad hídrica importando agua de otras cuencas, despojando de este vital líquido a muchas comunidades rurales para seguir manteniendo un esquema que más tarde o más temprano terminará por colapsar. Viejas costumbres que promueven un futuro marcado por el desastre.

Si a esto se le suma la alta vulnerabilidad de México frente a fenómenos como el cambio climático, el cual podría agudizar la disponibilidad de agua en el norte y centro del país según algunos pronósticos, algunos expertos sostienen que es urgente impulsar programas de acción que puedan solucionar de raíz estos problemas desde una perspectiva sustentable.

“Cuando hablamos de seguridad hídrica no sólo nos referimos a la cantidad de agua en un pozo, sino también hay que tomar en cuenta todos los sistemas de soporte de los ecosistemas”, comenta Manuel Maass, investigador del CIEco, quien considera que garantizar la seguridad hídrica implica forzosamente restablecer el equilibrio de los ecosistemas frente al ámbito social.

“Quizá no podamos decretar todo el país como zona de protección ecológica, pero sí como zona de manejo socioecológico”, explica el especialista.

A pesar de las diferentes visiones en torno al problema, los expertos parecen coincidir en que la conservación de los recursos naturales está íntimamente ligada a los procesos sociales, y por ello las políticas ambientales deben tomar en cuenta factores la pobreza y el respeto por los derechos humanos. Y aunque algunos organismos internacionales como Naciones Unidas celebren la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada recientemente por el Congreso mexicano, la cual proporcionará mayores instrumentos jurídicos para hacer valer de una manera más integral los derechos fundamentales de las personas, algunos expertos consideran que el gran problema que enfrenta México es su debilidad institucional para impartir justicia.

“El poder económico se ha ido por encima de los intereses y los derechos humanos. Lo que está en juego es un desarrollo económico que ha beneficiado sólo a una minoría y lo que hay que buscar es un balance para desarrollar algunos proyectos y que al mismo tiempo se protejan los recursos naturales y los derechos de las personas”, señala Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien considera que uno de los problemas más grandes en este sentido es la incapacidad que ha demostrado el Estado mexicano para hacer cumplir la ley.

“El marco legal puede ser apropiado y suficiente con algunos ajustes, pero me parece que lo más relevante es que la implementación de la ley no está sucediendo. Ahí están los reglamentos, las normas y los acuerdos internacionales como ejemplo, que en la práctica son letra muerta”, concluye.

Debilidad institucional

Al término del coloquio, los participantes emitieron la Declaratoria sobre Seguridad Hídrica, Participación Social y Legalidad en México, en la que se expusieron las conclusiones más relevantes, entre las cuales destaca la fragilidad del Estado mexicano frente a la dinámica del mercado. Reproducimos textualmente un fragmento de dicho documento:

“El papel que han jugado el Estado y los actores privados (empresas transnacionales mineras, sector inmobiliario y turístico, industrias en diversos ramos y agroindustrias) ha sido un elemento determinante de la agudización de las tensiones por el agua y los territorios, ya que el modelo de desarrollo globalizador antepone el interés individual (privado) sobre el colectivo (público y social), genera mayor pobreza y desigualdad social y contribuye al deterioro del patrimonio natural del país.

“En México, las políticas del agua, de conservación y manejo de los ecosistemas y de regulación ambiental han estado subordinadas a las políticas económicas. De allí que el deterioro del patrimonio natural del país sea una expresión del modelo económico neoliberal, que se basa en la apropiación privada de los recursos naturales (como el agua); la maximización de la ganancia en el corto plazo, al no considerar los costos sociales y ambientales generados; y la laxitud de los gobiernos en materia ambiental, que abre oportunidades a la inversión privada y extranjera.”

Radiografía del descontento

Éstos son algunos de los muchos casos donde los proyectos económicos basados en el desarrollo de infraestructura han ocasionado escenarios de conflicto socioambiental en México, por mencionar sólo algunos:

– La autorización del impacto ambiental del proyecto turístico de Fonatur en Marismas Nacionales, Sinaloa, en una zona de alta importancia ecológica, arqueológica y social y que pone en riesgo el humedal y la conservación de la biodiversidad.

– La lucha campesina por la defensa del territorio frente al proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que pretende garantizar el abasto de agua al complejo turístico de Acapulco Punta Diamante y abrir nuevos desarrollos inmobiliarios en la cuenca del río Papagayo en Guerrero.

– La construcción de la presa del Zapotillo, con el fin de abastecer la demanda de agua para uso urbano y agrícola en Guanajuato y la afectación de la población rural de Temalcapulín, Jalisco.

– La construcción del Acueducto Independencia para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y afectación de los derechos de agua de la tribu yaqui, en Sonora.

– La sobreexplotación de acuíferos y deterioro de ecosistemas por parte de la agroindustria, que conlleva a altas concentraciones de arsénico en el agua potable de la Comarca Lagunera y afecta el funcionamiento geohidrológico en Cuatrociénegas, Coahuila.

– La oposición al proyecto minero en Real de Catorce por su afectación al patrimonio natural (área natural protegida), cultural (Wirikuta, lugar sagrado y centro del mundo en la cosmogonía huichol) y riesgos en la salud de la población.

– La afectación de ecosistemas y riesgos en la salud de la población por la contaminación de la industria petrolera y petroquímica en ríos y cuerpos de agua de la región de Coatzacoalcos, Veracruz, y oposición a la construcción de nuevos proyectos petroquímicos.

– Las abrogaciones y modificaciones ilegales de instrumentos de conservación y protección ambiental para impulsar proyectos portuarios e industriales en la laguna de Cuyutlán, Colima, que violentan el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.

Energías limpias: potencial desaprovechado

El accidente de Fukushima reabrió el debate en la agenda mundial acerca de los riesgos de la energía nuclear como una fuente viable para satisfacer las demandas de la población global, algo que sin duda, retrasará los planes del gobierno mexicano para impulsar este tipo de tecnologías como una alternativa viable frente al agotamiento de las reservas petroleras. Por otro lado, algunos expertos consideran que el inmenso potencial de las energías renovables hará que dentro de unas cuantas décadas la energía nuclear sea considerada cosa del pasado.

Manuel Hernández

Las probabilidades de que un evento así ocurriera eran prácticamente nulas, pero la naturaleza no siempre hace caso a las estadísticas. El terremoto que sacudió las costas del noreste de Japón desató una crisis nuclear de gran escala que se difundió rápidamente por todo el mundo a través de los medios de comunicación, luego de que el devastador poder de un tsunami provocara daños importantes en la planta nuclear de Fukushima. Ante esta situación, la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón decretó un nivel de alerta 5, debido a “una filtración de radiación continuada” capaz de extender el riesgo de “muerte por radiación” más allá de los límites de la localidad. De acuerdo con información reciente y estudios de organizaciones como Greenpeace, existen elementos suficientes para que la alerta sea elevada a nivel 7, máximo posible dentro de la escala de riesgos que maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo cual implica la posibilidad de que la contaminación pueda extenderse a otros países.

A pesar de los esfuerzos por contener la liberación de material radiactivo, el alto riesgo de que la contaminación pudiera alcanzar la ciudad de Tokio hizo más que evidente los alcances de esta nueva crisis nuclear. Los temores de grupos ambientalistas finalmente se hicieron realidad. Las consecuencias del incidente aún no han sido determinadas con exactitud, pero sin duda, la liberación de plutonio hallado en el suelo y la presencia de altos niveles de yodo radiactivo en el agua de mar cerca de Fukushima (tres mil veces mayor al permitido), hablan de la magnitud de la catástrofe, sólo equiparable a lo ocurrido durante 1986 en Chernobyl, Ucrania, el mayor desastre nuclear de la historia.

Los viejos fantasmas regresaron del olvido. Durante años, los defensores de la energía nuclear argumentaron que lo ocurrido en Chernobyl difícilmente podría repetirse con la tecnología utilizada en cualquier país desarrollado, cosa que finalmente ocurrió. El accidente de Fukushima es ahora un referente ineludible para ilustrar los riesgos inherentes al uso de la tecnología nuclear.

Algo que según algunos especialistas frenará el impulso que la energía nuclear había comenzado a recibir por parte de ciertos sectores de la comunidad internacional como una opción viable para satisfacer la creciente demanda energética y reducir la dependencia global al uso de combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático.

“Este accidente va a afectar el renacer de la energía nuclear que estaba empezando a darse desde 2005, pues muchos países van a replantear el tema, dado que hay cuestiones de seguridad que todavía no están resueltas”, explica Lourdes Melgar, consultora independiente y experta en temas de política energética, quien considera que este acontecimiento obligará a realizar una revisión a fondo en términos de regulación, construcción y operación de plantas nucleares. Lo mismo ocurrirá en México, luego de que en el último año, el gobierno federal manifestara su interés por incrementar la participación de la energía nuclear como una medida de contrarrestar el agotamiento inminente de las reservas petrolíferas del país.

“En este momento es muy difícil fijar una postura sin tomar en cuenta lo sucedido en Japón. No podría decir que la energía nuclear está completamente descartada para México, pero ya desde antes era un tema políticamente difícil, pues hay otros temas que no hemos podido resolver, como el confinamiento de los residuos radiactivos”, indicó la especialista.

El contexto mexicano

En mayo de 2010, funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)dieron a conocer la posibilidad de construir diez reactores nucleares en los próximos 30 años con el fin de satisfacer los requerimientos futuros del país en materia energética, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Nacional de Energía, para lo cual, se necesitaría construir una segunda central nucleoeléctrica para antes de 2018, cuyo costo rondaría los cuatro mil 500 millones de dólares, según datos del Consejo Mundial de Energía. Este creciente interés de las autoridades en la energía nuclear se debe principalmente a las ventajas que ofrece esta tecnología en cuanto a la continuidad del suministro y a la estabilidad financiera que representa como inversión de largo plazo. Actualmente, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, única en su tipo en México, representa 2 por ciento de la energía total consumida, equivalente a 4.5 por ciento de la oferta eléctrica en el ámbito nacional.

Si bien en términos de eficiencia la energía nuclear representa una opción viable, la disposición de los residuos nucleares y el alto riesgo de que un desperfecto pueda ocasionar una catástrofe de mayores consecuencias que la de Fukushima, ha provocado que integrantes de la academia y organizaciones ambientalistas hayan hecho críticas severas al incipiente programa nuclear mexicano, sobre todo tomando en cuenta el alto potencial que tiene México en materia de energía renovable.

“Creo que la apuesta por la energía nuclear es de aquellos que miran mucho al pasado y poco al futuro”, explica Jorge Islas Samperio, coordinador del grupo de Planeación energética del Centro de Investigación en Energía (CIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera como un error grave que en los planes del gobierno se considere a esta tecnología como una fuente limpia de energía cuando en realidad no lo es, debido principalmente al enorme problema que generan los residuos nucleares, así como el gasto excesivo de energía que conlleva la fabricación de una planta eléctrica de este tipo.

