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Un frente ciudadano para combatir a la corruptocracia: una lectura política de la dolorosa realidad nacional desde la matanza de Nochixtlán

El asesinato de al menos once personas a manos de la Policía Federal y el saldo de más de cien heridos durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la sociedad civil en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio de 2016, es la muestra más reciente de la dictadura que se padece actualmente en México.

A diferencia de lo ocurrido en Ayotzinapa, en Nochixtlán hubo muchos fotógrafos y testigos que documentaron la matanza. El secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong, dice que prefiere esperar a las investigaciones, lo cual se traduce en que quieren ganar tiempo para inventarse otra “verdad histórica” con la tontería esa de que los policías fueron emboscados. Nadie les cree. Y menos cuando hay fotos de agentes con armas largas vestidos de civiles. La crisis de derechos humanos que vivimos en México sólo se ve en las más crueles dictaduras: asesinatos, represión, desaparecidos, torturados.

Y en este sentido, es necesario cuestionar las inconsistencias en la estrategia política de la CNTE y su exigencia de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a lo cual uno podría preguntarse qué posibilidad real de diálogo existe cuando el gobierno utiliza armas de fuego para asesinar manifestantes desarmados. ¿Con quién habría que dialogar? ¿Con un gobierno ilegítimo que viola sistemáticamente los derechos humanos para reprimir a sus opositores y censurar la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto reconocer el diálogo implica reconocer como interlocutor a un gobierno ilegítimo que asesina a la población para salvaguardar los intereses de una oligarquía corruptocrática que ha convertido la ruina del país en un lucrativo negocio privado, como ocurrió con la reforma energética y la reforma educativa que pretende facilitar el despido de los maestros disidentes en beneficio de intereses políticos del gobierno? [1] De ahí que la reforma educativa no sea sino un instrumento de control diseñado para que el PRI pueda recuperar el control del gremio magisterial, luego de que los gobiernos del PAN otorgaron una serie de privilegios a los líderes corruptos del sindicato docente con fines político-electorales. Esto explica el por qué los profesores de la CNTE se oponen a un proceso de evaluación que otorga a los señores de la corruptocracia la posibilidad de sustituir a los maestros disidentes por maestros dóciles, lo cual convierte dicha reforma en un aparato de control diseñado para desarticular la oposición al actual régimen.

No es la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto reprime a sus opositores mediante el uso de la fuerza y otros medios coercitivos. Así ocurrió con la detención de José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, luego de que tuvieran que levantarse en armas para defenderse ante los continuos ataques del crimen organizado y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública. Así ocurrió también con la intervención de las fuerzas armadas, el crimen organizado y el Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de la campaña de desprestigio y acoso orquestada por el gobierno federal en contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin contar con las presiones del gobierno sobre MVS para censurar a Carmen Aristegui y sus colaboradores luego del escándalo de corrupción de la Casa Blanca que involucra directamente a la esposa de Peña Nieto, así como el continuo asesinato de periodistas, activistas y líderes sociales, casos que muestran las difíciles condiciones que se enfrentan actualmente en México para ejercer la libertad de expresión. Rasgos típicos de una dictadura, término que puede definirse como una forma de gobierno en la que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos de coerción para contener a sus opositores mediante el uso de la fuerza.

Por lo anterior habría que preguntarse: ¿Con qué instituciones pretenden lograr gobernabilidad? ¿Con un Poder Ejecutivo que reprime a la disidencia y el pensamiento crítico al mismo tiempo que protege y beneficia a sus cómplices? ¿Con un Poder Legislativo que dicta leyes a modo para beneficiar los intereses de la clase política por encima de la gente, como ocurrió recientemente con la manera en que echaron abajo la propuesta de ley anticorrupción promovida desde la sociedad civil?[2] ¿Con un Poder Judicial que dicta sentencia en función de intereses políticos y donde los crímenes quedan impunes en más del 99% de los casos?[3] ¿Con órganos electorales que invariablemente resultan omisos ante la inyección de dinero ilícito durante las campañas electorales?[4] ¿Con procuradurías de justicia que torturan y manipulan los hechos a su conveniencia para construir “verdades históricas” como las de Ayotzinapa?[5] ¿Con gobernadores corruptos que no son sino empleados del crimen organizado y las empresas trasnacionales?[6] ¿Con los serviles medios de comunicación que administran la ignorancia y realizan campañas de difamación para beneficiar al gobierno en turno?[7] Este es el vivo retrato del actual régimen, donde la corrupción es aquello que da cohesión a todo el sistema político mexicano, lo cual permite entender el actual fenómeno de ingobernabilidad como consecuencia de una severa crisis de legitimidad. Una situación que ha derivado en una grave crisis institucional donde la ausencia de un Estado de derecho ha generado una ola de violencia utilizada por el gobierno para imponer sus propios intereses por encima del bien común, mediante el uso de la fuerza y una maquinaria burocrática diseñada para promover el abuso sistemático en contra de la población. Rasgos de un Estado fallido que busca reconfigurarse como una dictadura donde la política del garrote y la mordaza se ha convertido en el medio predilecto para tratar de controlar la creciente molestia social ante los desastrosos resultados de un gobierno ilegítimo y tirano.

