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El negocio de la censura

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Si el derecho a la información en verdad fuera considerado un derecho humano, la censura tendría que ser sancionada de alguna forma por un auténtico Estado de derecho. No ocurre así. Por el contrario, los oligarcas de los medios de comunicación administran la información a conveniencia, como si se tratara de una mercancía. En su reciente informe,  Medios de comunciación: los oligarcas se van de comrpas, Reporteros Sin Frontera documenta al menos cinco formas en que los dueños de los medios practican la censuran el derecho a la información de manera sistemática: 1) Poner su imperio mediático al servicio del régimen; 2) Cambiar información por entretenimiento; 3) Usar su medio de comunicación contra los opositores; 4) Censurar todo lo que vaya contra sus intereses; 5) Comprarse un medio de comunicación para corromper el poder.

Si uno de los principios elementales de la democracia es el derecho a la información como condición elemental para que los pueblos puedan ejercer su soberanía, la situación de la prensa global a merced de los intereses mercantilistas del capitalismo y los intereses privados por encima del interés público, representan uno de los ejes para explicar la crisis de confianza que existe en las llamadas democracias liberales que se constituyen como el modelo de gobierno hegemónico a nivel global.

Si bien en todo el mundo estas prácticas son cosa de todos los días, en países como México la censura mediática ha alcanzado niveles tales, que el más reciente informa de RSF de 2016 sitúa a México en el lugar 149 de un total de 180 países en términos de libertad de prensa, por debajo de países como Rusia, Etiopía o Bangladesh. Algo que contradice el derecho a la información que pregonan las autoridades mexicanas, lo cual no hace sino evidenciar el simulacro democrático en que vivimos, que no es otra cosa que una oligarquía con disfraz de populismo. Basta ver lo acontecido en las últimas semanas con el acoso judicial de los aliados del gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas e investigadores críticos al actual régimen como Carmen Aristegui y Sergio Aguayo, para entender que el derecho a la información, en el mejor de los casos, no es sino un indicador para medir la calidad de una democracia. Un indicador en el que México sale irremediablemente reprobado.

La dictadura de la corruptocracia: la represión del gobierno contra la disidencia magisterial

30 Encajoso

 

Manuel Hernández Borbolla

Una dictadura puede definirse como una forma de gobierno en que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos institucionales para contener a sus opositores a través de la fuerza y otros instrumentos de coerción. Para quien a estas alturas del partido todavía siga dudando si vivimos o no dentro de una dictadura, basta ver lo ocurrido en México durante las últimas semanas desde una perspectiva más amplia para darse cuenta de la verdad. Más allá de que podamos estar a favor o en contra de la manera en que los maestros de la CNTE realizan sus protestas contra la llamada reforma educativa, el tema de fondo que se debería estar discutiendo en medios y redes es la manera autoritaria y represiva en que el gobierno detuvo a los líderes magisteriales violentando el debido proceso judicial, según lo relatado por testigos que presenciaron la detención de Rubén Núñez, quien de inmediato fue trasladado a Sonora por supuestos delitos que tuvieron una amplia resonancia en la campaña mediática contra el magisterio en resistencia, orquestada por Aurelio Nuño desde la Secretaría de Educación Pública. Por ello, lo importante no es discutir si los maestros deben ser evaluados o no, aún cuando ese sea solo el pretexto para que el PRI recupere el control del magisterio luego de que las administraciones docena trágica panista de Vicente Fox y Felipe Calderón cedieron una serie de privilegios a las cúpulas mafiosas del sindicato docente entonces encabezado por Elba Esther Gordillo con fines político-electorales. Lo realmente importante es cuestionar la manera tan burda en que el gobierno utiliza la maquinaria del Estado para reprimir a la disidencia, es decir, la manera en que utilizan la ley para reprimir a todo aquel que se manifieste en contra el actual régimen corruptocrático.

No es la primera vez que esto sucede. Así ocurrió con José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, quienes a la fecha siguen presos, y casos como el de Emilio Álvarez Icaza, a quien le fueron imputados cargos por un supuesto fraude como represalia por haber impulsado, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que hizo trizas la versión histórica de la PGR sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotiznapa.

Esto, sin contar con la presión que ejerció el gobierno de Enrique Peña Nieto para censurar a los muy pocos medios críticos, como pasó con el veto a Carmen Aristegui y sus colaboradores tras la investigación de la Casa Blanca, aún cuando algunos medios que han resistido el cerco informativo siguen denunciado y evidenciado la corrupción al interior del actual régimen, como recientemente ocurrió con la investigación de Animal Político contra el nefasto gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien cínicamente sigue en su cargo de manera impune pese a su desastrosa administración y de que existen muchas pruebas documentales sobre la manera en que él y sus colaboradores se han enriquecido a expensas del dinero público destinado para combatir la pobreza. Mientras el gobierno es sumamente efectivo para hacer “cumplir la ley” y reprimir a los líderes de la sección 22 de la CNTE con delitos fabricados, que van de lavado de dinero al “robo de libros de texto”, el mismo gobierno resulta particularmente omiso a la hora de ejercer la ley contra la larga lista de exgobernadores vinculados con el crimen organizado y acusados de saquear las arcas públicas, incluyendo a personajes como el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien incluso fue defendido legalmente por una comisión del gobierno mexicano sin que existiera justificación alguna para ello, tras su detención en España por lavado de dinero.

Es decir, que en México la ley es utilizada para beneficiar a corruptos y reprimir a la disidencia, rasgos típicos del autoritarismo y de una dictadura oligárquica donde la corrupción es aquello que le da cohesión a todo sistema político mexicano. Es por ello que, lejos de vivir en una democracia, en México padecemos desde hace ya varios años una dictadura corruptocrática que explica en buena medida la manera en que el PRI y sus secuaces han detenido el avance de las leyes anticorrupción en el Congreso promovidas por la sociedad civil. Pero si bien el impulso de medidas como la Ley 3de3 resultan necesarias y urgentes ante la apabullante corrupción en todos los niveles de la esfera pública, la elaboración de una ley difícilmente podrá revertir la profunda crisis institucional que enfrenta México, pues a final de cuentas la justicia seguirá siendo aplicada de manera discrecional por la corruptocracia que tiene secuestrada al país.

Elude Senado reclamo de mexicanos y aprueba Ley 3 de 3 rasurada

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Y esta profunda crisis estructural de las instituciones mexicanas es lo que ha provocado que México pueda ser considerado hoy como un Estado fallido, incapaz de satisfacer las necesidades elementales de la población, tal como queda evidenciado con los altos niveles de inseguridad, pobreza, marginación y violencia que prevalecen a lo largo y ancho del territorio nacional, donde el abuso y la violación sistemática de los derechos humanos pareciera ser la única regla que saben respetar al pie de la letra los señores de la corruptocracia. Un argumento que se sostiene con cifras oficiales, ya que más del 92% de los delitos que se cometen en México quedan impunes debido a la falta de un Estado de derecho que permita el acceso a la justicia, según datos que se desprenden de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2015).

IMPUNIDAD 2

Por ello resulta tan grotesco que los grandes medios de comunicación, que no son sino aplaudidores y voceros del actual régimen corruptocrático, celebren el triunfo del PAN frente al PRI en las recientes elecciones, como si esto fuera una muestra de una supuesta alternancia democrática que en realidad ha funcionado como disfraz para ejercer un bipartidismo de derecha, el mismo que en los últimos 28 años ha aprobado casi todas las reformas legales que actualmente tienen en la ruina al país, desde la apertura del Tratado de Libre Comercio hasta las reformas laboral, educativa y energética, pasando por el rescate bancario del FOBAPROA y la privatización de prácticamente todo el patrimonio nacional que tanto trabajo costó construir tras la Revolución Mexicana. Un esquema de simulación democrática que queda en evidencia en los procesos electorales, donde la compra de votos mediante el desvío de recursos públicos es una constante y casos como el de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde el alto grado de abstencionismo sólo se explica por la manera en que el sistema de partidos es ajeno a los intereses de los ciudadanos. Así pudo constatarse en los muchos candados que se impusieron para la participación de candidatos independientes, así como la manera en que, a pesar de haber obtenido más votos en la Ciudad de México, Morena tendrá menos representantes que el PRI a la hora de redactar la nueva constitución capitalina, debido a la manera en que fue negociada la reforma política de la Ciudad de México en el Congreso federal, entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD dentro del Pacto por México.