Mientras tanto, otras fuentes renovables de energía están siendo desaprovechadas por una visión de corto plazo dentro de la política energética del país, de acuerdo con el investigador, incluso a pesar de presentar menos riesgos y ser más amigables con el medio ambiente, además de que en la mayoría de los casos, representan una inversión mucho menor. Basta revisar el contexto nacional de las energías renovables para darse cuenta de ello.

Para Islas Samperio, la energía hidroeléctrica ha sido la más explotada de las renovables durante las últimas décadas, pero aun así, se estima que apenas se ha utilizado 60 por ciento del potencial existente en México. A pesar de que la construcción de hidroeléctricas de gran escala ha sido objeto de fuertes críticas por los impactos ambientales y sociales que pueden generarse durante su construcción, un estudio realizado en 1995 por la hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) detectó un enorme potencial en la región colindante entre Puebla y Veracruz para el desarrollo de hasta 100 proyectos minihidráulicos con una capacidad total de 400 megavatios (MW), lo cual representa una opción poco explorada hasta la fecha.

Algo similar ocurre con el potencial de la energía geotérmica, la cual utiliza el calor proveniente del interior de la Tierra para mover una turbina eléctrica. Aunque México es un país pionero en el aprovechamiento de este tipo de energía, la falta de inversión pública ha provocado un estancamiento en el desarrollo de proyectos geotérmicos que resultan altamente eficientes en términos técnicos al trabajar de forma continua con un factor de planta entre 70 y 80 por ciento, una cifra comparable a la que ofrecen las plantas basadas en la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo con datos del CIE, México cuenta con una capacidad instalada de energía geotérmica cercana a mil 980 MW, pero se cree que todavía existe un potencial desaprovechado de al menos tres mil MW, cifra que sin embargo, no ha podido ser bien determinada ante la falta de evaluaciones que permitan cuantificar el recurso de forma precisa. Situación que a su vez, evidencia el grado de abandono que actualmente enfrenta esta tecnología dentro de la planeación energética elaborada por el gobierno federal. Esto parece coincidir con algunas estimaciones, pues de acuerdo con una investigación de la revista Energía 360, en México se ha desarrollado sólo 12.3 por ciento de instalación del potencial factible en materia de energía renovable.

“En los últimos diez años esta tecnología ha sido olvidada, y por ello existen muy pocos desarrollos tecnológicos en este sentido. Esto me parece grave, porque tanto en hidroeléctrica como en geotermia, México cuenta con tecnología propia; es una lástima que el país haya frenado estos proyectos”, explica Islas Samperio, quien considera que este inexplicable abandono se debe a una disminución considerable de la inversión pública en el sector eléctrico, lo cual ha provocado que la CFE funcione como un “gestionador y supervisor de proyectos más que como un desarrollador”.

Esto permite entender la importancia que en los últimos tiempos ha jugado la iniciativa privada en el desarrollo de diversos proyectos en el sector eléctrico, tal como ocurre hoy en día con los parques eólicos de Oaxaca y otras regiones del país, las cuales difícilmente hubieran podido echarse a andar sin el soporte de diversas empresas productoras de tecnología interesadas en abrirse mercado en México. Si bien este tipo de esquemas podrían acelerar el desarrollo de algunas tecnologías renovables, expertos como Islas Samperio consideran necesario que la CFE se involucre de manera activa en estos proyectos para permitir que México pueda generar su propia tecnología en lugar de depender únicamente del capital extranjero.

Contradicciones de la economía

Algo similar ocurre con la tecnología solar, cuyo uso ha sido limitado al sector residencial y de las telecomunicaciones debido a falta de la inversión pública y otros incentivos fiscales que permitan a México darle un impulso decidido a la energía solar del mismo modo que han hecho países como Alemania o España, lugares en los que ha empezado a desarrollarse un marco regulatorio capaz de fomentar proyectos masivos de autogeneración eléctrica a pequeña escala que permitan un ahorro importante de energía.

En este sentido, algunas investigaciones de la UNAM sostienen que si en México lograran aplicarse incentivos que fomenten la autogeneración de energía por medio de paneles fotovoltaicos con interconexión a la red eléctrica, podría lograrse una reducción considerable en la demanda de energía eléctrica. Una alternativa muy llamativa para usuarios de tipo residencial con un alto consumo de energía que integran lo que se conoce como tarifa DAT (en la cual se eliminan los subsidios) situación que permite a este sector obtener un rápido retorno de inversión.

“Estos usuarios son alrededor de medio millón en todo el país, y si contaran con la información suficiente, podrían instalar paneles fotovoltaicos para generar electricidad, logrando así recuperar su inversión en siete años. Las celdas reducen su consumo eléctrico y además pueden alcanzar nuevamente una tarifa subsidiada. Cuando uno suma estos dos beneficios económicos, este tipo de usuarios puede recuperar su inversión más rápido que cualquier otro tipo de uso residencial”, explica Islas Samperio.

“Hemos hecho algunas estimaciones, y si se desarrollara un programa enfocado específicamente para los usuarios DAT, con información detallada y algunos mecanismos financieros, este sector podría instalar una capacidad eléctrica de hasta dos mil megavatios, un escenario optimista pero muy factible”, sostiene el investigador del CIE.

En la actualidad, el marco regulatorio en materia de energía eléctrica permite que cualquier usuario pueda hacer un cambio en su medidor normal por uno de flujo doble que mida la cantidad de electricidad que entra y sale de la red, permitiendo así que cualquier persona que genere más energía de la que consume pueda utilizar el excedente como una manera de reducir su tarifa eléctrica por medio de un saldo a favor en un banco virtual de energía. Al igual que varias computadoras de pequeña capacidad conectadas en red pueden procesar una cantidad mucho mayor de información que una sola computadora, la participación de los pequeños autoproductores puede generar cantidades importantes de energía sin necesidad de que el gobierno invierta fuertes sumas en la construcción de grandes plantas.

Por ello, uno de los grandes pendientes de la reforma energética aprobada en 2008 sigue siendo generar los estímulos fiscales necesarios para detonar el crecimiento de los proyectos de energía renovable de pequeña escala, tal como reconoce Julio Valle, director general de Investigaciones, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la Sener.

“Necesitamos diseñar un mecanismo que haga financieramente viables los proyectos de pequeña escala. Estamos trabajando con la CFE y la CRE para construir un marco donde se puedan financiar proyectos residenciales e industriales de pequeña escala, pues en el caso de proyectos grandes cuentan con mecanismos suficientes para poder desarrollarse”, explica el funcionario, quien agregó que uno de los mayores problemas para concretar proyectos de este tipo se debe a que en términos generales, los subsidios en el sector energético afectan la explotación del potencial real de las energías renovables.

Para Valle, esto se debe a que los subsidios distorsionan el precio real de la energía y esto lleva a que sea menos atractivo invertir en tecnologías limpias que ayuden a mitigar la dependencia de la red eléctrica. Lo mismo ocurre con los subsidios en los hidrocarburos, los cuales han acentuado todavía más las diferencias de los combustibles fósiles como una opción más viable que las energías renovables en términos de mercado, debido a que desde un punto de vista netamente económico, la selección de los energéticos depende de una visión reduccionista que sólo toma en cuenta los criterios de costo-beneficio.

Esto ocasiona que los precios de los hidrocarburos no reflejen todo el impacto ambiental que conlleva su uso, a pesar de que los efectos de la quema de combustibles fósiles también tienen un valor que no ha podido ser debidamente contabilizado por el sistema económico actual. De ahí que diversos expertos consideren que el cambio climático representa un antecedente lo suficientemente sólido como para revertir viejas costumbres en nuestra forma de concebir la energía.

Más eficiencia, menos demanda

A pesar de los escépticos, las energías renovables han logrado posicionarse en la agenda internacional como una alternativa viable para satisfacer las necesidades de la población mundial, sobre todo, si el despunte de estas tecnologías viene acompañado de una revolución en términos de eficiencia energética que permita reducir la demanda actual. Un escenario bastante realista, según muestran estudios recientes.

De acuerdo con el escenario planteado dentro del Informe de Energía Renovable, publicado por WWF, es muy probable que para el año 2050 la demanda energética del mundo sea menor a la actual, incluso a pesar del crecimiento demográfico, debido al desarrollo tecnológico que se prevé en términos de eficiencia energética, lo cual permitiría aprovechar al máximo la energía proveniente de fuentes limpias. Según el estudio, esto permitiría que para 2050 se reduzca en un 15 por ciento la demanda de energía a escala global.

Desde esta perspectiva, se prevé que para 2050 la energía eólica, solar, la biomasa y la hidroeléctrica se conviertan en las principales fuentes de electricidad, las cuales contarán con el apoyo de fuentes como la geotermia e incluso los biocombustibles, bajo ciertas condiciones. Debido a que los suministros energía eólica y solar son intermitentes, WWF considera que este problema puede solucionarse con el desarrollo de redes eléctricas inteligentes capaces de almacenar y distribuir energía de manera más eficiente.

Aunque el uso de los combustibles fósiles y las nucleoeléctricas seguirán siendo parte importante en el suministro energético del planeta de cara a las próximas dos décadas, se prevé que para 2030 pueda empezar a revertirse esta tendencia gracias a la creciente competitividad de las energías renovables en términos de mercado, con lo cual, el uso del petróleo, carbón y otros combustibles nucleares disminuirá drásticamente hasta llegar a 2050. Una transición cuyo costo sería menor a 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y arrojaría beneficios económicos a partir de 2040.

“El informe busca motivar un debate entre los diferentes sectores para comenzar una planeación costo-beneficio del desarrollo, a gran escala, de las energías renovables existentes como la solar y eólica, así como el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno. También plantea modernizar las capacidad instalada, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas y el uso de salvaguardas ambientales estrictas en el desarrollo de biocombustibles”, afirmó Vanessa Pérez-Cirera, directora del programa de cambio climático de WWF México, quien agregó que el escenario planteado por el informe a escala global podría reproducirse también en países como México, donde 91 por ciento de su energía proviene de combustibles fósiles.

De este modo, existen razones para pensar que la energía renovable deje de ser una utopía para convertirse en el nuevo referente energético. ¿Estamos listos para asumir el reto? Si todo sale acorde a lo previsto, es muy posible que en un futuro quizá no muy lejano los combustibles fósiles y la energía nuclear sólo tengan cabida dentro de los libros de historia.