Por ello, no es casualidad que la brutal represión y la detención de los líderes del magisterio disidente se produzca pocas semanas después de que los partidos políticos que forman parte del actual régimen, aprobaran en las comisiones de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca crear un Estado de excepción para suspender los derechos humanos y legalizar la represión contra la población civil.[8] Un instrumento típicamente utilizado por las dictaduras para acabar con la oposición política, controlar el descontento social y aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza. Algo que, de hecho, ha venido ocurriendo desde 2007, a inicios del sexenio de Felipe Calderón, tal como puede constatarse en el elevado índice de letalidad de las fuerzas armadas en su presunta “guerra contra el narcotráfico”,[9] lo cual evidencia que durante la última década se han realizado una serie de “ejecuciones sumarias” contra civiles,[10] tal como quedó de manifiesto con las masacres de Tlatlaya,[11] Apatzingán[12] y Tanhuato[13] a manos del ejército mexicano y fuerzas federales. Esto, sin contar con los casos de tortura reconocidos por los altos mandos del ejército[14] y otros casos violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en San Fernando, Ojinaga, Allende

De ahí que existan elementos más que suficientes para responsabilizar al Estado mexicano en tribunales internacionales por delitos contra la humanidad, tal como sostiene un reciente informe de Open Society, el cual señala que ante la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continua que prevalece en el país “existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.[15]

Una crisis de derechos humanos que no es sino síntoma de una enfermedad crónica provocada por un sistema capitalista cuya perversa lógica de explotación, acumulación y miseria ha servido para enriquecer a los más ricos mediante el sufrimiento de los más pobres,[16] situación que en buena medida explica los altos índices de violencia en México[17] y sirve también para encubrir una política de despojo promovida por empresas que —en su continua disputa por territorios, recursos y mercados— violentan los derechos elementales de las personas y las comunidades en complicidad con el Estado.[18] Una crisis profunda generada por un “pacto de impunidad” entre las élites político-empresariales que controlan al país.[19]

Es por ello que la renuncia de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete se vuelve un reclamo elemental para evitar una escalada de violencia ante el creciente descontento y la ola de represión contra opositores del actual régimen. Si bien la renuncia o destitución de funcionarios de alto perfil difícilmente resolverá la actual crisis política que enfrenta México, sí representa un primer paso para realizar cambios de fondo en la estructura del sistema político mexicano.

Aún cuando en las actuales condiciones la vía armada representa una opción legítima para derrocar al gobierno tirano que asesina civiles y protege delincuentes, me parece que la mejor vía para afrontar la crisis desde la resistencia civil es mediante la conformación de un Frente Amplio Democrático que genere consensos y una estrategia muy concreta para frenar la violencia y combatir la corrupción, los dos pilares que sostienen el poder político del gobierno autoritario que padecemos. La construcción de un Frente Amplio Democrático permitiría aglutinar y cohesionar la protesta social en las calles, al mismo tiempo que generaría condiciones para construir los consensos mínimos necesarios para echar a andar una reforma profunda del Estado mexicano y ejercer presión sobre la corruptocracia desde distintas trincheras, a partir de una estrategia puntual que ataque el problema de raíz y que pueda implementarse en diversos sectores sociales.

Por ello resulta urgente empezar a plantear la conformación de un frente ciudadano para encarar los abusos de la corruptocracia y convertir la inconformidad social que a diario vemos en las calles y redes sociales en un proyecto político donde la ciudadanía reclame el poder político que le corresponde y le ha sido arrebatado por políticos sin escrúpulos que han dejado en la ruina al país. Una labor urgente que sólo podrá convertirse mediante la construcción de acuerdos mínimos entre diversos sectores sociales, situación que atenta contra la tradición fragmentaria de una izquierda cuyo dogmatismo ideológico y su imposibilidad de construir consensos carga con una parte de responsabilidad en este desastre de país provocado por un bipartidismo de derecha cuyas políticas neoliberales no han hecho sino amplificar el abuso, la desigualdad y la miseria en todas las formas posibles. Una estampa que retrata a la perfección el México corrompido y violento en el que vivimos.

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[1] Manuel Gil Antón. La reforma Educativa. El Colegio de México, 2013. Entrevista disponible en Youtube.

[2] Rubén Rojas. “Elude Senado reclamo de mexicanos y aprueba Ley 3 de 3 rasurada”, en UNOtv. México, 15 de junio de 2016.

[3] Índice Global de Impunidad en México 2016. Universidad de las Américas, Puebla. México, 2016.

[4] Oswaldo Chacón Rojas. ”Diagnóstico del modelo de fiscalización electoral mexicano” en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, num. 4, pp. 275-301. PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2013.

