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Un frente ciudadano para combatir a la corruptocracia: una lectura política de la dolorosa realidad nacional desde la matanza de Nochixtlán

El asesinato de al menos once personas a manos de la Policía Federal y el saldo de más de cien heridos durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la sociedad civil en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio de 2016, es la muestra más reciente de la dictadura que se padece actualmente en México.

A diferencia de lo ocurrido en Ayotzinapa, en Nochixtlán hubo muchos fotógrafos y testigos que documentaron la matanza. El secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong, dice que prefiere esperar a las investigaciones, lo cual se traduce en que quieren ganar tiempo para inventarse otra “verdad histórica” con la tontería esa de que los policías fueron emboscados. Nadie les cree. Y menos cuando hay fotos de agentes con armas largas vestidos de civiles. La crisis de derechos humanos que vivimos en México sólo se ve en las más crueles dictaduras: asesinatos, represión, desaparecidos, torturados.

Y en este sentido, es necesario cuestionar las inconsistencias en la estrategia política de la CNTE y su exigencia de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a lo cual uno podría preguntarse qué posibilidad real de diálogo existe cuando el gobierno utiliza armas de fuego para asesinar manifestantes desarmados. ¿Con quién habría que dialogar? ¿Con un gobierno ilegítimo que viola sistemáticamente los derechos humanos para reprimir a sus opositores y censurar la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto reconocer el diálogo implica reconocer como interlocutor a un gobierno ilegítimo que asesina a la población para salvaguardar los intereses de una oligarquía corruptocrática que ha convertido la ruina del país en un lucrativo negocio privado, como ocurrió con la reforma energética y la reforma educativa que pretende facilitar el despido de los maestros disidentes en beneficio de intereses políticos del gobierno? [1] De ahí que la reforma educativa no sea sino un instrumento de control diseñado para que el PRI pueda recuperar el control del gremio magisterial, luego de que los gobiernos del PAN otorgaron una serie de privilegios a los líderes corruptos del sindicato docente con fines político-electorales. Esto explica el por qué los profesores de la CNTE se oponen a un proceso de evaluación que otorga a los señores de la corruptocracia la posibilidad de sustituir a los maestros disidentes por maestros dóciles, lo cual convierte dicha reforma en un aparato de control diseñado para desarticular la oposición al actual régimen.

No es la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto reprime a sus opositores mediante el uso de la fuerza y otros medios coercitivos. Así ocurrió con la detención de José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, luego de que tuvieran que levantarse en armas para defenderse ante los continuos ataques del crimen organizado y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública. Así ocurrió también con la intervención de las fuerzas armadas, el crimen organizado y el Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de la campaña de desprestigio y acoso orquestada por el gobierno federal en contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin contar con las presiones del gobierno sobre MVS para censurar a Carmen Aristegui y sus colaboradores luego del escándalo de corrupción de la Casa Blanca que involucra directamente a la esposa de Peña Nieto, así como el continuo asesinato de periodistas, activistas y líderes sociales, casos que muestran las difíciles condiciones que se enfrentan actualmente en México para ejercer la libertad de expresión. Rasgos típicos de una dictadura, término que puede definirse como una forma de gobierno en la que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos de coerción para contener a sus opositores mediante el uso de la fuerza.

Por lo anterior habría que preguntarse: ¿Con qué instituciones pretenden lograr gobernabilidad? ¿Con un Poder Ejecutivo que reprime a la disidencia y el pensamiento crítico al mismo tiempo que protege y beneficia a sus cómplices? ¿Con un Poder Legislativo que dicta leyes a modo para beneficiar los intereses de la clase política por encima de la gente, como ocurrió recientemente con la manera en que echaron abajo la propuesta de ley anticorrupción promovida desde la sociedad civil?[2] ¿Con un Poder Judicial que dicta sentencia en función de intereses políticos y donde los crímenes quedan impunes en más del 99% de los casos?[3] ¿Con órganos electorales que invariablemente resultan omisos ante la inyección de dinero ilícito durante las campañas electorales?[4] ¿Con procuradurías de justicia que torturan y manipulan los hechos a su conveniencia para construir “verdades históricas” como las de Ayotzinapa?[5] ¿Con gobernadores corruptos que no son sino empleados del crimen organizado y las empresas trasnacionales?[6] ¿Con los serviles medios de comunicación que administran la ignorancia y realizan campañas de difamación para beneficiar al gobierno en turno?[7] Este es el vivo retrato del actual régimen, donde la corrupción es aquello que da cohesión a todo el sistema político mexicano, lo cual permite entender el actual fenómeno de ingobernabilidad como consecuencia de una severa crisis de legitimidad. Una situación que ha derivado en una grave crisis institucional donde la ausencia de un Estado de derecho ha generado una ola de violencia utilizada por el gobierno para imponer sus propios intereses por encima del bien común, mediante el uso de la fuerza y una maquinaria burocrática diseñada para promover el abuso sistemático en contra de la población. Rasgos de un Estado fallido que busca reconfigurarse como una dictadura donde la política del garrote y la mordaza se ha convertido en el medio predilecto para tratar de controlar la creciente molestia social ante los desastrosos resultados de un gobierno ilegítimo y tirano.

Por ello, no es casualidad que la brutal represión y la detención de los líderes del magisterio disidente se produzca pocas semanas después de que los partidos políticos que forman parte del actual régimen, aprobaran en las comisiones de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca crear un Estado de excepción para suspender los derechos humanos y legalizar la represión contra la población civil.[8] Un instrumento típicamente utilizado por las dictaduras para acabar con la oposición política, controlar el descontento social y aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza. Algo que, de hecho, ha venido ocurriendo desde 2007, a inicios del sexenio de Felipe Calderón, tal como puede constatarse en el elevado índice de letalidad de las fuerzas armadas en su presunta “guerra contra el narcotráfico”,[9] lo cual evidencia que durante la última década se han realizado una serie de “ejecuciones sumarias” contra civiles,[10] tal como quedó de manifiesto con las masacres de Tlatlaya,[11] Apatzingán[12] y Tanhuato[13] a manos del ejército mexicano y fuerzas federales. Esto, sin contar con los casos de tortura reconocidos por los altos mandos del ejército[14] y otros casos violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en San Fernando, Ojinaga, Allende

De ahí que existan elementos más que suficientes para responsabilizar al Estado mexicano en tribunales internacionales por delitos contra la humanidad, tal como sostiene un reciente informe de Open Society, el cual señala que ante la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continua que prevalece en el país “existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.[15]

Una crisis de derechos humanos que no es sino síntoma de una enfermedad crónica provocada por un sistema capitalista cuya perversa lógica de explotación, acumulación y miseria ha servido para enriquecer a los más ricos mediante el sufrimiento de los más pobres,[16] situación que en buena medida explica los altos índices de violencia en México[17] y sirve también para encubrir una política de despojo promovida por empresas que —en su continua disputa por territorios, recursos y mercados— violentan los derechos elementales de las personas y las comunidades en complicidad con el Estado.[18] Una crisis profunda generada por un “pacto de impunidad” entre las élites político-empresariales que controlan al país.[19]

Es por ello que la renuncia de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete se vuelve un reclamo elemental para evitar una escalada de violencia ante el creciente descontento y la ola de represión contra opositores del actual régimen. Si bien la renuncia o destitución de funcionarios de alto perfil difícilmente resolverá la actual crisis política que enfrenta México, sí representa un primer paso para realizar cambios de fondo en la estructura del sistema político mexicano.

Aún cuando en las actuales condiciones la vía armada representa una opción legítima para derrocar al gobierno tirano que asesina civiles y protege delincuentes, me parece que la mejor vía para afrontar la crisis desde la resistencia civil es mediante la conformación de un Frente Amplio Democrático que genere consensos y una estrategia muy concreta para frenar la violencia y combatir la corrupción, los dos pilares que sostienen el poder político del gobierno autoritario que padecemos. La construcción de un Frente Amplio Democrático permitiría aglutinar y cohesionar la protesta social en las calles, al mismo tiempo que generaría condiciones para construir los consensos mínimos necesarios para echar a andar una reforma profunda del Estado mexicano y ejercer presión sobre la corruptocracia desde distintas trincheras, a partir de una estrategia puntual que ataque el problema de raíz y que pueda implementarse en diversos sectores sociales.

Por ello resulta urgente empezar a plantear la conformación de un frente ciudadano para encarar los abusos de la corruptocracia y convertir la inconformidad social que a diario vemos en las calles y redes sociales en un proyecto político donde la ciudadanía reclame el poder político que le corresponde y le ha sido arrebatado por políticos sin escrúpulos que han dejado en la ruina al país. Una labor urgente que sólo podrá convertirse mediante la construcción de acuerdos mínimos entre diversos sectores sociales, situación que atenta contra la tradición fragmentaria de una izquierda cuyo dogmatismo ideológico y su imposibilidad de construir consensos carga con una parte de responsabilidad en este desastre de país provocado por un bipartidismo de derecha cuyas políticas neoliberales no han hecho sino amplificar el abuso, la desigualdad y la miseria en todas las formas posibles. Una estampa que retrata a la perfección el México corrompido y violento en el que vivimos.

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[1] Manuel Gil Antón. La reforma Educativa. El Colegio de México, 2013. Entrevista disponible en Youtube.

[2] Rubén Rojas. “Elude Senado reclamo de mexicanos y aprueba Ley 3 de 3 rasurada”, en UNOtv. México, 15 de junio de 2016.

[3] Índice Global de Impunidad en México 2016. Universidad de las Américas, Puebla. México, 2016.

[4] Oswaldo Chacón Rojas. ”Diagnóstico del modelo de fiscalización electoral mexicano” en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, num. 4, pp. 275-301. PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2013.

[5] Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-CIDH. México, 2016.

[6] Humberto Padgett. Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano. Ediciones Urano. México, 2016.

[7] Jenaro Villamil. “Rapados en Comitán: el montaje fallido de Aurelio Nuño contra la CNTE”, en Homozapping. 1 de junio de 2016.

[8] “Aprueban diputados, en comisiones, dictamen sobre Estado de excepción en México”, en Aristegui Noticias. México, 29 de marzo de 2016.

[9] Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. Documento de trabajo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2015.

[10] Azar Ahmed y Eric Schmitt. “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera preocupación”, en The New York Times. 26 de mayo de 2016. // “Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México – Informe de seguimiento de experto de la ONU”. Boletín de prensa. Naciones Unidas. Ginebra-Ciudad de México. 20 de junio de 2016.

[11] “Difunde AP que elementos de la Sedena fusilaron a 22 personas en el Edomex”, en Proceso. México, 11 de julio de 2014.

[12] Laura Castellanos. “Masacre en Apatzingán”, en Aristegui Noticias. Reportaje en dos partes. México, 19 de abril-24 de mayo de 2015.

[13] “Fue masacre en Tanhuato; la saña y que nadie traía zapatos, pruebas: familiares”, en La Jornada. México, 25 de mayo de 2015.

[14] “Ejército pide perdón por caso de tortura en Guerrero”, en Milenio Diario. México, 16 de abril de 2016.

[15] Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Open Society Foundations, 2016, p. 166.

[16] Gerardo Esquivel Hernández. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam México. México, 15 de junio de 2015.

[17] Ted Enamorado, et al. Income Inequality and Violent Crime: Evidence from Mexico’s Drug War. Banco Mundial. Junio de 2014. // Índice de Paz México 2016. Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 2016.

[18] Carlos Fazio. Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo. México, 2016.

[19] Edgardo Buscaglia. Vacíos de poder en México. Random House Mondadori. México, 2014.

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Una estampa macroeconómica de lo jodido que está México, gracias a su gobierno mafioso

Hoy todos los titulares de la prensa traen el anuncio de que el gobierno mafioso y vendepatrias encabezado por Enrique Peña Nieto y sus secuaces abrirá la importación de gasolinas a la empresa privada a partir de abril, con lo cual se sigue acelerando la destrucción de un sector estratégico para el país. La velocidad con la que se ha desmantelado a Pemex es sorprendente. En menos de un sexenio no quedará nada de lo que alguna vez fue una de las mayores empresas del mundo. Y por si fuera poca cosa, la Auditoría reporta que en 2014 el Estado dejó de recaudar 1.2 billones de pesos (una cifra gigantesca) al perdonarle el pago de impuestos a las mafias empresariales que controlan al país. Por eso parece particularmente irónico que en México se destine más dinero al pago de deuda que a apoyos sociales para combatir la pobreza. En este sistema mafioso, los banqueros serán siempre una prioridad frente a los pobres. Uno no puede deberle 20 pesos a Hacienda porque inmediatamente están chingando con notificaciones de todo tipo, pero eso sí, los grandes empresarios, los multimillonarios, no pagan un centavo porque el gobierno los exenta del pago de impuestos. Estamos jodidos. No hay día que este gobierno de mierda no deje de sorprendernos con algún caso de corrupción impune, vileza desmedida, estupidez crónica y otras linduras tan representativas de nuestra miserable clase política. Y a pesar de que la situación económica está cada vez está peor —una vez que el salario pierde valor al mismo tiempo que se incrementan los precios de las mercancías por fenómenos como la devaluación y la inflación maquillada en los principales indicadores macroeconómicos—, las mafias político-empresariales que han conducido a México a un estado de crisis económica, política y social, van campantes por la vida, gozando de los muchos privilegios que otorga el poder y la enajenación. Y si no me creen, pregúntenle a Humberto Moreira y a Javier Duarte. Par de rufianes, hijos de la chingada en su máxima expresión. Así las cosas en este país hecho trizas llamado México.

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Ponencia sobre Corrupción en Pemex en Colpin 2015

En días recientes tuve la oportunidad de ir a Lima, Perú a presentar mi trabajo de investigación sobre Corrupción en Pemex dentro de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2015 (Colpin), en la cual se dieron cita “los autores de los mejores trabajos postulados al Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación”. Fue un honor para mí presentar mi trabajo periodístico en un evento tan importante, donde tuve la oportunidad de codearme con varios de los periodistas más talentosos del continente, con trabajos realmente impresionantes. Aquí les dejo el video de la ponencia.

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México, país de la barbarie

Por definición, la civilización implica un acuerdo mínimo para garantizar la convivencia en sociedades complejas conformadas por personas provenientes de grupos culturalmente diversos. De ahí que el origen de la civilización tenga un origen común con la invención de la escritura y las primeras leyes plasmadas en piedra, lo cual permitió fijar en el tiempo y el espacio esos acuerdos mínimos de convivencia y cuya violación debe ser sancionada por la autoridad para mantener la paz dentro de un determinado grupo social. Lo que caracteriza a la civilización es la impartición justicia a través del respeto por la ley, lo cual no es sino un mecanismo social diseñado para garantizar la convivencia.