Energías renovables frente a la nuclear (Terawatts)

Potencial global teórica Técnicamente factible Capacidad instalada
Hidráulica 4.6 1.7 0.9
Biomasa 7-10 5 1.4
Geotermia 12 0.6 0.054
Viento 50 2-4 0.121
Solar 600 60 0.0135
Total renovables 676 70 2.53
Nuclear 17.5 10 0.845

Fuente: CIE UNAM

La geotermia

Hay cinco campos geotérmicos identificados en México, cuatro de las cuales se encuentran bajo explotación con una capacidad total instalada de 958 megawatts (MW), lo que representa 2.1 por ciento de la capacidad eléctrica total del país operada por la Comisión Federal de electricidad (CFE). Actualmente se encuentran en construcción dos unidades a condensación de 25 MW que se instalarán en el campo geotérmico de Los Humeros, y que deberán entrar en operación en 2012 y 2013. A pesar de que México se ubica dentro de los diez primeros países a escala mundial en energía geotérmica, algunos especialistas califican de “inexplicable” el hecho de que el gobierno federal no haya optado por dar un impulso decidido a esta tecnología desde hace varios años.

Potencial: Aunque el potencial técnico y económico de esta tecnología no se ha evaluado a fondo debido a los altos costos de la exploración geotérmica, se estima que las reservas de alta temperatura (aptas para la generación de electricidad) tienen un potencial cercano a los 12 gigawatts (GW). Las reservas de baja temperatura son mucho más cuantiosas, alrededor de 45 GW, lo que implicaría que en determinadas regiones sería posible aprovechar este potencial prácticamente ilimitado para aplicaciones industriales y residenciales.

Centrales geotérmicas en México

Planta Ubicación Capacidad
Cerro Prieto Baja California 720 MW
Los Azufres Michoacán 188 MW
Los Humeros Puebla 40 MW
Las Tres Vírgenes Baja California Sur 10 MW
Cerritos Colorados Jalisco 75 MW

Fuente: Asociación Geotérmica Mexicana

Energía solar

En México, prácticamente todos los sistemas fotovoltaicos se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchos de ellos fueron instalados por medio de programas gubernamentales de electrificación rural. Se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW.

Por lo que se refiere a la tecnología de concentración solar, existen planes para la construcción de una instalación de este tipo en Agua Prieta, Sonora, misma que funcionaría en combinación con una central de ciclo combinado de gas natural.

Potencial: Por lo que se refiere a la generación de electricidad en conexión con la red eléctrica, existen nichos de mercado financieramente viables para consumidores residenciales de electricidad de una capacidad de al menos 700 MW.

Hidroeléctricas

En México la capacidad hidroeléctrica instalada es de 11.4 GW, de los cuales, aproximadamente 300 MW corresponden a pequeñas centrales de las empresas públicas, y 90 MW a centrales privadas de autoabastecimiento. La generación es de 27 mil 300 GWh al año. La Prospectiva del Sector Eléctrico contempla la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas con una capacidad de mil 224 MW en el transcurso de los próximos diez años.

Potencial: La CFE ha identificado el potencial hidroeléctrico del país en aquellos sitios con una potencia media mayor de 5 MW. Excluyendo las centrales en operación y en planeación, el potencial identificado es de 39 GW. Este potencial es meramente indicativo, pues falta definir la factibilidad técnica, económica, ambiental y social para muchos de estos proyectos. Se cree que por lo menos 25 por ciento de este potencial sea factible.

Biomasa

Las tecnologías tradicionales de biomasa, por su parte, satisfacen 6 por ciento de la demanda primaria de energía en el mundo. En México, el uso tradicional de la leña aporta 3 por ciento de oferta interna y 28 de la energía consumida por el sector residencial en México. Se estima que este combustible es usado por alrededor de una cuarta parte de la población, por medio de fogones tradicionales. Asimismo, el bagazo de caña es, después de la leña, la principal fuente de bioenergía, que se utiliza en ingenios azucareros para la producción de calor y de electricidad para consumo del propio ingenio.

Potencial: El potencial de la bioenergía en México va mucho más allá del limitado aprovechamiento que se hace de ella en la actualidad. Cálculos de la Sener señalan que podrían generarse aproximadamente 50 mil GWh de electricidad al año a partir de madera en pequeñas centrales eléctricas, un monto equivalente a 20 por ciento de la demanda nacional de electricidad.

Oceánica

A pesar de que México cuenta con cerca de 11 mil kilómetros de litorales, este tipo de energía, que engloba a la energía mareomotriz, la energía aprovechable de las olas y la térmica oceánica, es prácticamente inexistente en el país.

Se cree que hay un potencial importante para el uso de estas tecnologías en el Golfo de California, uno de los 40 lugares del mundo con condiciones favorables para la producción de energía mareomotriz, aunque representa problemas de carácter técnico y económico asociados a la alta sismicidad de la zona, además de otros estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún documento que detalle a fondo los alcances de esta fuente de energía en México, y tampoco se encuentra presente en la Estrategia Nacional de Energía desarrollada por el gobierno federal.

Energía eólica

En México existe actualmente una capacidad instalada de 170 MW de energía eólica en operación. La Secretaría de energía (Sener) prevé que para 2013 estarán en operación en México entre 15 y 20 parques eólicos principalmente en Oaxaca, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, con una capacidad de instalación de dos mil 500, luego de los retrasos provocados por la crisis financiera. Entre estos proyectos destacan los parques eólicos de La Venta III y Oaxaca I, con una capacidad de 101 MW y 99 MW, respectivamente.

Potencial: No ha sido evaluado de manera exhaustiva. Sin embargo, evaluaciones del recurso hechas por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos ha detectado un potencial importante es Oaxaca, Baja California Sur, las costas de Yucatán y de Quintana Roo y las franjas fronterizas de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Proyecto Capacidad
La Venta I y La Venta II

85 MW

Parques Ecológicos de México

80 MW

Turbina de la CFE en Baja California Sur

0.6 MW

Pequeños aerogeneradores

2 MW

Pequeñas aerobombas

3 M


El transporte urbano: la cara oculta de un gran negocio

Aunque la información actual señala que la construcción de vías es incapaz de resolver el problema de los congestionamientos viales, fenómenos como la dinámica del sistema económico y los altos índices de corrupción al interior del gobierno han hecho de los proyectos de infraestructura urbana un lucrativo negocio para las grandes constructoras. Por otro lado, los expertos consideran que la única manera posible de mitigar los embotellamientos es por medio de una planeación integral que promueva una mayor densificación de las ciudades.

Manuel Hernández

Renato Cortés toca frenéticamente el claxon de su automóvil al tiempo que intenta abrirse paso en un cruce vial dando violentos giros al volante. Lleva más de una hora atrapado en el tráfico, en esa eterna lucha de cada mañana por ganarle tiempo al tiempo, misma que lo lleva a inventar atajos y espetar algunos insultos contra el mundo entero cuando la tensión llega a su punto más álgido. Un vivo ejemplo del caos que se vive a diario en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Salió de su casa, ubicada en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, a las 7:55 de la mañana. Mira el reloj con desesperación y angustia, con el semáforo en verde y el paso bloqueado por una cantidad considerable de coches que abarrotan la calle, hasta que finalmente recobra la calma al salir del atolladero, a tan sólo unas cuadras de su oficina con sede en Polanco, en el corazón mismo de la Delegación Miguel Hidalgo. Son las 9:06 horas y a pesar de llegar un par de minutos tarde al inicio de la jornada laboral, sabe que el retraso pudo haber sido mucho peor. Haber utilizado el segundo piso del Periférico Norte quizá le ayudó a recorrer los 19.2 kilómetros con un tiempo menor al que hubiera hecho algunos unos meses atrás, pero aun así, su velocidad promedio no logró superar los 16.22 kilómetros por hora. El mismo trayecto en transporte público puede tomar más de dos horas.

El problema de fondo se debe a que la dinámica de las ciudades modernas fomenta y privilegia el uso del automóvil a pesar de su alta ineficiencia en términos energéticos y al enorme volumen que ocupan en las calles, lo cual trae como consecuencia una sobresaturación de las mismas. En términos de la funcionalidad urbana, un automóvil con sólo una persona ocupa 50 veces más espacio que si esa persona viajara en el transporte público. Algo que resulta particularmente preocupante en sitios como la ciudad de México, cuyo parque vehicular se incrementa de forma constante a un ritmo de 250 mil vehículos por año.

Esta situación ha ocasionado que a escala global, los expertos en transporte empiecen a cuestionar la vieja creencia de que el congestionamiento vehicular puede resolverse con la construcción de más vías, tal como sostiene Carlos A. González, especialista en temas de movilidad urbana por la Universidad de Cambridge.

“De manera general, está demostrado que incrementar la oferta de infraestructura para resolver problemas de movilidad no es el camino. Para los escépticos sólo falta citar el caso de Los Ángeles, la meca del vehículo privado, donde desde hace tres o cuatro años se ha venido desarrollando un plan especial para potenciar el transporte público porque el nivel de congestión que enfrentan es brutal”, comentó el investigador colombiano en el marco del foro “Movilidad y urbanismo: hacia una ciudad más sostenible y humana”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde agregó que al día de hoy, las vialidades representan 60 por ciento de la superficie total de Los Ángeles.

De acuerdo con un estudio realizado en 2005 por el Texas Transportation Institute, un automovilista angelino permanece 4.2 por ciento más tiempo atorado en el tráfico comparado con uno neoyorquino, lo cual representa un 17.6 por ciento en cuanto al consumo de combustible. Llevado a una escala mayor, esto significa que durante el año de la investigación la ciudad de Los Ángeles gastó mil 942 millones de dólares más que Nueva York sólo por concepto de congestionamiento, incluso a pesar de que tener menor población. Estas diferencias entre ambas megaciudades ponen en evidencia la manera en que la densidad urbana tiene un mayor peso a la hora de resolver los problemas de movilidad en comparación con el desarrollo de infraestructura vial que fomenta el uso del vehículo privado, y por ende, un problema mayor a futuro. De ahí que los segundos pisos sean una medida poco efectiva a la hora de resolver el tráfico vehicular.

Uno de los ejemplos paradigmáticos sobre este punto ocurrió en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl. El río Cheonggyecheon atravesaba el centro de la capital coreana a lo largo de diez kilómetros hasta que en la década de 1950 fue cubierto para construir algunas vías. Más tarde, en 1968, los constantes embotellamientos hicieron que las autoridades locales decidieran construir un segundo piso que estuvo en operación durante varias décadas hasta que en 2003 el alcalde Lee Myung-Bak propuso algo que en su momento pareció descabellado: derrumbar la vía elevada para recuperar el río y el desarrollar un parque de 5.8 kilómetros lineales. Una obra con un costo cercano a los 900 millones de dólares no exenta de polémicas que finalmente fue inaugurada en 2005. Para sorpresa de los escépticos, la eliminación de la autopista generó una redistribución más eficiente del tráfico, una reducción del uso del vehículo privado y un incremento sustancial en el uso de transporte público, además de convertir el río en atractivo turístico.