[5] Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-CIDH. México, 2016.

[6] Humberto Padgett. Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano. Ediciones Urano. México, 2016.

[7] Jenaro Villamil. “Rapados en Comitán: el montaje fallido de Aurelio Nuño contra la CNTE”, en Homozapping. 1 de junio de 2016.

[8] “Aprueban diputados, en comisiones, dictamen sobre Estado de excepción en México”, en Aristegui Noticias. México, 29 de marzo de 2016.

[9] Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. Documento de trabajo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2015.

[10] Azar Ahmed y Eric Schmitt. “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera preocupación”, en The New York Times. 26 de mayo de 2016. // “Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México – Informe de seguimiento de experto de la ONU”. Boletín de prensa. Naciones Unidas. Ginebra-Ciudad de México. 20 de junio de 2016.

[11] “Difunde AP que elementos de la Sedena fusilaron a 22 personas en el Edomex”, en Proceso. México, 11 de julio de 2014.

[12] Laura Castellanos. “Masacre en Apatzingán”, en Aristegui Noticias. Reportaje en dos partes. México, 19 de abril-24 de mayo de 2015.

[13] “Fue masacre en Tanhuato; la saña y que nadie traía zapatos, pruebas: familiares”, en La Jornada. México, 25 de mayo de 2015.

[14] “Ejército pide perdón por caso de tortura en Guerrero”, en Milenio Diario. México, 16 de abril de 2016.

[15] Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Open Society Foundations, 2016, p. 166.

[16] Gerardo Esquivel Hernández. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam México. México, 15 de junio de 2015.

[17] Ted Enamorado, et al. Income Inequality and Violent Crime: Evidence from Mexico’s Drug War. Banco Mundial. Junio de 2014. // Índice de Paz México 2016. Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 2016.

[18] Carlos Fazio. Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo. México, 2016.

[19] Edgardo Buscaglia. Vacíos de poder en México. Random House Mondadori. México, 2014.

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Revolución o dictadura: la disyuntiva que se dibuja en el México actual

La crisis política y social que vive México ha alcanzado niveles que tienen al país al borde de una guerra civil. No es una exageración. Es una posibilidad latente, debido a una profunda crisis estructural al interior del actual régimen. Por ello, los alcances de los grupos de autodefensa de Michoacán resultan un tema particularmente incómodo para el gobierno mexicano, pues además de desnudar su ineptitud el asunto ha puesto en evidencia la inviabilidad del actual régimen y el Estado fallido con el que administran la desgracia de millones.

El Estado, según la corriente contractualista encabezada por Hobbes, surge de un contrato social en el que los ciudadanos ceden al Estado su legítimo derecho a defender su vida a cambio de que dicho ente garantice la seguridad de los ciudadanía a través del monopolio del uso legítimo de la coacción. La legitimidad de dicho uso legítimo de la fuerza es regulado a través de un contrato social materializado en la Constitución y plasmado en un sistema legal y jurídico que garantice cierto nivel de convivencia social. De ahí que el dichoso Estado de derecho (que tanto le gusta citar a nuestra ignorante clase política) es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, regulando el funcionamiento de los funcionarios públicos y manteniendo un cierto equilibrio de poder entre los diversos grupos sociales que conforman una nación. Estas son las bases sobre las que se construye el pacto social entre el Estado y la ciudadanía. Todo lo que no ocurre en el México de hoy.

De ahí que la tesis del Estado fallido mexicano resulte tan contundente a la hora de describir la crisis institucional que enfrenta actualmente el país. El pacto social está roto, tal como sugieren los analistas serios (que rara vez aparecen en las primeras planas de la mediocracia nacional). Esto se debe a que el pacto social construido durante la Revolución Mexicana y plasmado en la Constitución de 1917 —el cual permitió la industrialización del país y un crecimiento sostenido de la economía del país de 1940 a mediados de la década de 1970, época del llamado “milagro mexicano”— ha sido reducido a cenizas tras varias décadas de gobiernos corruptos, cuyo funcionamiento está enfocado en generar beneficios para una élite político-empresarial castigando a las mayorías. Basta revisar la manera en que las fortunas de las élites empresariales del país han crecido de manera exorbitante en las últimas dos o tres décadas, con la complicidad de los políticos en turno, al mismo tiempo que la pobreza y las condiciones de vida de la mayoría han sufrido un deterioro pronunciado en el mismo periodo de tiempo. Las cifras son contundentes y pueden revisarse en el texto publicado en este mismo blog con motivo de los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La manera en que el gobierno mexicano adoptó el proyecto neoliberal como modelo de desarrollo a partir de 1983, con la bandera de la desregulación estatal y el libre mercado como bandera, aunado al fraude electoral de 1988 que a la poste llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México, fueron dos hechos determinantes que aceleraron la descomposición del tejido social, tal como evidenció el levantamiento indígena en Chiapas con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, misma fecha en que el TLCAN entraba en vigor. Sin embargo, la aparición de los zapatistas fue solo una de las muchas caras que poco a poco iban evidenciando la debilidad del Estado mexicano, tal como ocurrió con la crisis económica del 94 y el subsecuente rescate bancario, el fortalecimiento sostenido de los principales cárteles de la droga mexicanos, el éxodo masivo en que millones de trabajadores mexicanos que se vieron forzados a migrar ilegalmente a los Estados Unidos para no morir de hambre. Este escenario, aunado a una guerra por el poder al interior del mismo régimen, que derivó en asesinatos de políticos de gran impacto como el de Carlos Ruíz Massieu, Luis Donaldo Colosio y el sospechoso accidente en el que murió el panista Manuel Clouthier, sumado a las presiones del gobierno de Estados Unidos, fueron construyendo en pocos años, las condiciones necesarias para que el régimen abriera una válvula de escape a esa olla de presión a punto de reventar. Esa válvula de escape fue la llamada alternancia democrática que permitió que en 1997 el PRD ganara la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en las primeras elecciones de su historia, y que el panista Vicente Fox ocupara la presidencia de la República en el año 2000.