Todo lo contrario a lo que ocurre en México, país donde el hábito de la barbarie ha logrado imponerse sobre cualquier norma de convivencia, lo cual permite entender muchos de los comportamientos que vemos a diario en las calles, el resultado de una patología social que se ha venido gestando a lo largo de varias décadas debido al debilitamiento de las instituciones que sostienen al Estado mexicano.

No en balde, los índices de violencia en el país se han recrudecido a la par de la desconfianza en las instituciones y la erosión de los aparatos de impartición de justicia, vulnerados por la corrupción.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho 2015, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP), México ocupa el lugar 79 de 102 países en cuanto al debido cumplimiento de su sistema de leyes. En casi todos los apartados de dicho indicador, México aparece por debajo del promedio de mundial y regional, siendo el caso más grave el de “Orden y justicia”, en el cual, México se ubica en el escaño 99, siendo el cuarto país peor evaluado, quedando por debajo de países como Honduras, Tanzania y Kenia. Algo similar ocurre en los apartados de “Justicia penal”, donde México se ubicó en el lugar 93, apenas nueve lugares por encima del peor calificado. También ocupó el lugar 88 en el factor “Ausencia de Corrupción”, y el lugar 82 en lo referente a la impartición de “Justicia Civil”. Los datos evidencian una verdad ya sabida: que en México no existe el respeto por la ley ni acceso a la impartición de justicia.

Otros estudios como el Índice Global de Impunidad 2015, realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP), ubican a México como el segundo país con mayor impunidad de 59 países analizados, sólo detrás de Filipinas. La falta de justicia ha derivado en una profunda crisis de legitimidad que se expresa en la desconfianza de los ciudadanos frente a instituciones corruptas.

En este sentido, el Informe de Justicia Cotidiana 2015, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), concluye que la mayoría de los ciudadanos mexicanos carecen de medios y condiciones para solucionar sus conflictos a través de las instituciones. Según datos del Barómetro Global de Corrupción 2013, de Transparencia Internacional, más del 80% de los mexicanos perciben como muy corruptos a los partidos políticos, la policía, funcionarios públicos, Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo cual habla de la magnitud de la crisis de legitimidad por la que atraviesa el Estado mexicano.

Y esto sin contar con los estudios recientes que documentan un crecimiento exponencial de la brecha entre ricos y pobres como consecuencia de un modelo económico que privilegia el abuso y la desigualdad social, tal como sostiene el estudio de Oxfam, Desigualdad extrema en México —realizado por Gerardo Esquivelel, investigador del Colegio de México—, en el cual se explica que mientras la fortuna de los 4 millonarios más ricos de México representa el 9% del Producto Interno Bruto mexicano, más de la mitad de la población permanece en pobreza. Una cifra que coincide con los 55.3 millones de pobres que existen en México según el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y no es casualidad que el aumento de la pobreza y la desigualdad sea consecuencia de la erosión de un Estado de bienestar diseñado originalmente para mitigar las desigualdades provocadas por el sistema económico.

Las cifras sólo confirman la barbarie que vivimos a diario. Un país donde el ejército masacra civiles y niños de manera impune, como ocurrió en Tlatlaya, Apatzingán y Ostula. Un país donde el crimen organizado ha demostrado una y otra vez ser más eficaz que los cuerpos de seguridad, como ocurrió con la fuga de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán. Un país donde los escándalos de corrupción del presidente y su gabinete, poseedores de casas y riquezas inexplicables, no son sancionados o siquiera investigados por la autoridad. Un país donde las reformas a la ley están diseñadas para legalizar el abuso y el despojo de una élite insaciable que privatiza todos los bienes públicos sin tomarse la más mínima molestia de rendir cuentas o dar explicaciones por su reiterada incompetencia. Un país donde el sistema electoral privilegia a estructuras clientelares que se mantienen con dinero que los partidos políticos se roban del erario. Un país donde los grandes empresarios hacen negocios exorbitantes amparados en el tráfico de influencias. Un país donde el Poder Judicial sólo sirve para justificar con argumentos imbéciles los crímenes cometidos de la clase política. Un país donde se castiga a quien denuncia un crimen y se privilegia a quien lo comete. De ahí que no deba extrañarnos que el hábito de la barbarie sea una constante en la calle, donde el respeto a los derechos del otro son vejados rutinariamente en esa lucha idiota de todos contra todos.

Todo lo anterior permite entender cómo es que uno debe permanecer en constante estado de alerta para no ser atracado por la policía, el porqué un chofer de microbús puede pararse a media calle tras pasarse la luz roja del semáforo, el porqué un mirrey puede pasar un examen comprándole una botella de ron al maestro, el porqué un entrenador del representativo nacional de futbol puede golpear a un comentarista de manera burda y sin temor a ser castigado, el porqué 43 alumnos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa pueden desaparecer de manera impune, el porqué existe desabasto de gasolina en varios estados de la República, el porqué el salario mínimo no alcanza para comer, el porqué los medios de comunicación han hecho del silencio un lucrativo negocio, el porqué la gente reacciona con violencia para sacar toda la frustración acumulada por una vida miserable donde la resignación ante la miseria pareciera ser la única posibilidad.

Casos que evidencian la manera en que los mexicanos han optado por abandonar casi cualquier vestigio de civilidad para sobrevivir en un país gobernado por la barbarie.

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¿Votar o no votar? El problema es otro…

Como hemos visto mucha confusión que existe en torno al tema en esta temporada electoral en México, nos dimos a la tarea de armar un video exponiendo un punto de vista diferente al que prevalece en los medios. Votar o no votar da lo mismo, pues la descomposición de las instituciones ha provocado que en México el voto no tenga validez, y por lo tanto, es un instrumento poco eficaz para generar un cambio profundo en el país. Con esto arrancamos transmisiones en el FitzionarioTV. Ahí pa que se animen a seguirnos en el canal de Youtube, donde estaremos subiendo videos con los temas que nos interesan en este espacio, dedicado al arte, el saber, los fenómenos sociales y la transformación del mundo.

El país de la impunidad: el saqueo a Pemex y la condonación de impuestos a las grandes empresas

El informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2013 confirma información que publicamos hace un tiempo en este espacio y otros medios, sobre cómo el gobierno beneficia a los grandes empresarios del país mientras destruye la planta productiva de Pemex y hace negocios multimillonarios con la importación de gasolina.

En la auditoría de desempeño 13-1-18T4I-07-0327, la ASF señala la manera dolosa en que los altos funcionarios de Pemex y el presidente en turno, han convertido en un enorme negocio privado la importación de gasolinas.

“En términos generales, se determinó que las acciones de conducción y dirección por parte de Pemex Corporativo no aseguraron el abastecimiento de petróleo crudo que demandó el Sistema Nacional de Refinación, en términos de cantidad y calidad, lo que afectó la producción de petrolíferos para
satisfacer la demanda con producción propia, por lo que se recurrió a crecientes importaciones”, indica el documento.

En cuanto al tema de la condonación fiscal, la ASF sostiene que 36 de las empresas más grandes de México no pagaron impuestos por más de 80 mil millones de pesos. Mientras el gobierno de Peña aumentó los impuestos con la reforma hacendaria, los adeudos fiscales de los grandes empresarios fueron condonados de manera ilegal, según reporta la Auditoría Superior de la Federación.

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Los sectores más beneficiados, son los banqueros, las televisoras, las comercializadoras, los servicios de telecomunicaciones (Slim y Televisa), y las cementeras. A la banca privada le condonaron 20 mil 722 millones de pesos, mientras a los medios de comunicación (televisoras), se les condonó 18 mil 536 millones de pesos.

En otras palabras, la clase política sigue destruyendo al país impunemente, sin que la ciudadanía haga algo efectivo para evitarlo.

México cansado

“Ya me cansé”, señaló el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al responder a las preguntas sobre las fosas encontradas en Guerrero y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No debería sorprendernos. Tan acostumbrados a dar órdenes y ser vitoreados por su séquito de aplaudidores, los políticos mexicanos no pueden ocultar su incomodidad a la hora de rendir cuentas como debería suceder en un Estado democrático. Por supuesto, sabemos que esto no es el caso de México.

Por eso nosotros también estamos cansados señor procurador. Cansados de la mezquindad con la que se manejan los políticos mexicanos a la hora de rendir cuentas ante las exigencias de la ciudadanía. Estamos cansados de que todos los días aparezcan fosas repletas de cadáveres al mismo tiempo que el Estado criminal del cual usted forma parte, desaparece estudiantes y luchadores sociales. Estamos cansados del actual régimen de impunidad diseñado para beneficiar los intereses de las élites político-empresariales que se han enriquecido al amparo de la corrupción. México está cansado, señor procurador, de que la ley termine beneficiando a los mismos de siempre al mismo tiempo que se utilizan mecanismos de represión para silenciar el descontento de quienes se atreven a criticar el abuso sistemático como forma de gobierno.

Estamos hartos de que ustedes los políticos se den vida de mirreyes y viajen en aviones de 7,500 millones de pesos en un país donde más de 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Cansados de que el salario mínimo no alcance ni para comprar una canasta básica de comida. Cansados de que el actual régimen no haya movido un dedo para resolver el escandaloso índice del 99% de impunidad propiciado por lo que el investigador Edgardo Buscaglia llama un pacto de impunidad entre las élites político empresariales del país. Cansados de que criminales protegidos por el Estado criminal como Moreira, Granier, Vallejo, Aguirre, Moreno Valle, Duarte, Eruviel, Sabines, Montiel, Medina, el ‘Gober precioso’ y una larga lista de infames sigan impunemente libres mientras las cárceles están llenas de inocentes y presos políticos.

Cansados de que la justicia sea sustituida por el ajuste de cuentas, tal como evidenciaron al encerrar a la maestra Elba Esther Gordillo con cargos inventados para no evidenciar la manera en que los gobiernos de todos los partidos desvían recursos multimillonarios a las mafias sindicales para financiar campañas electorales. Cansados de que los funcionarios se burlen de la ciudadanía y esgriman argumentos tan burdos como los que utilizaron para justificar el ilegal rebase de topes de gastos de campaña durante las elecciones presidenciales de 2012. Cansados de que el gobierno libere a narcotraficantes como Caro Quintero. Cansados de la manipulación informativa que ejercen a través de sus serviles medios de comunicación. Cansados de cómo los políticos han decidido vender al país para llenarse los bolsillos. Cansados de ver cómo están dispuestos a atentar contra el futuro de los jóvenes para beneficiar a las empresas extranjeras. Cansados del riesgo que corren a diario nuestras familias al salir a la calle debido a los altos índices de violencia promovidos desde el Estado. Cansados de que los legisladores hagan leyes a modo para legalizar el despojo y el saqueo, como hicieron con la reforma energética. Cansados de que los ministros de la Corte cobren sueldos millonarios para servir al presidente en turno, como evidenciaron con el caso Florence Cassez. Cansados de llorar por nuestros niños muertos y calcinados en la guardería ABC en un intento del exgobernador de Sonora por quemar evidencia de crímenes que seguirán impunes. Cansados de tener que salir a protestar todos los días por la nueva pendejada del gobierno. Cansados de que las madres tengan que buscar a sus hijos en fosas comunes. Cansados de que traten de silenciar la verdad matando periodistas. Cansados de pactos cupulares con los que intentan conseguir legitimidad mientras cierran el paso a la ciudadanía, como ocurrió con la reforma política y el carácter no vinculante de la consulta popular. Cansados de la hueca retórica oficialista de un gobierno ilegítimo. Cansados de vivir en un país donde el Estado de derecho es una puta al servicio del mejor postor. Cansados del apoyo que se da a las empresas extractivas que contaminan y destruyen nuestros bosques y ríos. Cansados de que el gobierno de Peña condonara más de 180 mil millones de pesos de impuestos a sus cuates como pago de favores por los servicios prestados durante la campaña presidencial. Cansado de que la economía vaya en picada mientras se aferran al mismo modelo que ha enriquecido a los más ricos y empobrecido a los más pobres. ¿Quién está más cansado, señor procurador? ¿Ustedes o nosotros? ¿El gobierno criminal al que representa o la ciudadanía? Pero no se preocupe, señor procurador, puede tomarse unas largas vacaciones. Trabajando o descansando, los resultados de su trabajo serán los mismos. Disfrute mientras pueda. Tras varios años de miedo y apatía, los mexicanos hemos comenzado a romper el hábito de la desesperanza para organizarnos mejor y remediar el desastre de país que nos han dejado. Esta fiesta apenas empieza.

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El país convertido en fosa común

México está caliente. La violencia sigue creciendo de manera sostenida y adoptando nuevos matices. El asesinato y desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de la policía municipal de Iguala, ha sacudido al país. Los ríos de sangre que el gobierno mexicano pretende silenciar con ayuda de los medios de comunicación se ha vuelto inmanejable. El torrente sangriento ha derribado el cerco mediático. La cantidad de cadáveres apilados en múltiples fosas encontradas a lo largo y ancho del país han evidenciado ante los ojos del mundo a una nación desgarrada por la violencia con la que opera el narco-Estado mexicano. Un estado represor que utiliza la fuerza pública para asesinar estudiantes, luchadores sociales y disidentes de un régimen manejado por una élite político-empresarial que se ha empeñado en destruir el pacto social en aras de su desmesurada ambición.

“La policía en todos lados, la justicia en ningún lugar”, rezaba una manta presente en la protesta multitudinaria del pasado 8 de octubre en el Distrito Federal por la matanza de los normalistas de Ayotzinapa. La frase retrata a la perfección el momento que se vive en las calles. El país arde. Ya no es solo Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, el Estado de México o Guerrero. Las secuelas de la guerra declarada del Estado mexicano contra la ciudadanía han provocado un cambio gradual en la espiral de violencia. Grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó a formar una brigada para cazar a los asesinos de los estudiantes, quienes fueron “cazados como perros”, según el testimonio de algunos sobrevivientes de la absurda matanza.  Ya no se trata de simples enfrentamientos entre cárteles de la droga disputándose el territorio nacional con la complicidad de los gobernantes de los tres niveles, como ocurrió durante la guerra idiota iniciada por el expresidente Felipe Calderón. La violencia de los últimos meses tiene un matiz diferente en el que la persecución contra los grupos disidentes al actual régimen van en aumento. El narco-Estado trata de mantener el control del país a través de la violencia a costa de su propia legitimidad. Y eso implica una mayor coerción. El círculo vicioso se reproduce cada vez con mayor fuerza. La desconfianza en las instituciones es directamente proporcional al aumento de la violencia promovida desde los aparatos de gobierno empeñados en aprobar reformas estructurales diseñadas para beneficiar a las élites de siempre pese a contar con un evidente rechazo popular.