Cómo estarán las cosas, que hasta el cínico del expresdiente Carlos Salinas de Gortari, el principal promotor del modelo neoliberal en México, ahora reniega del neoliberalismo al señalar que “sólo propone abusos de mercado”. Lo que olvidó decir Salinas es que él junto con algunos de sus colaboradores cercanos han sido beneficiarios de dichos abusos, tal como ocurre con sus exsecretarios Pedro Aspe y Luis Téllez, quienes siguen enriqueciéndose con la reforma energética que convirtió la quiebra de Pemex un gran negocio para las mafias empresariales cercanas al poder.

Pero el saqueo sistemático no es el único problema derivado del fallido Estado mexicano, ya que la crisis de violencia, asesinatos y desaparecidos que se mantiene desde 2006 hasta la fecha, situación por la cual, organizaciones internacionales como Open Society consideran que los gobiernos Calderón y Peña son corresponsables por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos mexicanos, crímenes típicos de gobiernos dictatoriales entre los cuales se encuentran casos como el de Ayotzinapa, las masacres como las de Tlatlaya, Apatzingán y San Fernando, y otros casos menos conocidos como los de Tetelcingo, Ojinaga y Allende, por mencionar solo algunos.

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Todos ellos, casos de desaparición forzada, tortura, asesinato y detenciones con fines políticos, donde la participación del Estado es innegable y donde incluso los altos jefes del ejército mexicano han tenido que salir a pedir disculpas por los abusos cometidos contra la sociedad civil, al mismo tiempo que la corruptocracia pretende darle más facultades a las fuerzas armadas para allanar domicilios e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos, medidas típicas de las dictaduras para reprimir a todo aquel que se manifieste abiertamente en contra del gobierno, como ocurre actualmente con los maestros de la CNTE y otros grupos inconformes. Por ello, no es casualidad que los mismos militares sigan jugando un papel clave para contener las protestas de la disidencia magisterial en entidades como Chiapas y Oaxaca.

Todo lo anterior deja ver que la restauración autoritaria no es una posibilidad latente, sino una realidad consumada, luego de que la división de poderes al interior del Estado obedece a los intereses oligárquicos que explican la manera en que las resoluciones judiciales de alto impacto obedecen más a intereses políticos que la impartición de justicia. Por eso resulta absurdo seguir tratando de abordar la profunda crisis institucional que vive México desde el filtro de una supuesta alternancia democrática, como insisten en hacernos creer los intelectuales leales al actual régimen y los críticos descafeinados que han hecho de sus moderados comentarios una apacible forma de vida.

De ahí la importancia de tener en claro que, más allá de estar o no de acuerdo en los métodos utilizados por la CNTE en sus protestas, no podemos permitir que el gobierno siga utilizando los aparatos de control del Estado para reprimir a quienes se manifiestan en contra del actual régimen corruptocrático, cuyos rasgos autoritarios permiten establecer una similitud notable frente a las peores dictaduras del siglo XX. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que llamemos a las cosas por su nombre? La dictadura de la corruptocracia. Así se llama este triste episodio en la historia de México. ¿Qué vamos a hacer al respecto?

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¿Votar o no votar? El problema es otro…

Como hemos visto mucha confusión que existe en torno al tema en esta temporada electoral en México, nos dimos a la tarea de armar un video exponiendo un punto de vista diferente al que prevalece en los medios. Votar o no votar da lo mismo, pues la descomposición de las instituciones ha provocado que en México el voto no tenga validez, y por lo tanto, es un instrumento poco eficaz para generar un cambio profundo en el país. Con esto arrancamos transmisiones en el FitzionarioTV. Ahí pa que se animen a seguirnos en el canal de Youtube, donde estaremos subiendo videos con los temas que nos interesan en este espacio, dedicado al arte, el saber, los fenómenos sociales y la transformación del mundo.

Democracia líquida en los tiempos de la sociedad red

Ésta es una de las muchas cosas que debemos discutir al interior de la sociedad red para agilizar la toma de decisiones dentro de las organizaciones civiles para transformar a México y el mundo. Necesitamos una nueva imaginación política y valernos de nuevas herramientas para hacer frente a estos tiempos de apatía de las mayorías y el abuso sistemático de las minorías encumbradas en los aparatos de gobierno. Desde luego, a algunos de estos programas de código abierto diseñados para facilitar el proceso de organización como LiquidFeedback les falta mucho por perfeccionar para que puedan consolidarse realmente como un instrumento de democracia directa y participativa. Y por lo mismo, debemos ir pensando cómo es que las nuevas tecnologías de la información deben ayudarnos a ponernos de acuerdo para los temas realmente importantes.

 

20 años del TLCAN: el recuento del desastre

La reforma energética y la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras es apenas el último capítulo de un proyecto político y económico cuyo fracaso es más evidente con el paso del tiempo. En prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, los saldos del proyecto neoliberal arrojan número rojos junto a las promesas incumplidas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contribuyó a empeorar la calidad de vida de los mexicanos al mismo tiempo que permitió a las élites político-empresariales del país amasar grandes fortunas bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Manuel Hernández Borbolla

El saldo negativo que arroja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de su entrada en vigor, explican en buena medida al México actual: un país atrapado entre una crisis de legitimidad de sus instituciones políticas y una élite empresarial privilegiada cuya riqueza creció exponencialmente junto con la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la violencia del crimen organizado y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que conforman a un Estado mexicano devorado por la corrupción.

El mismo gobierno federal reconoce que la economía mexicana tiene un estancamiento de 30 años, época que coincide con el comienzo del proyecto neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo su auge con la firma del TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuó desarrollándose durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad”, señaló Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la presentación de la reforma fiscal que el Ejecutivo envió al Congreso en septiembre pasado.

Si el gobierno mexicano reconoce que el modelo económico utilizado en las últimas tres décadas no ha funcionado, ¿por qué seguir implementando las mismas medidas? Los especialistas consideran que esto se debe a que la implantación del TLCAN, la apertura comercial y las privatizaciones han resultado ser un gran negocio para una cúpula político-empresarial que ha amasado enormes fortunas cobijados por una impunidad sistemática que explica la crisis de legitimidad que enfrentan actualmente las instituciones mexicanas. Este es el saldo de tres décadas de reformas estructurales y la entrada en vigor del acuerdo comercial que marcó la historia reciente de México.

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1. Dejar de producir para importar

Las cifras macroeconómicas son contundentes. En dos décadas, México desmanteló su planta productiva para convertirse en un país importador. De acuerdo con datos del INEGI, la productividad total de México en 2011 fue 8.2% menor a la que existía en 1990.

En contraparte, de 1993 a septiembre de 2013, el país tuvo un déficit comercial de 124,460 millones de dólares, según datos del Banco de México. Al descontar los ingresos del petróleo, la estadística es aún peor, ya que el déficit acumulado en 20 años suma 329,554 millones de dólares.

El sector servicios, que incluye al turismo y el sistema financiero, también arroja un saldo negativo acumulado de 377,467 millones de dólares desde 1994 hasta 2012, periodo en el que el déficit se duplicó al pasar de -14,980 millones de dólares a -31,978 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, la SHCP y el Banco de México, recopilados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

La inversión extranjera pasó de 12,830 millones de dólares en 1994 a 72,299 millones de dólares en 2012, según cifras de Banxico. En el mismo periodo, México descendió del cuarto lugar al vigésimo tercero en la captación de inversión extranjera directa, debido principalmente a la pérdida de competitividad, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Sin embargo, la inyección de capital extranjero no ha logrado incidir de manera favorable en el crecimiento de la economía nacional, debido a que la apertura comercial provocó que se destruyeran varias cadenas productivas de valor que fomentaban el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ya que la industria mexicana se enfoca principalmente en actividades de ensamblaje al final del proceso de fabricación, dirigido por empresas transnacionales que importan la mayoría de los insumos utilizados para generar productos de exportación. Algo que explica el poco valor agregado de la industria nacional, tal como ocurre con las pantallas planas, ya que en México se genera solo el 5% del valor agregado a pesar de ser uno de sus principales productos de exportación.

