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Rabia contra la maquinaria gubernamental

Un par de rolas de Rage Against The Machine para estos días que en México está legalizándose una dictadura militar ante la complacencia del grueso de la población. La maquinaria del control pareciera ir siempre un paso adelante. Pero, aunque quieran, no podrán someternos, no vamos a dejar de luchar.

El músculo represor que evidencia la debilidad del actual gobierno

Tres tanquetas del gobierno capitalino y varias hileras de policías que se extendían por toda la Alameda bloquearon el acceso de la CNTE al Zócalo en una marcha que transcurrió de manera pacífica. Nunca había visto un operativo de estas dimensiones por una protesta en el primer cuadro de la Ciudad de México. Las negociaciones entre el magisterio y el gobierno de Mancera para avanzar hasta el epicentro del país, resultaron fallidas. Algunas versiones durante la marcha señalaron que la secretaría de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, explicó que no podían mover el cerco policiaco por órdenes del gobierno federal. Y mientras tomaba nota, no dejaba de preguntarme ¿por qué el gobierno decidió impedir el paso de la manifestación hasta el Zócalo? Durante la marcha no hubo ningún incidente que justificara un operativo como este. Y el asunto era precisamente ese: mandar un mensaje de fuerza. La dictadura corruptocrática necesitaba desplegar un operativo gigantesco para obtener fotografías impactantes como esta, imágenes que de algún modo, buscan infundir miedo entre los inconformes con la amenaza de la represión.

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Este desastroso gobierno no tiene otra alternativa que recurrir a la amenaza de la violencia para tratar de reafirmar el poder de una élite que durante décadas ha pisoteado los derechos elementales de las mayorías sedientas de justicia que ayer decidieron acompañar a los maestros en su lucha. La postal habla mucho del momento actual que vive el país: la tiranía de un gobierno déspota y autoritario cuya ambición perversa y el malestar creciente entre distintos sectores de la sociedad, han provocado que el chantaje y la bravuconería sean las únicas vías que le quedan a este gobierno ilegítimo para seguir ejerciendo su política idiota del saqueo, el despojo, la manipulación informativa y la violencia en todas sus formas. Vientos de insurrección soplan en todo México. Todavía faltan muchas páginas por escribir en este gran cuento, en esta gran lucha por la libertad, la paz y la justicia, este canto épico donde el coraje del pueblo hace frente a la miseria de sus gobernantes, que no son sino el más crudo retrato de la podredumbre humana.
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Una estampa macroeconómica de lo jodido que está México, gracias a su gobierno mafioso

Hoy todos los titulares de la prensa traen el anuncio de que el gobierno mafioso y vendepatrias encabezado por Enrique Peña Nieto y sus secuaces abrirá la importación de gasolinas a la empresa privada a partir de abril, con lo cual se sigue acelerando la destrucción de un sector estratégico para el país. La velocidad con la que se ha desmantelado a Pemex es sorprendente. En menos de un sexenio no quedará nada de lo que alguna vez fue una de las mayores empresas del mundo. Y por si fuera poca cosa, la Auditoría reporta que en 2014 el Estado dejó de recaudar 1.2 billones de pesos (una cifra gigantesca) al perdonarle el pago de impuestos a las mafias empresariales que controlan al país. Por eso parece particularmente irónico que en México se destine más dinero al pago de deuda que a apoyos sociales para combatir la pobreza. En este sistema mafioso, los banqueros serán siempre una prioridad frente a los pobres. Uno no puede deberle 20 pesos a Hacienda porque inmediatamente están chingando con notificaciones de todo tipo, pero eso sí, los grandes empresarios, los multimillonarios, no pagan un centavo porque el gobierno los exenta del pago de impuestos. Estamos jodidos. No hay día que este gobierno de mierda no deje de sorprendernos con algún caso de corrupción impune, vileza desmedida, estupidez crónica y otras linduras tan representativas de nuestra miserable clase política. Y a pesar de que la situación económica está cada vez está peor —una vez que el salario pierde valor al mismo tiempo que se incrementan los precios de las mercancías por fenómenos como la devaluación y la inflación maquillada en los principales indicadores macroeconómicos—, las mafias político-empresariales que han conducido a México a un estado de crisis económica, política y social, van campantes por la vida, gozando de los muchos privilegios que otorga el poder y la enajenación. Y si no me creen, pregúntenle a Humberto Moreira y a Javier Duarte. Par de rufianes, hijos de la chingada en su máxima expresión. Así las cosas en este país hecho trizas llamado México.

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México cansado

“Ya me cansé”, señaló el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al responder a las preguntas sobre las fosas encontradas en Guerrero y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No debería sorprendernos. Tan acostumbrados a dar órdenes y ser vitoreados por su séquito de aplaudidores, los políticos mexicanos no pueden ocultar su incomodidad a la hora de rendir cuentas como debería suceder en un Estado democrático. Por supuesto, sabemos que esto no es el caso de México.

Por eso nosotros también estamos cansados señor procurador. Cansados de la mezquindad con la que se manejan los políticos mexicanos a la hora de rendir cuentas ante las exigencias de la ciudadanía. Estamos cansados de que todos los días aparezcan fosas repletas de cadáveres al mismo tiempo que el Estado criminal del cual usted forma parte, desaparece estudiantes y luchadores sociales. Estamos cansados del actual régimen de impunidad diseñado para beneficiar los intereses de las élites político-empresariales que se han enriquecido al amparo de la corrupción. México está cansado, señor procurador, de que la ley termine beneficiando a los mismos de siempre al mismo tiempo que se utilizan mecanismos de represión para silenciar el descontento de quienes se atreven a criticar el abuso sistemático como forma de gobierno.

Estamos hartos de que ustedes los políticos se den vida de mirreyes y viajen en aviones de 7,500 millones de pesos en un país donde más de 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Cansados de que el salario mínimo no alcance ni para comprar una canasta básica de comida. Cansados de que el actual régimen no haya movido un dedo para resolver el escandaloso índice del 99% de impunidad propiciado por lo que el investigador Edgardo Buscaglia llama un pacto de impunidad entre las élites político empresariales del país. Cansados de que criminales protegidos por el Estado criminal como Moreira, Granier, Vallejo, Aguirre, Moreno Valle, Duarte, Eruviel, Sabines, Montiel, Medina, el ‘Gober precioso’ y una larga lista de infames sigan impunemente libres mientras las cárceles están llenas de inocentes y presos políticos.