La intensidad de las protestas sube de tono mientras el Estado se desfonda. Los estudiantes, maestros, campesinos y trabajadores no son ya los únicos inconformes con los intereses perversos que manejan el destino del país desde las sombras. Grupos conservadores que tradicionalmente han colaborado con el régimen, como los militares, la Iglesia y los empresarios empiezan a hacer cada vez más evidente su descontento. La bola de nieve crece. Las posturas se poralizan. El terreno para una guerra civil es fértil. La posibilidad de diálogo es nula. La vía institucional ha demostrado ser inútil hasta el cansancio. Los administradores del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial han utilizado los aparatos del Estado para institucionalizar el abuso. Los inverosímiles niveles de impunidad 99%, reconocidos por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, hablan de la magnitud de la crisis. El Estado fallido a la mexicana es una verdad incuestionable. Y si el Estado no cumple con su parte del contrato social, no hay razón alguna que siga existiendo. El vacío de poder intentará llenarse de algún modo. La disputa entre los grupos desencadenará una guerra civil. La mesa está puesta para que esto ocurra en cualquier momento, ante la ceguera cómplice de los medios de comunicación y una clase intelectual cortesana, diseñada para mantener intactos los privilegios imperiales de las élites.

Los brotes de violencia e inconformidad diseminados a lo largo y ancho del país no son ya focos rojos, sino advertencias concretas de que una guerra en busca de justicia se cocina en las entrañas de este México desgarrado. El baño de sangre es inevitable, tristemente, dolorosamente. El abuso insaciable de las mediocres élites que controlan los hilos del país no puede durar eternamente, como ingenuamente creen los señores de la ignominia. Los frívolos delirios de grandeza de la clase política a costa del sufrimiento de millones no puede prolongarse indefinidamente sin que existan repercusiones en las calles. Basta revisar la historia del hombre para confirmar la hipótesis. Y el problema es que la explosión furiosa de las masas no suele ser racional.

En tiempos de oscuridad como los actuales, construir la esperanza es el más sublime acto revolucionario. La noche de la ignominia no es eterna. Tarde o temprano saldrá el sol. Y los cadáveres de inocentes arrojados sobre fosas comunes serán la semilla que habrá de convertir la muerte en vida, el odio en amor.

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El trágico fin de la Revolución Mexicana: la muerte del pacto social tras la agonía neoliberal

De un plumazo, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el acta de defunción de la Revolución Mexicana. La larga agonía llegó a su fin. La privatización de la industria petrolera acabó con cualquier vestigio de ese proyecto político y cultural derivado del pacto social plasmado en la Constitución de 1917. El mismo proyecto que sentó las bases para el mayor desarrollo en la historia del país entre 1930 y 1976, época en que el mundo hablaba del ‘milagro mexicano’ que permitió construir, entre otras cosas, instituciones fundamentales para el desarrollo del país a lo largo del siglo XX.

Por partida doble, la reforma energética pulverizó los dos grandes triunfos históricos de la Revolución Mexicana: el reparto agrario y la expropiación petrolera. Con la nueva legislación aprobada en el Congreso por el PRI y PAN (junto a sus partidos satélite, PVEM y Panal) establece que el gobierno tendrá facultades para obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas privadas para la explotación de hidrocarburos, una actividad considerada como prioritaria para los intereses de la nación, lo cual representa una expropiación disfrazada en la jerga legislativa. El solo argumento expuesto en la Ley de Hidrocarburos es aberrante. En las últimas décadas, las empresas mineras han demostrado hasta el cansancio la manera en que los intereses privados son capaces de pisotear los derechos elementales de las comunidades ante un Estado mexicano incapaz de impartir justicia. Los casos sobran. No en balde, los conflictos sociales derivados provocados por el despojo de los recursos naturales se ha incrementado de manera sustancial en los últimos años, tal como evidencian algunos informes de académicos y organizaciones civiles[1]. De ahí la preocupación externada por organizaciones campesinas en torno a la manera en que los intereses de las trasnacionales energéticas, apoyados por el gobierno mexicano, acentuarán los conflictos sociales que existen hoy en día ante el despojo como política de Estado y la utilización de técnicas extractivas con un alto impacto ambiental y social, tal como ocurre con el proceso de fractura hidráulica utilizado para la explotación del gas shale.[2]

Del otro lado, aún con la reforma energética ya aprobada, quedan muchas dudas del impacto económico que provocará el agujero fiscal de entre 200 mil y 800 mil millones de pesos que dejará la reforma energética en el presupuesto, ya que contrario a lo establecido en la ley, la iniciativa aprobada por el PRI y PAN no cuenta con un estudio prospectivo en materia económica[3]. Una situación que agudizaría las precarias finanzas de estados y municipios de todo el país ante la posible reducción de las participaciones federales como consecuencia de que Pemex comparta la renta petrolera con empresas privadas.

Por supuesto, el asunto de la privatización de la industria energética evidencia el abandono definitivo del PRI al proyecto social que le vio nacer. Aunque esto no es nuevo, ya que desde la década de 1980 la fractura interna del tricolor y las privatizaciones impulsadas tras la adopción del modelo neoliberal evidenciaban el distanciamiento ideológico del partido hegemónico frente al nacionalismo revolucionario que justificaba la existencia del PRI, las reformas estructurales del tricolor apegadas a los intereses de las cúpulas empresariales del país han dado la última estocada a la Revolución Mexicana, luego de que la reforma laboral cancelara los derechos conquistados tras años de luchas como las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Hoy no queda nada. Los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución, mismos que regulaban la educación, la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y los derechos de los trabajadores, los cuales el PRI presumía pomposamente aún durante el sexenio fúnebre de Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo, son letra muerta. Los tres pilares del nacionalismo revolucionario, (el sector obrero, campesino y popular) fueron aniquilados por líderes corruptos y un modelo económico que se ha cansado de evidenciar su inoperancia ante la ineficiente política exportadora y los fallidos tratados de libre comercio que el gobierno mexicano sigue impulsando con todo y sus miserable’s resultados, incluyendo la precarización del salario, el aumento sostenido de la pobreza y las altas tasas de migración hacia los Estados Unidos.

Más allá del rollo ideológico, el PRI pareciera no haberse dado cuenta de las repercusiones que tendrán estas reformas en la vida política del país y el problema de gobernabilidad que se avecina. Esto se debe a que la restauración del modelo autoriario que pretende reinstalar el PRI es directamente proporcional a su incapacidad para constatar que el México de hoy no es el mismo que el México jurásico de la ‘dictadura imperfecta’ acuñada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El PRI es incapaz de garantizar la gobernabilidad del país e imponer su mano dura como en antaño por una sencilla razón: la debilidad de las instituciones mexicanas. Las mismas instituciones que el PRI ayudó a desmantelar en aras de un proyecto económico que a lo largo del tiempo ha resultado desastroso en términos macroeconómicos, con una tasa de crecimiento prácticamente nula en tres décadas al comparar el Producto Interno Bruto por habitante.

La diferencia entre el viejo PRI, aquel viejo monstruo del corporativismo clientelar que “robaba pero dejaba robar” y el no tan nuevo PRI de corte neoliberal tras el cisma de los años 80 está en sus bases. Las instituciones con las que contaba el viejo PRI fueron el resultado de ese caos llamado la Revolución Mexicana y el pacto social que se materializó en la Constitución de 1917. Las instituciones con las que cuenta el nuevo PRI son la consecuencia directa del proyecto neoliberal confeccionado en el concejal de Washington, donde irónicamente, uno de los principales objetivos era debilitar al Estado mexicano para cederle el paso al ‘libre mercado’. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los grandes intereses económicos terminaron por devorar a un Estado débil como el mexicano. Sólo así puede entenderse el enorme poder de los cárteles de la droga y los grandes grupos empresariales que han magnificado sus negocios mediante la corrupción promovida desde el gobierno. Fue así como el crimen organizado, el de pistola en mano y cuello blanco, se apoderó del país. La mafia se disputa el mercado mientras el Estado intenta recobrar su papel de intermediario. Eso es lo que dejan entrever reformas como la de telecomunicaciones, donde el gobierno pretende recuperar el poder perdido para posicionarse como mediador en un conflicto de particulares disfrazado de política pública, tal como ocurre con la disputa entre América Móvil y Televisa. Algo similar ocurrió con el gremio magisterial, cuyos liderazgos fueron cobijados durante la docena trágica panista encabezada por Vicente Fox y Felipe Calderón. Es así como a través de medidas autoritarias y antipopulares (de acuerdo con las últimas encuestas de opinión en torno a la reforma energética), el PRI intenta el control que el Estado cedió a los poderes fácticos.

El problema de fondo reside en que la debilidad sistemática de las instituciones que dan sustento al Estado mexicano representa un problema político de grandes dimensiones, ya que esto explica en buena medida, el incremento de la corrupción, la violencia y la criminalidad en todo el país. Mientras el Estado debiera ser el ente encargado de garantizar la convivencia social entre los diferentes grupos, la ineptitud de los aparatos gubernamentales para hacer cumplir la ley, con el objetivo de beneficiar los intereses de las cúpulas empresariales a través de vacíos legales que fomentan la corrupción y el crimen organizado (tal como advierte acertadamente el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en su libro Vacíos de poder) ha generado un ambiente de descontento generalizado tras la ruptura del pacto social que daba permitía niveles mínimos de cohesión y convivencia.

Ahora que el proyecto revolucionario ha llegado a su fin, México parece navegar a la deriva. Al no existir un acuerdo social que salvaguarde los intereses de los distintos grupos que conforman ese país llamado México para beneficiar a las cúpulas, terminará por agudizar el descontento social y la violencia que se sigue viviendo a lo largo y ancho del país aunque los medios oficialistas intentan matizar en sus titulares. El saldo de una transición democrática fallida donde las élites mexicanas han logrado sepultar de una vez por todas el proyecto revolucionario para dar paso a una reedición del Porfiriato donde los grandes hacendados serán sustituidos por las trasnacionales petroleras. Son los giros trágicos de la historia en un país desmemoriado, educado para aceptar con resignación e ingenuidad los desplantes despóticos de sus amos y su nostalgia por las asimetrías sociales que provocaron esa insurrección que alguna vez fue la Revolución Mexicana.

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[1] Emir Olviares e Israel Rodríguez. En riesgo, grandes extensiones de tierra en 4 estados por cambios en materia energética. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/politica/006n1pol; También puede consultarse: Andrés Barreda Marín, Diagnóstico Ambiental de México, ANAA, 2009. http://www.afectadosambientales.org/andres-barreda-marin-diagnostico-ambiental-de-mexico-anaa-2009/; José Luis Lezama y Boris Graizbord. Los grandes problemas de México, capítulo IV: Medio Ambiente. Colmex, 2010. http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

[2] Manuel H. Borbolla. Expropiación de tierras, cara oculta de la reforma energética. Agencia Quadratín: http://mexico.quadratin.com.mx/Expropiacion-de-tierras-cara-oculta-de-la-reforma-energetica-I/; Piden campesinos modificar legislación por expropiaciones: http://mexico.quadratin.com.mx/Piden-modificar-legislacion-de-expropiaciones-por-reforma-energetica/

[3] Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, presentado por la bancada del PT en el Senado en julio de 2014 dentro de la discusión de la reforma energética: http://oaxaca.quadratin.com.mx/Reforma-energetica-dejara-hoyo-fiscal-de-800-mil-mdp-Bartlett/

El cobarde asesinato de Gregorio Jiménez: el intento de callar la puta realidad de un país que grita de dolor

 

El asesinato cobarde del periodista veracruzano Gregorio Jiménez dice mucho del México actual. Un lugar donde los administradores de la desgracia nacional pretenden callar con sangre y anestesia mediática los gritos de un país que grita de dolor. Ahora las autoridades pretenden hacernos creer que el asesinato de Jiménez fue un hecho aislado que nada tenía que ver ni con el crimen organizado ni con la labor de un periodista victimado por la criminalidad con al que operan los grupos delictivos de Veracruz encabezados por el gobernador Javier Duarte, quien además de todo fue premiado por defender la libertad de expresión. Solo en un país hecho pedazos como este pueden gestarse escenas tan grotescas. Como siempre, el gobierno pretende utilizar su aplanadora mediática para disfrazar esta puta realidad producto de la ambición desmedida y la miseria humana en su máxima expresión, amparados siempre con el argumento idiota del “nadie sabe, nadie supo”. Ahí está también Alfredo Castillo, el comisionado por el gobierno federal para “poner orden” en Michoacán, haciendo malabares discursivos para tratar de justificar el encuentro que sostuvo en días recientes con un lugarteniente del cártel de los Valencia. En cualquier país con un Estado de derecho de medio pelo, Castillo habría tenido que poner su renuncia sobre la mesa luego de la patética explicación que dio al periódico Reforma, en la cual asegura que aunque Juan José Farías alias ‘El Abuelo’ le pidió ayuda por la investigación que existe en su contra por vínculos con el crimen organizado, no lo detuvieron porque “no tenían orden de aprehensión”. Complicidad o ineptitud, da lo mismo. Lo increíble es que nos quieran tratar como estúpidos, aún cuando el hecho de que el crimen organizado operó a favor del actual “gobernador” de Michoacán, Fausto Vallejo, durante el proceso electoral de 2011 es un secreto a voces que circula con fuerza dentro de los callejones del poder en los que se desenvuelve nuestra deleznable clase política, tan dispuesta a callar para conseguir su tajada del botín. Así se juega en el pútrido ajedrez de la política mexicana, donde las mayorías siempre terminan por joderse mientras el abuso de la élite sigue in crescendo. Ejemplos sobran. Ahí están las alabadas reformas estructurales que tanto celebran los siervos del actual régimen. Ahí está la reforma laboral, el saqueo del petróleo, el aumento de impuestos imbéciles y su impacto en la inflación, la alza de delitos como el secuestro y la extorsión, el robo de cuello blanco como política de Estado. Los resultados están a la vista: un país donde la única posibilidad de acceder a la justicia es tomarla en mano propia, tal como han demostrado los grupos de autodefensa.