Para los especialistas, el caso del Canal de Cheonggyecheon representa uno de ejemplos más contundentes de lo que se puede lograr cuando los encargados de la planeación urbana comprenden que los problemas de transporte están íntimamente ligados a la recuperación del espacio público de las ciudades. Una visión cada vez más recurrente en ciudades como Nueva York, Londres o Bogotá, lugares en donde empiezan a darse avances importantes para privilegiar al peatón por encima del automóvil dentro de las políticas de movilidad.

“Debe hacerse un uso mucho más eficiente de la infraestructura con la que contamos, y eso implica un uso mayor de los sistemas de transporte público, pues representa lo más eficiente en términos ambientales, económicos y sociales. Aunque no hay que satanizar el vehículo privado, sí es necesario implementar instrumentos y estrategias que permitan una racionalización de su uso”, sostuvo González. “Desde esa perspectiva, es ampliamente cuestionable el proyecto de segundos pisos en la ciudad de México, sin importar que eso se haga con inversión del sector privado”, apuntó el experto.

De acuerdo con algunas investigaciones, el problema es que nunca se evalúa el tráfico inducido que generan estas vialidades, es decir, la manera en que los automovilistas que antes utilizaban otra ruta para llegar a su trabajo deciden optar por la vía rápida. Esto significa que los segundos pisos no acaban con el tráfico vehicular, sino que se limitan sólo a modificar los flujos. Algunos cálculos sostienen que los segundos pisos generan entre 25 y 30 por ciento el volumen de vehículos, lo cual genera un congestionamiento mayor en los puntos donde estas obras se conectan con otras vialidades.

¿Movilidad o negocio?

En el mismo tono, los especialistas consideran que una buena parte de los problemas de transporte en el Valle de México responden a una deficiente planeación urbana que no toma en cuenta el tema de la movilidad desde una perspectiva integral que sea capaz de ordenar y hacer un aprovechamiento óptimo de la infraestructura existente. Para Xavier Treviño, director de la oficina en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), esta falta de integración entre la ciudad y el transporte resulta evidente en el caso concreto de la Línea 12 del Metro, la cual se extenderá desde Mixcoac hasta Tláhuac, fomentando así la urbanización de zonas rurales que además de ser una fuente de recarga de acuíferos es altamente susceptible a sufrir inundaciones, tal como ocurre actualmente en Valle de Chalco.

“El problema es que el plan maestro del Metro no tiene nada que ver con la planeación urbana y otros sistemas del transporte. No considera los cambios en la ciudad ni la política de desarrollo urbano, y eso lo único que genera es expansión de la mancha urbana”, explica Treviño, quien además agrega que una línea de Metrobús hubiera podido movilizar a las 450 mil personas contempladas en el proyecto por tan sólo una décima parte de los 25 mil millones de pesos que costará la nueva línea de Metro.

Una situación que permite cuestionar las incongruencias de la política pública que el Distrito Federal (DF) está siguiendo en materia de transporte. Por un lado, la construcción de nuevas líneas de Metrobús y la expansión de programas como EcoBici han comenzado a generar un reordenamiento en la gestión del transporte público y un rescate del espacio público, y por el otro, la puesta en marcha de proyectos como la Línea 12 del Metro y la Supervía Poniente que pretende conectar la zona de San Jerónimo con Santa Fe, siguen incentivando la expansión irracional de las ciudades. Algo que con el paso del tiempo, sólo provoca más problemas de tránsito.

“Hay claroscuros, esquizofrenia y bipolaridad. Los políticos creen que es necesario darles a todos un poco, y así es como opera el DF en materia de transporte. No hay una visión de ciudad”, señala Treviño.

La pregunta parece obligada. ¿Por qué se siguen promoviendo este tipo de proyectos aun cuando los datos indican que son incapaces de resolver los problemas de movilidad? Para algunos, la respuesta a esta cuestión parece simple cuando se entiende que la urbanización resulta un negocio sumamente lucrativo cuando existe corrupción de por medio.

“Los programas de transporte son en realidad parte de un plan de negocios, no de movilidad”, reconoce de forma contundente Gerardo Moncada, coordinador de la campaña de Transporte Eficiente de la organización ambientalista El Poder del Consumidor.

“El tema de la Supervía, por ejemplo, tiene que ver con crear demanda para que luego llegue la oferta. La Supervía no tiene ninguna justificación real, pues en la Encuesta Origen Destino que realizó el INEGI en 2007 se identificaron los principales flujos de gente en el área metropolitana, y en ningún lado aparece dicha ruta como uno de los puntos con mayor congestionamiento”, señala Moncada.

“Estas vialidades provocan la urbanización por las zonas donde pasan, y éste es precisamente el gran negocio, incrementar el valor de uso de suelo no sólo en zonas verdes sino también en áreas urbanas, pues los habitantes de colonias pobres serán expulsados de sus tierras a través de la compra de terrenos, de modo similar a lo que ocurrió en Santa Fe. Esto genera plusvalía por medio de la infraestructura urbana y entonces sí, quien entró desde el principio tendrá todos los beneficios, tal como ocurre en este caso con empresas como ICA, COPRI y OHL”, sostiene el especialista, quien considera que esto explica el porqué el enorme interés de las grandes inmobiliarias en el desarrollo de vías rápidas en la periferia de las ciudades. Lugares donde pueden adquirir grandes extensiones de tierra a un bajo costo para que por arte de magia se dispare el valor de las mismas con la llegada de la infraestructura urbana.

La poca claridad en la realización de este proyecto ha generado fuertes protestas por parte de los vecinos de la Delegación Magdalena Contreras, principales opositores a la urbanización de áreas verdes que traerá consigo la Supervía, la cual ha sido calificada por diversos expertos como una obra absurda e incapaz de resolver las necesidades más urgentes de movilidad. Algo que ha ocasionado que la bancada opositora al gobierno capitalino esté aprovechando la coyuntura para exigir una explicación al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien tendría que comparecer ante el Congreso local en caso de que las pretensiones de sus adversarios políticos logren concretarse.

El lado oscuro de la velocidad

Nunca antes en la historia la humanidad había invertido tanto tiempo para movilizarse de un lado a otro en sus labores cotidianas. Algunas estimaciones señalan que antes de la Revolución Industrial, una persona promedio ocupaba alrededor de 8 por ciento de su tiempo para transportarse. Hoy, esa cifra puede alcanzar hasta 33 por ciento en algunos centros urbanos donde esta situación implica un golpe duro a la calidad de vida de millones de personas de todo el mundo que pueden llegar a ocupar hasta cuatro horas diarias en desplazarse a su lugar de trabajo y regresar a casa. Y como es costumbre, los más pobres suelen cargar con la peor parte.

Esto se debe a que al igual que ocurre con otros procesos económicos derivados del capitalismo moderno, los sistemas de transporte urbano generan una mayor desigualdad social. Por ello, investigadores como Miguel Valencia Mulkay y otros partidarios de la teoría del descrecimiento económico creen que el automóvil privado representa un referente obligado de iniquidad social, reservado para generar ciertos beneficios de las clases más privilegiadas haciendo de la velocidad un símbolo de riqueza. El argumento es sencillo: para que unos puedan ir más rápido otros deben de ir más lento.

Desde esta visión, las vías rápidas y el uso de los vehículos motorizados funcionan como un mecanismo diseñado para privilegiar los viajes largos a costa de los viajes cortos. Es decir que la infraestructura urbana reduce distancias y aleja destinos, pues a través de lo que los científicos han denominado como “dislocación del tiempo-espacio”, los sistemas de transporte crean una falsa ilusión de cercanía. Esto provoca que, por ejemplo, la gente de los suburbios perciba distancias considerables como algo cercano, debido al poco tiempo que le toma llegar a su destino por medio del automóvil. Sin embargo, cuando uno no cuenta con este tipo de tecnologías, resulta prácticamente imposible recorrer la misma distancia, ya que a pie, este mismo trayecto se percibe como algo muy lejano. Una situación que genera una dependencia cada vez mayor al uso de vehículos motorizados y vías rápidas que terminan por estrangular los viajes cortos.

Al usar como ejemplo el caso del segundo piso del Periférico Norte desarrollado por el gobierno del Estado de México, proyecto que busca conectar al municipio de Tepozotlán con la zona norte del Distrito Federal a través de una autopista de peaje con 22 kilómetros de largo, estas desigualdades son del todo visibles en zonas como Satélite, lugar donde la inconformidad de los vecinos hizo que un tramo del proyecto tuviera que bajar a nivel del suelo. Una situación que provocó una reducción considerable de los carriles de la vía pública en beneficio de aquellos que pueden pagar por el uso de una autopista privada.

Un ejemplo palpable de cómo el gobierno puede construir obras que privilegien a unos cuantos a costa de hacer aún más insoportable el uso del transporte público, algo que dentro de pocos años producirá un congestionamiento mucho mayor.

Éstas son sólo algunas de las múltiples contradicciones que se viven a diario en el Valle de México, pues al igual que ocurre en todo el país y buena parte del planeta, los sistemas de transporte parecen ser la justificación ideal para hacer negocio a través de proyectos de infraestructura urbana que sólo han probado generar más caos vial. Una de las tantas paradojas que plantea el modelo de desarrollo actual.

El transporte del Valle de México en cifras

Ciudad muy transitada

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) registra 22 millones de viajes al día. De éstos, el 41 por ciento se realiza en el Estado de México y el otro 58.4 por ciento en el DF. Los automóviles particulares representan más de 90 por ciento de los automotores que circulan en la capital del país, pero sólo cubren 20 por ciento de la demanda total de transporte.

Un transporte público poco eficiente

De 1983 a 1998 tuvo lugar un notable aumento de los viajes realizados en colectivos (microbuses y combis) que pasaron de 8 a 55 por ciento, mientras que los servicios de transporte público administrados por el gobierno (Metro, transporte eléctrico y autobuses de la ex Ruta 100), bajaron sensiblemente su participación de 53.6 a 20.5 por ciento. En particular, la participación del Metro pasó de 19 a 14 por ciento. Para el año 2000, casi 60 por ciento de los cerca de 21 millones de pasajeros transportados diariamente, lo hacían mediante microbuses, combis y taxis.

Contribución al calentamiento global

El sector transporte aporta 21 por ciento del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas en todo el país. En la Zona Metropolitana del Valle de México contribuye con 40 por ciento de las emisiones regionales de gases de efecto invernadero, seguido por la industria con 37 por ciento; los sectores residencial y comercial completan el 23 por ciento restante.