Cansados de que la justicia sea sustituida por el ajuste de cuentas, tal como evidenciaron al encerrar a la maestra Elba Esther Gordillo con cargos inventados para no evidenciar la manera en que los gobiernos de todos los partidos desvían recursos multimillonarios a las mafias sindicales para financiar campañas electorales. Cansados de que los funcionarios se burlen de la ciudadanía y esgriman argumentos tan burdos como los que utilizaron para justificar el ilegal rebase de topes de gastos de campaña durante las elecciones presidenciales de 2012. Cansados de que el gobierno libere a narcotraficantes como Caro Quintero. Cansados de la manipulación informativa que ejercen a través de sus serviles medios de comunicación. Cansados de cómo los políticos han decidido vender al país para llenarse los bolsillos. Cansados de ver cómo están dispuestos a atentar contra el futuro de los jóvenes para beneficiar a las empresas extranjeras. Cansados del riesgo que corren a diario nuestras familias al salir a la calle debido a los altos índices de violencia promovidos desde el Estado. Cansados de que los legisladores hagan leyes a modo para legalizar el despojo y el saqueo, como hicieron con la reforma energética. Cansados de que los ministros de la Corte cobren sueldos millonarios para servir al presidente en turno, como evidenciaron con el caso Florence Cassez. Cansados de llorar por nuestros niños muertos y calcinados en la guardería ABC en un intento del exgobernador de Sonora por quemar evidencia de crímenes que seguirán impunes. Cansados de tener que salir a protestar todos los días por la nueva pendejada del gobierno. Cansados de que las madres tengan que buscar a sus hijos en fosas comunes. Cansados de que traten de silenciar la verdad matando periodistas. Cansados de pactos cupulares con los que intentan conseguir legitimidad mientras cierran el paso a la ciudadanía, como ocurrió con la reforma política y el carácter no vinculante de la consulta popular. Cansados de la hueca retórica oficialista de un gobierno ilegítimo. Cansados de vivir en un país donde el Estado de derecho es una puta al servicio del mejor postor. Cansados del apoyo que se da a las empresas extractivas que contaminan y destruyen nuestros bosques y ríos. Cansados de que el gobierno de Peña condonara más de 180 mil millones de pesos de impuestos a sus cuates como pago de favores por los servicios prestados durante la campaña presidencial. Cansado de que la economía vaya en picada mientras se aferran al mismo modelo que ha enriquecido a los más ricos y empobrecido a los más pobres. ¿Quién está más cansado, señor procurador? ¿Ustedes o nosotros? ¿El gobierno criminal al que representa o la ciudadanía? Pero no se preocupe, señor procurador, puede tomarse unas largas vacaciones. Trabajando o descansando, los resultados de su trabajo serán los mismos. Disfrute mientras pueda. Tras varios años de miedo y apatía, los mexicanos hemos comenzado a romper el hábito de la desesperanza para organizarnos mejor y remediar el desastre de país que nos han dejado. Esta fiesta apenas empieza.

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El millonario negocio privado de la importación de gasolina en Pemex

Desde 1988, Pemex desvía multimillonarios recursos con operaciones similares al lavado de dinero a través de sus filiales privadas, entre las cuales destaca Grupo PMI, empresas manejadas de manera secreta por un reducido grupo dentro del gobierno federal, tal como revelan documentos oficiales obtenidos por Quadratin, los cuales evidencian un faltante de casi 3 mil millones de dólares en la comprobación de importaciones de combustible de 2000 a 2013. Y mientras el Consejo de Adminsitración de Pemex reconoce no contar con los estados financieros de sus filiales, la reforma energética crea un régimen de excepción que facilitará la corrupción y la discrecionalidad al interior del gobierno federal para favorecer a las empresas privadas que ordeñan a Pemex.

 

Manuel Hernández Borbolla

Desde hace 26 años, Pemex ha desviado miles de millones de pesos a través de sus filiales privadas, manejadas de manera secreta por un reducido grupo al interior del gobierno federal. Una práctica que el Congreso legalizó con la aprobación de la reforma energética, misma que crea un régimen de excepción para que los altos directivos de la paraestatal sigan utilizando recursos públicos en beneficio de intereses privados, tal como ocurre con el negocio privado de exportación de petróleo crudo y la importación de gasolina.

A través de sus filiales privadas, muchas de ellas constituidas bajo leyes extranjeras, Pemex se ha autoasignado contratos multimillonarios cuyas ganancias son transferidas a cuentas privadas en el extranjero mediante operaciones de triangulación de recursos similares a las utilizadas por el crimen organizado en el lavado de dinero.

Todo comenzó en 1988, cuando la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Pedro Aspe —quien meses después sería nombrado como Secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari— autorizó a Pemex invertir recursos públicos para la creación de Grupo PMI (Petróleos Mexicanos Internacional), un conjunto de empresas privadas encargadas de comercializar todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados en el extranjero.

El gobierno justificó la creación de Grupo PMI con la necesidad que en aquel entonces tenía Pemex de contar con un “velo corporativo” que protegiera los bienes de la nación ante una posible sanción derivada de un litigio comercial en el extranjero, además de flexibilizar su margen de acción para aprovechar ventajas competitivas en los mercados internacionales.

De este modo, todas las exportaciones e importaciones de hidrocarburos que realiza México son operadas por empresas privadas manejadas de manera discrecional por los altos funcionarios de Pemex, sin que hasta el momento existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que dichos recursos no sean utilizados para otros fines.

Así lo reconoce Fluvio Ruíz, exconsejero profesional de Pemex, quien considera que el manejo discrecional de las ganancias obtenidas por las filiales de Pemex a través de PMI generan “mucha suspicacia”, incluso entre los altos funcionarios de Pemex.

“Se requiere una nueva forma de tener control sobre estas filiales. Si bien ha habido mucha jurisprudencia y la Auditoría Superior de la Federación varias veces ha tratado tener un control más directo sobre PMI, como lo hace con Pemex y todas sus subsidiarias, es necesario que hacia la sociedad haya más transparencia”, asegura.

“Algo que sí hemos discutido al seno del Consejo, es que la creación de filiales escapaban al control del Consejo y había muchísimo de discrecionalidad en su creación, sobre todo en el caso de filiales de filiales”, reveló Ruíz en entrevista exclusiva con Quadratin cuando todavía era consejero profesional de Pemex.

Grupo PMI inició operaciones el 24 de marzo de 1988 con la creación de P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV), una empresa instrumental de capital privado constituida bajo las leyes de Holanda, misma que funciona como tesorería centralizada de los negocios privados que realiza Pemex a través de sus filiales.

Al ser consideradas empresas extranjeras que no están regidas por la Constitución Mexicana, el Estado mexicano no tiene facultades legales para tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de la compañía, tales como el pago de dividendos, contratación de deuda, otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo PMI o la realización de inversiones en el capital social de otras empresas extranjeras. De este modo, los altos mandos de Pemex y el gobierno federal crearon una estructura empresarial que opera con una contabilidad paralela y cuya función es “velar por intereses privados” a pesar de manejar recursos públicos.

Esto significa que “dada la personalidad jurídica de esta empresa instrumental, el papel fundamental de los integrantes de su órgano de gobierno sería velar precisamente por los intereses de la misma, y no así por la de terceros, como podría ser el mismo Pemex”, según advierte la Auditoría Superior de la Federación en su reporte 10‐1‐18T4I‐02‐0740 sobre las inversiones de la paraestatal en empresas filiales.

Fue así que Pemex creó un laberinto financiero y legal argumentando que las empresas instrumentales de PMI “no podrían tener el carácter de paraestatales, debido a que no desarrollarían actividades primarias ni estratégicas para el Estado mexicano”. Un argumento que contradice a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de Petróleos Mexicanos vigentes, en las cuales se define a “la industria petrolera” como una actividad de carácter estratégico, lo cual incluye “la distribución y las ventas” de petróleo y sus derivados.