Cualquier apasionado de la historia podrá constatar que el abuso sistemático de unos contra otros no puede durar eternamente. El imperio romano terminó por caer, devorado por la corrupción y las disputas internas. A Luis XVI le cortaron la cabeza. Lo mismo ocurrió con la Rusia zarista y la revolución bolchevique. No se necesita ser un erudito para darse cuenta de que en México están dadas las condiciones para que estalle un conflicto armado de gran envergadura. Lo único que puede detener los ríos de sangre que están gestándose actualmente en las entrañas del actual régimen es una revolución: desbordar las calles con protestas y derrocar al actual gobierno, construir un nuevo pacto social y redistribuir equitativamente el poder político entre los diversos grupos sociales para devolverle la paz a México. Por supuesto, nuestra clase política, tan acostumbrada al lujo criminal y la manipulación como sustituto de la realidad, no cederá fácilmente. Los tambores de guerra suenan cada vez con mayor fuerza. Solo el pueblo organizado podrá detener la carnicería. ¿Cuántos periodistas más tendrán que morir en este doloroso camino? ¿Cuántos políticos criminales permanecerán impunes? ¿Cuánto tiempo pasará para que la verdad termine por alumbrar este país de tinieblas? ¿Cuánto sufrimiento más habremos de soportar antes de convertirnos en autores de nuestro propio destino? ¿Cuántas lágrimas, cuánto rencor acumulado, cuánta sangre inútil, cuánto odio habrá de ser derramado en esta guerra estúpida de todos contra todos? ¿Cuánto tiempo pasará para que podamos aprender a convivir sin someter al otro? ¿Cuándo abriremos los ojos y el corazón para cobrar conciencia de este dolor imbécil? ¿Cuántos más habremos de morir por hablar mientras otros esconden la cabeza en el suelo y se muerden la lengua por miedo? Por eso hay que gritar, hay que señalar, hay que denunciar, hay que luchar, defender con uñas y dientes la posibilidad de un presente y futuro mejor. Aunque nos vaya la vida de por medio. Como Goyo.

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Revolución o dictadura: la disyuntiva que se dibuja en el México actual

La crisis política y social que vive México ha alcanzado niveles que tienen al país al borde de una guerra civil. No es una exageración. Es una posibilidad latente, debido a una profunda crisis estructural al interior del actual régimen. Por ello, los alcances de los grupos de autodefensa de Michoacán resultan un tema particularmente incómodo para el gobierno mexicano, pues además de desnudar su ineptitud el asunto ha puesto en evidencia la inviabilidad del actual régimen y el Estado fallido con el que administran la desgracia de millones.

El Estado, según la corriente contractualista encabezada por Hobbes, surge de un contrato social en el que los ciudadanos ceden al Estado su legítimo derecho a defender su vida a cambio de que dicho ente garantice la seguridad de los ciudadanía a través del monopolio del uso legítimo de la coacción. La legitimidad de dicho uso legítimo de la fuerza es regulado a través de un contrato social materializado en la Constitución y plasmado en un sistema legal y jurídico que garantice cierto nivel de convivencia social. De ahí que el dichoso Estado de derecho (que tanto le gusta citar a nuestra ignorante clase política) es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, regulando el funcionamiento de los funcionarios públicos y manteniendo un cierto equilibrio de poder entre los diversos grupos sociales que conforman una nación. Estas son las bases sobre las que se construye el pacto social entre el Estado y la ciudadanía. Todo lo que no ocurre en el México de hoy.

De ahí que la tesis del Estado fallido mexicano resulte tan contundente a la hora de describir la crisis institucional que enfrenta actualmente el país. El pacto social está roto, tal como sugieren los analistas serios (que rara vez aparecen en las primeras planas de la mediocracia nacional). Esto se debe a que el pacto social construido durante la Revolución Mexicana y plasmado en la Constitución de 1917 —el cual permitió la industrialización del país y un crecimiento sostenido de la economía del país de 1940 a mediados de la década de 1970, época del llamado “milagro mexicano”— ha sido reducido a cenizas tras varias décadas de gobiernos corruptos, cuyo funcionamiento está enfocado en generar beneficios para una élite político-empresarial castigando a las mayorías. Basta revisar la manera en que las fortunas de las élites empresariales del país han crecido de manera exorbitante en las últimas dos o tres décadas, con la complicidad de los políticos en turno, al mismo tiempo que la pobreza y las condiciones de vida de la mayoría han sufrido un deterioro pronunciado en el mismo periodo de tiempo. Las cifras son contundentes y pueden revisarse en el texto publicado en este mismo blog con motivo de los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La manera en que el gobierno mexicano adoptó el proyecto neoliberal como modelo de desarrollo a partir de 1983, con la bandera de la desregulación estatal y el libre mercado como bandera, aunado al fraude electoral de 1988 que a la poste llevaría a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México, fueron dos hechos determinantes que aceleraron la descomposición del tejido social, tal como evidenció el levantamiento indígena en Chiapas con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, misma fecha en que el TLCAN entraba en vigor. Sin embargo, la aparición de los zapatistas fue solo una de las muchas caras que poco a poco iban evidenciando la debilidad del Estado mexicano, tal como ocurrió con la crisis económica del 94 y el subsecuente rescate bancario, el fortalecimiento sostenido de los principales cárteles de la droga mexicanos, el éxodo masivo en que millones de trabajadores mexicanos que se vieron forzados a migrar ilegalmente a los Estados Unidos para no morir de hambre. Este escenario, aunado a una guerra por el poder al interior del mismo régimen, que derivó en asesinatos de políticos de gran impacto como el de Carlos Ruíz Massieu, Luis Donaldo Colosio y el sospechoso accidente en el que murió el panista Manuel Clouthier, sumado a las presiones del gobierno de Estados Unidos, fueron construyendo en pocos años, las condiciones necesarias para que el régimen abriera una válvula de escape a esa olla de presión a punto de reventar. Esa válvula de escape fue la llamada alternancia democrática que permitió que en 1997 el PRD ganara la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en las primeras elecciones de su historia, y que el panista Vicente Fox ocupara la presidencia de la República en el año 2000.

La situación en ese entonces parecía inmejorable: instituciones fuertes como aquel Instituto Federal Electoral encabezado por José Woldemberg, un ligero crecimiento de la economía en la segunda mitad de los 90, elevados precios del petróleo que alcanzaron los 100 dólares por barril o la esperanza de que la tan anhelada democracia mexicana finalmente comenzaba a tomar forma, eran algunas señales positivas en aquel efímero periodo de transición. El desencanto no tardó en llegar.

El cambio de colores en la silla presidencial no resolvió los viejos problemas. Por el contrario, los agravó. La corrupción y la impunidad fueron una constante en los primeros seis años de la docena trágica panista. Los escándalos de corrupción de la familia Fox, junto a Martha Sahagún y sus hijos, permanecen impunes hasta nuestros días. Lo mismo ocurrió con escándalos como el Pemexgate o la poco creíble fuga de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, líder del cártel del Pacífico, del penal de “alta seguridad” de Puente Grande, Jalisco. El desafuero y la guerra sucia durante los meses previos a la elección presidencial de 2006 para impedir que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegara a Los Pinos terminó por dinamitar la confianza en las instituciones del Estado mexicano y dividir a la población ante un proceso electoral amañado y tramposo. Tanto, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la intervención de Fox en el proceso electoral puso en riesgo la validez de la elección. A pesar de que el órgano reconoció (a medias) una elección de Estado y la intervención de poderes fácticos durante los comicios (lo cual sería el fundamento principal del Congreso para realizar la reforma electoral de 2007), esto no impidió que Felipe Calderón asumiera la presidencia de México en un ambiente de tensión y la crisis política ante la falta de pruebas suficientes para convencer a la población de que, efectivamente, el PAN había ganado “por las buenas”. Una falta de confianza que se traduciría en un gobierno débil de dudosa (o escasa) legitimidad.

Esta debilidad de origen fue determinante para que Calderón buscara el respaldo inmediato de las fuerzas armadas como una manera de afianzar su poder ante las protestas de la oposición, encabezadas por López Obrador, al mismo tiempo que declaraba una guerra contra el narcotráfico para tratar de construir la legitimidad que no obtuvo en las urnas. Las consecuencias de mandar al ejército a las calles para combatir a las bandas del crimen organizado, sin un diagnóstico previo o los instrumentos jurídicos necesarios para justificar la intervención del ejército en labores propias de las fuerzas civiles, nuevamente terminaría por atentar una vez más contra el famoso Estado de derecho basado en el respeto de la legalidad.

Luego vendrían los pagos de favores a los grupos que influyeron en la imposición de Calderón en la silla presidencial: las concesiones a la líder del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo (a quien entregó el control de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y la Lotería Nacional); la poco recordada Ley Televisa (que finalmente no prosperó); el primer intento de una reforma energética para privatizar el petróleo (que finalmente no prosperó gracias a la fuerte oposición de la izquierda y la negativa del PRI), las concesiones de obra pública a empresas españolas como OHL; los contratos de la iniciativa privada en el sector eléctrico y petrolero (incluyendo casos memorables de corrupción como el protagonizado por Siemens y el ex presidente del PAN, César Nava); la entrega al por mayor del territorio nacional a través de concesiones mineras y protección a empresas como Walmart, involucrada en un escándalo de sobornos; la cancelación masiva de créditos fiscales por 483,086 millones de pesos; concesiones para casinos administrados por empresarios vinculados al PAN o la reforma laboral como cereza en el pastel.

Algo similar a lo que ocurriría con otros casos de corrupción que hasta la fecha permanecen impunes, tal como los responsables por el incendio de la Guardería ABC, la construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario, o casos de desvío de recursos en estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas o Coahuila, cuyos gobernadores permanecen impunemente libres. La debilidad del Estado a la hora de hacer cumplir la ley quedaba nuevamente de manifiesto. Un terreno próspero para que los poderes fácticos incrementaran su poder durante la docena trágica panista, amparados por gobiernos incompetentes y orientados a satisfacer sus propios intereses político-electorales con la ayuda de grandes grupos económicos que actuaban dentro y fuera de la ley.

Y mientras la corrupción y la impunidad continuaba devorando a las instituciones del Estado mexicano, la guerra de Calderón demostró su ineficacia para acabar con el crimen al mismo tiempo que resultaba sumamente efectiva para justificar la muerte al por mayor de adversarios políticos, periodistas y activistas sociales inconformes con el actual régimen. El saldo: 203,690 homicidios dolosos en seis años y al menos 83,000 ejecuciones en un alud de crímenes sin resolver. La violencia desbordada durante el Calderonato provocó que regiones enteras del país terminaran siendo secuestradas por el crimen organizado y la disputa de cárteles. La disputa entre las bandas delictivas en el norte del país suscitó hechos inéditos en la historia del país como la evacuación de pueblos enteros, (como en Ciudad Mier, Tamaulipas) o toques de queda civiles (como el registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua).

La presencia de las fuerzas armadas en las calles no impidió que el crimen organizado diversificara sus negocios. A la par del tráfico de drogas, las bandas delictivas comenzaron a incursionar en actividades como el secuestro, cobro de cuotas en giros negros y sectores de la economía informal, extorsiones, trata de personas, cobros por “derecho de piso” o robos de combustible, así como otros negocios de carácter “legal” a través de empresas fantasma producto de lavado de dinero, tales como centros de apuestas, hoteles, constructoras, restaurantes, hospitales o explotación de minas, muchos de estos, con el apoyo directo o indirecto de los gobiernos en turno, tal como denunció en su momento el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Esto provocó que el crimen organizado se apoderara de grandes porciones del territorio nacional, convirtiéndose en una especie de Estado paralelo con sus propios sistemas de cobro de impuestos, sistemas de salud, desarrollo social o “impartición de justicia”, su propia maquinaría bélica e incluso sus propias políticas para regular el precio de productos agrícolas en el mercado formal.

Y es precisamente en este contexto de degradación social y debilidad institucional que aparecen los primeros brotes de insurgencia civil. Tal es el caso de Cherán, comunidad de Michoacán que decidió levantarse en armas para defenderse del acoso del crimen organizado en 2010, y que representa el referente directo para entender la proliferación de grupos de autodefensa y policías comunitarias en al menos ocho estados del país: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Jalisco, además de Colima y Tabasco, según diversos reportes publicados en 2013.

Fuente: Milenio

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La ingobernabilidad en dichas regiones del país, aunado al control hegemónico de los cárteles de la droga en lugares como Tamaulipas, la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) o Sinaloa, evidencia el tamaño de la crisis política que enfrenta el Estado mexicano. Una crisis a la cual habría que sumar las expresiones de descontento prevaleciente entre grupos como los que normalistas de Ayotzinapa, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los autodenominados anarquistas, tras otro proceso electoral marcado por indicios claros de corrupción tolerados por la autoridad, tal como ocurrió en enero de 2013 cuando el Instituto Federal Electoral utilizó una argumentación patética para desechar las acusaciones del llamado caso Monex que condujo a Enrique Peña Nieto a la silla presidencial por la vía de la ilegalidad.

De ahí que la preocupación del actual régimen por contener los brotes de insurrección armada que se han presentado en Michoacán durante el último año, tal como ocurrió con el encarcelamiento de 45 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, a manos del ejército en agosto de 2013. Y a pesar de que el gobierno federal ha señalado en reiteradas ocasiones que intervendrá en Michoacán para restablecer el orden, la falta de resultados ha puesto en evidencia la debilidad del Estado mexicano, devorado por la corrupción.

Por eso, la manera en que el Concejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec y otros grupos civiles armados de Michoacán lograron replegar a Los Caballeros Templarios en municipios como Nueva Italia, evidencian la debilidad de un Estado mexicano desfondado por la corrupción al interior de sus instituciones y la violación sistemática de los derechos civiles. ¿Cómo es posible que un grupo de civiles improvisados en tácticas de combate haya podido contener a los grupos criminales mientras el Estado se ha declarado incompetente para ello, pese a supuestamente tener los recursos humanos y materiales necesarios para erradicar el conflicto? En otras palabras, el Estado no ha cumplido con su parte en el contrato social. Y ese incumplimiento de sus obligaciones explica el surgimiento de grupos civiles armados a lo largo y ancho del país, tal como explica el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, al describir la manera en que la ciudadanía tuvo que recurrir a la vía armada para defenderse del crimen tras recurrir inútilmente a las instancias legales promovidas por un gobierno coludido con los grupos delictivos:

Las imágenes de los grupos de autodefensa sometiendo a los policías locales, habla de la magnitud de este fenómeno social. Con el avance de las autodefensas en varios municipios de Michoacán, en una estampa que no se veía desde tiempos de la Revolución Mexicana, el gobierno federal optó por desarmar a los grupos de autodefensa asesinando a civiles que protestaron ante una medida que los dejaría en estado de indefensión ante las represalias del crimen organizado. Un acto que claramente viola el contrato social que justifica la existencia misma del Estado.