De 1993 a 2012, la industria mexicana registró un retroceso de 14.35% en el valor agregado de sus productos manufactureros, según datos de la Secretaría de Economía, lo cual evidencia la manera en que se ha desarticulado la planta productiva del país tras la firma del TLCAN.

“Las pequeñas, medianas y microempresas no están conectadas a la modernidad y tienen niveles muy bajos de productividad”, señaló en septiembre pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que el 50% de las exportaciones mexicanas son realizadas por sólo 45 empresas. La mayoría de ellas, de capital extranjero.

Según la Cepal, México es uno de los tres países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional, de acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012.

Para nosotros, el comercio exterior fue firmar tratados de libre comercio pero no se establecieron programas de competitividad, fomento industrial ni comercio exterior”, afirma Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y consultor del sector privado, quien asegura que la política “dogmática” que se adoptó junto con la firma del TLCAN promovió la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas.

No hemos diseñado una política para fortalecer el mercado interno porque nos abrimos mucho y establecimos una competencia desleal para la planta productiva nacional”, agrega.

El especialista considera que mientras los Cuatro Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) supieron aprovechar sus acuerdos comerciales con Japón para invertir en educación y programas que ayudaran a fortalecer su economía, México adoptó una postura basado en que “la mejor política industrial es la que no existe”, tal como en su momento declaró el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial del sexenio salinista, Jaime Serra Puche.

Aunque México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, tiene un déficit comercial con 30 de ellos, según explica Gómez, quien considera que firmar el Acuerdo Trans-Pacífico resultará contraproducente, principalmente para industrias como la cafetalera y la textil.

Para Gregorio Vidal, investigador de la UAM, el problema de fondo consiste en que el modelo basado en exportaciones carece de las bases necesarias para generar un crecimiento económico sostenido de entre 5% y 6%, a diferencia de lo que ocurre con otras potencias exportadoras como China, país que genera sus propios insumos y requerimientos industriales para luego transformarlos y exportarlos al resto del mundo, incluido México. Esto debido a que el TLCAN permitió que países como el gigante asiático introdujeran sus mercancías a México a través de Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo no hay ninguna política industrial en México. Se ha asumido que simplemente hay que actuar de acuerdo a los mercados. Un ejemplo notable es el caso del petróleo, cuando se dice que sale más barato importar gasolina que construir refinerías”, señala Vidal, quien considera que la situación actual de Pemex ilustra la situación que ha ocurrido con el resto de la industria nacional.

También aumentó la presión sobre las finanzas públicas, ya que la balanza entre ingresos y gasto público pasó de tener un saldo favorable de 0.2% del PIB en 1994 a un saldo de -2.5% del PIB para 2012. Una cifra negativa que se incrementará para 2014, luego de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó aumentar la deuda pública 1.5% del PIB para 2014 con el objetivo de aumentar el gasto público y evitar una recesión ante la desaceleración económica de los últimos meses. Sin embargo, el incremento de la deuda difícilmente revertirá el rezago de la inversión estatal en México desde la implantación del modelo neoliberal, ya que en el país el gasto público como porcentaje del PIB “es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, es del 27.1%, y en los países de la OCDE es de 46.5%”, de acuerdo con la SHCP.

A pesar de que México registra un saldo negativo en casi todas las variables macroeconómicas, el PIB presenta un ligero crecimiento de 3.15% desde la entrada en vigor del TLCAN y un crecimiento por habitante de 1.46%, según datos de INEGI y Conapo. ¿Cómo se explica esto?

Esa es la verdadera pregunta ácida para el Estado mexicano a 20 años del TLCAN. ¿Cómo explican agregado económicos, en algunos casos muy altos, cuando no tenemos producción, hay aumento de desempleo y problemas con la producción agrícola?”, señala David Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien considera que los altos precios del petróleo del 2000 a la fecha no permiten explicar por sí solas la manera en que la economía real es “totalmente contraria” a las cifras macroeconómicas.

Por ello, diversos especialistas dudan de la veracidad de las cifras macroeconómicas sean reales, pues deja varios huecos a la hora de explicar fenómenos como la inflación.

“México tiene un problema y hay advertencias del sistema financiero internacional de que México está lavando dinero en grandes cantidades”, agrega Lozano.

—Ahí está el caso HSBC.

—Un ejemplo solamente. Pero también algunas políticas de Estado pueden servir para lavar dinero.

—¿Cómo cuáles?

—Ahí tienes el caso de Chihuahua y Coahuila. Funcionarios públicos que traían empresas que lavaban dinero con el propio dinero del gobierno— afirma Lozano.

La agencia Stratfor estima que cada año se lavan o blanquean en México entre 19,000 y 39,000 millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada.

De ahí que diversos investigadores consideren que la estabilidad macroeconómica del país en las últimas dos décadas haya sido inflada artificialmente mediante deuda pública, las divisas de los migrantes, la precarización del empleo, el comercio informal y el dinero generado por el crimen organizado.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima, cifra que coincide con el excedente de 10,000 millones de dólares que registró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sistema financiero mexicano al cierre del año fiscal 2011, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicada en 2012.

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1950-1995GRAFICO 1

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1990-2011

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Variación en la Productividad Total de los Factores, 1990-2011

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(Fuente: INEGI)

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2. Los privilegiados de las privatizaciones

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que inició originalmente el proceso privatizador al extinguir 294 empresas públicas, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas, o de acuerdo con cifras de la SHCP, no fue sino hasta el sexenio de Salinas cuando el proceso privatizador alcanzó su auge debido al tamaño y relevancia de las empresas que pasaron al control del sector privado. Fue así como en 1991, el gobierno inició la privatización del sector bancario que se vendió principalmente a empresarios nacionales.

“Eran grupos financieros en un sentido amplio. Ellos son los que adquieren todos los bancos en un proceso acelerado que intenta generar grupos financieros y bancarios en el país de gran tamaño que permiten que algunas fortunas se fortalezcan”, explica el investigador de la UAM, Gregorio Vidal.

Con la crisis económica de 1994 y la inminente quiebra de los bancos, el gobierno implementó el mayor rescate financiero en la historia del país al convertir en deuda pública las deudas de los ahorradores. Durante el rescate bancario, el Estado mexicano gastó montos dos o tres veces mayores que los que recibió durante su privatización, para luego vender los bancos ya saneados al capital extranjero.

A 14 años de distancia, la deuda pública por el rescate bancario no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado un 19.87%, debido a que el dinero destinado anualmente para este rubro en el presupuesto de egresos se utiliza para pagar una parte de los intereses. De acuerdo con datos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la deuda en diciembre de 1999 era de 687,844 millones de pesos. Para septiembre de 2013 la deuda ascendía a 824,586 millones de pesos. Esto luego de que a diciembre de 2013, el Estado mexicano ha pagado un total acumulado de intereses por 106,710 millones 722,223 pesos, según el IPAB.

Sin embargo, el crédito otorgado por la banca se contrajo a la mitad desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que mientras en 1994 se otorgaron créditos por 47.4% del PIB, en 2012 el porcentaje de créditos llegó a 20.32%, según datos oficiales recopilados por el CEFP.

Para el gobierno federal, la falta de crédito ha repercutido la caída en la producción y la falta de trabajo, ya que aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos del país, sólo el 15% de ellas tienen acceso a financiamiento.

“Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan: los pequeños y medianos negocios del país”, reconoció Peña Nieto en mayo pasado durante la presentación de la reforma financiera.

En contraste, las ganancias de los bancos han crecido a un ritmo mayor que la economía en los últimos 15 años. De 1999 a octubre de 2013, la banca privada tuvo utilidades por 724,956 millones de pesos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que las ganancias de los bancos crecieron cuatro veces más que la economía nacional en el mismo periodo, principalmente por el cobro de intereses. (El PIB creció 186.37% a precios corrientes mientras que las utilidades de los bancos crecieron a 722% a precios corrientes).