Sin embargo, para los directivos de Pemex esto no constituye una ilegalidad. “PMI tiene un régimen de contrataciones propio, es una filial que le reporta a Pemex y ellos también se tienen que regir bajo leyes de adquisiciones, hacer informes y rendir cuentas. En ese esquema de mecanismos de contratación, de hecho, muchas veces compiten con nuestros propios proveedores para ofrecernos mejores condiciones”, explica en entrevista el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez, quien rechaza que las filiales de Pemex operen de manera ilegal.

“Claro que es legal, porque es una filial, lo puede hacer sin ningún problema; de lo contrario, ya nos hubieran observado ese tipo de operaciones”,señaló a pegunta expresa de Quadratin.

La Auditoría Superior de la Federación opina lo contrario. El organismo sostiene que la legislación mexicana, previo a la reforma energética, “no establece un régimen de excepción para empresas de participación estatal mayoritaria directa e indirecta en el capital social”, por lo que los ingresos que obtiene Pemex por medio de las empresas filiales deberían reflejarse en la cuenta pública que la paraestatal entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Pemex interpreta que la legislación lo faculta a crear empresas privadas, cuando su objeto no sea prioritario ni estratégico. Cabe señalar que los recursos que administran las empresas del Grupo PMI, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio, mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”, precisa la ASF en su más reciente informe.

Tan solo en 2012, las 13 empresas privadas que integran a Grupo PMI generaron utilidades por 12,716 millones 318.4 mil pesos. Para finales de ese mismo año, el Grupo PMI obtuvo ganancias acumuladas por un total de 59,967 millones 210.7 mil pesos, mismos que no son considerados recursos públicos al no ser reportados como parte de la cuenta pública.

“Pemex no rinde cuentas al Poder Legislativo de las empresas filiales que han generado utilidades y cuya política ha sido de no decretar dividendos en favor de Pemex”, de acuerdo con un informe de la ASF sobre la cuenta pública de 2007.

En 2013, Pemex contaba con 51 filiales privadas, de las cuales al menos 13 pertenecían a Grupo PMI. Sin embargo, muchas de las filiales de reciente creación han dejado de ser utilizadas únicamente como vehículos financieros para convertirse en operadoras privadas a las cuales Pemex otorga contratos millonarios en una privatización silenciosa que se ha incrementado de manera constante en la última década.

“Las filiales de más reciente creación tienen que ver más con cuestiones operativas que con las condiciones financieras de Pemex, algo que tenemos que revisar”, explica Fluvio Ruíz, quien citó las irregularidades en el gaseoducto Los Ramones como un caso paradigmático de cómo la autoasignación de contratos de Pemex a sus filiales ha sido utilizado como un mecanismo del gobierno federal para favorecer a empresas privadas. Así ocurre con la filial TAG Pipelines, una compañía creada específicamente para que particulares fueran beneficiados en un evidente caso de corrupción, de la cual Pemex posee indirectamente la mitad de las acciones mientras la otra mitad pertenece a la empresa privada Ienova.

“El problema es que no solamente se abren los sectores sino que se maniatan a los organismos públicos que participan en sectores abiertos, en lugar de fortalecerlos y buscar regulaciones adecuadas que le permitan enfrentar a la competencia, ser mejores. Ese es el gran riesgo, y en el caso de la refinación es un ejemplo patético”, señala Ruíz.

Algo que ocurre todos los días con el negocio privado de la importación de gasolinas, manejado de manera opaca por altos funcionarios de Pemex desde hace dos décadas durante las administraciones del PRI y el PAN.

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Compra de gasolinas en Pemex, sin facturación

Mientras la demanda de gasolinas en México ha crecido de manera sostenida y las refinerías han sido abandonadas por el gobierno, documentos obtenidos por Quadratin confirman diversas irregularidades en la importación de combustibles, ya que existen compras en Pemex Refinación por casi 3 mil millones de dólares que no cuentan con facturas que las respalden, además que el Consejo de Adminsitración de Pemex reconoce no conocer los estados financieros de sus filiales privadas.

En las últimas dos décadas, las refinerías de Pemex disminuyeron su producción al mismo tiempo que el aumento en la demanda y las importaciones de gasolina dieron beneficios multimillonarios a los intermediarios privados de Pemex.

De 1992 a 2012, la producción del Sistema Nacional de Refinación disminuyó 5.18% al pasar de 1 millón 264,703 de barriles diarios a 1 millón 199,260 de barriles, de acuerdo datos de Pemex Refinación obtenidos a través de una solicitud de información.

Prácticamente en el mismo periodo de tiempo, la “demanda de gasolinas se incrementó en 65.9%, lo que ocasionó un aumento de las importaciones de 353.9%” de 1992 a 2011, según la ASF.

Informes internos de Pemex revelan que entre 2011 y 2012 el Sistema Nacional de Refinación trabajó entre el 64% y 67% de su capacidad instalada, sin haber realizado los estudios necesarios para solucionar los problemas técnicos que han contribuido a elevar el precio de los combustibles.

“Cabe señalar que no se han realizado los estudios necesarios para abatir los costos de producción, que se incrementan principalmente por la baja producción, paros forzados de las refinerías por altos inventarios de productos intermedios y tomas clandestinas”, según el informe de la ASF de la cuenta pública de 2011.

Y mientras las refinerías han sido abandonadas por el gobierno mexicano, las empresas comercializadoras del Grupo PMI encargadas de realizar todas las exportaciones e importaciones de petróleo y sus derivados han obtenido cuantiosas ganancias al fungir como intermediarios en toda la cadena productiva de la gasolina.

Esto debido a que Grupo PMI obtiene ganancias privadas durante la exportación del petróleo crudo, el proceso de refinación realizado en Estados Unidos y la importación de los derivados. Un negocio redondo realizado de manera opaca.

El 24 de mayo de 1989, el gobierno creó la empresa PMI Comercio Internacional con el fin de comercializar el petróleo crudo que vende Pemex Exploración Producción en el mercado internacional. Desde entonces, PMI cobra una comisión de 3 centavos de dólar por barril vendido en el extranjero, cifra que de 1995 a 2013 representó más de 325 millones de dólares, de acuerdo con el número de barriles de petróleo crudo exportados por Pemex.

Sin embargo, estas no son las únicas ganancias obtenidas por PMI Comercio Internacional, ya que la empresa también obtiene utilidades al regular el diferencial que existe entre el precio del petróleo que compra a Pemex y el precio al que revende dicho petróleo en el extranjero. Tan solo en 2012, PMI Comercio Internacional obtuvo ganancias por 269 millones 725 mil pesos, “resultado del diferencial pagado a Pemex por la compra de petróleo y la venta a compañías extranjeras”, según el último reporte de la ASF.

Del petróleo comercializado al extranjero, PMI Comercio Internacional vende una parte considerable a otra empresa privada de Pemex, PMI Norteamérica (PMI NASA), la cual se encarga de refinar petróleo crudo en el extranjero, mediante un contrato de coinversión con la trasnacional Shell para operar de manera conjunta la refinería Deer Park Refining Limited Partnership, ubicada en Houston, Texas, Estados Unidos.