El gobierno no solo es incapaz de garantizar la seguridad de la población, sino que además reprime de manera violenta el derecho de la gente a ejercer el legítimo uso de la fuerza ante el incumplimiento del contrato social por parte del Estado. Un hecho que además, evidencia el carácter autoritario del actual régimen, el cual utiliza sistemáticamente el uso de la fuerza para reafirmar su poder ante los grupos disidentes. Dicho en otras palabras, el gobierno pretende someter por la fuerza a los grupos que atenten contra los intereses de las élites en el poder, una medida con la cual el Estado de derecho es sustituido por una política de “ajuste de cuentas” propio de los grupos criminales que el gobierno dice combatir. Es aquí donde la legitimidad del actual gobierno se desmorona: ¿cómo se pretende que la ciudadanía cumpla con la ley si el gobierno viola permanentemente los derechos civiles? ¿por qué debo pagar mis impuestos mientras el Estado no castiga a quienes se enriquecen de manera ilícita con recursos públicos? ¿por qué debo entregar las armas cuando el Estado es incapaz de garantizarme la seguridad para la cual fue creado? ¿por qué debo acatar las reglas de un juego diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de las mayorías? Preguntas que cobran fuerza mientras la corrupción del actual régimen evidencia la debilidad de un gobierno antidemocrático que atenta contra los intereses de la mayoría, tal como pudo constatarse con la aprobación de la antipopular reforma energética, solo por mencionar uno de los agravios más recientes.

A partir de este intrincado panorama se cierran las posibilidades y surge la disyuntiva: ¿revolución o dictadura? Resolver la violencia y el descontento generalizado que existe actualmente en México implica construir un nuevo pacto social mediante un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución y establezca un nuevo equilibrio de poderes entre los diversos grupos sociales y un nuevo régimen que ponga en cintura a los poderes fácticos y le arrebate el control de la maquinaria estatal a una partidocracia que no representa los intereses de las mayorías (recordemos que el régimen se define como el conjunto de instituciones que regulan el poder político). Es decir, una revolución. La construcción de consensos entre las bases sociales permitiría ir consolidando gradualmente un Estado fuerte capaz de hacer valer la ley con el fin de garantizar niveles mínimos de convivencia sobre los que se sostiene cualquier sistema social. De ahí la necesidad de construir un proyecto revolucionario que establezca objetivos concretos y metas específicas a alcanzar en un determinado periodo de tiempo, al mismo tiempo que corrija todos los vacíos institucionales que han generado este ambiente de inestabilidad y encono que se traduce en violencia y resentimiento social.

Sin embargo, no será fácil lograr esto, ya que la política del garrote implementada por el actual régimen hace suponer que el actual gobierno utilizará mecanismos propios de los sistemas autoritarios —campañas de miedo y desinofrmación basadas en el control mediático, el uso de la fuerza, la persecución contra los disidentes, la aprobación exprés de leyes que le otorguen un mayor poder al mismo tiempo que reduce a su mínima expresión iniciativas que otorguen mayor poder a la ciudadanía, tales como la transparencia y rendición de cuentas— para mantener el actual régimen de privilegios del que gozan las élites político empresariales del país. Una dictadura que imponga por la fuerza medidas antipopulares. Basta ver la manera en que el Congreso ha aprobado las famosas reformas estructurales entre barricadas para darse cuenta de que esto es algo que de hecho, ya sucede.

El presente y futuro del país están en peligro inminente. De nosotros dependerá ponerle solución al problema y decidir el camino que habremos de elegir. El tiempo se agota. Nuestra fecha límite para impedir una guerra civil y el inminente reguero de sangre están a la vuelta de la esquina. Deberemos estar preparados para entonces. Y dado todo lo anterior: ¡que viva la revolución!

20 años del TLCAN: el recuento del desastre

La reforma energética y la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras es apenas el último capítulo de un proyecto político y económico cuyo fracaso es más evidente con el paso del tiempo. En prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, los saldos del proyecto neoliberal arrojan número rojos junto a las promesas incumplidas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contribuyó a empeorar la calidad de vida de los mexicanos al mismo tiempo que permitió a las élites político-empresariales del país amasar grandes fortunas bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Manuel Hernández Borbolla

El saldo negativo que arroja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de su entrada en vigor, explican en buena medida al México actual: un país atrapado entre una crisis de legitimidad de sus instituciones políticas y una élite empresarial privilegiada cuya riqueza creció exponencialmente junto con la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la violencia del crimen organizado y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que conforman a un Estado mexicano devorado por la corrupción.

El mismo gobierno federal reconoce que la economía mexicana tiene un estancamiento de 30 años, época que coincide con el comienzo del proyecto neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo su auge con la firma del TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuó desarrollándose durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad”, señaló Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la presentación de la reforma fiscal que el Ejecutivo envió al Congreso en septiembre pasado.

Si el gobierno mexicano reconoce que el modelo económico utilizado en las últimas tres décadas no ha funcionado, ¿por qué seguir implementando las mismas medidas? Los especialistas consideran que esto se debe a que la implantación del TLCAN, la apertura comercial y las privatizaciones han resultado ser un gran negocio para una cúpula político-empresarial que ha amasado enormes fortunas cobijados por una impunidad sistemática que explica la crisis de legitimidad que enfrentan actualmente las instituciones mexicanas. Este es el saldo de tres décadas de reformas estructurales y la entrada en vigor del acuerdo comercial que marcó la historia reciente de México.

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1. Dejar de producir para importar

Las cifras macroeconómicas son contundentes. En dos décadas, México desmanteló su planta productiva para convertirse en un país importador. De acuerdo con datos del INEGI, la productividad total de México en 2011 fue 8.2% menor a la que existía en 1990.

En contraparte, de 1993 a septiembre de 2013, el país tuvo un déficit comercial de 124,460 millones de dólares, según datos del Banco de México. Al descontar los ingresos del petróleo, la estadística es aún peor, ya que el déficit acumulado en 20 años suma 329,554 millones de dólares.

El sector servicios, que incluye al turismo y el sistema financiero, también arroja un saldo negativo acumulado de 377,467 millones de dólares desde 1994 hasta 2012, periodo en el que el déficit se duplicó al pasar de -14,980 millones de dólares a -31,978 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, la SHCP y el Banco de México, recopilados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

La inversión extranjera pasó de 12,830 millones de dólares en 1994 a 72,299 millones de dólares en 2012, según cifras de Banxico. En el mismo periodo, México descendió del cuarto lugar al vigésimo tercero en la captación de inversión extranjera directa, debido principalmente a la pérdida de competitividad, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Sin embargo, la inyección de capital extranjero no ha logrado incidir de manera favorable en el crecimiento de la economía nacional, debido a que la apertura comercial provocó que se destruyeran varias cadenas productivas de valor que fomentaban el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ya que la industria mexicana se enfoca principalmente en actividades de ensamblaje al final del proceso de fabricación, dirigido por empresas transnacionales que importan la mayoría de los insumos utilizados para generar productos de exportación. Algo que explica el poco valor agregado de la industria nacional, tal como ocurre con las pantallas planas, ya que en México se genera solo el 5% del valor agregado a pesar de ser uno de sus principales productos de exportación.

De 1993 a 2012, la industria mexicana registró un retroceso de 14.35% en el valor agregado de sus productos manufactureros, según datos de la Secretaría de Economía, lo cual evidencia la manera en que se ha desarticulado la planta productiva del país tras la firma del TLCAN.

“Las pequeñas, medianas y microempresas no están conectadas a la modernidad y tienen niveles muy bajos de productividad”, señaló en septiembre pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que el 50% de las exportaciones mexicanas son realizadas por sólo 45 empresas. La mayoría de ellas, de capital extranjero.

Según la Cepal, México es uno de los tres países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional, de acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012.

Para nosotros, el comercio exterior fue firmar tratados de libre comercio pero no se establecieron programas de competitividad, fomento industrial ni comercio exterior”, afirma Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y consultor del sector privado, quien asegura que la política “dogmática” que se adoptó junto con la firma del TLCAN promovió la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas.

No hemos diseñado una política para fortalecer el mercado interno porque nos abrimos mucho y establecimos una competencia desleal para la planta productiva nacional”, agrega.

El especialista considera que mientras los Cuatro Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) supieron aprovechar sus acuerdos comerciales con Japón para invertir en educación y programas que ayudaran a fortalecer su economía, México adoptó una postura basado en que “la mejor política industrial es la que no existe”, tal como en su momento declaró el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial del sexenio salinista, Jaime Serra Puche.

Aunque México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, tiene un déficit comercial con 30 de ellos, según explica Gómez, quien considera que firmar el Acuerdo Trans-Pacífico resultará contraproducente, principalmente para industrias como la cafetalera y la textil.

Para Gregorio Vidal, investigador de la UAM, el problema de fondo consiste en que el modelo basado en exportaciones carece de las bases necesarias para generar un crecimiento económico sostenido de entre 5% y 6%, a diferencia de lo que ocurre con otras potencias exportadoras como China, país que genera sus propios insumos y requerimientos industriales para luego transformarlos y exportarlos al resto del mundo, incluido México. Esto debido a que el TLCAN permitió que países como el gigante asiático introdujeran sus mercancías a México a través de Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo no hay ninguna política industrial en México. Se ha asumido que simplemente hay que actuar de acuerdo a los mercados. Un ejemplo notable es el caso del petróleo, cuando se dice que sale más barato importar gasolina que construir refinerías”, señala Vidal, quien considera que la situación actual de Pemex ilustra la situación que ha ocurrido con el resto de la industria nacional.

También aumentó la presión sobre las finanzas públicas, ya que la balanza entre ingresos y gasto público pasó de tener un saldo favorable de 0.2% del PIB en 1994 a un saldo de -2.5% del PIB para 2012. Una cifra negativa que se incrementará para 2014, luego de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó aumentar la deuda pública 1.5% del PIB para 2014 con el objetivo de aumentar el gasto público y evitar una recesión ante la desaceleración económica de los últimos meses. Sin embargo, el incremento de la deuda difícilmente revertirá el rezago de la inversión estatal en México desde la implantación del modelo neoliberal, ya que en el país el gasto público como porcentaje del PIB “es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, es del 27.1%, y en los países de la OCDE es de 46.5%”, de acuerdo con la SHCP.

A pesar de que México registra un saldo negativo en casi todas las variables macroeconómicas, el PIB presenta un ligero crecimiento de 3.15% desde la entrada en vigor del TLCAN y un crecimiento por habitante de 1.46%, según datos de INEGI y Conapo. ¿Cómo se explica esto?

Esa es la verdadera pregunta ácida para el Estado mexicano a 20 años del TLCAN. ¿Cómo explican agregado económicos, en algunos casos muy altos, cuando no tenemos producción, hay aumento de desempleo y problemas con la producción agrícola?”, señala David Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien considera que los altos precios del petróleo del 2000 a la fecha no permiten explicar por sí solas la manera en que la economía real es “totalmente contraria” a las cifras macroeconómicas.

Por ello, diversos especialistas dudan de la veracidad de las cifras macroeconómicas sean reales, pues deja varios huecos a la hora de explicar fenómenos como la inflación.

“México tiene un problema y hay advertencias del sistema financiero internacional de que México está lavando dinero en grandes cantidades”, agrega Lozano.

—Ahí está el caso HSBC.

—Un ejemplo solamente. Pero también algunas políticas de Estado pueden servir para lavar dinero.

—¿Cómo cuáles?

—Ahí tienes el caso de Chihuahua y Coahuila. Funcionarios públicos que traían empresas que lavaban dinero con el propio dinero del gobierno— afirma Lozano.

La agencia Stratfor estima que cada año se lavan o blanquean en México entre 19,000 y 39,000 millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada.

De ahí que diversos investigadores consideren que la estabilidad macroeconómica del país en las últimas dos décadas haya sido inflada artificialmente mediante deuda pública, las divisas de los migrantes, la precarización del empleo, el comercio informal y el dinero generado por el crimen organizado.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima, cifra que coincide con el excedente de 10,000 millones de dólares que registró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sistema financiero mexicano al cierre del año fiscal 2011, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicada en 2012.

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1950-1995GRAFICO 1

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1990-2011

GRAFICO 2

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Variación en la Productividad Total de los Factores, 1990-2011

GRAFICO 3

(Fuente: INEGI)

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2. Los privilegiados de las privatizaciones

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que inició originalmente el proceso privatizador al extinguir 294 empresas públicas, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas, o de acuerdo con cifras de la SHCP, no fue sino hasta el sexenio de Salinas cuando el proceso privatizador alcanzó su auge debido al tamaño y relevancia de las empresas que pasaron al control del sector privado. Fue así como en 1991, el gobierno inició la privatización del sector bancario que se vendió principalmente a empresarios nacionales.

“Eran grupos financieros en un sentido amplio. Ellos son los que adquieren todos los bancos en un proceso acelerado que intenta generar grupos financieros y bancarios en el país de gran tamaño que permiten que algunas fortunas se fortalezcan”, explica el investigador de la UAM, Gregorio Vidal.

Con la crisis económica de 1994 y la inminente quiebra de los bancos, el gobierno implementó el mayor rescate financiero en la historia del país al convertir en deuda pública las deudas de los ahorradores. Durante el rescate bancario, el Estado mexicano gastó montos dos o tres veces mayores que los que recibió durante su privatización, para luego vender los bancos ya saneados al capital extranjero.

A 14 años de distancia, la deuda pública por el rescate bancario no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado un 19.87%, debido a que el dinero destinado anualmente para este rubro en el presupuesto de egresos se utiliza para pagar una parte de los intereses. De acuerdo con datos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la deuda en diciembre de 1999 era de 687,844 millones de pesos. Para septiembre de 2013 la deuda ascendía a 824,586 millones de pesos. Esto luego de que a diciembre de 2013, el Estado mexicano ha pagado un total acumulado de intereses por 106,710 millones 722,223 pesos, según el IPAB.

Sin embargo, el crédito otorgado por la banca se contrajo a la mitad desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que mientras en 1994 se otorgaron créditos por 47.4% del PIB, en 2012 el porcentaje de créditos llegó a 20.32%, según datos oficiales recopilados por el CEFP.

Para el gobierno federal, la falta de crédito ha repercutido la caída en la producción y la falta de trabajo, ya que aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos del país, sólo el 15% de ellas tienen acceso a financiamiento.

“Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan: los pequeños y medianos negocios del país”, reconoció Peña Nieto en mayo pasado durante la presentación de la reforma financiera.

En contraste, las ganancias de los bancos han crecido a un ritmo mayor que la economía en los últimos 15 años. De 1999 a octubre de 2013, la banca privada tuvo utilidades por 724,956 millones de pesos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que las ganancias de los bancos crecieron cuatro veces más que la economía nacional en el mismo periodo, principalmente por el cobro de intereses. (El PIB creció 186.37% a precios corrientes mientras que las utilidades de los bancos crecieron a 722% a precios corrientes).