La situación en ese entonces parecía inmejorable: instituciones fuertes como aquel Instituto Federal Electoral encabezado por José Woldemberg, un ligero crecimiento de la economía en la segunda mitad de los 90, elevados precios del petróleo que alcanzaron los 100 dólares por barril o la esperanza de que la tan anhelada democracia mexicana finalmente comenzaba a tomar forma, eran algunas señales positivas en aquel efímero periodo de transición. El desencanto no tardó en llegar.

El cambio de colores en la silla presidencial no resolvió los viejos problemas. Por el contrario, los agravó. La corrupción y la impunidad fueron una constante en los primeros seis años de la docena trágica panista. Los escándalos de corrupción de la familia Fox, junto a Martha Sahagún y sus hijos, permanecen impunes hasta nuestros días. Lo mismo ocurrió con escándalos como el Pemexgate o la poco creíble fuga de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, líder del cártel del Pacífico, del penal de “alta seguridad” de Puente Grande, Jalisco. El desafuero y la guerra sucia durante los meses previos a la elección presidencial de 2006 para impedir que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegara a Los Pinos terminó por dinamitar la confianza en las instituciones del Estado mexicano y dividir a la población ante un proceso electoral amañado y tramposo. Tanto, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la intervención de Fox en el proceso electoral puso en riesgo la validez de la elección. A pesar de que el órgano reconoció (a medias) una elección de Estado y la intervención de poderes fácticos durante los comicios (lo cual sería el fundamento principal del Congreso para realizar la reforma electoral de 2007), esto no impidió que Felipe Calderón asumiera la presidencia de México en un ambiente de tensión y la crisis política ante la falta de pruebas suficientes para convencer a la población de que, efectivamente, el PAN había ganado “por las buenas”. Una falta de confianza que se traduciría en un gobierno débil de dudosa (o escasa) legitimidad.

Esta debilidad de origen fue determinante para que Calderón buscara el respaldo inmediato de las fuerzas armadas como una manera de afianzar su poder ante las protestas de la oposición, encabezadas por López Obrador, al mismo tiempo que declaraba una guerra contra el narcotráfico para tratar de construir la legitimidad que no obtuvo en las urnas. Las consecuencias de mandar al ejército a las calles para combatir a las bandas del crimen organizado, sin un diagnóstico previo o los instrumentos jurídicos necesarios para justificar la intervención del ejército en labores propias de las fuerzas civiles, nuevamente terminaría por atentar una vez más contra el famoso Estado de derecho basado en el respeto de la legalidad.

Luego vendrían los pagos de favores a los grupos que influyeron en la imposición de Calderón en la silla presidencial: las concesiones a la líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo (a quien entregó el control de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y la Lotería Nacional); la poco recordada Ley Televisa (que finalmente no prosperó); el primer intento de una reforma energética para privatizar el petróleo (que finalmente no prosperó gracias a la fuerte oposición de la izquierda y la negativa del PRI), las concesiones de obra pública a empresas españolas como OHL; los contratos de la iniciativa privada en el sector eléctrico y petrolero (incluyendo casos memorables de corrupción como el protagonizado por Siemens y el ex presidente del PAN, César Nava); la entrega al por mayor del territorio nacional a través de concesiones mineras y protección a empresas como Walmart, involucrada en un escándalo de sobornos; la cancelación masiva de créditos fiscales por 483,086 millones de pesos; concesiones para casinos administrados por empresarios vinculados al PAN o la reforma laboral como cereza en el pastel.