Transporte privado en el Valle de México
Automóviles 92.3%
Bicicletas 6.4%
Motocicletas 1.4%
Transporte público en el Valle de México
Colectivo 65%
Taxi 17%
Metro 8%
Autobús suburbano 7%
Sistema RTP 2%
/Trolebús 1%
Metrobús 0.5%
Velocidad promedio en el Valle de México
1990 38.5 km/h
2004 21 km/h
2007 17 km/h
2010 14 km/h

Fuente: El Poder del Consumidor

Reinventar el mundo para revertir el cambio climático

Límites y perspectivas del modelo de desarrollo actual

A pesar de que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en todo el planeta, las negociaciones internacionales en la materia ofrecen pocas garantías para resolver el problema debido a las enormes contradicciones que plantea el modelo de desarrollo actual. Algo que resulta evidente en sitios como Cancún, sede de la COP16, lugar de contrastes donde el crecimiento económico sigue siendo más importante que la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, aún hay esperanza, ya que la verdadera lucha contra el calentamiento global sólo podrá darse cuando la gente asuma el problema como un reto personal.

Manuel Hernández

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La voraz mancha de concreto se extiende a través de la arborescente espesura de la selva, como si se tratara de un tumor cancerígeno. El contraste es cada vez más evidente conforme uno se acerca a los principales centros urbanos, los cuales crecen a ritmo acelerado, desplegando sus ramas de asfalto, hasta abarcar todo el paisaje. Algunos lo llaman progreso.

Me encuentro a tres mil pies de altura, sobrevolando el corredor turístico que conecta Cancún con el poblado de Tulum, en el sureste de México, junto a algunos expertos que pretenden monitorear la pérdida de cobertura vegetal a lo largo de la franja costera del estado de Quintana Roo, lugar donde la expansión territorial de la infraestructura urbana impulsada por el turismo se ha convertido en una seria amenaza para los ecosistemas de la región, tal como ocurre actualmente con la destrucción de los humedales costeros, un ecosistema vital para la supervivencia de muchas especies, cuya desaparición ha condenado a muerte a muchos organismos debido a la fragmentación de su hábitat.

Esta situación deja al desnudo las enormes contradicciones que enfrenta la humanidad para revertir los efectos del cambio climático y otros fenómenos de igual magnitud, como la acelerada pérdida de biodiversidad. Para algunos expertos, el problema de fondo se debe a que el modelo de desarrollo vigente en todo el mundo da una importancia mayor al crecimiento económico que al cuidado de los recursos naturales. Son estas las paradojas que a diario se repiten en lugares como Cancún y sus alrededores, donde la depredación del entorno va acompañada de jugosas ganancias. Los números hablan por sí mismos.

De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, Quintana Roo presenta la mayor deforestación de manglares a nivel nacional, con una tasa cercana al cuatro por ciento anual. Es decir, que en toda la entidad se pierden cerca de 150 mil hectáreas de manglar al año, debido principalmente, a la construcción de desarrollos turísticos de gran escala. Algo que no sólo ha derivado en una crisis ambiental, sino también, en importantes pérdidas económicas.

 En Cancún, por ejemplo, la destrucción de manglares y la construcción de hoteles sobre la duna costera ocasionaron una pérdida importante de playas, producto de la erosión que se intensifica durante la época de huracanes. Esto se debe a que los manglares actúan como un tejido natural que impide a la arena fluir libremente a través del concreto y abandonar la costa. Esta situación provocó que las autoridades gubernamentales desarrollaran un proyecto de recuperación de playas que pretende verter más de seis millones de metros cúbicos de arena en 16 kilómetros del litoral quintanarroense, con un costo total cercano a los 960 millones de pesos.

Una iniciativa que sin embargo, no está exenta de críticas, debido a las afectaciones ambientales que ocasiona esta práctica en los ecosistemas de los que se extrae la arena, tal como ocurre actualmente en la zona norte de la isla de Cozumel, un lugar de enorme importancia para la reproducción del caracol rosa, especie cuya población registra una disminución notable debido a su explotación comercial. Y sin embargo, tarde o temprano las playas volverán a erosionarse, por lo cual, muchos especialistas consideran que la recuperación de arena será una práctica recurrente en las próximas décadas.

Al igual que ocurre con los manglares, la pérdida de arrecifes coralinos constituye una de las preocupaciones más grandes para los ecologistas de la región, pues al ser una especie clave para el ecosistema, su desaparición podría significar el exterminio de muchas otras especies que dependen de él. Algo que de hecho, ya está ocurriendo. Un estudio reciente de la organización ambientalista Amigos de Sian Ka’an, señala que en los últimos 15 años han muerto la mitad de los corales que originalmente habitaban en las costas del corredor Cancún-Tulum, debido principalmente, a la forma en que los desarrollos hoteleros de la región descargan sus aguas residuales sobre los mantos acuíferos que se conectan con el mar a nivel del subsuelo.

“Tenemos un crecimiento mayor de las algas, que en muchos casos, sobrepasa la cobertura del coral, algo que no debería ocurrir en un arrecife sano. Esto se debe a dos razones: una sobrexplotación de peces herbívoros y a que, con la contaminación del agua, estamos inyectando nutrientes al sistema marino que le permiten un crecimiento mayor a las algas”, explica Gonzálo Merediz Alonso, director de Amigos de Sian Ka’an y responsable del estudio, quien señala que la contaminación del agua, sumada a otros fenómenos como las actividades turísticas y el incremento de la temperatura del mar por el calentamiento global, podría ocasionar la desaparición de todos los corales de la zona en un periodo no mayor a 30 años.

“La contaminación del agua es quizá el reto más importante que tenemos actualmente. Hay muy poco nivel de tratamiento de aguas residuales en Quintana Roo, donde sólo se trata una tercera parte. El resto va directo a los cenotes, a los ríos subterráneos o al mar”, comenta el especialista. 

“Esto va acompañado de una insuficiente planeación urbana y de desarrollo, así como poca capacidad para atender un crecimiento de población tan explosivo. En los últimos 35 años la población de Quintana Roo ha crecido mil 220 por ciento y la capacidad de las autoridades para proveer servicios está muy por debajo de esta cifra”, apunta Merediz Alonso.

“Las políticas de planeación que existen no se aplican correctamente y no hay suficiente capacidad de vigilancia para cumplir con las normas, además de que en esto influyen otros factores como la corrupción”, agrega.

En el mismo tono, otros especialistas coinciden en que estos conflictos ambientales son el resultado de un acelerado ritmo de crecimiento urbano que genera una presión mayor sobre los ecosistemas, incluso en aquellos que se encuentran protegidos por las leyes mexicanas.

“Las áreas naturales protegidas en la península de Yucatán enfrentan varios problemas, principalmente en las zonas costeras de Quintana Roo debido a la especulación con la tenencia con la tierra, en términos del crecimiento turístico y urbano que se está dando alrededor de las grandes ciudades, debido a un creciente interés del mercado inmobiliario que lo mismo puede generar desmonte de terrenos o asentamientos irregulares. Aunque las áreas naturales protegidas se encuentran fuera de esta dinámica, sí se ven influenciadas por el crecimiento urbano, debido a que dentro de ellas existe la propiedad privada”, explica Alfredo Arellano Guillermo, titular regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

“Lo preocupante es que se confunde el crecimiento de la población con la noción de desarrollo”, señala el funcionario.

Esta presión es cada vez más evidente en ciudades como Tulum, conformado como municipio a partir de 2008, debido al acelerado crecimiento de la población de los últimos años, uno de los efectos colaterales del modelo de desarrollo que se ha extendido desde Cancún a lo largo de toda la Riviera Maya.

Según datos oficiales, Tulum pasó de 6 mil 733 habitantes en 2000 a 14 mil 790 para 2005, convirtiéndose en uno de los centros urbanos con mayor tasa de crecimiento demográfico de todo el país, al duplicar su población en menos de cinco años. Esta situación, sumada al interés de grupos inmobiliarios por explotar comercialmente la zona y atraer grandes cantidades de tursitas, ha provocado una presión cada vez mayor sobre áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Tulum y la reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, uno de los pocos rincones del país que aún conservan una extensión considerable de selva baja, vital para la superviviencia de especies como la guacamaya roja, la cual ha se encuentra prácticamente extinta en estado silvestre.

La gran cantidad de anuncios de venta de terrenos a lo largo de las principales vías de Tulum son un ejemplo palpable de cómo el mercado inmobiliario devora la cobertura vegetal a pasos agigantados, algo que también puede ser constatado en prácticamente todas las comunidades que se ubican dentro del corredor turístico Cancún-Tulum, donde los ejidatarios han abandonado sus antiguas labores en el cuidado de la tierra para convertirse en especuladores de bienes raíces.

Actualmente, existe una controversia constitucional entre el gobierno federal y municipal de Tulum para establecer los límites precisos de jurisdicción de cada nivel de gobierno en un territorio específico ubicado dentro del Parque Nacional Tulum, y aunque la Suprema Corte de Justicia todavía no ha llegado a una resolución definitiva del caso, este conflicto demuestra la enorme presión que la industria turística ejerce sobre los recursos naturales de la región.

Algunos analistas consideran que el trasfondo del conflicto se obedece a intereses de diversos grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, para cambiar el uso de suelo de dicho terreno, por medio de un Programa de Ordenamiento Ecológico Local desarrollado por el gobierno municipal de Tulum, con el fin de poder explotarlo económicamente. Un lucrativo negocio de consecuencias desastrosas para el entorno.

Algo similar ocurre en Sian Ka’an, lugar donde en los últimos años se han detectado algunas construcciones irregulares que están por encima de lo establecido por las normas mexicanas, tal como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por las comunidades de pescadores que habitan en Punta Allen, un pequeño poblado ubicado dentro de la reserva.

Sin embargo, la presión que existe actualmente para los ecosistemas de la zona no son comparables a lo que podría ocurrir en el futuro próximo con el crecimiento de Tulum, el cual paradójicamente, es promovido por el propio gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, quien a principios de 2010 anunció la licitación para la construcción de un aeropuerto internacional a tan sólo 12 kilómetros de Tulum. Un proyecto que no ha estado exento de críticas por parte de diversos grupos ambientalistas, no sólo porque este tipo de proyectos acelerarán aún más el crecimiento urbano de Tulum, sino también por el enorme daño que esta obra podría ocasionar a uno de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo.

Esto, debido a que el proyecto plantea construir el aeropuerto dentro de lo que los científicos denominan como “zona núcleo”, la cual juega un papel fundamental en el equilibrio hidrológico que abastece de agua dulce a los acuíferos de la región, según ha podido constatarse en diversos estudios realizados con equipos de alta tecnología. Además de ser un asunto clave para el sustento ecológico y social de la región, algunos investigadores consideran que este complejo sistema de ríos subterráneos podría contener una riqueza biológica única que todavía no ha sido descubierta. Las características del suelo provocan que al igual que en otros puntos de la península de Yucatán, la zona sea altamente vulnerable a la contaminación de aguas residuales y otro tipo de lixiviados derivados del aeropuerto y la infraestructura urbana que se construya a su alrededor.