Con la privatización de la industria siderúrgica, los ingenios azucareros, así como las empresas de telefonía, fertilizantes y productos básicos de consumo, y posteriormente los ferrocarriles, los aeropuertos, las líneas aéreas, los puertos marítimos y las dos compañías productoras de energía en fechas más recientes, la emergente élite empresarial del país comenzó a concentrar un mayor volumen de riqueza.

En 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaba los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones; Lorenzo Zambrano (Cemex), con 2,000 millones; Eugenio Garza Legüera (VISA y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones; Ángel Losada Giménez (Gigante), con 1,300 millones; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones; Pablo Aramburuzabala Ocaranza (Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones.

Estos 14 magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual pero con un aumento significativo en el grueso de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes.

En la lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del planeta con una fortuna estimada de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Legüera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones; Jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones; Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), con 2,500 millones; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (exdueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares.

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De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 2013, elaborado por el banco Credit Suisse, México ocupa el octavo lugar entre los países con mayor número de multimillonarios del planeta, con 186 magnates, aún cuando México es la decimocuarta economía del globo.

“Estos empresarios han salido enormemente beneficiados. O han vendido sus acciones o han cambiado de giro, pero se les han dado ganancias como nunca. Se ha flexibilizado la ley para que ellos puedan tener grandes ganancias, si bien no en el sector productivo, sí en el sector financiero, donde la ley es muy laxa para obtener rápidamente altas ganancias. Por eso ellos no pueden estar a favor de una regulación estatal”, explica Arturo Ortíz Wadeymar, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador asegura que mientras empresas como Grupo Modelo han sido adquiridas por compañías extranjeras, México se ha convertido con el paso de los años en un país donde las empresas mexicanas se han convertido en trasnacionales que exportan grandes cantidades de capital para realizar inversiones en otros países, tal como ocurre actualmente con compañías como América Móvil, Grupo Elektra, Cemex, Grupo México, Bimbo, o Gruma, por mencionar algunas.

“Ahí mismo está el dato de la balanza de pagos, donde la inversión de mexicanos en el extranjero está por ahí de 25,000 millones de dólares en 2013, es decir, están invirtiendo fuera porque ven pocas expectativas en el mercado nacional”, señala Ortíz.

Sin embargo, la fuga de capital es mucho mayor a la reportada oficialmente, ya que de acuerdo con un estudio de la firma Global Financial Integrity, México se convirtió en el tercer país en desarrollo con mayor fuga ilegal de capital, al registrar pérdidas por 461,860 millones de dólares de 2002 a 2011. Un fenómeno que se disparó con la entrada en vigor del TLCAN, debido a que la falta de controles facilitó el lavado de dinero a través de facturación fraudulenta, lo cual permitió que el crimen organizado pudiera lavar grandes sumas de dinero transferido principalmente a los Estados Unidos. Si se comparan los ingresos que recibió México por las remesas familiares y la inversión extranjera, frente a la fuga de capital, se obtiene un saldo negativo de 110,646.5 millones de dólares, lo cual evidencia la magnitud del problema.

El reporte concluye que el gobierno mexicano debe enfocarse en adoptar medidas para frenar la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero que se incrementó exponencialmente después de la entrada en vigor del TLCAN y que “constituye el 73.7% de todos los flujos ilícitos” registrados de 1970 a 2010, de acuerdo con la consultora.

Fuente: Global Financial Integrity

De ahí que la fuga de capital y la caída en la producción sean dos elementos clave para explicar la escasa generación de empleo en las últimas dos décadas, en contraste con un aumento de la riqueza registrada por la élite empresarial beneficiada por el modelo neoliberal.

Redituable sí ha sido. El tema es, ¿redituable para quién? Hay ganadores en este proceso, hay fortunas que han crecido, grupos que se han fortalecido, capitales colocados fuera que son resultado de esta lógica. Que el grueso de la población no se haya beneficiado es otra cosa”, explica Gregorio Vidal, investigador de la UAM, sobre la privatización de los bancos.

“Es muy complicado modificar la lógica económica, porque ellos seguirán defendiendo este mecanismo. Lo que no se logra advertir es que esta forma de operar la economía no hace posible que haya crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, mientras se consolida el estancamiento”, agrega Vidal.

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3. La erosión del ingreso y la falta de empleo

La poca productividad de México y el estancamiento de su economía durante los últimos 20 años se ha traducido en falta de empleo y reducción del poder adquisitivo para los trabajadores mexicanos.

En el país, más de la mitad de los mexicanos (53.3% de la población, equivalente a 63 millones de personas) enfrentan algún nivel de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social. De 1994 a 2012, el número de mexicanos con alguna carencia alimentaria aumentó en 1 millón 740,916; con alguna carencia de capacidades en 2 millones 626,039; con alguna carencia de patrimonio aumentaron en 5 millones 589,294.

A dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el precio de la canasta básica, pasó de 17.86 pesos en 1993 a 108.80 pesos hasta octubre de 2013, de acuerdo con datos del INEGI.

Paralelamente al aumento de la canasta básica, el salario mínimo tuvo una caída del 27% de 1994 a 2012, al pasar de 78.84 pesos a 57.04 pesos, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Además de la erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, también aumentó el desempleo. La tasa de desocupación pasó de 3.6% en 1994 a 5% de la población económicamente activa en 2012, según datos del INEGI.

Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM asegura que las cifras reales del desempleo en México son superiores a las reportadas por el INEGI, ya que al utilizar la metodología de la Organización Mundial del Trabajo, los especialistas aseguran que en el país existen 8 millones de desempleados en México hasta octubre de 2013, equivalentes al 15.5% de la población económicamente activa.

Asimismo, el gobierno reconoce las cifras oficiales sobre el desempleo dadas a conocer por el INEGI son engañosas debido a que el 60% de los trabajadores mexicanos pertenecen a la economía informal, sector que genera una productividad 45% menor en comparación con la economía formal.

“Las estadísticas dicen que México tiene entre el 4.8 y el 5% de su población activa desempleada, pero ese es un dato engañoso porque la realidad es que el 60% son trabajadores informales y sólo el 40% tienen un empleo formal”, reconoció Alfredo Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante una entrevista con la agencia EFE en junio pasado, durante su participación en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra.

El funcionario indicó que la informalidad es el principal problema del sector laboral mexicano es que la “informalidad no paga impuestos, no recibe prestaciones y no cuenta con seguridad social”. Esto, aun cuando el PRI y el PAN impulsaron dentro de la reforma laboral de 2012 aprobada por el Congreso de la Unión, al flexibilizar el despido con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a costa de los trabajadores.

Datos de la UNAM señalan que el tiempo de trabajo necesario para que un trabajador mexicano pueda adquirir una canasta alimenticia prácticamente se duplicó en 20 años, al pasar de 12.53 horas de trabajo en 1994 a 23.44 horas en abril de 2013. En otras palabras, el salario mínimo alcanza para comprar la mitad de comida de lo que se compraba previo a la entrada en vigor del TLCAN, a pesar de que los promotores del acuerdo comercial aseguraban que la libre competencia en el sector agrícola reduciría el precio de los alimentos.

En 2013, uno de cada dos mexicanos dijo haberse quedado alguna vez sin dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con datos de la consultora Latinbarómetro.

Las comparaciones internacionales tampoco resultan favorables. México es el país con mayor explotación laboral entre las principales economías del planeta, ya que el trabajador mexicano que en promedio trabaja 594 minutos al día (el número de horas semanales más alto de las principales economías del planeta), deja de recibir ingresos por prácticamente la mitad del tiempo trabajado (253 minutos), según datos de la OCDE publicados en 2011. Esto significa que la explotación laboral en México es superior a países como China e India, cuyos trabajadores laboran en promedio 504 y 486 minutos al día.

En el caso de los profesionistas, cifras del INEGI señalan que el 37.3% de los desempleados tenían estudios medio superior y superior durante 2013, derivado de un modelo económico en el que los jóvenes profesionistas no encuentran cabida dentro del mercado laboral. Una situación que ha contribuido a desperdiciar el llamado ‘bono demográfico’ de México, que según el Consejo Nacional de Población, se define como el fenómeno de transición demográfica en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y adultos mayores), lo que se supone debería contribuir al impulso económico del país.

Y a pesar de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores nacionales, México perdió 16 lugares en competitividad a nivel internacional de 2001 a 2012, según el Foro Económico Mundial, mientras que perdió 47 lugares en la evaluación del organismo en torno a la calidad de las instituciones públicas, al pasar del lugar 56 al 103 en el mismo periodo.

“El TLCAN ha provocado un mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy tenemos un incremento en la pobreza, aún cuando en los últimos 20 años es cuando más se ha incrementado el gasto federal en el combate a la pobreza”, asegura David Lozano, economista y coordinador del CAM, quien considera que la falta de empleos explica en buena medida la violencia que existe en varias regiones del país.

En 1995 los estados de la República tenían tasas de desempleo entre 8 y 11%, ahora los ves con tasas de hasta 22% de desempleo. Eso cómo no va a impactar en la violencia”, señala el especialista, quien afirma que actualmente el crimen organizado regula la oferta y demanda de ciertos productos y servicios a través de cuotas que impone a los productores de limón, en Michoacán y Jalisco, la piña en Veracruz, o leche en la zona de la Comarca Lagunera.

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM

Hay lugares donde la economía es la economía del narcotráfico. Ahora ya tenemos población económicamente activa que se supone que es ilegal, pero que se contabiliza como ingreso en el paísHay empresas que son verdaderas lavadoras de dinero, pero el gobierno las mantiene porque son generadoras de empleo. Dicen que los tienen bien fiscalizados, pero son los que mejor pagan los servicios financieros y pagan sus impuestos”, asegura.

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4. La devastación del campo y los recursos naturales

A 20 años del TLCAN, el sector agrícola quedó estancado debido a que la falta de apoyos gubernamentales en el campo y las desventajas de los agricultores nacionales frente a sus contrapartes estadounidenses, provocaron que México haya dejado de producir alimentos para importarlos.

Datos de la UNAM señalan que el 72% de los productores del campo se encontraban en quiebra en 2011, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía.

Asimismo, el gobierno mexicano redujo a más de la mitad los subsidios agrícolas en dos décadas, según un estudio de la OCDE publicado en 2013, al pasar de 28% en el periodo 1991-1993 al 13% que se registró para 2010-2012.

Esta situación provocó que muchos productores mexicanos quebraran ante su incapacidad de competir con precios por debajo del valor de mercado ofrecidos por productores estadounidenses gracias a los altos subsidios otorgados por su gobierno, una práctica conocida como dumping que ha dejado cuantiosas pérdidas en productos como maíz, trigo, algodón, carne de puerco y de res.

La inequidad entre el régimen proteccionista de Estados Unidos y México ha provocado un estancamiento del sector agrícola, con un crecimiento de 1.8% anual en las últimas dos décadas, además de que la importación de comida se duplicó en dos décadas al pasar del 19% al 42%, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“El hecho es que con el TLCAN, México se convirtió en una potencia importadora”, asegura Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Otra promesa incumplida es que se iban a dinamizar las inversiones privadas y extranjeras en el campo, las cuales nunca llegaron, mientras la inversión privada fue raquítica. Se retiró la inversión pública para el campo. Solamente se invirtió en una minoría de agricultores comerciales del norte que no representan más del 10% del total de unidades de producción y para el 90% solamente hubo presupuestos de carácter asistencialista para combatir la pobreza, pero no para el desarrollo productivo. El resultado es que no hay mejoría en el ingreso rural ni en el bienestar de la gente del campo”, agrega.

La Confederación Nacional Campesina, organización históricamente vinculada al PRI, reconoce que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a Estados Unidos y otras ciudades del país “con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80% de los alimentos que demanda la población”, según el informe Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo publicado en diciembre de 2013.

Además de la falta de apoyos al campo, el desmantelamiento de empresas paraestatales como Conasupo y Liconsa durante la década de 1990 permitió que diversas empresas trasnacionales regularan los precios de alimentos, semillas y otros insumos agroindustriales que explican en buena parte el incremento de los precios de la comida en las últimas décadas, tal como ocurrió en 2007 con la crisis de la tortilla.

“Se prometió que los consumidores se beneficiarían con alimentos de calidad y bajo precio, pero los resultados indican que tenemos un incremento constante de los precios del consumidor, sobre todo en los últimos siete años, a tal nivel que el precio internacionales de los alimentos se han duplicado o triplicado a los años previos al arranque del TLCAN y esto ha repercutido en el incremento de la pobreza, la desnutrición y la obesidad en México, porque también se ha importado el modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha provocado la epidemia de obesidad”, asegura Suárez.

“El TLCAN ha resultado en un fracaso para el país, los productores y los consumidores. Los únicos que se han beneficiado han sido una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Grupo Vizacarra, Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé, Walmart, Pepsico, Coca Cola, Bayern, General Food y este tipo de empresas, que han visto crecer sus utilidades y su dominio de los mercados tanto nacionales como globales, además de concentrar subsidios, créditos a sus actividades económicas, regímenes de privilegio de carácter fiscal. Han pasado de una economía de libre mercado a una economía de oligopolios”, agrega.

Sin embargo, el sector agropecuario no es el único que presenta un saldo negativo tras la firma del acuerdo comercial, ya que las pérdidas económicas ocasionadas por daños al medio ambiente representan el 6.9% del PIB, de acuerdo con datos de INEGI en 2011. Tan solo ese año, las afectaciones ambientales de la minería generaron pérdidas por 242,274 millones de pesos.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 27,000 concesiones mineras que de manera conjunta equivalen entre el 15% y 30% de la superficie total del territorio nacional, gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 27 constitucional que abrió la puerta a la privatización de la tierra, así como la apropiación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal estima que el 82% de las 155 mil hectáreas deforestadas cada año en el territorio mexicano son consecuencia del cambio de uso de suelos “para uso agropecuario, de turismo o por crecimiento urbano e industria”, sectores vinculados a la apertura comercial del TLCAN, convirtiendo a México en el país con mayor deforestación de la OCDE. Y aun cuando el 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas “es alta en comparación con los niveles de otros países de la OCDE”, según detalla un informe de la organización.

Para diciembre de 2011, un 29% de las tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para pasar a propiedad privada, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria.

De ahí que el abandono del sector agrícola aunado a la presión del capital privado sobre las comunidades ha generado un ambiente de descontento social en prácticamente todo el país, ya que de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), actualmente existen cerca de 350 conflictos sociales vinculados con problemas ambientales.

“Existen casos emblemáticos muy graves de daño por contaminación pero no existe ningún tipo de regulación y vigilancia sobre el manejo, uso y destrucción de los recursos naturales del país. Si a esto agregamos que en estos 20 años ha ocurrido un proceso acelerado de privatización de los recursos naturales vía concesiones mineras o la reforma energética, así como otro tipo de infraestructuras, tenemos la más grave amenaza para la supervivencia en la historia del país, más allá del problema de la violencia que también es muy grave”, señala Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la ANAA.