Algo similar a lo que ocurriría con otros casos de corrupción que hasta la fecha permanecen impunes, tal como los responsables por el incendio de la Guardería ABC, la construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario, o casos de desvío de recursos en estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas o Coahuila, cuyos gobernadores permanecen impunemente libres. La debilidad del Estado a la hora de hacer cumplir la ley quedaba nuevamente de manifiesto. Un terreno próspero para que los poderes fácticos incrementaran su poder durante la docena trágica panista, amparados por gobiernos incompetentes y orientados a satisfacer sus propios intereses político-electorales con la ayuda de grandes grupos económicos que actuaban dentro y fuera de la ley.

Y mientras la corrupción y la impunidad continuaba devorando a las instituciones del Estado mexicano, la guerra de Calderón demostró su ineficacia para acabar con el crimen al mismo tiempo que resultaba sumamente efectiva para justificar la muerte al por mayor de adversarios políticos, periodistas y activistas sociales inconformes con el actual régimen. El saldo: 203,690 homicidios dolosos en seis años y al menos 83,000 ejecuciones en un alud de crímenes sin resolver. La violencia desbordada durante el Calderonato provocó que regiones enteras del país terminaran siendo secuestradas por el crimen organizado y la disputa de cárteles. La disputa entre las bandas delictivas en el norte del país suscitó hechos inéditos en la historia del país como la evacuación de pueblos enteros, (como en Ciudad Mier, Tamaulipas) o toques de queda civiles (como el registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua).

La presencia de las fuerzas armadas en las calles no impidió que el crimen organizado diversificara sus negocios. A la par del tráfico de drogas, las bandas delictivas comenzaron a incursionar en actividades como el secuestro, cobro de cuotas en giros negros y sectores de la economía informal, extorsiones, trata de personas, cobros por “derecho de piso” o robos de combustible, así como otros negocios de carácter “legal” a través de empresas fantasma producto de lavado de dinero, tales como centros de apuestas, hoteles, constructoras, restaurantes, hospitales o explotación de minas, muchos de estos, con el apoyo directo o indirecto de los gobiernos en turno, tal como denunció en su momento el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Esto provocó que el crimen organizado se apoderara de grandes porciones del territorio nacional, convirtiéndose en una especie de Estado paralelo con sus propios sistemas de cobro de impuestos, sistemas de salud, desarrollo social o “impartición de justicia”, su propia maquinaría bélica e incluso sus propias políticas para regular el precio de productos agrícolas en el mercado formal.

Y es precisamente en este contexto de degradación social y debilidad institucional que aparecen los primeros brotes de insurgencia civil. Tal es el caso de Cherán, comunidad de Michoacán que decidió levantarse en armas para defenderse del acoso del crimen organizado en 2010, y que representa el referente directo para entender la proliferación de grupos de autodefensa y policías comunitarias en al menos ocho estados del país: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Jalisco, además de Colima y Tabasco, según diversos reportes publicados en 2013.

Fuente: Milenio

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La ingobernabilidad en dichas regiones del país, aunado al control hegemónico de los cárteles de la droga en lugares como Tamaulipas, la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) o Sinaloa, evidencia el tamaño de la crisis política que enfrenta el Estado mexicano. Una crisis a la cual habría que sumar las expresiones de descontento prevaleciente entre grupos como los que normalistas de Ayotzinapa, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los autodenominados anarquistas, tras otro proceso electoral marcado por indicios claros de corrupción tolerados por la autoridad, tal como ocurrió en enero de 2013 cuando el Instituto Federal Electoral utilizó una argumentación patética para desechar las acusaciones del llamado caso Monex que condujo a Enrique Peña Nieto a la silla presidencial por la vía de la ilegalidad.

De ahí que la preocupación del actual régimen por contener los brotes de insurrección armada que se han presentado en Michoacán durante el último año, tal como ocurrió con el encarcelamiento de 45 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, a manos del ejército en agosto de 2013. Y a pesar de que el gobierno federal ha señalado en reiteradas ocasiones que intervendrá en Michoacán para restablecer el orden, la falta de resultados ha puesto en evidencia la debilidad del Estado mexicano, devorado por la corrupción.

Por eso, la manera en que el Concejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec y otros grupos civiles armados de Michoacán lograron replegar a Los Caballeros Templarios en municipios como Nueva Italia, evidencian la debilidad de un Estado mexicano desfondado por la corrupción al interior de sus instituciones y la violación sistemática de los derechos civiles. ¿Cómo es posible que un grupo de civiles improvisados en tácticas de combate haya podido contener a los grupos criminales mientras el Estado se ha declarado incompetente para ello, pese a supuestamente tener los recursos humanos y materiales necesarios para erradicar el conflicto? En otras palabras, el Estado no ha cumplido con su parte en el contrato social. Y ese incumplimiento de sus obligaciones explica el surgimiento de grupos civiles armados a lo largo y ancho del país, tal como explica el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, al describir la manera en que la ciudadanía tuvo que recurrir a la vía armada para defenderse del crimen tras recurrir inútilmente a las instancias legales promovidas por un gobierno coludido con los grupos delictivos:

Las imágenes de los grupos de autodefensa sometiendo a los policías locales, habla de la magnitud de este fenómeno social. Con el avance de las autodefensas en varios municipios de Michoacán, en una estampa que no se veía desde tiempos de la Revolución Mexicana, el gobierno federal optó por desarmar a los grupos de autodefensa asesinando a civiles que protestaron ante una medida que los dejaría en estado de indefensión ante las represalias del crimen organizado. Un acto que claramente viola el contrato social que justifica la existencia misma del Estado.