Y a pesar de que se prevé que las obras puedan comenzar en cuanto se den los resultados de la licitación en 2011, pese a los múltiples retrasos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las organizaciones ambientalistas señalan que hasta el momento no se ha hecho del conocimiento público ninguna manifestación de impacto ambiental que considere estas cuestiones dentro del proceso de planificación.

Asimismo, algunos especialistas consideran que el aeropuerto de Tulum es una obra costosa e innecesaria, debido a que el aeropuerto de Cancún se encuentra funcionando muy por debajo de su máxima capacidad, sobre todo, luego de los trabajos de remodelación que incluyeron la construcción de una segunda pista y una torre de control, con un costo total de 916 millones de pesos.

“No tiene sentido”, señala Aracely Domínguez, reconocida ambientalista y fundadora del Grupo Ecologista del Mayab, quien considera que la distancia cercana a los cien kilómetros existentes entre Cancún y Tulum no justifica la construcción de un segundo aeropuerto en la región, y mucho menos, si implica riesgos ambientales de gran tamaño.

Para la activista, el hecho de que este tipo de proyectos sean aprobados reiteradamente por las autoridades, es un ejemplo claro de los altos niveles de corrupción que predominan en el estado. Por ello, considera Domínguez, no es casualidad que dos ex alcaldes de Benito Juárez, municipio al que pertenece Cancún, se encuentren cumpliendo condena por delitos que van desde vínculos con el narcotráfico hasta el tráfico de personas, en referencia a los casos de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador del estado, y Gregorio ‘Gregg’ Sánchez Martínez, ex alcalde de Benito Juárez y candidato a la gubernatura del estado durante la pasada contienda electoral.

“De un tiempo para acá pareciera que no tenemos leyes, no hay un respeto por nada, ni por parte de los empresarios ni por parte de las autoridades, pues los tres niveles de gobierno han incumplido reiteradamente la legislación presente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de que tanto los empresarios como el gobierno buscan elaborar lo que nosotros llamamos un ‘buen amafiato’ en el que unos proponen y otros autorizan, para finalmente acabar con un modelo de desarrollo totalmente autodestructivo a lo largo de la costa de Quintana Roo”, apunta Domínguez.

“A pesar de que es sabido lo que ocurrió en Cancún, el modelo se ha desdoblado hacia Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y lamentablemente Tulum, además de que hay proyectos similares para Puerto Morelos, y lo curioso es que es principalmente el gobierno estatal el que está promoviendo este modelo de desarrollo. Se podría resumir que a grandes rasgos, todo esto se debe al mismo fenómeno que ocurre en el resto de México: la corrupción”, señala la ambientalista.

Esto parece coincidir con la opinión de otros especialistas, incluso dentro del propio gobierno federal, ya que un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consultado para este reportaje, quien decidió mantener su identidad en el anonimato, es contundente al señalar que “Quintana Roo es una de las entidades a con mayor corrupción de todo el país en materia ambiental”. Escena de una ilegalidad recurrente que permite entender la manera en que las leyes mexicanas están sujetas a intereses particulares de los grupos de poder.

Para Alejandra Serrano, titular regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el hecho de que las leyes se apliquen de modo discrecional, representa uno de los principales problemas relacionados a la devastación ambiental que predominan a lo largo de la franja costera de Quintana Roo.

“Hay muchas incongruencias en cuanto a la aplicación de la legislación”, comenta Serrano, quien considera que en este sentido, casos emblemáticos como el de Punta Carey logran ejemplificar la manera en que las autoridades gubernamentales están más preocupadas por promover el desarrollo económico que en defender la conservación de los ecosistemas. En dicho caso, la Semarnat aprobó de forma condicionada la construcción de un desarrollo turístico en los límites del santuario de Xcacel, un punto de vital importancia para la reproducción de la tortuga marina en el Caribe mexicano. Esto, a pesar de las múltiples violaciones que se presentaron los desarrolladores durante el proceso de evaluación, tales como la presentación de información falsa, un exceso en los límites de densificación establecidos por los programas de ordenamiento y daños a zonas de manglares, de acuerdo con Serrano.

“Creo que la Semarnat no está cumpliendo su función de ser la defensora de los recursos naturales y ser la encargada de promover el desarrollo sustentable, ya que actúa muchas veces como secretaría de turismo o de economía, y ese no es su papel. Se está malentendiendo que la protección de los recursos naturales implica sacrificar la economía del país o de la región, y en este caso, me parece por demás preocupante que Semarnat no aplique la legislación y lineamientos que se han generado en esta misma administración”, argumenta la experta en derecho ambiental.

“Es más que evidente que lo ambiental está supeditado al crecimiento económico, y esto sólo indica que no ha terminado de entenderse lo que implica el concepto de desarrollo sustentable”, afirma Serrano de forma contundente.

Una crisis estructural

Sin embargo, muchos expertos consideran que la raíz del conflicto va más allá de la corrupción y se debe a las limitaciones estructurales que plantea el actual modelo de desarrollo. De acuerdo con el estudio “¿Quién gana y quién pierde en el negocio del turismo? El caso Cancún: un acercamiento al modelo de desarrollo turístico de México”, publicado en 2009 con la colaboración del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, en el cual se señala que la actual política económica del país, que a su vez sostiene el modelo de turismo masivo, hará necesario que proyectos similares a Cancún empiecen a gestarse a lo largo y ancho del territorio nacional con el único fin de atender las consideraciones macroeconómicas de captación de divisas provenientes del exterior, que dieron origen al proyecto de Cancún durante la década de los 70.

 Esto empieza a ser evidente en estados del noroeste del país como Baja California Sur, Sinaloa o Nayarit, donde existen proyectos turísticos que pretenden reproducir el modelo empleado en Cancún, cuya característica principal, de acuerdo con el estudio citado, es su incapacidad de generar bienestar social debido a que no puede dejar de crecer y a que la riqueza se concentra en pequeños grupos. Un reflejo de la desigualdad ocasionada por el sistema económico vigente en México y el resto del planeta.

“El crecimiento turístico no conduce al desarrollo regional porque no ha probado generar empleos, ni tiene impacto en otros sectores económicos. No lo hace. Una muestra de ello es que las poblaciones mayas que han habitado cerca de los desarrollos turísticos no han tenido ningún beneficio de ello, porque concentra la cadena productiva en pocas manos”, explica Marisol Vanegas Pérez, responsable del estudio.

En Cancún, por ejemplo, ocho de agencias mayoristas internacionales se llevan más del 70 por ciento del negocio. Es decir, que estas compañías atraen a dos de cada tres turistas que visitan el Caribe mexicano, lo cual imposibilita que los productores locales puedan entrar al mercado por falta de competitividad. Esto significa una desigualdad en el ingreso que se agudiza con los grandes flujos migratorios que llegan al Caribe mexicano en busca de oportunidades.

En municipios como Benito Juárez, por ejemplo, la población crece a un ritmo cercano al 15 por ciento anual, mientras el presupuesto aumenta un máximo de tres por ciento, lo cual representa un déficit social de 12 por ciento para satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como el acceso a servicios de agua potable y energía eléctrica. A su vez, este rezago genera otro tipo de problemas colaterales íntimamente ligados a la marginación provocada por un modelo de desarrollo que ha logrado expandirse a otras ciudades como Playa del Carmen, lugar donde han comenzado a reproducirse los mismos patrones de criminalidad que Cancún, según explica Vanegas Pérez.

“Hace poco hicimos un estudio sobre violencia en la zona y resulta al momento de que Playa del Carmen inicia el ‘boom’ tanto turístico como migratorio, empieza a copiar patrones idénticos: el mismo tipo de delito, la misma proporción y los mismos grupos. Cancún y Playa del Carmen son muy similares en este sentido y también podemos imaginar que esto podría repetirse en Tulum”, señala la especialista, quien agrega que en este sentido, fenómenos como inseguridad, narcotráfico, tráfico de personas y la prostitución infantil, son señales de un proceso de descomposición social cuyo origen se centra en la desigualdad que es aún más visible con la migración. Lo mismo ocurre con el alto índice de suicidios que presenta Quintana Roo, el mayor de todo el país, un fenómeno cuya causa principal se debe a la fragmentación de las relaciones sociales, ya que la imposibilidad de establecer vínculos estrechos con otras personas, la gente que llega al Caribe mexicano en busca de oportunidades es más propensa a presentar fuertes cuadros de depresión.

La migración es evidente con tan sólo recorrer las calles y hablar con la gente. Prácticamente todos los habitantes de Cancún y sus alrededores provienen principalmente de otras entidades del interior del país como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se estima que entre 50 mil y 60 mil personas llegan cada año a Quintana Roo en busca de oportunidades que no tienen en sus lugares de origen. Por ello, algunos especialistas creen que las altas tasas de crecimiento demográfico en la región son el reflejo de una política económica que simplemente no ha podido satisfacer las demandas de la población, lo cual a su vez genera un crecimiento desordenado de las ciudades y otros problemas ambientales como la degradación de suelo por abandono de tierras, procesos que de manera conjunta son responsables del 10 por ciento de las emisiones totales de México, según datos del Instituto Nacional de Ecología (INE).

“La oferta de empleos atrae una serie de flujos migratorios a los que nunca se habían enfrentado las autoridades locales, las cuales son incapaces de dar una respuesta a las demandas de vivienda, suelo urbano, equipamiento, etcétera. Lamentablemente, los programas de desarrollo urbano de estos centros de población no estaban preparados para recibir a la cantidad de gente que tienen actualmente, y por eso las ciudades se han desbordado al ocupar zonas de alto valor ambiental”, explica Juan Carlos Zentella, director general adjunto de Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien considera que al igual que ocurre en Quintana Roo, el crecimiento de las ciudades está provocando un impacto ambiental severo cuyas repercusiones abarcan algunos fenómenos de escala global como el cambio climático.

“El modelo de crecimiento urbano en México no es sustentable. Tenemos grandes conjuntos habitacionales alejados del tejido urbano, de las fuentes de empleo, de servicios de salud, educación y abasto, lejos de las oportunidades de ingreso de las familias que adquieren esta vivienda, y esto a su vez promueve el uso de transporte motorizado que depende de combustibles fósiles y genera altas emisiones de gases de efecto invernadero”, advierte el funcionario.

Datos oficiales señalan que en México, cerca del 77 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las ciudades. Esto se debe principalmente, a que los patrones de consumo de energía están estrechamente relacionados con los modelos de crecimiento de las ciudades. Lo mismo ocurre a nivel mundial.

De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que a nivel global, las ciudades generan más de las dos terceras partes de los gases de efecto invernadero del planeta.