Sin embargo, el escenario podría empeorar para los próximos años, debido a que la reciente aprobación de la reforma energética podría generar una destrucción ambiental en los estados del Golfo de México debido a que ahí se encuentran grandes yacimientos petroleros que aumentarán la presión sobre las comunidades para que las empresas trasnacionales puedan extraer hidrocarburos del subsuelo, de modo similar a lo que ocurre con las mineras canadienses.

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5. Exilio forzado

Actualmente existen cerca de 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo del INEGI, lo cual significa que cerca del 18% de la población económicamente activa del país se encuentra en el vecino del norte.

Mientras que en 1990 existían 4 millones 409 mexicanos viviendo en Estados Unidos, la cifra aumentó a 11 millones 964 en 2010, lo cual representa un aumento del 171% en dos décadas.

La migración masiva de trabajadores mexicanos se disparó justo después de la entrada en vigor del TLCAN, debido principalmente a la crisis económica de 1994, el crecimiento acelerado de la economía estadounidense y las redes de migrantes que se construyeron desde la reforma migratoria de Estados Unidos en los años 80.

El flujo migratorio hizo que en dos décadas, los ingresos por remesas aumentaron 645% al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 22,446 en 2012, según cifras oficiales recopiladas por el CEFP.

De ahí que diversos investigadores consideren que la migración fue una ‘válvula de escape’ para la economía mexicana, debido a que la falta de empleo en México podría haber contribuido a precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores nacionales.

“Ha sido una válvula de escape, debido a una combinación de factores, ya que por un lado el TLCAN no ha sido el motor de crecimiento que se esperaba y una política errónea de contención de parte de Estados Unidos consolidó el éxodo masivo de tantos mexicanos”, señala René Zenteno, catedrático del Colegio de la Frontera Norte e investigador de la Universidad de Texas.

“El impacto de las remesas es positivo, porque sin esos niveles de ingreso privado yo no sé cómo podrían sortear muchas familias en México momentos difíciles de estabilidad de ingreso. Las remesas lo que vienen a suplir es esa inestabilidad del ingreso y sus bajos niveles”, agrega.

Sin embargo, los expertos aún tienen dudas sobre cuál ha sido el impacto productivo de las remesas enviadas desde Estados Unidos, ya que de acuerdo con Silvia Elena Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ya que “en ningún país del mundo la emigración ha generado desarrollo local”.

Esto, debido a que en México no existen condiciones favorables para que la entrada de recursos incida de manera significativa en la reducción de la pobreza o la deserción escolar.

No hay condiciones muy favorables para capitalizar los beneficios de la migración. Hay gente que regresa con sus ahorros y abren tiendas de abarrotes, pero no hay condiciones para que se genere un entorno de inversión productiva que permita que se aprovechen los recursos y lo que aprendieron allá”, señala Giorguli,

“Eso pasa por la discusión del desarrollo nacional. No es que generes programas para los migrantes, sino modificar las condiciones del entorno en general”, agrega la especialista, quien considera que entre las consecuencias sociales del fenómeno migratorio se encuentran el despoblamiento de comunidades, procesos de ruptura y separación familiar, problemas de salud mental en los que se van y los que se quedan, así como una vulnerabilidad creciente para la mitad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y no tienen documentos.

Derivado de diversas denuncias interpuestas por organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó en noviembre de 2012 realizar una investigación profunda sobre las denuncias de trabajadores mexicanos contra el gobierno de Estados Unidos ante posibles violaciones al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), firmado como parte del TLCAN, principalmente en lo referente al “pago de salario mínimo; eliminación de la discriminación en el empleo; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; reciban la misma protección que los trabajadores nacionales; y tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales puedan hacer efectivos estos derechos”.

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6. El auge de la economía criminal y la crisis institucional

En los últimos 20 años, la capacidad financiera y operativa de los grandes cárteles de la droga en México convirtieron a estas organizaciones criminales en empresas trasnacionales cuya relevancia en la economía mexicana sigue creciendo ante un Estado débil e incapaz de satisfacer las demandas de su población. Algo que, según diversos especialistas, ayuda a explicar el escenario de violencia y crisis institucional por la que atraviesa el país.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Harvard, el narcotráfico es el quinto proveedor de empleo en México, al ocupar directamente a 468,000 personas en 2008, cifra que coincide con el medio millón calculado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

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Un informe publicado en 2013 por el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña, estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia en México ascienden a 333,000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 27.7% del PIB.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor de la Organización de Naciones Unidas especializado en crimen organizado, el crecimiento de la violencia en México se debe a que “la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los Estados, obteniendo ganancias en aquellos mercados con excesos de complejidad o ausencia de marcos regulatorios”, debido a que las empresas criminales ofrecen a diversos sectores de la población todo aquello que el Estado, “por sus fallas o ausencia, no puede ofrecer”.

De acuerdo con Buscaglia, esto ayuda a entender cómo es que las organizaciones criminales han logrado infiltrar el 78% de los sectores económicos del país, al mismo tiempo que ha contribuido a vulnerado las instituciones de impartición de justicia.

En su libro Vacíos de poder en México, Buscaglia señala que la debilidad del Estado mexicano y la ausencia de controles regulatorios capaces de contener la violencia del crimen organizado es propiciada por un “pacto de impunidad” entre una élite político-empresarial mexicana “que hoy se beneficia de descontrolados financiamientos de campañas electorales y de enriquecimientos inexplicables, vía empresas familiares de políticos que se mantienen de sobornos”.

En otras palabras, la corrupción al interior del Estado mexicano no solo ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga, sino también de grandes grupos empresariales amparados por una clase política y una ilegalidad sistemática que explica los altos niveles de impunidad en México, ya que de acuerdo con Buscaglia, “no existe corrupción pública sin corrupción privada: ambas se retroalimentan”.

Así lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al señalar en diciembre de 2012 que durante el sexenio de Felipe Calderón existió una impunidad del 99%. Una cifra similar al 93% de impunidad reportados a diciembre de 2013 de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, según una investigación recientemente publicada en el periódico Reforma, porcentaje que sin embargo, no contempla los delitos no denunciados, lo cual hace concluir que la impunidad es aún mayor.

En 2013, el Índice de Percepción a la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México como un país con altos niveles de corrupción al ocupar el lugar 106 de 175 países, lo cual hace de México el país con mayor percepción de corrupción entre los países de la OCDE.

Lo mismo considera el informe 2013 del IEP, en el cual se documenta un deterioro en cuatro de las seis condiciones de gobernabilidad durante los últimos 12 años de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, ya que “el nivel de corrupción percibido ha aumentado, el estado de derecho se ha debilitado, la libertad de expresión se ha reducido y, muy notoriamente, la estabilidad política ha disminuido en gran medida”.

La organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre” en su informe de 2013 debido a la falta de condiciones que existen en el país para garantizar el cumplimiento de derechos civiles como la libertad de expresión.

Esto ayuda a explicar el desencanto sostenido en la democracia en los últimos años. En 1996, el 53% de los mexicanos consideraban a la democracia como el sistema preferible frente a cualquier otra forma de gobierno, mientras que para 2013, solo el 37% mantuvieron dicha opinión, de acuerdo con datos del Latinbarómetro, lo cual representa una caída del 16%. En contraste, el 81% de los mexicanos consideraban injusta la distribución de la riqueza, mientras el 82% se declaró insatisfecho con el funcionamiento de la economía.

En 2010, el informe del Latinbarómetro señalaban que en América Latina, México y Brasil fueron “los dos países con la mayor cantidad de población que le da una baja legitimidad a la democracia”. Ese mismo año, los niveles de desconfianza de los mexicanos en el Congreso y el Poder Judicial fue de 72%, en los partidos políticos fue del 81%, en el gobierno fue de 66% y en las fuerzas armadas de 45%.

Los números evidencian el descontento de amplios sectores sociales con las instituciones del Estado mexicano, a raíz de casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, la elección presidencial de 2006, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el sexenio de Calderón o el regreso del PRI a Los Pinos tras una elección marcada por acusaciones de compra de votos y protestas contra los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

De ahí que la corrupción, impunidad e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población se han convertido en un problema de legitimidad política que permite explicar el surgimiento de los grupos de autodefensa surgidos en entidades como Michoacán y Guerrero, así como la ingobernabilidad que existe en Tamaulipas y otros estados secuestradas por las organizaciones criminales.

La corrupción desorganizada y sin controles que vive México invita a las empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer en el país cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios mucho más violentos y dañinos que en los Estados relativamente fuertes”, señala Buscaglia.

“La transición fallida vivida en el país ha desmantelado parcialmente las instituciones del régimen autoritario de partido único de Estado, pero las élites político-empresariales no han remplazado ese vacío con instituciones democráticas, y de esta manera se ha impedido que los supuestos representantes populares encuentren un consenso necesario para definir acuerdos políticos con el propósito de delinear e instrumentar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, contra la corrupción y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales”, agrega.

Una crisis institucional y económica que evidencia la fractura del pacto social que ayuda a explicar el clima de descontento que prevalece en México.

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La carnicería impune: una metáfora visual de la criminalidad del poder, según Rocío Caballero

Hacía un tiempo que no salía de un museo con tan buen sabor de boca. La exposición de National Geographic sobre las 50 fotografías que cambiaron al mundo fue el pretexto para descubrir la obra de Rocío Caballero. En su exposición titulada De crimen y sin castigo, conformada por 10 cuadros de gran formato, la artista plástica explora el dilema moral de la corrupción planteado en la célebre novela de Dostoievski utilizando metáforas visuales dotadas de una carga simbólica que evidencia la podredumbre del mundo actual. De ahí que las reiteradas referencias al reino animal evoquen aquella granja retratada por George Orwell en su mítica fábula sobre las contradicciones del autoritarismo. Quizá por ello, una de las pinturas llamó particularmente mi atención. En Lección 9: Omnipotencia, Caballero evidencia la crudeza y arrogancia del poder político en todo su esplendor: un ejecutivo en medio de una carnicería. Un rostro impávido en medio del dolor del cuchillo. La metáfora perfecta para describir la impunidad criminal de las élites y su indiferencia ante un mundo cruel que intentan mantener a toda costa.

NOVIEMBRE-3

Algo similar ocurre en la serie La búsqueda de la ataraxia, en la cual, Caballero expresa la apatía funcionalista del hombre moderno a partir de contrastes: la dictadura infernal del reloj, la felicidad del tiempo libre o la vida terrenal como un mosaico de emociones y experiencias, tal como retrata puntualmente en Tarot.

La búsqueda de la ataraxia, Tarot

El drama de morirse por dentro en este juego de sombras donde la simulación y el engaño son una constante en este carnaval de la ignominia. ¿Cómo sobrevivir a este mortal carrusel de antifaces? Es la pregunta incómoda que hace Caballero en esta exposición altamente recomendable.

La dignidad perdida

DIGNIDAD

Dignidad. Algo que este país perdió hace un buen rato. El momento actual evidencia la farsa. Un presidente que viaja a Sudáfrica para homenajear a Mandela al mismo tiempo que sus serviles legisladores del PRI y PAN aprueban el saqueo de la renta petrolera a través de una reforma energética muy útil para que un selecto grupo de bandidos se llenen los bolsillos mientras administran la miseria de millones de personas. ¡Vaya hipocresía! ¡Vaya bajeza! ¡Vaya cinismo! La tibieza de los medios también tiene ese tufo patético, vulgar. Muy pocos son los que están dispuestos a contradecir la voluntad todopoderosa del régimen. “No hay que morder la mano que nos da de comer”, se repiten a sí mismos los virreyes de la desinformación. Lo mismo una intelectualidad plácidamente acomodada en el dispendio oneroso de la compra de conciencias. Mejor el silencio cómplice, la cómoda indiferencia. Es el país de la servidumbre voluntaria, donde nada fluye por su propia cuenta si no es bajo el cobijo de la corrupción. Un país hecho mierda. Esta es la patria dolorida que nos han dejado. ¿Esto habremos de legarles a nuestros hijos? El futuro como sinónimo del apocalipsis. ¿Hasta dónde se puede tensar la liga sin romperse? ¿Hasta cuándo habremos de seguir soportando las limosnas que nos obsequian nuestros señores feudales con sus programas de beneficencia en tiempos electorales? La urgencia de una revolución se hace más evidente con el paso de los días. La sociedad civil debe construir un proyecto de nación distinto al que plantea una clase política sumergida en su propia inmundicia. Fortalecer el debate con miras a la conformación de un nuevo Congreso Constituyente para la construcción de una nueva Constitución y un nuevo reparto de poderes entre los diversos grupos sociales, un nuevo pacto social más equitativo, más justo, que traiga paz a este país desangrado por la avaricia ilimitada. Un nuevo acuerdo para la construcción de un nuevo país. Ese debe ser el objetivo. Y para ello es indispensable darle forma a la revolución: empezar a imaginarla, empezar a nombrarla, empezar a construirla. Sin miedo. De manera firme, sin rencor. Una revolución donde el amor sea nuestra guía. Solo así podremos detener esta barbarie de todos contra todos.

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Sigo siendo demasiado ingenuo

Leo los comentarios en Facebook, en Twitter y en las noticias. Unos piden que el gobierno ponga “orden” contra los güevones que toman las calles. Otros protestan contra la represión del gobierno contra los manifestantes. Los primeros se quejan que los manifestantes no los dejan trabajar. Los segundos salen a las calles porque les ha sido negado un empleo digno. Las imágenes se repiten: policías contra manifestantes entre palos, bombas molotov, gases lacrimógenos, gritos. La ola de violencia crece como la espuma, pero pocos, muy pocos diría yo, parecieran entender lo que sucede.

La ilusión de la separación los ha cegado. Todos defienden lo suyo sin importarles un carajo el daño que generan por igual sus acciones y su indiferencia siempre omisa. Salir a las calles para protestar o presenciar el drama nacional desde la tele. Los bandos están bien definidos. Y mientras tanto la ira crece, crece y crece. Llegará a un punto en que la ira se desborde, se salga de control y empiece el diluvio de sangre. Ejemplos en el mundo sobran. Ahí está Egipto, ahí está Siria. En México muchos creen que llegar a ese punto es imposible. ¡Qué ingenuos! Cuando la gente no tiene nada que perder sale a jugarse el pellejo sin reparar mucho en las consecuencias. Ahí están los anarquistas como un ejemplo cercano.