Información obtenida por Quadratin mediante diferentes solicitudes de información, señala que de 2000 a 2012, PMI NASA obtuvo ganancias por más de 1,874 millones de dólares provenientes de Deer Park, siendo el 2006 el año más lucrativo para la empresa encargada de controlar la refinería privada de Pemex, al obtener 520 millones de dólares, justo cuando la elección presidencial en México se decidió por menos de un punto porcentual.

De 2002 a 2012, México importó 143 millones 700,500 barriles de petróleo refinado proveniente de Deer Park, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Quadratin a PMI Comercio Internacional, organismo que se niega a revelar el valor económico de dichas importaciones al clasificar los datos como “información reservada”.

Una vez que el petróleo crudo es convertido en gasolina, Pemex vuelve a utilizar los servicios de otra de sus filiales privadas para realizar todas las importaciones de combustibles y petroquímicos a través de la empresa PMI Trading Limited, constituida el 24 de julio de 1991 bajo las leyes de la República de Irlanda.

Solo en 2012, PMI Trading Limited obtuvo ganancias por 8,349 millones de pesos como intermediario al comprar productos procesados en el extranjero para luego revendérselos a Pemex a un precio mayor. Un negocio muy lucrativo para las filiales privadas y las compañías extranjeras, pero poco redituable para Pemex, según reportes oficiales.

“Los precios de las gasolinas negociados por Pemex Refinación en esos mercados le han sido desfavorables en virtud de que comparativamente con los precios internacionales de la mezcla mexicana de exportación, significan un elevado margen para las empresas que le venden la gasolina a la paraestatal”, según detalla el Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, realizado por la Cámara de Diputados.

Cifras del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto indican que mientras en 2003 el volumen de las importaciones de petrolíferos, gas y petroquímicos representó el 12.8% como proporción de su producción, la cifra se disparó a 41.9% en lo que va de 2014, alcanzando su punto más alto en 2011, cuando prácticamente se importó la mitad de todos los derivados del petróleo (49.2%).

Aún cuando la inversión pública en Pemex pasó de 68,589.5 millones de dólares en 2000 a 328,571.8 millones de dólares en 2013, el saldo de la balanza comercial de Pemex pasó de 11,294.5 millones de dólares a 20,263.4 millones de dólares en el mismo periodo. Esto significa que mientras la inversión pública en Pemex creció 379%, los ingresos de la balanza comercial de Pemex apenas crecieron 79% en el mismo periodo. Y a pesar del aumento exponencial en la inversión, el PIB de la actividad y producción petrolera presenta una caída constante de 14.51% entre 2005 a 2012, según los datos más recientes del gobierno federal. Un buen negocio privado y un pésimo negocio para la paraestatal.

Mientras en 1999 cada barril de gasolina importado por Pemex costaba 10 dólares más por cada barril de crudo exportado, el déficit comercial por cada barril de gasolina importado en 2012 prácticamente se triplicó al pasar a 29.57 dólares, de acuerdo con las últimas cifras publicadas en el Anuario Estadístico de Pemex 2013.

Aunque Pemex representa el mayor cliente de PMI Trading Limited, no es el único, ya que también comercializa en el extranjero un porcentaje del petróleo refinado por PMI NASA en Deer Park.

“Cabe mencionar que no todas las compras de gasolina realizadas por PMI Trading correspondieron a los mismos productos, montos y volúmenes importados por Pemex Refinación, toda vez que una parte fue comercializada por PMI Trading con terceros, en los diversos mercados en los que opera”, señala un reporte de la ASF sobre importación de gasolinas en la cuenta pública de 2007.

Este manejo discrecional de los precios de petróleo ya ha sido acreedor de sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública tras haber detectado casos de corrupción en los que cuatro empleados de PMI Comercio Internacional vendieron gasolina a un precio por debajo de lo normal a clientes en el extranjero, ocasionando pérdidas por 24.3 millones de dólares a la nación, hecho que incluso provocó la destitución de la entonces directora de PMI Comercio Internacional, María del Rocío Cárdenas Zubieta.

Sin embargo, resulta difícil establecer el tamaño del negocio que representa la importación de petrolíferos para las filiales privadas de Pemex, debido a que las cifras no cuadran.

De acuerdo con una relación de todas las facturas con las que Pemex Refinación acredita sus importaciones de petrolíferos de 2000 a 2013, obtenida por Quadratin a través de una solicitud de información, la subsidiaria afirma contar con documentos que respaldan compras por 168,119 millones 987,563 de dólares, cifra que difiere de los 171,078 millones 762,000 de dólares de petrolíferos importados que reporta la Secretaría de Energía a través del Sistema de Información Energética.

Esto significa que existen compras por 2,958 millones 774,436.09 dólares que no cuentan con facturas que las respalden. ¿Dónde quedó ese dinero? Es una pregunta que los datos publicados por Pemex son incapaces de responder. 

Es así que las tres empresas comercializadoras de Grupo PMI han convertido la importación de hidrocarburos en un negocio privado administrado por altos funcionarios de Pemex con la protección del gobierno federal en turno.

Pero no solo eso, ya que tan solo de 2004 a 2014, Pemex desvió al menos 21 mil 458 millones de pesos a sus empresas privadas mediante contratos multimillonarios otorgados a filiales pertenecientes a Grupo PMI, principalmente a PMI Trading Limited y PMI NASA, para el transporte de hidrocarburos y arrendamiento financiero de buquetanques, de acuerdo con registros disponibles en el Portal de Obligaciones y Transparencia. Eso sin contar los casi 57 millones de dólares que Pemex deberá pagar a PMI NASA hasta 2022 por los intereses generados en el arrendamiento financiero de seis buquetanques. Un caso concreto de cómo las ganancias generadas en Deer Park han servido para que las filiales privadas de Pemex inviertan en otros negocios particulares tras ser beneficiadas con adjudicaciones directas y contratos autoasignados por Pemex de manera poco transparente.

“No es aceptable es que estas compras se hagan a través de licitaciones simuladas. Se está mandando una señal a los mercados de que existe una licitación cuando realmente los resultados están predeterminados a favor de PMI. Yo no estoy criticando los negocios de PMI, lo que me preocupa son las formas”, afirma David Shields, consultor y experto en temas de energía, quien fungió como testigo social de Pemex en el proceso de licitación de los buquetanques.

Aunque Shields considera positivos algunos aspectos de la reforma energética aprobada en julio pasado, califica de “preocupante” la discrecionalidad que existe al interior del Consejo de Administración de Pemex.

“Está bien que el Consejo de Adminsitración de Pemex tenga nuevas facultades, pero lo importante es que sea más transparente en todo lo que haga, porque si algún organismo no ha sido transparente en los últimos años ha sido el Consejo de Administración. Ahí se toman decisiones y no se divulgan a la opinión pública”, señala.

“No sabemos qué hacen. La información que colocan en internet está muy incompleta. Yo creo que el Consejo de Administración de Pemex es el punto neurálgico de la opacidad en Pemex”, agrega Shields en entrevista con Quadratin.