Con la privatización de la industria siderúrgica, los ingenios azucareros, así como las empresas de telefonía, fertilizantes y productos básicos de consumo, y posteriormente los ferrocarriles, los aeropuertos, las líneas aéreas, los puertos marítimos y las dos compañías productoras de energía en fechas más recientes, la emergente élite empresarial del país comenzó a concentrar un mayor volumen de riqueza.

En 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaba los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones; Lorenzo Zambrano (Cemex), con 2,000 millones; Eugenio Garza Legüera (VISA y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones; Ángel Losada Giménez (Gigante), con 1,300 millones; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones; Pablo Aramburuzabala Ocaranza (Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones.

Estos 14 magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual pero con un aumento significativo en el grueso de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes.

En la lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del planeta con una fortuna estimada de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Legüera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones; Jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones; Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), con 2,500 millones; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (exdueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares.

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De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 2013, elaborado por el banco Credit Suisse, México ocupa el octavo lugar entre los países con mayor número de multimillonarios del planeta, con 186 magnates, aún cuando México es la decimocuarta economía del globo.

“Estos empresarios han salido enormemente beneficiados. O han vendido sus acciones o han cambiado de giro, pero se les han dado ganancias como nunca. Se ha flexibilizado la ley para que ellos puedan tener grandes ganancias, si bien no en el sector productivo, sí en el sector financiero, donde la ley es muy laxa para obtener rápidamente altas ganancias. Por eso ellos no pueden estar a favor de una regulación estatal”, explica Arturo Ortíz Wadeymar, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador asegura que mientras empresas como Grupo Modelo han sido adquiridas por compañías extranjeras, México se ha convertido con el paso de los años en un país donde las empresas mexicanas se han convertido en trasnacionales que exportan grandes cantidades de capital para realizar inversiones en otros países, tal como ocurre actualmente con compañías como América Móvil, Grupo Elektra, Cemex, Grupo México, Bimbo, o Gruma, por mencionar algunas.

“Ahí mismo está el dato de la balanza de pagos, donde la inversión de mexicanos en el extranjero está por ahí de 25,000 millones de dólares en 2013, es decir, están invirtiendo fuera porque ven pocas expectativas en el mercado nacional”, señala Ortíz.

Sin embargo, la fuga de capital es mucho mayor a la reportada oficialmente, ya que de acuerdo con un estudio de la firma Global Financial Integrity, México se convirtió en el tercer país en desarrollo con mayor fuga ilegal de capital, al registrar pérdidas por 461,860 millones de dólares de 2002 a 2011. Un fenómeno que se disparó con la entrada en vigor del TLCAN, debido a que la falta de controles facilitó el lavado de dinero a través de facturación fraudulenta, lo cual permitió que el crimen organizado pudiera lavar grandes sumas de dinero transferido principalmente a los Estados Unidos. Si se comparan los ingresos que recibió México por las remesas familiares y la inversión extranjera, frente a la fuga de capital, se obtiene un saldo negativo de 110,646.5 millones de dólares, lo cual evidencia la magnitud del problema.

El reporte concluye que el gobierno mexicano debe enfocarse en adoptar medidas para frenar la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero que se incrementó exponencialmente después de la entrada en vigor del TLCAN y que “constituye el 73.7% de todos los flujos ilícitos” registrados de 1970 a 2010, de acuerdo con la consultora.

Fuente: Global Financial Integrity

De ahí que la fuga de capital y la caída en la producción sean dos elementos clave para explicar la escasa generación de empleo en las últimas dos décadas, en contraste con un aumento de la riqueza registrada por la élite empresarial beneficiada por el modelo neoliberal.

Redituable sí ha sido. El tema es, ¿redituable para quién? Hay ganadores en este proceso, hay fortunas que han crecido, grupos que se han fortalecido, capitales colocados fuera que son resultado de esta lógica. Que el grueso de la población no se haya beneficiado es otra cosa”, explica Gregorio Vidal, investigador de la UAM, sobre la privatización de los bancos.

“Es muy complicado modificar la lógica económica, porque ellos seguirán defendiendo este mecanismo. Lo que no se logra advertir es que esta forma de operar la economía no hace posible que haya crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, mientras se consolida el estancamiento”, agrega Vidal.

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3. La erosión del ingreso y la falta de empleo

La poca productividad de México y el estancamiento de su economía durante los últimos 20 años se ha traducido en falta de empleo y reducción del poder adquisitivo para los trabajadores mexicanos.

En el país, más de la mitad de los mexicanos (53.3% de la población, equivalente a 63 millones de personas) enfrentan algún nivel de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social. De 1994 a 2012, el número de mexicanos con alguna carencia alimentaria aumentó en 1 millón 740,916; con alguna carencia de capacidades en 2 millones 626,039; con alguna carencia de patrimonio aumentaron en 5 millones 589,294.

A dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el precio de la canasta básica, pasó de 17.86 pesos en 1993 a 108.80 pesos hasta octubre de 2013, de acuerdo con datos del INEGI.

Paralelamente al aumento de la canasta básica, el salario mínimo tuvo una caída del 27% de 1994 a 2012, al pasar de 78.84 pesos a 57.04 pesos, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Además de la erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, también aumentó el desempleo. La tasa de desocupación pasó de 3.6% en 1994 a 5% de la población económicamente activa en 2012, según datos del INEGI.

Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM asegura que las cifras reales del desempleo en México son superiores a las reportadas por el INEGI, ya que al utilizar la metodología de la Organización Mundial del Trabajo, los especialistas aseguran que en el país existen 8 millones de desempleados en México hasta octubre de 2013, equivalentes al 15.5% de la población económicamente activa.

Asimismo, el gobierno reconoce las cifras oficiales sobre el desempleo dadas a conocer por el INEGI son engañosas debido a que el 60% de los trabajadores mexicanos pertenecen a la economía informal, sector que genera una productividad 45% menor en comparación con la economía formal.

“Las estadísticas dicen que México tiene entre el 4.8 y el 5% de su población activa desempleada, pero ese es un dato engañoso porque la realidad es que el 60% son trabajadores informales y sólo el 40% tienen un empleo formal”, reconoció Alfredo Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante una entrevista con la agencia EFE en junio pasado, durante su participación en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra.

El funcionario indicó que la informalidad es el principal problema del sector laboral mexicano es que la “informalidad no paga impuestos, no recibe prestaciones y no cuenta con seguridad social”. Esto, aun cuando el PRI y el PAN impulsaron dentro de la reforma laboral de 2012 aprobada por el Congreso de la Unión, al flexibilizar el despido con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a costa de los trabajadores.

Datos de la UNAM señalan que el tiempo de trabajo necesario para que un trabajador mexicano pueda adquirir una canasta alimenticia prácticamente se duplicó en 20 años, al pasar de 12.53 horas de trabajo en 1994 a 23.44 horas en abril de 2013. En otras palabras, el salario mínimo alcanza para comprar la mitad de comida de lo que se compraba previo a la entrada en vigor del TLCAN, a pesar de que los promotores del acuerdo comercial aseguraban que la libre competencia en el sector agrícola reduciría el precio de los alimentos.

En 2013, uno de cada dos mexicanos dijo haberse quedado alguna vez sin dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con datos de la consultora Latinbarómetro.

Las comparaciones internacionales tampoco resultan favorables. México es el país con mayor explotación laboral entre las principales economías del planeta, ya que el trabajador mexicano que en promedio trabaja 594 minutos al día (el número de horas semanales más alto de las principales economías del planeta), deja de recibir ingresos por prácticamente la mitad del tiempo trabajado (253 minutos), según datos de la OCDE publicados en 2011. Esto significa que la explotación laboral en México es superior a países como China e India, cuyos trabajadores laboran en promedio 504 y 486 minutos al día.