El gobierno no solo es incapaz de garantizar la seguridad de la población, sino que además reprime de manera violenta el derecho de la gente a ejercer el legítimo uso de la fuerza ante el incumplimiento del contrato social por parte del Estado. Un hecho que además, evidencia el carácter autoritario del actual régimen, el cual utiliza sistemáticamente el uso de la fuerza para reafirmar su poder ante los grupos disidentes. Dicho en otras palabras, el gobierno pretende someter por la fuerza a los grupos que atenten contra los intereses de las élites en el poder, una medida con la cual el Estado de derecho es sustituido por una política de “ajuste de cuentas” propio de los grupos criminales que el gobierno dice combatir. Es aquí donde la legitimidad del actual gobierno se desmorona: ¿cómo se pretende que la ciudadanía cumpla con la ley si el gobierno viola permanentemente los derechos civiles? ¿por qué debo pagar mis impuestos mientras el Estado no castiga a quienes se enriquecen de manera ilícita con recursos públicos? ¿por qué debo entregar las armas cuando el Estado es incapaz de garantizarme la seguridad para la cual fue creado? ¿por qué debo acatar las reglas de un juego diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de las mayorías? Preguntas que cobran fuerza mientras la corrupción del actual régimen evidencia la debilidad de un gobierno antidemocrático que atenta contra los intereses de la mayoría, tal como pudo constatarse con la aprobación de la antipopular reforma energética, solo por mencionar uno de los agravios más recientes.

A partir de este intrincado panorama se cierran las posibilidades y surge la disyuntiva: ¿revolución o dictadura? Resolver la violencia y el descontento generalizado que existe actualmente en México implica construir un nuevo pacto social mediante un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución y establezca un nuevo equilibrio de poderes entre los diversos grupos sociales y un nuevo régimen que ponga en cintura a los poderes fácticos y le arrebate el control de la maquinaria estatal a una partidocracia que no representa los intereses de las mayorías (recordemos que el régimen se define como el conjunto de instituciones que regulan el poder político). Es decir, una revolución. La construcción de consensos entre las bases sociales permitiría ir consolidando gradualmente un Estado fuerte capaz de hacer valer la ley con el fin de garantizar niveles mínimos de convivencia sobre los que se sostiene cualquier sistema social. De ahí la necesidad de construir un proyecto revolucionario que establezca objetivos concretos y metas específicas a alcanzar en un determinado periodo de tiempo, al mismo tiempo que corrija todos los vacíos institucionales que han generado este ambiente de inestabilidad y encono que se traduce en violencia y resentimiento social.

Sin embargo, no será fácil lograr esto, ya que la política del garrote implementada por el actual régimen hace suponer que el actual gobierno utilizará mecanismos propios de los sistemas autoritarios —campañas de miedo y desinofrmación basadas en el control mediático, el uso de la fuerza, la persecución contra los disidentes, la aprobación exprés de leyes que le otorguen un mayor poder al mismo tiempo que reduce a su mínima expresión iniciativas que otorguen mayor poder a la ciudadanía, tales como la transparencia y rendición de cuentas— para mantener el actual régimen de privilegios del que gozan las élites político empresariales del país. Una dictadura que imponga por la fuerza medidas antipopulares. Basta ver la manera en que el Congreso ha aprobado las famosas reformas estructurales entre barricadas para darse cuenta de que esto es algo que de hecho, ya sucede.

El presente y futuro del país están en peligro inminente. De nosotros dependerá ponerle solución al problema y decidir el camino que habremos de elegir. El tiempo se agota. Nuestra fecha límite para impedir una guerra civil y el inminente reguero de sangre están a la vuelta de la esquina. Deberemos estar preparados para entonces. Y dado todo lo anterior: ¡que viva la revolución!

El miedo y la resurrección

El miedo siempre ha sido el más eficaz instrumento de dominación. El miedo paraliza, ciega el entendimiento. Y eso es precisamente el escenario que hemos vivido en México los últimos años. De ahí que el terror y la promesa del orden hayan sido utilizadas históricamente como las dos justificaciones más comunes para establecer a las dictaduras. Sólo así puede explicarse el supuesto triunfo electoral del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y la alegría incontenible del presidente Felipe Calderón. Sólo así puede explicarse que los medios de comunicación revivieran las campañas del miedo en la recta final de la contienda electoral de 2012. El miedo, la herramienta predilecta de aquellos que operan el sistema político para lucrar con la misera de la gente, el pánico como proyecto económico. Todas estas cuestiones se ilustran a la perfección en el documental Estado de Shock, producido por el Canal 6 de julio, en el que se evidencian los fines ocultos de la llamada guerra contra el narcotráfico, la justificación idónea para maquillar un gobierno ilegítimo, un proyecto de colonización cortesía de la oligarquía norteamericana y una oportunidad perfecta para aniquilar a la disidencia. Un diagnóstico crudo y desolador del país en el que vivimos, tan herido por la enajenación idiota de los cobardes que prefieren evadir la terrible realidad que nos rodea antes que enfrentarla cara a cara.