Las empresas de Grupo PMI ni siquiera rinden cuentas al Consejo de Administración de Pemex, de acuerdo con una respuesta de Pemex a una solicitud de información realizada por Quadratin, en la que la paraestatal afirma que “las empresas de Grupo PMI han presentado cero estados financieros ante el Consejo de Administración de Pemex”. Esto, a pesar de que la legislación vigente, antes y después de la aprobación de la reforma energética, establece que el Consejo de Adminsitración de Pemex es el máximo organismo encargado de supervisar las operaciones realizadas por Pemex. 

Sin embargo, los informes de auditoría realizados a las empresas de Grupo PMI no permiten conocer puntualmente el destino del dinero obtenido por estas filiales privadas a lo largo de dos décadas, ya que cada empresa transfiere un porcentaje importante de sus ganancias a una tesorería paralela centralizada administrada por PMI HBV, organismo que realiza diversas operaciones financieras cuyas ganancias no forman parte de la contabilidad oficial de Pemex. De ahí que las auditorías no expliquen detalladamente muchos de los gastos reportados por las empresas de PMI, lo que constituye un gran agujero negro en las finanzas de Pemex.

“Todas la revisión de PMI y sus filiales fueron calificadas por la ASF como ilegales, están fuera de toda normatividad. No se apegaron a las leyes que rigen a las entidades paraestatales y los recursos que logró Pemex a través de esas filiales no entraron a la tesorería de la federación, son cosas muy graves”, cuestiona Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del PRD en el Senado, en entrevista con Quadratin.

“Todo este proceso es para legalizar todo este ciclo de filiales, cada vez crean más instrumentos, pero todo eso es ilegal y ahora quieren legalizarlo”, agrega Padierna.

De acuerdo con la ASF, “todas las empresas de Grupo PMI depositaron dinero en la cuenta de PMI HBV, que funciona como tesorería centralizada. El 95.3% del total de efectivo invertido en la tesorería centralizada correspondió a los depósitos realizados por las compañías comercializadoras PMI NASA y PMI Trading”, según datos de la cuenta pública 2010.

“La administración de esos recursos permitió a esas empresas tener excesos de efectivo por 22,598 millones de pesos en el mes de diciembre de 2010 y mantenerlos invertidos en el extranjero, al crear una tesorería centralizada paralela en el extranjero a la de Pemex, administrada por P.M.I. Holdings B.V., una de las compañías tenedoras del Grupo PMI, la cual firmó un contrato de inversión con la institución financiera JPMorgan Chase Bank, N.A., posibilitando a P.M.I. Holdings B.V., invertir los excesos de efectivo diarios aportados por las compañías participantes del Grupo PMI, así como tener la disponibilidad de invertir en nuevos negocios, con independencia de presupuesto autorizado a Pemex”, agrega el informe.

De este modo, las ganancias de las filiales privadas de Pemex son utilizadas para realizar inversiones en el extranjero y diversos paraísos fiscales, donde el destino de las ganancias queda al manejo discrecional de los altos funcionarios de Pemex, tal como ocurrió con la compra y venta de acciones de Repsol realizadas en 2011, calificada como un “mal negocio” según declaraciones de funcionarios de la actual administración federal. Un mal negocio por el cual, Pemex pagó 943 millones de pesos solo por concepto de intereses a instituciones financieras como HSBC, Credit Agricole y NATIXIS en 2012.

Esto, aún cuando Pemex invirtió 1,600 millones de dólares en la adquisición de acciones sin tomar en cuenta el Consejo de Administración de Pemex, situación que fue criticada por los entonces consejeros profesionales Héctor Moreira Rodríguez y Rogelio Gasca Neri, tras considerar que el manejo discrecional de recursos públicos a través de las filiales abre la puerta para actos de corrupción.

De acuerdo con los “Lineamientos para la aprobación de las transacciones estratégicas en Petróleos Méxicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Participantes”, aprobados en la sesión 839 ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, los altos directivos de la paraestatal fueron facultados para realizar “transacciones estratégicas” sin necesidad de consultar al órgano rector de la empresa.

“La definición de ’transacciones estratégicas’ que se presenta en los lineamientos es sumamente ambigua y se puede prestar a diversas interpretaciones, que pudieran ser confusas en el futuro. Además, los lineamientos no consideran dentro de los requerimientos para las ’transacciones estratégicas’ que deba haber una justificación de la transacción. Con ello, abren espacio a la opacidad, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas”, según precisa Gasca Neri en su voto razonado, tras rechazar los ajustes internos realizados en Pemex en febrero de 2012.

Solo en un año, el manejo de la tesorería paralela de Pemex generó ganancias a PMI HBV por 105 millones 166 mil pesos tras realizar diversas operaciones financieras en el extranjero, según los estados financieros de PMI en 2011 consultados por la ASF.

“Las empresas del denominado Grupo PMI, en las que Pemex es propietaria directa o indirectamente de las mismas, no rinden cuentas, independientemente de la rentabilidad de sus inversiones, por no tener una política corporativa para el decreto y cobro de dividendos de sus empresas filiales que participan en la operación de sus empresas filiales”, según otro informe de la Auditoría de 2007.

Mientras el manejo opaco de los recursos públicos ha servido para beneficiar intereses privados involucrados en la importación de combustibles, el precio de la gasolina Magna se incrementó 553% de 1995 a 2014, mientras la gasolina Premium aumentó su costo 348% de 1996 a 2014, según cifras de Pemex.

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La legalización del crimen, el reparto del negocio

Con la aprobación de la reforma energética, los integrantes del Consjeo de Adminsitración de Pemex dejarán de ser considerados funcionarios públicos, ya que “no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal”. Esto, además de que “la acción para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo prescribirá en cinco años contados a partir del día en que hubiere tenido lugar el acto”, con lo cual, los altos funcionarios de Pemex gozarán de impunidad una vez que los posibles delitos caduquen cinco años después de haberse cometido, según cosnta en los artículos 30 y 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

El pasado 7 de octubre, el nuevo Consejo de Adminsitración de Pemex inició sesiones tras las modificaciones legales de la reforma energética. De este modo, el organismo quedó integrado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; tres consejeros nombrados por el Ejecutivo federal (el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Eenergía, María de Lourdes Melgar). El organismo fue completado con cinco consejeros independientes propuestos por el presidente de la República: Alberto Tiburcio Celorio (quien fuera presidente de la consultora Ernest & Young hasta 2013); Octavio Francisco Pastrana (exdirectivo de British Petroleum); Jorge Borja Navarrete (exdirectivo de ICA); Jaime Lomelín Guillén (exdirector de Industrias Peñoles) y Carlos Elizondo Mayer-Serra (ex director del CIDE e impulsor de la reforma energética).

La bancada del PRD en el Senado cuestionó los perfiles de los consejeros independientes al considerar que “una vez más, el PRI y el PAN se reparten la mayor riqueza país”. Esto luego de que durante las negociaciones de la reforma energética, el PAN cedió ante el PRI en el primero de sus siete puntos “irreductibles” al permitir que el Ejecutivo nombrara a los consejeros de Pemex, los cuales contarán con mayores facultades en el manejo de la paraestatal, incluyendo la operación de las empresas filiales.