En el caso de los profesionistas, cifras del INEGI señalan que el 37.3% de los desempleados tenían estudios medio superior y superior durante 2013, derivado de un modelo económico en el que los jóvenes profesionistas no encuentran cabida dentro del mercado laboral. Una situación que ha contribuido a desperdiciar el llamado ‘bono demográfico’ de México, que según el Consejo Nacional de Población, se define como el fenómeno de transición demográfica en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y adultos mayores), lo que se supone debería contribuir al impulso económico del país.

Y a pesar de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores nacionales, México perdió 16 lugares en competitividad a nivel internacional de 2001 a 2012, según el Foro Económico Mundial, mientras que perdió 47 lugares en la evaluación del organismo en torno a la calidad de las instituciones públicas, al pasar del lugar 56 al 103 en el mismo periodo.

“El TLCAN ha provocado un mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy tenemos un incremento en la pobreza, aún cuando en los últimos 20 años es cuando más se ha incrementado el gasto federal en el combate a la pobreza”, asegura David Lozano, economista y coordinador del CAM, quien considera que la falta de empleos explica en buena medida la violencia que existe en varias regiones del país.

En 1995 los estados de la República tenían tasas de desempleo entre 8 y 11%, ahora los ves con tasas de hasta 22% de desempleo. Eso cómo no va a impactar en la violencia”, señala el especialista, quien afirma que actualmente el crimen organizado regula la oferta y demanda de ciertos productos y servicios a través de cuotas que impone a los productores de limón, en Michoacán y Jalisco, la piña en Veracruz, o leche en la zona de la Comarca Lagunera.

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM

Hay lugares donde la economía es la economía del narcotráfico. Ahora ya tenemos población económicamente activa que se supone que es ilegal, pero que se contabiliza como ingreso en el paísHay empresas que son verdaderas lavadoras de dinero, pero el gobierno las mantiene porque son generadoras de empleo. Dicen que los tienen bien fiscalizados, pero son los que mejor pagan los servicios financieros y pagan sus impuestos”, asegura.

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4. La devastación del campo y los recursos naturales

A 20 años del TLCAN, el sector agrícola quedó estancado debido a que la falta de apoyos gubernamentales en el campo y las desventajas de los agricultores nacionales frente a sus contrapartes estadounidenses, provocaron que México haya dejado de producir alimentos para importarlos.

Datos de la UNAM señalan que el 72% de los productores del campo se encontraban en quiebra en 2011, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía.

Asimismo, el gobierno mexicano redujo a más de la mitad los subsidios agrícolas en dos décadas, según un estudio de la OCDE publicado en 2013, al pasar de 28% en el periodo 1991-1993 al 13% que se registró para 2010-2012.

Esta situación provocó que muchos productores mexicanos quebraran ante su incapacidad de competir con precios por debajo del valor de mercado ofrecidos por productores estadounidenses gracias a los altos subsidios otorgados por su gobierno, una práctica conocida como dumping que ha dejado cuantiosas pérdidas en productos como maíz, trigo, algodón, carne de puerco y de res.

La inequidad entre el régimen proteccionista de Estados Unidos y México ha provocado un estancamiento del sector agrícola, con un crecimiento de 1.8% anual en las últimas dos décadas, además de que la importación de comida se duplicó en dos décadas al pasar del 19% al 42%, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“El hecho es que con el TLCAN, México se convirtió en una potencia importadora”, asegura Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Otra promesa incumplida es que se iban a dinamizar las inversiones privadas y extranjeras en el campo, las cuales nunca llegaron, mientras la inversión privada fue raquítica. Se retiró la inversión pública para el campo. Solamente se invirtió en una minoría de agricultores comerciales del norte que no representan más del 10% del total de unidades de producción y para el 90% solamente hubo presupuestos de carácter asistencialista para combatir la pobreza, pero no para el desarrollo productivo. El resultado es que no hay mejoría en el ingreso rural ni en el bienestar de la gente del campo”, agrega.

La Confederación Nacional Campesina, organización históricamente vinculada al PRI, reconoce que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a Estados Unidos y otras ciudades del país “con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80% de los alimentos que demanda la población”, según el informe Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo publicado en diciembre de 2013.

Además de la falta de apoyos al campo, el desmantelamiento de empresas paraestatales como Conasupo y Liconsa durante la década de 1990 permitió que diversas empresas trasnacionales regularan los precios de alimentos, semillas y otros insumos agroindustriales que explican en buena parte el incremento de los precios de la comida en las últimas décadas, tal como ocurrió en 2007 con la crisis de la tortilla.

“Se prometió que los consumidores se beneficiarían con alimentos de calidad y bajo precio, pero los resultados indican que tenemos un incremento constante de los precios del consumidor, sobre todo en los últimos siete años, a tal nivel que el precio internacionales de los alimentos se han duplicado o triplicado a los años previos al arranque del TLCAN y esto ha repercutido en el incremento de la pobreza, la desnutrición y la obesidad en México, porque también se ha importado el modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha provocado la epidemia de obesidad”, asegura Suárez.

“El TLCAN ha resultado en un fracaso para el país, los productores y los consumidores. Los únicos que se han beneficiado han sido una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Grupo Vizacarra, Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé, Walmart, Pepsico, Coca Cola, Bayern, General Food y este tipo de empresas, que han visto crecer sus utilidades y su dominio de los mercados tanto nacionales como globales, además de concentrar subsidios, créditos a sus actividades económicas, regímenes de privilegio de carácter fiscal. Han pasado de una economía de libre mercado a una economía de oligopolios”, agrega.

Sin embargo, el sector agropecuario no es el único que presenta un saldo negativo tras la firma del acuerdo comercial, ya que las pérdidas económicas ocasionadas por daños al medio ambiente representan el 6.9% del PIB, de acuerdo con datos de INEGI en 2011. Tan solo ese año, las afectaciones ambientales de la minería generaron pérdidas por 242,274 millones de pesos.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 27,000 concesiones mineras que de manera conjunta equivalen entre el 15% y 30% de la superficie total del territorio nacional, gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 27 constitucional que abrió la puerta a la privatización de la tierra, así como la apropiación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal estima que el 82% de las 155 mil hectáreas deforestadas cada año en el territorio mexicano son consecuencia del cambio de uso de suelos “para uso agropecuario, de turismo o por crecimiento urbano e industria”, sectores vinculados a la apertura comercial del TLCAN, convirtiendo a México en el país con mayor deforestación de la OCDE. Y aun cuando el 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas “es alta en comparación con los niveles de otros países de la OCDE”, según detalla un informe de la organización.

Para diciembre de 2011, un 29% de las tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para pasar a propiedad privada, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria.

De ahí que el abandono del sector agrícola aunado a la presión del capital privado sobre las comunidades ha generado un ambiente de descontento social en prácticamente todo el país, ya que de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), actualmente existen cerca de 350 conflictos sociales vinculados con problemas ambientales.

“Existen casos emblemáticos muy graves de daño por contaminación pero no existe ningún tipo de regulación y vigilancia sobre el manejo, uso y destrucción de los recursos naturales del país. Si a esto agregamos que en estos 20 años ha ocurrido un proceso acelerado de privatización de los recursos naturales vía concesiones mineras o la reforma energética, así como otro tipo de infraestructuras, tenemos la más grave amenaza para la supervivencia en la historia del país, más allá del problema de la violencia que también es muy grave”, señala Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la ANAA.

Sin embargo, el escenario podría empeorar para los próximos años, debido a que la reciente aprobación de la reforma energética podría generar una destrucción ambiental en los estados del Golfo de México debido a que ahí se encuentran grandes yacimientos petroleros que aumentarán la presión sobre las comunidades para que las empresas trasnacionales puedan extraer hidrocarburos del subsuelo, de modo similar a lo que ocurre con las mineras canadienses.

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5. Exilio forzado

Actualmente existen cerca de 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo del INEGI, lo cual significa que cerca del 18% de la población económicamente activa del país se encuentra en el vecino del norte.

Mientras que en 1990 existían 4 millones 409 mexicanos viviendo en Estados Unidos, la cifra aumentó a 11 millones 964 en 2010, lo cual representa un aumento del 171% en dos décadas.