Sin embargo, no todo está perdido, como bien esgrime la máxima de Hölderlin: “allí donde está el dolor está también lo que salva”. Y esto es precisamente lo que intenta explicar el politólogo estadounidense Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, un manual de cómo iniciar una revolución pacífica sin morir en el intento. Sharp considera que para acabar con un régimen corrupto, es necesario atacar aquello que lo legitima. Si bien el argumento de este teórico de la revolución pacífica no es algo nuevo (ya que Max Weber detalla este punto en su célebre obra Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, al explicar los conceptos de legitimidad y orden social), sí lo es la manera tan esquemática en que explica, paso a paso, cómo desgastar la credibilidad del poder político sin la necesidad de empuñar un arma de fuego. Y esto se debe a la manera en que la paz despierta un sentimiento de humanidad en el corazón de la gente, sin importar que se trate de policías o militares. La paz nos conecta con los otros y le devuelve el poder a la comunidad política.

Carta de Manuel Hernández (mexicano) a María Pavira (venezolana)

Esta carta la escribí luego de la profunda molestia que ocasionó en mí el siguiente video, difundido con virulencia en las redes sociales: http://www.youtube.com/watch?v=A00mbHAIDnU

Aquí mi respuesta.

Hola María. Me parece lamentable la situación que expones en tu video. Tuve la oportunidad de visitar tu país en diciembre de 2007, justo en la época del referéndum constitucional que perdió Chávez en las urnas, un acontecimiento histórico. Es triste lo divididos que están los venezolanos. Los simpatizantes de Chávez lo idolatran como si se tratara de un mesías. La oposición lo odia como si fuera el peor tirano que pudiera existir. En lo personal, ambas percepciones me parecen desproporcionadas. Desde luego hay que condenar el carácter autoritario de Chávez, pero bueno, creo que también sería mezquino no reconocerle algunos logros, como haber conseguido una distribución más equitativa de la riqueza (y no lo digo yo, lo dicen cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que incluso pone a Venezuela como ejemplo a seguir en combate a la desigualdad (véase el siguiente link:  http://www.youtube.com/watch?v=lrr02natTBM). Una tendencia de frenar la creciente brecha entre ricos y pobres que se repite en países con gobiernos de izquierda, contrario a lo que ocurre en México, donde la desigualdad crece de forma alarmante, según datos no sólo de la CEPAL, sino del mismo gobierno mexicano:

(http://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/AGOSTO_2011/ITLP_ESTATAL_agosto_2011.pdf).

Pero bueno, esas son cosas que deberán resolver los venezolanos. Lo que me parece grave e irresponsable, son los paralelismos que planteas entre Chávez y Andrés Manuel López Obrador sin tomar en cuenta los matices que existen entre ambos personajes: Chávez es un militar, López Obrador es un civil. Chávez ha recurrido al golpe de estado como alternativa; López Obrador la movilización social (pacífica). La formación ideológica de Chávez es el marxismo; López Obrador es un liberal. Tu carta también omite diferencias profundas en el contexto histórico-político de Venezuela y México. Un caso concreto: el modelo de partido hegemónico y el autoritarismo que representa hoy el PSUV en Venezuela es justo lo que se intenta evitar en México con el regreso del PRI. Pero bueno, como olvidaste poner en contexto esos datos por eso sentí la necesidad de recordártelos por si planeas una reedición de tu carta-video.

Aprovecho la ocasión para platicarte un poco de cómo andan las cosas en este mi amado (y apedreado) México. Resulta que la economía lleva estancada 30 años. El proyecto neoliberal que nos vendieron como la solución a todos nuestros problemas simple y sencillamente no ha funcionado. En los 90 fuimos uno de los primeros países en firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sonaba muy bien, a decir de algunos políticos que hacían eco de este proyecto económico-político ideado en Washington, pero resultó todo lo contrario. El libre comercio resultó ser no sólo una gran mentira, sino también un pretexto ideal para iniciar un proceso de privatización sin precedentes en la historia de este país. Hoy, los datos indican que el 25% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras (la mayoría extranjeras) para la explotación de minerales aún a pesar de causar serios desastres tanto ambientales como humanos con la complicidad del gobierno. También se desmantelaron empresas públicas de las cuales dependía la soberanía alimentaria de los mexicanos (Pronase y Conasupo) para que las grandes empresas trasnacionales controlen el mercado de los alimentos. Ahora importamos alimentos básicos como maíz, arroz o frijol, que bien se pudieran producir en el país pero que resulta imposible ante los precios que ofrece el mercado estadounidense. Algo similar pasa con otros secotres, como el de servicios, donde tiendas como Walmart han aprovechado la corrupción de los gobiernos mexicanos para fortalecer su monopolio. También se privatizó una empresa pública como Teléfonos de México con la promesa de que eso ayudaría a mejorar el servicio. Ahora pagamos una de las tarifas telefónicas más altas del mundo, pero presumimos tener al hombre más rico del planeta, Carlos Slim, con una fortuna de 79 mil millones de dólares. Un dato que contrasta terriblemente con los 12 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema.