Diez días después de ser promulgada la reforma energética el 11 de agosto pasado, el director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció la creación de tres nuevas filiales de la petrolera: una de perforación que prestará servicios a los nuevos actores de la industria; otra de logística y transporte; y una para la cogeneración de energía eléctrica para colocar excedentes en el mercado nacional.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, “a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal”. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, “los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”, lo cual no impide que las subsidiarias y filiales de Pemex “puedan celebrar contratos de suministro bajo las nuevas condiciones de mercado”. Esto abre la puerta para que las operaciones ilegales realizadas por PMI durante dos décadas sean legalizadas y administradas de manera discrecional por el gobierno federal. De este modo, la reforma energética permite que las empresas privadas de Pemex puedan tener una participación considerable en el negocio de las gasolinas a través de sus filiales privadas que no rinden cuentas.

El gobierno federal estima que las importaciones de gasolinas mostrarán un crecimiento promedio anual de 4.1%, con lo cual se espera que en 2019 México importe el 53.3% de los petrolíferos que utiliza actualmente, de acuerdo con el documento Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2013-2027,realizado por al administración de Enrique Peña Nieto previo a la reforma energética.

Aunque el gobierno federal preveía mitigar el impacto de las importaciones de combustibles con la construcción de la Refinería Bicentenario de Tula, anunciada durante el sexenio de Felipe Calderón y cancelada de manera definitiva el 4 de octubre pasado tras la aprobación de la reforma energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que la política de la actual administración federal será la de ya no construir nuevas refinerías, sino “modernizar” las que se tienen.

“No es una ocurrencia. La estrategia del plan de negocios es que lo que más conviene al país y a Pemex es modernizar las refinerías existentes”, puntualizó.

En el marco del foro World National Companies Oil Congress Americas, celebrada en septiembre pasado en la ciudad de Cancún, expertos del sector energético señalaron que la importación de combustibles aumentará de manera significativa debido a un crecimiento sostenido en la demanda y el estancamiento en la capacidad de producción de las refinerías.

Información del Departamento de Energía de Estados Unidos señala que las exportaciones estadounidenses de productos derivados del petróleo a México han aumentado 152% en la última década.

De este modo, la reforma energética contribuirá a que México importe un monto mayor de gasolinas en las próximas décadas en un lucrativo negocio que beneficiará a particulares y las filiales privadas de Pemex manejadas en total opacidad por los altos mandos del gobierno federal. ::.

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El texto original de éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección:

http://mexico.quadratin.com.mx/El-millonario-negocio-privado-de-la-importacion-de-gasolina-en-Pemex%C2%A0/

http://mexico.quadratin.com.mx/Compra-de-gasolinas-en-PEMEX-sin-facturacion/

http://mexico.quadratin.com.mx/De-2004-2014-Pemex-desvio-mas-de-21-mil-mdp-empresas-privadas-Ifai/

El golpe contra el IPN y la urgencia revolucionaria

Los estudiantes se defienden con argumentos y tomando las calles de manera pacífica ante el golpe del régimen contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN). No conformes con entregar la industria petrolera a los intereses extranjeros, este régimen controlado por miserables vendepatrias, ahora pretende desmantelar instituciones educativas para que las empresas extranjeras, amparadas en la reforma laboral aprobada por el PRI y el PAN, y la reforma educativa (un logro calificado como “histórico” por lo más selecto del PRD y su celebrado Pacto por México), puedan contar con mano de obra barata.

Solo un puñado de infames como los que ostentan el poder gubernamental son capaces de deteriorar la educación universitaria de su gente para que el capital extranjero y el gobierno corrupto acumule ganancias millonarias a partir de la explotación laboral, sueldos miserables y el sufrimiento de millones.

A grandes rasgos, los estudiantes plantean que la reforma del IPN desmantela el principio público con el que se fundó la institución para convertirse en una fábrica de mano de obra barata para la iniciativa privada a partir de modificaciones sustanciales al plan de estudios y otros candados legales que abren la puerta a un manejo cada vez más discrecional de la institución. Esto ha sido una constante en el actual régimen: fomentar la discrecionalidad para facilitar la corrupción y el control político. Ahí están los resultados de sus reformas estructurales y su dichosa “competitividad”. Así es la educación en los tiempos del autoritarismo jurásico recargado. Por supuesto, no tardará el linchamiento mediático contra los estudiantes conforme el descontento siga creciendo. La mediocracia cortesana y aplaudidora (empezando por las televisoras) no tardará en descalificar la protesta estudiantil. El gobierno, por su parte, ha asegurado que van a postergar la crisis aplazando la aprobación del reglamento, evidenciando que apostarán por una estrategia de desgaste.

El anuncio se da paralelamente a otra crisis al interior del gobierno federal: la matanza de 22 personas a manos del ejército en Tlatlaya y el “encubrimiento” del caso por parte de las autoridades gubernamentales y la siempre omisa Comisión Nacional de Derechos Humanos (la misma institución que dejó impune al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el asesinato de un niño de 13 años con una bala de goma a manos de la policía estatal). Esto, aunado a los múltiples casos de impunidad acumulados durante el pasado reciente, el aumento de la delincuencia común y los asesinatos en el país, así como el creciente clima de encono social por la falta de oportunidades laborales y educativas, así como un pobre crecimiento de la economía mexicana, son factores dignos de tomar en consideración a la hora de describir el explosivo coctel que pareciera estar gestándose en las entrañas de la sociedad mexicana.

Necesitamos una revolución de la conciencia para detener a esta gente y su obsesión idiota de realizar sus ambiciones personales a costa del sufrimiento de millones. La sociedad mexicana no puede permanecer indiferente a lo que está sucediendo. Cabe resaltar que el gobierno será el único responsable si la violencia se llega a derramar en las calles el próximo 2 de octubre, cosa que deseo desde lo más hondo de mí, se pudiera evitar. Justamente por eso es urgente construir un proyecto revolucionario: para evitar que la sangre se derrame por las calles en un acto de legítima defensa ante la ambición desmedida de las élites. Debemos construir un proyecto de país que garantice la justicia social y acote a su insaciable élite político-empresarial.  ‪#‎TodosSomosPolitécnico‬

Algunos links con información sobre el origen de la crisis, pueden consultar:

¿Qué pasa en el IPN? ¿Por qué protestan los estudiantes?

Siete aspectos que debes conocer sobre el nuevo reglamento del IPN

La reforma fiscal recaudará lo mismo que el gobierno perdonó a deudores

De manera discrecional, el gobierno federal condonó adeudos fiscales por al menos 177,109 millones de pesos en 2013, cifra que representa el 97% del monto total de lo que se prevé obtener con la reforma fiscal. Un ejemplo de cómo el gobierno premia a los contribuyentes morosos y castiga a quienes pagan impuestos de manera puntual.