La migración masiva de trabajadores mexicanos se disparó justo después de la entrada en vigor del TLCAN, debido principalmente a la crisis económica de 1994, el crecimiento acelerado de la economía estadounidense y las redes de migrantes que se construyeron desde la reforma migratoria de Estados Unidos en los años 80.

El flujo migratorio hizo que en dos décadas, los ingresos por remesas aumentaron 645% al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 22,446 en 2012, según cifras oficiales recopiladas por el CEFP.

De ahí que diversos investigadores consideren que la migración fue una ‘válvula de escape’ para la economía mexicana, debido a que la falta de empleo en México podría haber contribuido a precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores nacionales.

“Ha sido una válvula de escape, debido a una combinación de factores, ya que por un lado el TLCAN no ha sido el motor de crecimiento que se esperaba y una política errónea de contención de parte de Estados Unidos consolidó el éxodo masivo de tantos mexicanos”, señala René Zenteno, catedrático del Colegio de la Frontera Norte e investigador de la Universidad de Texas.

“El impacto de las remesas es positivo, porque sin esos niveles de ingreso privado yo no sé cómo podrían sortear muchas familias en México momentos difíciles de estabilidad de ingreso. Las remesas lo que vienen a suplir es esa inestabilidad del ingreso y sus bajos niveles”, agrega.

Sin embargo, los expertos aún tienen dudas sobre cuál ha sido el impacto productivo de las remesas enviadas desde Estados Unidos, ya que de acuerdo con Silvia Elena Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ya que “en ningún país del mundo la emigración ha generado desarrollo local”.

Esto, debido a que en México no existen condiciones favorables para que la entrada de recursos incida de manera significativa en la reducción de la pobreza o la deserción escolar.

No hay condiciones muy favorables para capitalizar los beneficios de la migración. Hay gente que regresa con sus ahorros y abren tiendas de abarrotes, pero no hay condiciones para que se genere un entorno de inversión productiva que permita que se aprovechen los recursos y lo que aprendieron allá”, señala Giorguli,

“Eso pasa por la discusión del desarrollo nacional. No es que generes programas para los migrantes, sino modificar las condiciones del entorno en general”, agrega la especialista, quien considera que entre las consecuencias sociales del fenómeno migratorio se encuentran el despoblamiento de comunidades, procesos de ruptura y separación familiar, problemas de salud mental en los que se van y los que se quedan, así como una vulnerabilidad creciente para la mitad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y no tienen documentos.

Derivado de diversas denuncias interpuestas por organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó en noviembre de 2012 realizar una investigación profunda sobre las denuncias de trabajadores mexicanos contra el gobierno de Estados Unidos ante posibles violaciones al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), firmado como parte del TLCAN, principalmente en lo referente al “pago de salario mínimo; eliminación de la discriminación en el empleo; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; reciban la misma protección que los trabajadores nacionales; y tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales puedan hacer efectivos estos derechos”.

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6. El auge de la economía criminal y la crisis institucional

En los últimos 20 años, la capacidad financiera y operativa de los grandes cárteles de la droga en México convirtieron a estas organizaciones criminales en empresas trasnacionales cuya relevancia en la economía mexicana sigue creciendo ante un Estado débil e incapaz de satisfacer las demandas de su población. Algo que, según diversos especialistas, ayuda a explicar el escenario de violencia y crisis institucional por la que atraviesa el país.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Harvard, el narcotráfico es el quinto proveedor de empleo en México, al ocupar directamente a 468,000 personas en 2008, cifra que coincide con el medio millón calculado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

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Un informe publicado en 2013 por el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña, estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia en México ascienden a 333,000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 27.7% del PIB.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor de la Organización de Naciones Unidas especializado en crimen organizado, el crecimiento de la violencia en México se debe a que “la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los Estados, obteniendo ganancias en aquellos mercados con excesos de complejidad o ausencia de marcos regulatorios”, debido a que las empresas criminales ofrecen a diversos sectores de la población todo aquello que el Estado, “por sus fallas o ausencia, no puede ofrecer”.

De acuerdo con Buscaglia, esto ayuda a entender cómo es que las organizaciones criminales han logrado infiltrar el 78% de los sectores económicos del país, al mismo tiempo que ha contribuido a vulnerado las instituciones de impartición de justicia.

En su libro Vacíos de poder en México, Buscaglia señala que la debilidad del Estado mexicano y la ausencia de controles regulatorios capaces de contener la violencia del crimen organizado es propiciada por un “pacto de impunidad” entre una élite político-empresarial mexicana “que hoy se beneficia de descontrolados financiamientos de campañas electorales y de enriquecimientos inexplicables, vía empresas familiares de políticos que se mantienen de sobornos”.

En otras palabras, la corrupción al interior del Estado mexicano no solo ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga, sino también de grandes grupos empresariales amparados por una clase política y una ilegalidad sistemática que explica los altos niveles de impunidad en México, ya que de acuerdo con Buscaglia, “no existe corrupción pública sin corrupción privada: ambas se retroalimentan”.

Así lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al señalar en diciembre de 2012 que durante el sexenio de Felipe Calderón existió una impunidad del 99%. Una cifra similar al 93% de impunidad reportados a diciembre de 2013 de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, según una investigación recientemente publicada en el periódico Reforma, porcentaje que sin embargo, no contempla los delitos no denunciados, lo cual hace concluir que la impunidad es aún mayor.

En 2013, el Índice de Percepción a la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México como un país con altos niveles de corrupción al ocupar el lugar 106 de 175 países, lo cual hace de México el país con mayor percepción de corrupción entre los países de la OCDE.

Lo mismo considera el informe 2013 del IEP, en el cual se documenta un deterioro en cuatro de las seis condiciones de gobernabilidad durante los últimos 12 años de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, ya que “el nivel de corrupción percibido ha aumentado, el estado de derecho se ha debilitado, la libertad de expresión se ha reducido y, muy notoriamente, la estabilidad política ha disminuido en gran medida”.

La organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre” en su informe de 2013 debido a la falta de condiciones que existen en el país para garantizar el cumplimiento de derechos civiles como la libertad de expresión.

Esto ayuda a explicar el desencanto sostenido en la democracia en los últimos años. En 1996, el 53% de los mexicanos consideraban a la democracia como el sistema preferible frente a cualquier otra forma de gobierno, mientras que para 2013, solo el 37% mantuvieron dicha opinión, de acuerdo con datos del Latinbarómetro, lo cual representa una caída del 16%. En contraste, el 81% de los mexicanos consideraban injusta la distribución de la riqueza, mientras el 82% se declaró insatisfecho con el funcionamiento de la economía.

En 2010, el informe del Latinbarómetro señalaban que en América Latina, México y Brasil fueron “los dos países con la mayor cantidad de población que le da una baja legitimidad a la democracia”. Ese mismo año, los niveles de desconfianza de los mexicanos en el Congreso y el Poder Judicial fue de 72%, en los partidos políticos fue del 81%, en el gobierno fue de 66% y en las fuerzas armadas de 45%.

Los números evidencian el descontento de amplios sectores sociales con las instituciones del Estado mexicano, a raíz de casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, la elección presidencial de 2006, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el sexenio de Calderón o el regreso del PRI a Los Pinos tras una elección marcada por acusaciones de compra de votos y protestas contra los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

De ahí que la corrupción, impunidad e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población se han convertido en un problema de legitimidad política que permite explicar el surgimiento de los grupos de autodefensa surgidos en entidades como Michoacán y Guerrero, así como la ingobernabilidad que existe en Tamaulipas y otros estados secuestradas por las organizaciones criminales.

La corrupción desorganizada y sin controles que vive México invita a las empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer en el país cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios mucho más violentos y dañinos que en los Estados relativamente fuertes”, señala Buscaglia.

“La transición fallida vivida en el país ha desmantelado parcialmente las instituciones del régimen autoritario de partido único de Estado, pero las élites político-empresariales no han remplazado ese vacío con instituciones democráticas, y de esta manera se ha impedido que los supuestos representantes populares encuentren un consenso necesario para definir acuerdos políticos con el propósito de delinear e instrumentar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, contra la corrupción y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales”, agrega.