“No son las ciudades a las que debemos culpar, sino la forma en que vivimos y la manera en que se forman las ciudades. El crecimiento urbano es un problema muy grande tanto en los países desarrollados y en desarrollo, además de que es responsable del incremento de emisiones”, señala Lamia Kamal-Chaoui, titular del programa de desarrollo urbano de la OCDE.

Para la especialista, estas diferencias son evidentes en las ciudades densas y compactas, las cuales presentan un número de emisiones bajas en comparación al de las urbes que presentan una expansión territorial con menor densidad poblacional, debido principalmente, al consumo de combustibles fósiles destinados al transporte.

“Esto no es sólo un problema ambiental, sino también económico. Esta expansión urbana implica un costo y por eso vemos que hay menos productividad debido a las grandes distancias que tiene que recorrer la gente para poder trabajar y eso también conlleva un impacto social”, explica la investigadora.

En el caso de México, las emisiones del sector transporte al 2006 representaron el 20.4 por ciento del total nacional. Sin embargo, el ritmo acelerado con el que crece el parque vehicular en todo el país hace pensar a los expertos que para 2020, el transporte podría representar dos terceras partes de las emisiones totales del país, incluso por encima de la generación de energía eléctrica, que en la actualidad genera el 21 por ciento.

En opinión de Gabriel Quadri de la Torre, consultor especializado en medio amiente, parte importante del problema tiene que ver con la manera en que México ha adoptado un modelo de crecimiento urbano muy similar al de Estados Unidos, basado en un alto consumo de combustible.

“Este tipo de estructuras en el transporte determina en mucho la eficiencia energética d las ciudades y su patrón de emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello a países como Estados Unidos le cuesta mucho trabajo reducir emisiones, a que sus ciudades son muy extensas, y es muy difícil cambiar esa estructura en el corto y mediano plazo, contrario a lo que ocurre con las ciudades europeas que son más compactas”, señala el experto.

“Al hablar en México de políticas climáticas, se requiere forzosamente hablar de consumo de combustibles en el sector transporte. Lamentablemente, la estructura de nuestras ciudades está siguiendo el patrón estadounidense”, apunta Quadri, quien considera que México podría disminuir considerablemente sus emisiones retirando los subsidios actuales a la gasolina, los cuales distorsionan los precios reales y promueven un consumo energético de muy baja eficiencia.

En sitios como la Ciudad de México, el tema del transporte se ha convertido en un foco rojo para muchos tomadores de decisiones, ya que algunas evaluaciones indican que la capital del país podría estar al borde del colapso debido a la gran cantidad de vehículos que a diario infesta las calles y que ha derivado en un serio problema de movilidad. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los gobiernos locales hayan decidido cambiar su enfoque respecto a esta problemática, pues la construcción de vialidades con segundos pisos en el Valle de México ha proliferado de manera acelerada en los últimos años. Algo que, de acuerdo con los analistas, sólo fomenta el uso del automóvil por encima del transporte público, lo cual provocará que tarde o temprano, dichas vialidades sean insuficientes para dar cabida a un parque vehicular que aumenta día con día.

En el resto del país, la situación no es diferente, la expansión de las ciudades se ha convertido en un problema común. ¿A qué se debe esto? De acuerdo con algunos análisis de la oficina de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, es muy posible que este fenómeno esté vinculado a la quiebra de los municipios.

La razón es simple. Al depender casi en su totalidad de los ingresos provenientes de la federación, los municipios han empezado a utilizar algunos instrumentos fiscales para poder recaudar más recursos. En muchas ciudades, por ejemplo, el cobro del impuesto predial ha ocasionado una expansión explosiva de la zona urbana, generando así mayores ingresos para los municipios y un desastre ecológico de gran escala. Esta crisis estructural es visible en sitios como La Paz, Baja California Sur, ciudad que en pocos años pasó de tener una extensión de 20 mil hectáreas a 400 mil, a pesar de no tener cambios significativos en su población como para justificar esta expansión.

La quiebra de los municipios es un problema trascendente que además plantea otros peligros, pues ante la urgente necesidad de impulsar el desarrollo local, muchas regiones del país se han vuelto particularmente vulnerables a la llegada de proyectos económicos que, en muchos casos, pueden traer consigo un alto impacto tanto ambiental como social. Una situación evidente en sitios donde la contaminación y la devastación han ocasionado una serie de conflictos sociales que afectan a miles de comunidades en todo el país, generalmente, con altos índices de pobreza y marginación. Después de todo, son pocos los alcaldes dispuestos a rechazar una inversión de varios millones de dólares que produzca una derrama de dinero importante para el municipio y genere algunos empleos.

Esto es justo lo que ocurre en las ciudades de Quintana Roo, donde la expansión territorial está estrechamente vinculada a la necesidad de captar recursos para cubrir los servicios básicos que demanda la población. Sin embargo, la devastación ambiental derivada del crecimiento de la infraestructura turística no ha podido traducirse en una mejor calidad de vida para muchas personas que habitan en aquel rincón del sureste mexicano, debido a que las altas tasas de migración crean ‘cinturones de pobreza’ alrededor de los principales centros urbanos. Una muestra de que el modelo de desarrollo implementado tanto en la región y en el resto del país, no ha podido frenar el rápido crecimiento de la pobreza. Las cifras son contundentes.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pobreza en México se incrementó 3.1 puntos porcentuales en el periodo de 2008 a 2009, hecho que contrasta con una tendencia creciente en el resto de América Latina. Un dato preocupante para muchos expertos, si se toma en cuenta que en la última evaluación de pobreza en México, publicada en 2008 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que el 44 por ciento de la población sufre algún tipo de carencia en sus necesidades básicas, situación en la que sufren cerca de 47 millones de mexicanos, cuyas condiciones de vida podrían empeorar para las próximas décadas ante los devastadores efectos del cambio climático.

Recuento del desastre

Estudios recientes revelan que el calentamiento oceánico ha ocasionado un aumento en el número de huracanes de categorías 4 y 5 a nivel global, los cuales casi se han duplicado entre 1970 y 2004, mientras que los de categoría 1 han disminuido ligeramente. Esto significa que existe una tendencia creciente en cuanto al número y la intensidad de los ciclones tropicales que cada año llegan a territorio mexicano. Una situación que podría agudizarse en las próximas décadas si la temperatura promedio del planeta sigue aumenta de acuerdo a las proyecciones realizadas por el grupo de expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Esto representa malas noticias para países como México, lugar en donde los desastres derivados de fenómenos climáticos se han intensificado notablemente durante la última década. Basta con hacer un recuento de la historia reciente para darse cuenta de ello.

El 2005 es ampliamente recordado por los meteorólogos de todo el mundo como el año con mayor número de huracanes del que se tenga conocimiento, ya que por primera vez en la historia, la lista oficial de 21 nombres que se utiliza para clasificar a los huracanes no fue suficiente y se tuvieron que implementar seis letras del alfabeto griego. Ese año, los huracanes Wilma, Stan y Emily provocaron pérdidas cercanas a 45 mil millones de pesos en prácticamente todo el sureste mexicano, con un saldo de 203 muertos, según datos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred).

Wilma ocasionó enormes daños en la infraestructura turística de lugares como Cancún y otros puntos del estado de Quintana Roo, situación que provocó que el mayor número de pérdidas económicas fuera ocasionado por una significativa baja de turistas durante los meses siguientes. En contraparte, Stan provocó un número mayor de muertes en estados como Chiapas, debido a los altos niveles de pobreza y marginación que presentan muchas comunidades rurales del sureste mexicano, condiciones que incrementan notablemente la vulnerabilidad de muchos grupos a los devastadores efectos del clima.

Dos años más tarde, en octubre de 2007, el estado de Tabasco fue víctima de la inundación más grande en la historia de México. En el momento más álgido de la contingencia, el agua cubrió el 62 por ciento de la superficie estatal, arrojando un saldo cercano a los dos millones de damnificados. Aunque en esta ocasión la actividad ciclónica no fue tan intensa, esto no impidió que las fuertes lluvias desbordaran los ríos y rebasaran la capacidad de contención de las presas, produciendo una de las contingencias más impactantes del último siglo. Las imágenes hablan por sí mismas.

Estas inundaciones, junto con los impactos derivados del huracán Dean, generaron pérdidas valuadas en 49 mil 417 millones de pesos y la pérdida de varias vidas humanas, tal como ocurrió con el deslave de un cerro que sepultó la localidad de Juan de Grijalva, en el estado de Chiapas. Un deslizamiento de tierra nunca antes visto que provocó la muerte de al menos 25 personas.

Para 2009, la situación cambió drásticamente, ya que durante este año México padeció la peor sequía de los últimos 70 años, misma que afectó a más de 3.5 millones de campesinos y una extensión cercana al millón de hectáreas, principalmente en la región norte del norte del país. La falta de lluvias durante la primera mitad del año además provocó una fuerte escasez de agua en la Ciudad de México, lugar donde tuvieron que hacerse recortes periódicos en el servicio de agua potable ante los bajos niveles registrados en el sistema de presas que abastece a la capital del país. Sin embargo, para la segunda mitad del año las lluvias intensas ocasionaron pérdidas en varias regiones del territorio mexicano. En total, este año se perdieron cerca de 14 mil 587 millones de pesos, producto de los marcados contrastes del clima.

La tendencia de lluvias intensas se prolongó prácticamente durante todo 2010, año considerado como el “más lluvioso” del que se tenga registro en la historia del país. En febrero, el desbordamiento del canal La Compañía ocasionó una crisis severa en localidades ubicadas en la periferia de la Ciudad de México como Valle de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, las cuales sumaron cerca de 100 mil afectados por falta de comida, energía eléctrica, agua potable y pérdidas materiales. Meses más tarde, el noreste del país sufrió los efectos del huracán Alex, afectando a entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, siendo la ciudad de Monterrey uno de los lugares más devastados por el “fenómeno más fuerte de su historia”, ocasionando daños en infraestructura urbana, dejando cerca de 170 mil afectados.

La situación no paró ahí, pues el arribo del huracán Karl en septiembre pasado trajo consigo una nueva ola de devastación en el sur del país, arrasando localidades enteras en lugares como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y principalmente Veracruz, entidad que de acuerdo con información del gobierno estatal suma un millón de damnificados. Aunque la información aún es preliminar, los expertos consideran que las pérdidas económicas durante 2010 podrían ser similares a las registradas en 2005 y 2007, pues se cree que tan sólo Alex generó pérdidas superiores a los 25 mil millones de pesos.

Al hacer un recuento de los daños, los números indican un incremento notable de desastres climáticos en comparación de las dos décadas anteriores. De 2001 a lo que va de 2010, las pérdidas económicas derivadas de sequías y lluvias intensas superan los 170 mil millones de pesos (cerca de 15 mil millones de dólares), una cifra muy superior a los 4 mil 547 millones de dólares registrados en los 20 años anteriores, de 1980 a 1999. Asimismo, el promedio anual en el impacto socioeconómico de los desastres naturales ha pasado de 2 mil 182 millones de pesos en 2000, a 14 mil 290 millones para 2008, lo cual significa un incremento cercano del 650 por ciento.