Y mientras eso ocurre los políticos planean privatizar el petróleo y aumentar los impuestos. ¿Para qué? Para “modernizar” a México, dicen. Pareciera que “modernizar” se ha convertido en la solución a todos nuestros males, sin importar el ambiguo significado del término. Al mismo tiempo, la corrupción sigue devorando a este país. La impunidad está ahí, a flor de piel, tan evidente, tan abominablemente evidente. Un retrato obsceno de cómo están las cosas en este país con olor a podrido. La descomposición gradual del gobierno ha provocado que la confianza de los mexicanos en las instituciones vaya en picada, un fenómeno provocado por una crisis política que ha producido gobernantes de dudosa legitimidad. ¿Y qué pasa cuando la gente encuentra agotada la vía institucional para satisfacer sus demandas? Sale a las calles a protestar pacíficamente (en el mejor de los casos) o a agarrarse a palos con la autoridad. La crisis institucional en México es profunda. ¿Quién confía en los políticos? ¿Quién confía en las fuerzas armadas? ¿Quién confía en los medios de comunicación? ¿Quién confía en las instituciones religiosas? ¿Quién confía en la buena voluntad de sus empleados o sus empleadores?

La gente vomita su enojo en internet sin entender qué coños pasa. Y cuando la gene está enojada se cierra, no hay posibilidad de diálogo. Es entonces que somos más propensos a enfrascarnos en una guerra fraticida donde la ley del talión sea la única ley posible en un país donde la ley solo sirve para favorecer los intereses de las élites en el poder. De ahí que las reformas legales tengan ese tufo de “ajuste de cuentas” característico de los grupos criminales. En este diálogo de sordos la fatalidad es la única salida posible. Lo peor es que nadie pareciera darse cuenta de lo que se viene. Las señales son muy claras para quien las quiera ver. El problema es que nadie quiere ver otra cosa que no sean sus propios intereses. El egoísmo social que padecemos marca la pauta en esta crónica de una tragedia anunciada que vamos escribiendo a diario. Triste. Muy triste. ¿Se podría evitar la ruina como el único camino posible? Sí, por supuesto que sí. El problema es que no hay voluntad de cambiar, de cambiar en serio y asumir las consecuencias que eso implica. Nadie está dispuesto a sacrificar nada para construir el bien común. Me gustaría que la gente entendiera. Las alarmas suenan cada vez con más fuerza y yo todavía no encuentro la manera de transmitir esto que a mis ojos resulta tan claro. Por eso escribo como desesperado, para tratar de mitigar esta impotencia de ver cómo todo se va al carajo mientras la gente observa, pasivamente, el advenimiento de la ruina desde el balbuceo idiota del televisor y el cómodo resguardo de la indiferencia. Nadie escucha cuando todos gritan. Y sin embargo no pierdo la esperanza de que la gente abra sus corazones y entienda. Sé que pido demasiado. Intento resignarme, pero no puedo. Sigo siendo demasiado ingenuo.

La terrible similitud del futbol y la política

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El asunto es tan patético que da risa. Una historia llena de personajes lastimeros dotados de una comicidad involuntaria, como si hubiera sido escrita por Moliere. Un fracaso que se veía venir y que, contrario a lo que algunos piensan, no ha tocado fondo. La historia del Tri es tristísima, como tristísima es la historia reciente de este país. Un juego que no divierte a nadie. Un gobierno convertido en administrador del desastre. Quizá por eso la cancha de futbol se ha convertido en el último bastión de la ruina nacional, metáfora perfecta para evidenciar la frustración que se respira a diario en las calles. El futbol se parece cada vez más a la política y nuestros políticos no son sino el grotesco reflejo de lo que somos como sociedad. Las comparaciones absurdas entre Enrique Peña Nieto y el ‘Chepo‘ de la Torre no son casualidad. Son el síntoma de un mal común que aqueja al grueso de la población. El egoísmo es nuestro verdadero deporte nacional. Ahí estamos, peleando todos contra todos, señalándonos unos a otros hasta encontrar un culpable, un chivo expiatorio que permita justificar la devastación del presente y este futuro vacío de esperanza que nos acecha a la vuelta de la esquina. Ahí están los furibundos comentaristas de la televisión pidiendo que se corten cabezas contra los responsables de que el Tri no vaya al Mundial, vociferando contra la arrogancia de ese remedo de futbolistas derrotados sin siquiera meter las manos. Pobres. No se dan cuenta. ¿Ya no se acuerdan la manera en que denostaban a los equipos centroamericanos? ¿Acaso no contribuyeron ellos, desde la comodidad del micrófono, a alimentar esa arrogancia voluminosa que tanto detestan?

Lo mismo pasa todos los días al revisar la portada de los diarios y enterarse de esta crónica de fracasos disfrazada de progreso: la mentira institucional como sustituto de la realidad. No saben que la zalamería con la que actúan terminará por aplastarlos. La realidad no puede mutilarse a conveniencia para que se ajuste a mis propios intereses, como pretenden algunos. La verdad termina siempre por derramarse ahí donde se engendra la corrupción, más tarde o más temprano. ¿No se dan cuenta? Así es este juego de todos contra todos, donde las tribus enseñan los dientes y amenazan con morder. “Mientras yo esté bien, que los demás se chinguen”, es el himno que nos repetimos a diario. Todos defienden sus propios intereses sin importarles lo que ocurra a los demás. La egolatría y la vanidad se erigen como el fundamento de esta realidad viciosa que perfuma el aire con un agrio olor a muerte y podredumbre, un aire espeso, tóxico, asfixiante, que se riega por el mundo como una epidemia.

En el México de hoy no debería sorprendernos que once futbolistas pintados de verde jueguen anteponiendo sus intereses a los del equipo. Por eso no es de sorprenderse que los políticos de todas las denominaciones defiendan los intereses sectarios que atentan contra el bien común. Los ricos contra los pobres y los pobres contra los ricos. La doctrina del ojo por ojo es la única ley posible. Eso explica la ceguera colectiva. “¡Sálvese quien pueda y como pueda!”, es la consigna con la que nos levantamos de la cama. Vivimos una persecución constante. Hay que estar siempre alerta. Si te descuidas el otro te clavará el puñal por la espalda. Si te apendejas el otro te va a joder. En México la Ley de Herodes no es una película de Luis Estrada ni un cuento de Ibargüengoitia: es un símbolo patrio.

Que a nadie le sorprenda que el futbol se haya convertido en el ultimo resquicio del nacionalismo, en la puerta de emergencia para huir de esta frustración sistemática como forma de vida, al igual que el alcohol, las drogas, la violencia o la enajenación silenciosa, esas válvulas de escape donde se canaliza el odio contra el mundo, el odio contra uno mismo. El futbol abandonó su vocación lúdica para convertirse en negocio. Ya no es divertido. Los futbolistas sufren ante el temor punzante de no fallar, no cometer la más ligera equivocación para no ser condenados a la hoguera del escarnio y la humillación pública, la peor de las condenas para el pero de los delitos en esta sociedad fraticida que erige templos a la egolatría como pasatiempo predilecto. Quizá por eso los futbolistas ya no fintan, ya no juegan de taquito ni sonríen. Quizá por eso la gente asiste a los estadios de futbol para escupir y golpear al enemigo, el que viste un color distinto al mío. Triste el día en que el futbolista se convirtió en el prototipo del agelasta. Triste el juego donde no hay risas ni hay amor. Triste país donde no hay risas ni hay amor. La vida es más grande que un juego de futbol o una elección presidencial pero nos gusta creer lo contrario para vomitar toda la frustración y la ira que llevamos dentro. Terminamos atrapados siempre en esa enajenación ritual que conduce al fanatismo, a la sordera conveniente, la estupidez como premisa de escape. Pensándolo bien, el futbol y la política tienen mucho en común. Demasiado en común. Da risa lo patético que resulta jugar este juego sin sentido. Por eso, procuraré reírme de mí mismo la próxima vez que remate de chilenita y caiga de costalazo en el intento. “Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte”, como canta Silvio. Así en la política como en el futbol. No hay de otra.

El común denominador de la impunidad: la ceguera conveniente

Era de esperarse. En un país gobernado por la corrupción todo es posible. El IFE reconoce que se inyectaron al menos 50 millones de pesos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través de tarjetas electrónicas Monex, pero al mismo tiempo no encuentra (o mejor dicho, no quiere encontrar) razones para fundamentar las quejas del PAN y la coalición de las izquierdas conformadas por el PRD-PT-MC. Vaya sorpresa.

El castigo no pasará de una multa de varios millones de pesos, con lo cual, se reafirma que la presidencia de México está a la venta del mejor postor. Poco importa que el cargo se compre con dinero público desviado de los gobiernos estatales para las campañas, recursos provenientes de los monopolios o el crimen organizado. Lo mismo da. Quizá por ello aun desconocemos la procedencia del dinero inyectado a la campaña de Peña a través de empresas fantasma como Inizzio y Grupo Efra.

La inminente expiación de toda culpa al hoy presidente de la República sólo evidencia la ceguera conveniente de las autoridades electorales, entes diseñados para la simulación imbécil y humillante de un Estado democrático que sólo existe en la imaginación perversa de nuestra clase política. Los casos sobran para sostener el dicho. Ahí están los sobornos de Wal-Mart para fortalecer su monopolio. Ahí está la privatización silenciosa e ilegal de Pemex y sus contratos de coinversión con Mexichem. Ahí están los privilegios fiscales para el Dragon Mart de Cancún. Las deudas exorbitantes de gobiernos estatales y municipales marcados por la opacidad de sus finanzas y el robo sistemático como modus vivendi. Las mafias de casinos protegidas por el PAN. Las policías comunitarias en la Costa Chica de Guerrero que buscan mantener con vida a sus pueblos frente a los embates del crimen organizado y la ineptitud de gobiernos que dan fuerza a la hipótesis de México como Estado fallido. El silencio mordaz e interesado de los llamados líderes de opinión, mercaderes de la mentira y el aplauso fácil. Casos actuales con un común denominador: la impunidad.

La clase política intenta vernos la cara de pendejos otra vez, como lo ha hecho antes, exitosamente, lamentablemente. Una vez más, el país atestigua un triunfo electoral marcado por la infamia, la trampa permanente como medio garantizado para acceder al poder. Ahí está también una oposición hecha añicos, avalando la traición que intentan lavar con las dádivas del Pacto por México y las reformas neoliberales que garantizarán a las cúpulas mantener el control del país unos años más. Y mientras tanto, el ominoso letargo de la ciudadanía sigue atrapado en los anhelos de conseguir fama y fortuna a cambio de no mover un dedo. Los aullidos aislados naufragando en la desidia cómplice de los sordos. Otro día de luto para este país moribundo que escupe sangre desde sus entrañas. ::.

El desastre nacional en tiempos de la imposición

Ocurrió todo según lo previsto. El status quo no cedió ni un ápice. El Tribunal Electoral ungió a Enrique Peña Nieto como presidente electo en medio de un remolino de protestas en las calles. Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, convocó a manifestaciones para ponerle baches a Peña de aquí a diciembre y tratar de mantenerse vivo políticamente otros seis años. Y mientras tanto, la bola de nieve sigue creciendo. ¿Qué pasará si en lugar de acabar con el narco, como lo prometieron, la violencia se pone aún peor con el reacomodo de los carteles de la droga una vez que el PRI llegue a Los Pinos? El país va a reventar. Con un escenario tan flamable, cualquier chispa puede desencadenar el incendio. La crisis institucional y política que vive México sólo podrá aliviarse con un nuevo pacto social que construya nuevos equilibrios de poder. Generalmente estos acuerdos se plasman en la creación de una nueva Constitución. Para que eso ocurra, se necesitaría un Congreso Constituyente que haga a un lado a los partidos políticos actuales como administradores del orden público. Y tal como se ha documentado a largo de la historia, eso sólo puede lograrse a través de una revolución, ya sea armada o pacífica. México necesita poner en cintura a sus poderes fácticos y refundar sus instituciones, incluyendo a sus partidos políticos tan corporativos y cupulares, mismos que han cerrado sus puertas a la ciudadanía en aras de intereses sectarios. El cambio tendrá que darse por las buenas o por las malas. Cada vez nos acercamos más a la segunda, tomando en cuenta los ríos de armas que llegan desde Estados Unidos, la violencia generada por el libre mercado de la droga, gobiernos débiles producto de su propia ilegitimidad y poderes fácticos de una voracidad insaciable que están dispuestos a hacer de la miseria una epidemia con tal de cumplir sus ambiciosos fines. Debemos estar atentos y entender todo lo que está en juego. Si seguimos esta inercia idiota se producirá mucho sufrimiento. Aún estamos a tiempo de actuar. No podemos permitir que la apatía termine validando a un régimen corrupto. Necesitamos una renovación total. El modelo civilizatorio impulsado los últimos 500 años en occidente ya se agotó. ¿Qué haremos al respecto? Habrá que repensar el futuro desde sus cimientos para construir un nuevo orden social.

Krishnamurti: el origen de la corrupción y el conocimiento de uno mismo

Hace unos días me topé de nueva cuenta con un video del filósofo indio Jiddu Krishnamurti, uno de los genios más grandes que pasó por el siglo XX y que sin embargo no es tan conocido debido a que sus enseñanzas representan una amenaza para el mundo viciado y psicótico en el que vivimos. Por eso aprovecho estos vaivenes del destino para dejarles un video en el que analiza el tema de la corrupción como una manifestación de nuestros miedos internos. Ojalá sirva para que, aquellos que no conozcan sobre la vida y obra de este revolucionario pensador, tengan un primer acercamiento de este visionario, quien siempre predicó a favor de una mente libre de cualquier tipo de ataduras con el único fin de descifrar la verdad sobre quiénes somos realmente:

“Sin conocerse a uno mismo, no hay posibilidad real de investigar qué es lo verdadero, lo que tiene significación, cuáles son los justos valores en la vida. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede ir más allá de las ilusiones proyectadas por la propia mente. El conocimiento propio, como lo hemos explicado, implica no sólo conocer la acción en la convivencia de un individuo y otro, sino también la acción en las relaciones con la sociedad; y no puede haber sociedad completa y armoniosa sin ese conocimiento. De modo que, en realidad, resulta de mucha importancia y significación que uno se conozca a sí mismo tan completa y plenamente como sea posible (…) Es decir, comprendiendo las cosas que aceptamos, poniéndolas en tela de juicio, ahondando en ellas – por ese proceso, precisamente, conoceremos las modalidades de nuestro pensamiento, nuestras respuestas, nuestras reacciones; y conociéndolas nos conoceremos a nosotros mismos tal como somos. Ese, sin duda, es el único medio que tenemos para descubrir nuestra manera de pensar, nuestras reacciones: estudiando, examinando por completo los valores, las normas y las creencias que hemos aceptado durante generaciones”.

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