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Manuel Hernández Borbolla

Hasta octubre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria ha condonado adeudos fiscales por 177,109 millones de pesos, cifra similar a los 180,000 millones que el gobierno federal pretende recaudar con la reforma hacendaria aprobada por el Congreso en octubre pasado.

El monto perdonado a los contribuyentes morosos este año representa más que los adeudos fiscales condonados en los últimos 12 años, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que conjuntamente condonaron adeudos por 105,821 millones de pesos, según datos del SAT obtenidos mediante una solicitud de información.

La cifra récord de condonaciones fiscales para el presente año es el resultado de un programa de amnistía fiscal aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de 2013, denominado ‘Ponte al corriente’, el cual tenía como principal objetivo ‘limpiar’ los registros contables de los contribuyentes morosos, incluyendo tanto a particulares como a estados y municipios, además de elevar los niveles de recaudación.

Dentro de los beneficiarios de este programa se encuentran empresas como Televisa, a la cual le fueron condonados créditos fiscales, de manera discrecional, por 3,334 millones de pesos luego de pagar el 10% del adeudo y desistir en el juicio de nulidad que promovió contra el SAT en 2011.

A pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó al SAT dar a conocer los nombres de los contribuyentes beneficiados por el programa Pone al Corriente, tal como resolvió el pleno del IFAI en octubre pasado, el organismo recaudador se ha negado a revelar dicha información.

Dicho programa fue incluido y aprobado por diputados y senadores dentro del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos 2013, luego de que la iniciativa original enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo no incluía ninguna propuesta para condonar créditos fiscales.

“Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones  federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, señala el texto aprobado por el Congreso.

Sin embargo, la discrecionalidad con la que opera dicho programa ha generado críticas por parte de los legisladores del PRD y PAN, quienes consideran contradictorio que por un lado el gobierno federal sea condescendiente con los deudores fiscales al mismo tiempo que castiga a los contribuyentes cumplidos.

“Es una cifra de escándalo. Se les perdonan impuestos a algunos y se endeudan a todos los mexicanos. Es el reflejo de la profunda inequidad fiscal que vive nuestro país, donde solo pagan impuestos unos cuantos mientras otros tienen toda clase de abusos y privilegios fiscales”, señala el senador del PRD, Mario Delgado.

El legislador del sol azteca criticó la anuencia del presidente Enrique Peña Nieto para perdonar impuestos al mismo tiempo que en su paquete económico de 2014 plantea contratar deuda por 70,000 millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras del gobierno.

“Si Hacienda se hubiera enfocado más en recaudar que en perdonar impuestos no hubiera sido necesaria la reforma fiscal de 2014 (…) Tal vez lo que estamos viendo es el pago de favores y compromisos que tuvo Peña Nieto en su campaña y que una vez en el gobierno, se los paga con el fisco”, agregó.

Hasta septiembre de 2013, el SAT recuperó 52,028 millones de pesos provenientes de adeudos fiscales, cifra que representa el 29% del total condonado. Un porcentaje que dista mucho del 45% que el gobierno federal estimaba recaudar con el programa de amnistía fiscal, de acuerdo con Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada perredista en el Senado.

Por ello, los legisladores del sol azteca señalaron que solicitarán tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar informes detallados con los nombres de los contribuyentes beneficiados por la condonación de impuestos, luego de que el Congreso eliminó el secreto fiscal de los contribuyentes morosos durante la aprobación de la reforma hacendaria aprobada en octubre pasado.

La bancada del PAN también indicó que solicitará al SAT más información sobre los beneficiados por las condonaciones fiscales, ya que a decir del legislador Héctor Larios, “resulta verdaderamente grave que le pidas un enorme sacrificio a la sociedad con nuevos impuestos, que afectes la productividad de empresas, se ahuyenten inversiones y se graven las prestaciones de los trabajadores y con la mano izquierda se perdona una cantidad igual a la que se pretende recaudar con los nuevos impuestos”.

“Aparte de que nos sube impuestos, quita instrumentos de control a los grandes empresarios, a los grandes intereses, y tampoco nos está diciendo cómo va a resolver el asunto estructural de los pasivos laborales, de manera que estamos en la vertiente de una regresión financiera”, agrega el senador del blanquiazul por Baja California, Ernesto Ruffo.

Por su parte, el PRI considera que tras el programa de amnistía para deudores, la reforma hacendaria buscará tapar los “huecos” legales que actualmente permiten a los grandes contribuyentes evadir al fisco, tal como ocurrió con Grupo Televisa.

“Estas condonaciones se dan porque evidentemente existen condiciones de vaguedad en la ley que lo hacen factible y posible”, señala el tricolor José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. 

“El hecho de inflexibilizar las disposiciones fiscales tiene como propósito cerrar cauce a todo este tipo de estados de excepción que generan huecos en la recaudación”, apuntó.

Durante la implementación del programa ‘Ponte al corriente’, el gobierno federal condonó hasta el 80% de los créditos fiscales por contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, además del 100% por recargos, multas y gastos de ejecución derivados de los conceptos mencionados anteriormente.

Diversos legisladores consultados para este texto reconocieron que dicho artículo no fue discutido con tiempo suficiente debido a las prisas con las que se aprobó la Ley de Ingresos 2013, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo en diciembre del año pasado.

 

Mensajes contradictorios

Para el abogado y consultor en temas fiscales, Herbert Bettinger, la implementación del programa resultó positiva para que el gobierno y los contribuyentes pudieran sanear sus estados financieros, aun cuando este tipo de medidas desincentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

“Este fue un programa especial que se pidió desde la Cámara de Diputados justamente para quitar esas barreras que nada más dañaban las estadísticas, porque financieramente era difícil obtener más de lo que ya se obtuvo”, señala.

“Este es un programa para el incumplido y en este país ser incumplido siempre es un beneficio. No ha habido ningún programa para la parte cumplida. Sí es contradictorio. Ayuda a ser moroso y desestima al cumplido”, agrega el especialista.

En el mismo sentido apunta Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien considera que las facilidades otorgadas por el gobierno federal para que estados y municipios retengan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado del pago de nómina de sus trabajadores sin reportarlo a la SHCP, representa otro ejemplo de inequidad en el pago de impuestos y opacidad en el manejo de recursos públicos.

Esto debido a que los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y las entidades beneficiadas por esta condonación de impuestos han sido reservados por el SAT aún cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a hacer pública dicha información, según una investigación realizada por el IMCO.

De ahí que hasta el momento se ignora qué porcentaje de los 177,109 millones de pesos condonados en lo que va de 2013 pertenecen a estados y municipios.

“No hemos llegado a saber de manera cierta a cuánto equivale o quiénes han suscrito los convenios para indagar esta información”, explica Corona.

“Uno de los efectos de esto es que el contribuyente promedio cuestione que a los estados y municipios les están condonando una millonada de recursos, lo cual provoca una pérdida de confianza por parte del contribuyente a través de mensajes contradictorios”, agrega.

Para el investigador Fausto Hernández Trillo, experto en finanzas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la condonación de impuestos a estados y municipios obedece más a una cuestión política, pues asegura que durante la aprobación de la Ley de Ingresos de 2013 hubo una fuerte cabildeo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y asociaciones que integran a varios municipios con el fin de sanear sus finanzas públicas.