Una crisis institucional y económica que evidencia la fractura del pacto social que ayuda a explicar el clima de descontento que prevalece en México.

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Reinventar la democracia en código abierto: Clay Shirky

Una plática de Clay Shirky, especialista en medios y redes sociales, sobre las posibilidades que ofrece el internet para construir nuevas vías de democracia participativa. ¿Será posible redactar una Constitución en código abierto? ¿Será Linux el referente para reinventar al poder legislativo? Ideas que estimulan la imaginación de los ciudadanos inconformes. Nuevas vías de afrontar la profunda crisis de los sistemas de representación política emanados de la modernidad.

La algarabía del rayo: carta a los estudiantes de #YoSoy132

La noche del 26 de julio tiene ya reservado su lugar en la historia. El cerco a Televisa sólo puede dimensionarse en el terreno de lo simbólico, ahí donde se construyen los sueños. Estudiantes, campesinos y obreros acorralando a los poderes fácticos. ¡Qué bella estampa! Vientos de revolución y carnaval soplan en esta patria de desamores donde gobierna la corrupción y la impunidad.

En un país donde la vejación a la dignidad humana y la homogenización del pensamiento pretenden ser instituidos como formas de dominación, el pueblo de las mil gargantas ha levantado la voz para reclamar aquello que le pertenece y le fue arrebatado: el derecho a la libre autodeterminación de su destino.

Se rompió el silencio mordaz que nos mantenía presos en esta jaula de barrotes invisibles y se rompió también el miedo que nos mantenía aislados el uno del otro. Hemos encontrado la cura para esta epidemia que ciega y nubla el entendimiento. Por eso ahora tenemos las pupilas dilatadas para ver a través de la tiniebla. La industria de la manipulación y la sordera no podrá contener nuestro espíritu desbordado que canta con la algarabía del rayo.

Estos fértiles campos de hombres y mujeres libres son también una profecía: el fin del imperio se aproxima. Que los jeques rían desde sus solitarios castillos de oro y fino alabastro, porque este reino de la infamia, la muerte y la ignominia tiene las horas contadas.

Arde la esperanza en rostros pintados de alegría y manos elocuentes, en ojos inundados de sueños multicolores que brotan de la tierra, como la flor que germina y se abre paso entre yermas franjas de concreto.

Hagamos de este cerco a la mentira un abrazo a nuestros carceleros. Tenemos el deber de liberarnos y liberar también a nuestros opresores, desatarlos del egoísmo vicioso que los aprisiona y los consume. Hagamos de la compasión nuestra bandera, el sentido de nuestra lucha. Arrojemos los rencores al fuego para que las llamas purifiquen nuestro dolor y lo conviertan en el abono que habrá de resucitar a un pueblo desde sus escombros. Dejemos que vuelen las palabras y se apaguen los odios, que el tiempo y la justicia curen estas heridas abiertas que aún supuran. Dejemos que el amor se riegue como el polen para que todos los corazones se fundan en un solo palpitar.

¡Vivan los estudiantes que nos dieron patria!

¡Viva el pueblo de México que despertó para soñar un mundo nuevo!

Un abrazo para todos ellos.

Manuel Hernández Borbolla

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El miedo y la resurrección

El miedo siempre ha sido el más eficaz instrumento de dominación. El miedo paraliza, ciega el entendimiento. Y eso es precisamente el escenario que hemos vivido en México los últimos años. De ahí que el terror y la promesa del orden hayan sido utilizadas históricamente como las dos justificaciones más comunes para establecer a las dictaduras. Sólo así puede explicarse el supuesto triunfo electoral del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y la alegría incontenible del presidente Felipe Calderón. Sólo así puede explicarse que los medios de comunicación revivieran las campañas del miedo en la recta final de la contienda electoral de 2012. El miedo, la herramienta predilecta de aquellos que operan el sistema político para lucrar con la misera de la gente, el pánico como proyecto económico. Todas estas cuestiones se ilustran a la perfección en el documental Estado de Shock, producido por el Canal 6 de julio, en el que se evidencian los fines ocultos de la llamada guerra contra el narcotráfico, la justificación idónea para maquillar un gobierno ilegítimo, un proyecto de colonización cortesía de la oligarquía norteamericana y una oportunidad perfecta para aniquilar a la disidencia. Un diagnóstico crudo y desolador del país en el que vivimos, tan herido por la enajenación idiota de los cobardes que prefieren evadir la terrible realidad que nos rodea antes que enfrentarla cara a cara.

Sin embargo, no todo está perdido, como bien esgrime la máxima de Hölderlin: “allí donde está el dolor está también lo que salva”. Y esto es precisamente lo que intenta explicar el politólogo estadounidense Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, un manual de cómo iniciar una revolución pacífica sin morir en el intento. Sharp considera que para acabar con un régimen corrupto, es necesario atacar aquello que lo legitima. Si bien el argumento de este teórico de la revolución pacífica no es algo nuevo (ya que Max Weber detalla este punto en su célebre obra Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, al explicar los conceptos de legitimidad y orden social), sí lo es la manera tan esquemática en que explica, paso a paso, cómo desgastar la credibilidad del poder político sin la necesidad de empuñar un arma de fuego. Y esto se debe a la manera en que la paz despierta un sentimiento de humanidad en el corazón de la gente, sin importar que se trate de policías o militares. La paz nos conecta con los otros y le devuelve el poder a la comunidad política.

La vocación antidemocrática de la derecha

Por definición, la derecha tiene una profunda convicción antidemocrática. Basta con revisar el origen del término para confirmar la hipótesis. La derecha como ideología política surge formalmente como consecuencia de la Revolución Francesa y la creación del parlamento, en cuya sede, los sectores más conservadores que defendían los privilegios de la monarquía y la aristocracia ocupaban el ala derecha del recinto mientras los sectores progresistas que promovieron el cambio de régimen se ubicaban a la izquierda. Desde entonces, la derecha se identifica por su resistencia al cambio y por defender los intereses de las élites encumbradas en lo más alto del poder político, tal como lo apunta el sociólogo Robert M. MacIver en su texto The Web of Government:

La derecha siempre es el sector de partido asociado con los intereses de las clases altas o dominantes, la izquierda el sector de las clases bajas económicamente o social y el centro de las clases medias. Históricamente este criterio parece aceptable. La derecha conservadora defendió prerrogativas, privilegios y poderes enterrados: la izquierda los atacó. La derecha ha sido más favorable a la posición aristocrática, a la jerarquía de nacimiento o de riqueza; la izquierda ha luchado para la igualación de ventaja o de oportunidad, y por las demandas de los menos favorecidos. Defensa y ataque se han encontrado, bajo condiciones democráticas, no en el nombre de la clase pero sí en el nombre de principio; pero los principios opuestos han correspondido en términos generales a los intereses de clases diferentes[1].

Esto explica la resistencia histórica de la derecha hacia la consolidación de la democracia, una forma de gobierno que posiciona al pueblo como referente único del poder político y la soberanía del Estado nación. Un sistema político que, por definición, está en contra de los intereses que defiende la derecha, fincados en una tradición de privilegios heredada generación tras generación.

Por ello, no es de extrañarse que en Occidente la derecha esté íntimamente vinculada a la iglesia (católica o protestante), una de las instituciones clave en la legitimación de las monarquías que gobernaron el mundo desde la época medieval, así como a una pujante burguesía que terminaría apoderándose de muchos privilegios de la nobleza a partir de la concentración de riqueza derivada de la apropiación de los medios de producción capitalistas.

Con la construcción del proyecto de modernidad como referente inequívoco del mundo occidental, la burguesía consolidó su poder político controlando un complejo engranaje institucional que soportaba la idea del Estado, incluyendo por supuesto, el control de las estructuras gubernamentales.

Lo anterior permite entender cómo es que los grandes dueños de la economía se convirtieron en los poderes de hecho, también llamados fácticos, capaces de quitar y poner a su antojo a gobernantes que facilitaran y protegieran sus intereses aún a costa de los interés público. Un contrasentido a lo que se supone deberían defender los sistemas democráticos.