Fíjate que el abuso llegó a tal nivel que cuando los bancos quebraron por sus malos manejos, los mexicanos tuvimos que endeudarnos de por vida para rescatar a bancos que terminaron vendiéndose a inversionistas extranjeros. Y de paso, algunos corruptos privilegiados por el sistema amasaran tremendas fortunas. Fue así como se creó el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el mayor robo en la historia de este país, avalado por los partidos de la derecha (PRI y PAN). A pesar de que cada año pagamos más de 30 mil millones de pesos, sólo por concepto de intereses, en 2010 el Instituto para el Ahorro Bancario tenía una deuda de 1 billón 300 mil pesos, con lo cual terminaremos de pagar el chistecito (sin bien nos va) dentro de 70 años. Lo peor es que esta deuda la van a seguir pagando mis hijos y los hijos de muchos mexicanos más que ni siquiera han nacido.

Pero no sólo eso. En 2006, la descomposición política llegó a niveles tales, que incluso se declaró ganador de la elección presidencial a un candidato cuya victoria siempre estuvo en entre dicho, según juzgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos magistrados determinaron que, efectivamente, la intervención del presidente en turno, Vicente Fox, y algunos organismos empresariales fueron determinantes en el proceso. Sin embargo, esto no impidió que Felipe Calderón asumiera la presidencia aún cuando dichas irregularidades eran suficientes para modificar el resultado de la elección, dado el corto margen de diferencia, de apenas un 0.56% de los votos. Este antecedente, aunado al crecimiento sin control de las bandas criminales, provocó una crisis política sin precedentes en la historia del país que a la fecha ha arrojado al menos 60 mil muertos en menos de seis años y un sinnúmero de desaparecidos. La gente del norte, por ejemplo, ya no puede salir de sus casas sin temor de que ser asesinados por grupos criminales que hoy gobiernan estados en la frontera norte de México. De ahí que muchos especialistas hablen de la existencia de narcoestados como Tamaulipas. Y el grado de violencia imperante hoy en día en todo el país no puede entenderse sin un proceso gradual de descomposición social, política y económica que explica el escenario actual en el que nos encontramos.

¿No te parece grave todo esto? ¿No amerita esto un cambio? Decía Einstein que era estúpido hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos. El problema es que en México esta estupidez es una epidemia que se repite cada seis años, cuando los grupos de poder beneficiados por el régimen se sienten amenazados y utilizan el miedo como instrumento de control. Un miedo que se alimenta de videos como el tuyo, en el que comparas a Chávez con López Obrador sin hacer un análisis más completo. Lamento decirte que por todo este contexto, tu video está siendo utilizado para alimentar el miedo de la gente y tratar de mantener intactas las estructura de dominación que existen en México con la manipulación informativa de los grandes consorcios mediáticos, reformas legales impulsadas por partidos políticos que atentan contra el interés público y un sistema judicial sumamente eficaz para perseguir a los disidentes y exonerar a los criminales que operan al amparo de la corrupción.

Estas en todo tu derecho de manifestar tu opinión como mejor te parezca. Yo estoy en mi derecho de manifestarme respetuosamente por la manera en que tu video promueve el miedo y la desinformación. Por ello es necesario hacer estas aclaraciones ante la clara ausencia de un sentido crítico que nos ayude a descifrar la realidad sin prejuicios y exageraciones vagas que resultan terriblemente efectivas en estos tiempos electorales para que las cúpulas impongan un gobierno autoritario como el que afirmas, existe en tu país. Todo cambio implica un riesgo, pero no por ello podemos permitir que las cosas sigan igual cuando es evidente que las cosas no han funcionado. No podemos permitir que sea el miedo el que gobierne esta patria de todos contra todos, donde  se incubó durante años un odio profundo que hoy estalla en diversas manifestaciones de violencia. Por supuesto que López Obrador tiene sus propios defectos y habremos de tomarlo en cuenta a la hora de votar (o no) por él, pero no podemos juzgarlo por las acciones de Chávez.

Espero que la exposición de mis argumentos en esta carta contribuya aunque sea un poco a terminar con los prejuicios absurdos que sólo generan daño.

Te mando un afectuoso abrazo.

Manuel Hernández Borbolla

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