“Lo más grave de todo es la inequidad, es decir, porque si muchas empresas no enteraran lo que se les retuvo a sus empleados sería delito, por qué no lo es con estados y municipios y por qué el Congreso le da ese tratamiento de privilegio a las entidades”, señala.

“Este no es un problema de Hacienda, sino del Legislativo. Yo fui siguiendo el proceso en estados y municipios y fueron tanto la Conago como asociaciones de municipios las que estuvieron cabildeando en el Congreso de una manera muy fuerte, porque Hacienda se los estaba cobrando”, indicó Hernández.

Para la realización de este reportaje se contactó a funcionarios del SAT para conocer su versión del tema y conocer qué porcentaje de las condonaciones corresponde tanto a particulares como a estados y municipios, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Año
Importes Condonados (millones de pesos)
2000
0
2001
0
2002
0
2003
 7.83
2004
 228.83
2005
 632.70
2006
 2,198.20
2007
 32,098.70
2008
 54,893.60
2009
3,057.66
2010
1,420.83
2011
9,881.19
2012
1,401.67
2013
177,109.75

Fuente: SAT

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Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el gobierno federal canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos de manera discrecional.

A pesar de que la baja recaudación de México ha sido uno de los argumentos utilizados por el presidente Enrique Peña Nieto para promover la reforma hacendaria recientemente aprobada en el Congreso, el gobierno de Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones 316,990 pesos durante el periodo 2007-2012, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtenidos a través de una solicitud de información.

A diferencia de lo que ocurre con la condonación de impuestos, donde el gobierno exonera de toda responsabilidad de los deudores, la cancelación de créditos fiscales implica que la deuda de los contribuyentes morosos con el fisco no desaparece, por lo cual, el gobierno puede reiniciar las labores de cobranza si cambia la circunstancia que dio origen a la cancelación.

Aunque la ley faculta al SAT para cancelar créditos fiscales “con imposibilidad práctica de cobro o que fueran incosteables”, de acuerdo con datos de la dependencia, el manejo discrecional con que el gobierno autoriza la cancelación y condonación de créditos fiscales pueda ser utilizada para encubrir casos de corrupción, de acuerdo con expertos.

“La decisión de las autoridades hacendarias y en especial del SAT sigue siendo opaca”, señala María Sánchez de Tagle, integrante del equipo de estrategias jurídicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., organización especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas.

“A lo mejor las razones o el fundamento que traen detrás no son necesariamente malos o equivocados, pero si no nos dan acceso a la información pública a la que tendríamos que tener acceso, nos hace pensar que hay una incongruencia o algo de discrecionalidad que permite se den casos de corrupción”, apunta.

El tema de la cancelación y condonación de aduedos con el fisco cobró relevancia en 2007, luego de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública de 2005 indicó en su momento que “no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto”.

En 2007, la cancelación de créditos fiscales ascendió a 73,960.4 millones de pesos, incluyendo 166 créditos con montos entre 25 y 100 millones, y otros 15 créditos de 100 a 500 millones de pesos, cancelados en su mayoría por “incosteabilidad” de cobro, de acuerdo con información obtenida a partir de una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información en junio de 2012.

Fundar consideró que el tema era de interés público y solicitó al SAT el nombre de los contribuyentes beneficiados por la cancelación de créditos, información que fue denegada con el argumento de que revelar dicha información vulneraba el secreto fiscal establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esta determinación fue ratificada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de julio de 2012 tras estudiar el amparo 699/2011 interpuesto por Fundar.

A pesar del alto monto derivado de créditos fiscales cancelados en 2007, la cifra fue superior los años siguientes, siendo 2011 el año récord, al registrar 125,843 millones de pesos, una cantidad superior al monto destinado conjuntamente al Programa Oportunidades y el Seguro Popular para ese mismo año (125,102 millones de pesos).

“Lejos de servir como una protección al contribuyente, esto le permite al SAT reservar arbitraria y sistemáticamente todo tipo de información”, agrega Sánchez de Tagle, quien considera.

La reforma fiscal aprobada por el Congreso en octubre pasado propone que el secreto fiscal sólo sea válido para los contribuyentes cumplidos, con lo cual, el SAT estaría obligado a publicar en internet el nombre, la razón social y el RFC de los ciudadanos a quienes les cancele un crédito fiscal por incosteabilidad del cobro, insolvencia del deudor o programas de condonación.

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Cancelación de créditos fiscales 2000-2012
Fuente: SAT
Año
Importe (millones de pesos)
2000
673.93
2001
1,267.60
2002
755.57
2003
284.99
2004
4,248.15
2005
18,084.75
2006
17,879.15
2007
73,960.40
2008
38,043.57
2009
75,756.72
2010
81,060.34
2011
125,843.16
2012
88,422.11

El desastre nacional en tiempos de la imposición

Ocurrió todo según lo previsto. El status quo no cedió ni un ápice. El Tribunal Electoral ungió a Enrique Peña Nieto como presidente electo en medio de un remolino de protestas en las calles. Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, convocó a manifestaciones para ponerle baches a Peña de aquí a diciembre y tratar de mantenerse vivo políticamente otros seis años. Y mientras tanto, la bola de nieve sigue creciendo. ¿Qué pasará si en lugar de acabar con el narco, como lo prometieron, la violencia se pone aún peor con el reacomodo de los carteles de la droga una vez que el PRI llegue a Los Pinos? El país va a reventar. Con un escenario tan flamable, cualquier chispa puede desencadenar el incendio. La crisis institucional y política que vive México sólo podrá aliviarse con un nuevo pacto social que construya nuevos equilibrios de poder. Generalmente estos acuerdos se plasman en la creación de una nueva Constitución. Para que eso ocurra, se necesitaría un Congreso Constituyente que haga a un lado a los partidos políticos actuales como administradores del orden público. Y tal como se ha documentado a largo de la historia, eso sólo puede lograrse a través de una revolución, ya sea armada o pacífica. México necesita poner en cintura a sus poderes fácticos y refundar sus instituciones, incluyendo a sus partidos políticos tan corporativos y cupulares, mismos que han cerrado sus puertas a la ciudadanía en aras de intereses sectarios. El cambio tendrá que darse por las buenas o por las malas. Cada vez nos acercamos más a la segunda, tomando en cuenta los ríos de armas que llegan desde Estados Unidos, la violencia generada por el libre mercado de la droga, gobiernos débiles producto de su propia ilegitimidad y poderes fácticos de una voracidad insaciable que están dispuestos a hacer de la miseria una epidemia con tal de cumplir sus ambiciosos fines. Debemos estar atentos y entender todo lo que está en juego. Si seguimos esta inercia idiota se producirá mucho sufrimiento. Aún estamos a tiempo de actuar. No podemos permitir que la apatía termine validando a un régimen corrupto. Necesitamos una renovación total. El modelo civilizatorio impulsado los últimos 500 años en occidente ya se agotó. ¿Qué haremos al respecto? Habrá que repensar el futuro desde sus cimientos para construir un nuevo orden social.

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