Fue así que la economía tomó como rehén al Estado. Los grandes capitalistas infiltraron a sus subordinados en el gobierno para salvaguardar un régimen de privilegios que poco o nada tiene que ver con aquellos principios de “libertad, igualdad y fraternidad” que enarbolaba en su inicio el discurso revolucionario francés de 1789.

Con el triunfo del liberalismo económico al paso de los siglos siguientes, la democracia representativa terminó por convertirse en una máscara cuyo objetivo era ocultar en las sombras a los verdaderos actores involucrados en la toma de decisiones.

A partir de entonces, los industriales y la nueva clase empresarial que despegó de manera vertiginosa a partir de la Revolución Industrial construyeron un andamiaje político que les permitiera ejercer un control sobre los sectores sociales más pobres para acumular riqueza mediante la explotación laboral. La derecha se identificó a partir de este momento, como enemiga declarada de los sindicatos y cualquier forma de asociación que atentara contra el dominio hegemónico de las élites, toda vez que una verdadera democracia representa siempre una amenaza directa para cualquier oligarquía.

Esto explica cómo es que a partir de las revueltas populares que surgieron en la primera mitad del siglo XX en países como México, China o Rusia, movimientos sociales cuyo motor fueron precisamente los sectores campesino y obrero, se convirtieron en un peligro para los intereses de los grandes capitalistas. Con el advenimiento de dos guerras mundiales producto de las tensiones entre el liberalismo económico y el fascismo (dos matices del pensamiento conservador de la época), la Guerra Fría terminó dividiendo el mapa geopolítico del mundo en dos grandes bloques: la derecha representada por el American way of life y las políticas de libre mercado fomentadas desde las potencias occidentales, por un lado, y la conquista del proletariado en cuanto al control de los medios de producción representados por los países soviéticos, por el otro.

Estas polarizadas visiones del desarrollo generaron una serie de conflictos armados en distintas partes del globo terráqueo que a su vez radicalizaron las tensiones históricas entre las derechas y las izquierdas.

Sin embargo, la reconfiguración de la derecha a partir Consenso de Washington y la definición del proyecto neoliberal (acordado por los presidentes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania Occidental, Ronald Reagan, Margaret Tatcher y Helmut Kohl, respectivamente), así como el derrumbe de la Unión Soviética y la inminente caída del Muro de Berlín, significaron el triunfo momentáneo de los neoconservadores y un periodo de estabilidad política que incluso provocó la exaltación estúpida de intelectuales de derecha como Francis Fukuyama, quien incluso llegó al punto de declarar que el triunfo del liberalismo sólo podía significar “el fin de la historia” y la muerte de las ideologías, dando por terminada la disputa entre derecha e izquierda.

Una propuesta que, además de ridícula, resultó terriblemente equivocada, tal como lo demostraría algunos años más tarde el auge de la izquierda en Sudamérica y la crisis económica de 2008, misma que provocó una serie de protestas globales de grandes sectores sociales que empezaron a criticar de manera profunda las bases estructurales del sistema económico vigente en todo el planeta una vez que la complicidad entre los gobiernos y los grandes capitales a costa del interés público se fue haciendo cada vez más evidente con el rescate de los bancos a costa del erario de los países europeos. Una reedición de aquello que los mexicanos vivimos con el Fobaproa y el rescate bancario que el gobierno de Ernesto Zedillo construyó junto con los partidos de derecha a mediados de los años 90. Una medida que en su momento sería aplaudida por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y que hoy, a casi 15 años de distancia, sigue aplicándose como receta para mantener los equilibrios macroeconómicos de manera impune.

¿Cómo es posible que el Estado convierta en deuda pública el rescate de bancos privados? ¿Por qué los ciudadanos tienen que pagar por los errores de los banqueros sin hacerlos partícipes de la bonanza financiera? Preguntas sin respuesta que evidencian las profundas contradicciones de las democracias liberales y sus descarados intentos por defender el interés privado aún a costa del interés público. Prueba fehaciente de que tras la máscara democrática se esconde un sistema oligárquico, es decir, un gobierno de minorías que concentra el poder político en pocas manos.

Norberto Bobbio, el gran politólogo italiano y quizá el más grande teórico del Estado del siglo XX, sugiere que esta psicosis surge a partir de una dicotomía entre lo público y lo privado. Para Bobbio, estas diferencias en términos de propiedad, con su respectivo impacto en el ámbito de lo social, puede representarse a través de dos identidades colectivas: el ciudadano (defensor del interés público) y su contraparte, el burgués (defensor del interés privado). De ahí que Bobbio señale de manera puntual que cualquier definición teórica del Estado como forma de organización social, tenga que partir forzosamente de establecer límites concretos entre lo público y lo privado.[2]

Esta interpretación de Bobbio permite ejemplificar a la perfección las profundas diferencias entre izquierda y derecha en términos de ideología política. La izquierda como referente del interés público y la derecha como defensora de la propiedad privada.

Y si entendemos a la democracia como una forma de gobierno cuya principal característica es que la titularidad del poder político reside en la totalidad de los miembros que conforman un grupo social en lo referente a la toma de decisiones, el problema plantea una contradicción profunda entre las ideologías de derecha y los sistemas democráticos.

Por eso encontramos en la actualidad, países con una incipiente cultura democrática en los cuales existe una fuerte resistencia de la derecha a la hora de impulsar reformas legislativas como el referéndum, plebiscito o revocación del mandato, instrumentos legales que permiten a los ciudadanos tener un mayor control sobre el gobierno y un mayor peso en la toma de decisiones. En el mismo tono, la derecha como bandera ideológica de los oligopolios se ha caracterizado por criticar medidas como las políticas de desarrollo social, cuyo fin último busca detener la creciente brecha de desigualdad entre ricos y pobres, medidas que los grupos conservadores suelen calificar de “populistas”, término absurdo con el cual se evidencia el carácter antipopular (y por ende antidemocrático) de la derecha.

No es de extrañarse que, por ejemplo, la derecha busque impulsar reformas legales que atenten contra los derechos laborales de las clases trabajadoras con el objetivo de beneficiar a grupos minoritarios aún cuando esto resulte perjudicial para las mayorías.

Esto plantea un problema de fondo para los sistemas que se autodenominan como democráticos, ya que la manera en que la oligarquía ha tomado como rehén a las instituciones de representación política para convertir al gobierno en un lucrativo negocio, tal como puede observarse en el modo en que las élites cuentan con sus propias bancadas en el poder legislativo, ha derivado en una profunda crisis de legitimidad. ¿Puede llamarse democracia a un régimen donde son las minorías las que deciden aún en contra de la voluntad de las mayorías? No. Y esto es precisamente lo que intenta disfrazar el discurso de los grupos conservadores, obstinados en no ceder sus privilegios aún a cambio del bien común.

La derecha como ideología política atenta contra los principios mismos sobre el que se sustenta el discurso democrático. Si bien es cierto que la democracia también significa respetar la diversidad de opiniones, también es cierto que la democracia debe privilegiar el interés público por encima de los intereses privados.

Por ello, la construcción de un auténtico régimen democrático hace indispensable acabar con el individualismo vicioso con el que operan los mercados de este capitalismo salvaje de todos contra todos. A medida que logremos elaborar como sociedad una noción más acabada de lo que significa el bien común, y lo que implica, los sistemas democráticos irán madurando paulatinamente hasta llegar al día en que el pueblo mande y los gobiernos obedezcan, como dicen los zapatistas. Mi bienestar no puede justificarse nunca a través del sufrimiento de los otros. Todos estamos conectados en esta inmensa red social, y por ello, mi bienestar sólo puede ser posible con el bienestar de los demás. Sólo cuando el pueblo adquiera conciencia de sí mismo y actúe como un todo, podremos hablar de democracia. Lo demás, es politiquería.


[1] Seymour Martin Lipset. Political man: the social bases of politics. Nueva York, Estados Unidos. Doubleday, 1960, p. 222.

[2] Norberto Bobbio. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. Fondo de Culura Económica. México, 2010.

El discurso de Chaplin

La desesperación de Chaplin es más que evidente en su elocuente discurso en los agónicos años de la guerra. 70 años después está más vigente que nunca.

 

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