En contraparte, el número de decesos provenientes de los desastres ha disminuido significativamente gracias al Sistema de Alerta Temprana implementado por el gobierno federal a partir de 2003, lo cual se refleja en una tendencia a la baja en cuanto al número de muertos.

Aunque los científicos reconocen que todavía no existe información suficiente para determinar si estos fenómenos fueron ocasionados por el calentamiento global o simplemente por una variabilidad natural del clima, lo cierto es que ofrecen una idea clara de lo que podría suceder en un futuro no muy lejano si las profecías de los científicos llegan a cumplirse como hasta ahora. Una mayor incidencia de fenómenos hidrometeorológicos de gran escala significa un enorme riesgo para México. No en balde, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) desarrollado por el gobierno federal, reconoce una alta vulnerabilidad en todo el país debido a que el 15 por ciento de su territorio nacional, 68.2 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran altamente expuestos a los impactos directos del cambio climático. Asimismo, un estudio reciente dado a conocer por el Banco Mundial señala que para 2050, el cuatro por ciento del PIB mexicano podría perderse debido a los efectos del calentamiento global.

Sin embargo, los investigadores coinciden en que el mayor peligro no se encuentra en una intensidad de los fenómenos climáticos, sino en los procesos de desarrollo actuales que constituyen una fuente importante de vulnerabilidad.

“Los desastres no son naturales, sino que se construyen a partir de procesos económicos, políticos, sociales y ambientales que pudieron empezar a gestarse mucho tiempo atrás”, explica Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, director de Análisis y Gestión de Riesgos de Cenapred.

 “La vulnerabilidad física proviene de aspectos sociales. Un dato contundente indica que en 2009, casi la mitad de los municipios declarados como zonas de desastre estaban en un grado de marginación alto, una situación que reduce el acceso al suelo y la vivienda segura”, indica Pérez Ortiz.

Esto significa que factores como el rezago económico son fundamentales para entender la magnitud que han alcanzado muchos desastres naturales. La pobreza es una fuente importante de vulnerabilidad ante cambio climático, y eso representa malas noticias para un país como México, donde viven más de 40 millones de pobres. Lo mismo ocurre en la mayor parte de los países ubicados en regiones tropicales, donde la pobreza y la exposición a fenómenos meteorológicos son una constante. Un dato reciente de Naciones Unidas señala que en América Latina alrededor del 70 por ciento de los asentamientos humanos se encuentran en zonas de alto riesgo. Esto se debe principalmente, a procesos de desarrollo incompletos

“En 2009, Veracruz fue el estado con mayor número de municipios declarados en emergencia, y también ha sido una de las entidades que sufre más desastres de forma recurrente. El desastre es un síntoma de procesos de desarrollo incompletos, y esto nos hace pensar que al tener tantos desastres y emergencias, Veracruz no ha logrado generar las condiciones suficientes para que sus habitantes sean menos vulnerables al impacto de fenómenos naturales, o al menos, que puedan recuperarse de manera más ágil”, comenta el funcionario.

Para Cecilia Conde, integrante del IPCC y experta en temas de vulnerabilidad por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, estos casos son una muestra clara de los grandes vacíos y rezagos que existen en cuanto a las políticas de adaptación al cambio climático vigentes hoy en día.

 “México es muy vulnerable a cambio climático, pero sobre todo, somos vulnerables por una estructura vertical en donde hay poca participación de la gente en medidas de adaptación. Estamos fabricando nuestra propia vulnerabilidad y por ello no se necesitan cambios climáticos tan grandes para que los impactos sean muy severos”, señala la especialista.

“No puede darse adaptación por decreto, y por ello, es necesario que la gente se involucre en los procesos de adaptación”, afirma Conde.

A pesar de los enormes riesgos que plantea el cambio climático para la población del planeta, hasta el momento los gobiernos del mundo han sido incapaces de diseñar una estrategia conjunta que permita resolver el problema de fondo, debido a que tanto los países desarrollados y en desarrollo no parecen estar dispuestos a reconocer la urgente necesidad de rediseñar el modelo económico actual.

Más allá de la política internacional

El resultado de las negociaciones internacionales de la decimosexta edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), celebrada a fines de 2010 en la ciudad de Cancún, terminó con un buen sabor de boca y devolvió las esperanzas de que los gobiernos del mundo puedan alcanzar un acuerdo global para mitigar las emisiones de CO2 en un futuro no muy lejano. Al final de la jornada, la COP16 cumplió con su objetivo principal de restablecer la confianza perdida durante el fracaso de la COP15 de Copenhague y presentar algunos avances en cuanto a los temas de financiamiento.

 Sin embargo, los grandes temas siguen estando fuera de la mesa de negociaciones, y aunque existan avances significativos en materia de financiamiento, la situación amerita medidas más ambiciosas, en opinión de algunos especialistas.

“Un reto fundamental para México sería lograr que se metieran dos conceptos clave en la mesa de negociación: desarrollo sustentable y equidad, porque con las diferencias enormes que tenemos actualmente no vamos a poder avanzar. Ricos y pobres necesitan reconocer que necesitamos mejorar la equidad y sólo así podríamos contemplar un planeta en el que los recursos del primer mundo pudieran financiar proyectos que permitan a los países en desarrollo crecer de forma diferente”, comenta Carlos Gay García, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM e integrante del IPCC.

“Corremos el riesgo de resolver el cambio climático con máquinas más eficientes y seguir con los mismos esquemas de antes,  con la misma pobreza y desigualdad; ¿por qué no aprovechar esto para entrar en una dinámica diferente?”, advierte el especialista, quien considera que algunas de las principales posturas planteadas por México dentro de las negociaciones internacionales siguen sin atacar las causas fundamentales de la crisis climática que se vive hoy en día.

“El problema que nos metió en la crisis financiera de 2009 es lo que nos metió en el problema del cambio climático, ambos tienen el mismo origen, pues provienen de la forma en que intercambiamos bienes y riqueza, y eso mismo no podrá sacarnos del problema”, señala Gay.

Aunque el concepto de desarrollo sustentable es una constante dentro del discurso de prácticamente todos los gobiernos del mundo, desde la adopción formal del término durante la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, su incidencia dentro de las políticas públicas sigue siendo limitado. Para Gian Carlo Delgado, experto en economía ambiental e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, esto se debe a los límites y contradicciones que plantea el sistema económico capitalista sobre el que se ha construido el modelo de desarrollo actual, mismo en donde la equidad social y el cuidado de los recursos naturales juegan un papel secundario.

“La idea de desarrollo sigue anclada en la idea de crecimiento económico y esto es bastante erróneo. El crecimiento del PIB no significa que la población pobre de un país vaya descendiendo, sino que vemos todo lo contrario”, asegura el académico, quien considera que los mecanismos financieros propuestos para mitigar los efectos del cambio climático no son capaces de atacar la raíz del problema.

“El mercado de bonos de carbono, por ejemplo, reconoce que existe un problema ambiental, pero no la necesidad de hacer cambios a fondo en el sistema de producción y de consumo”, afirma Delgado, quien considera que los altos patrones de consumo fomentados por el sistema capitalista son la clave para entender el origen del cambio climático.

Cada producto que a diario adquirimos en las tiendas lleva consigo un alto consumo de energía dentro de su proceso de fabricación, y en consecuencia, altas emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles con los que se genera dicha energía. Si el crecimiento económico está sujeto al consumo, esto fomenta un uso cada vez mayor de energía y otros recursos naturales, que a su vez, se traduce en mayor devastación ambiental.

A pesar de que los economistas han creado algunos indicadores para medir este fenómeno, tal como ocurre con la ‘huella de carbono’ o la ‘mochila ecológica’, el sistema económico vigente no integra los costos derivados de la destrucción ambiental, es decir, que los recursos naturales simplemente no tiene valor en términos de mercado. ¿Cómo medir el precio que tiene un árbol en medio de la selva? Una visión tradicional de la economía lo haría a partir del precio fijado por la industria, de acuerdo a las leyes de oferta y demanda, por ejemplo, lo que paga una fábrica de papel por dicho árbol. Sin embargo, esta contabilidad no contempla los servicios ambientales que provee dicho árbol, tales como la captación de agua y captura de carbono, los cuales también tienen un valor.

Lo mismo ocurre con los precios de la energía, lo cual genera que en términos de mercado, los combustibles fósiles sean más baratos que las energías renovables. El problema está en que el precio de los combustibles fósiles no toma en cuenta todas las implicaciones que conlleva su uso, tal como ocurre con los efectos del calentamiento global.

Por ello, los expertos creen que si los precios logran reflejar el impacto ambiental de cada producto, esto significaría una reestructuración radical de todo el sistema económico. Algunos estudios, por ejemplo, sostienen que muchos países desarrollados tendrían números rojos en su PIB si se tomaran en cuenta los criterios ambientales dentro del proceso económico, lo cual surge la pregunta: ¿qué tan desarrollados son los países desarrollados? Cambiar las reglas del juego implica jugar de modo distinto, y eso es justo lo que se propone hacer la economía ambiental.

¿Cómo lograr una transformación de estas dimensiones? Si el sistema económico se sostiene en el consumo, esa es la clave. Cambiar los patrones de consumo forzosamente trae consigo cambios en toda la cadena productiva. Algo que de hecho, ya empieza a suceder.

Walmart, por ejemplo, uno de los símbolos más representativos del capitalismo salvaje, recientemente estableció una serie de criterios sustentables para buena parte de sus proveedores, lo cual significa que más allá de las normatividad vigente en cada país, los procesos de producción de muchas empresas tendrán que incorporar un enfoque más sustentable para no perder competitividad en el mercado. Lo mismo ocurre con Walmart, y esto se debe a que las tendencias de muchos consumidores está cambiando rápidamente. Así lo demuestra la más reciente edición de Greendex, un estudio sobre consumo sustentable financiado por la National Geographic, el cual señala que las consideraciones ambientales y de ahorro, han sido factores determinantes para explicar los cambios de los últimos tres años en las tendencias de consumo en las principales economías del mundo.

Aunque los gobiernos y las empresas sigan resistiéndose a dar el salto definitivo hacia el desarrollo sustentable, un cambio en la mentalidad y acciones de la gente no les dejará más alternativa. La verdadera transformación comienza con uno mismo. “Eligiéndome, elijo al hombre”, escribió alguna vez el filósofo francés Jean Paul Sartre. Quizá tenga razón. A final de cuentas, el cambio climático es tan sólo un reflejo de lo que somos.

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