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20 años del TLCAN: el recuento del desastre

La reforma energética y la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras es apenas el último capítulo de un proyecto político y económico cuyo fracaso es más evidente con el paso del tiempo. En prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, los saldos del proyecto neoliberal arrojan número rojos junto a las promesas incumplidas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contribuyó a empeorar la calidad de vida de los mexicanos al mismo tiempo que permitió a las élites político-empresariales del país amasar grandes fortunas bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Manuel Hernández Borbolla

El saldo negativo que arroja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de su entrada en vigor, explican en buena medida al México actual: un país atrapado entre una crisis de legitimidad de sus instituciones políticas y una élite empresarial privilegiada cuya riqueza creció exponencialmente junto con la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la violencia del crimen organizado y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que conforman a un Estado mexicano devorado por la corrupción.

El mismo gobierno federal reconoce que la economía mexicana tiene un estancamiento de 30 años, época que coincide con el comienzo del proyecto neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo su auge con la firma del TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuó desarrollándose durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad”, señaló Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la presentación de la reforma fiscal que el Ejecutivo envió al Congreso en septiembre pasado.

Si el gobierno mexicano reconoce que el modelo económico utilizado en las últimas tres décadas no ha funcionado, ¿por qué seguir implementando las mismas medidas? Los especialistas consideran que esto se debe a que la implantación del TLCAN, la apertura comercial y las privatizaciones han resultado ser un gran negocio para una cúpula político-empresarial que ha amasado enormes fortunas cobijados por una impunidad sistemática que explica la crisis de legitimidad que enfrentan actualmente las instituciones mexicanas. Este es el saldo de tres décadas de reformas estructurales y la entrada en vigor del acuerdo comercial que marcó la historia reciente de México.

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1. Dejar de producir para importar

Las cifras macroeconómicas son contundentes. En dos décadas, México desmanteló su planta productiva para convertirse en un país importador. De acuerdo con datos del INEGI, la productividad total de México en 2011 fue 8.2% menor a la que existía en 1990.

En contraparte, de 1993 a septiembre de 2013, el país tuvo un déficit comercial de 124,460 millones de dólares, según datos del Banco de México. Al descontar los ingresos del petróleo, la estadística es aún peor, ya que el déficit acumulado en 20 años suma 329,554 millones de dólares.

El sector servicios, que incluye al turismo y el sistema financiero, también arroja un saldo negativo acumulado de 377,467 millones de dólares desde 1994 hasta 2012, periodo en el que el déficit se duplicó al pasar de -14,980 millones de dólares a -31,978 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, la SHCP y el Banco de México, recopilados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

La inversión extranjera pasó de 12,830 millones de dólares en 1994 a 72,299 millones de dólares en 2012, según cifras de Banxico. En el mismo periodo, México descendió del cuarto lugar al vigésimo tercero en la captación de inversión extranjera directa, debido principalmente a la pérdida de competitividad, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Sin embargo, la inyección de capital extranjero no ha logrado incidir de manera favorable en el crecimiento de la economía nacional, debido a que la apertura comercial provocó que se destruyeran varias cadenas productivas de valor que fomentaban el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ya que la industria mexicana se enfoca principalmente en actividades de ensamblaje al final del proceso de fabricación, dirigido por empresas transnacionales que importan la mayoría de los insumos utilizados para generar productos de exportación. Algo que explica el poco valor agregado de la industria nacional, tal como ocurre con las pantallas planas, ya que en México se genera solo el 5% del valor agregado a pesar de ser uno de sus principales productos de exportación.

De 1993 a 2012, la industria mexicana registró un retroceso de 14.35% en el valor agregado de sus productos manufactureros, según datos de la Secretaría de Economía, lo cual evidencia la manera en que se ha desarticulado la planta productiva del país tras la firma del TLCAN.

“Las pequeñas, medianas y microempresas no están conectadas a la modernidad y tienen niveles muy bajos de productividad”, señaló en septiembre pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que el 50% de las exportaciones mexicanas son realizadas por sólo 45 empresas. La mayoría de ellas, de capital extranjero.

Según la Cepal, México es uno de los tres países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional, de acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012.

Para nosotros, el comercio exterior fue firmar tratados de libre comercio pero no se establecieron programas de competitividad, fomento industrial ni comercio exterior”, afirma Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y consultor del sector privado, quien asegura que la política “dogmática” que se adoptó junto con la firma del TLCAN promovió la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas.

No hemos diseñado una política para fortalecer el mercado interno porque nos abrimos mucho y establecimos una competencia desleal para la planta productiva nacional”, agrega.

El especialista considera que mientras los Cuatro Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) supieron aprovechar sus acuerdos comerciales con Japón para invertir en educación y programas que ayudaran a fortalecer su economía, México adoptó una postura basado en que “la mejor política industrial es la que no existe”, tal como en su momento declaró el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial del sexenio salinista, Jaime Serra Puche.

Aunque México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, tiene un déficit comercial con 30 de ellos, según explica Gómez, quien considera que firmar el Acuerdo Trans-Pacífico resultará contraproducente, principalmente para industrias como la cafetalera y la textil.

Para Gregorio Vidal, investigador de la UAM, el problema de fondo consiste en que el modelo basado en exportaciones carece de las bases necesarias para generar un crecimiento económico sostenido de entre 5% y 6%, a diferencia de lo que ocurre con otras potencias exportadoras como China, país que genera sus propios insumos y requerimientos industriales para luego transformarlos y exportarlos al resto del mundo, incluido México. Esto debido a que el TLCAN permitió que países como el gigante asiático introdujeran sus mercancías a México a través de Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo no hay ninguna política industrial en México. Se ha asumido que simplemente hay que actuar de acuerdo a los mercados. Un ejemplo notable es el caso del petróleo, cuando se dice que sale más barato importar gasolina que construir refinerías”, señala Vidal, quien considera que la situación actual de Pemex ilustra la situación que ha ocurrido con el resto de la industria nacional.

También aumentó la presión sobre las finanzas públicas, ya que la balanza entre ingresos y gasto público pasó de tener un saldo favorable de 0.2% del PIB en 1994 a un saldo de -2.5% del PIB para 2012. Una cifra negativa que se incrementará para 2014, luego de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó aumentar la deuda pública 1.5% del PIB para 2014 con el objetivo de aumentar el gasto público y evitar una recesión ante la desaceleración económica de los últimos meses. Sin embargo, el incremento de la deuda difícilmente revertirá el rezago de la inversión estatal en México desde la implantación del modelo neoliberal, ya que en el país el gasto público como porcentaje del PIB “es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, es del 27.1%, y en los países de la OCDE es de 46.5%”, de acuerdo con la SHCP.

A pesar de que México registra un saldo negativo en casi todas las variables macroeconómicas, el PIB presenta un ligero crecimiento de 3.15% desde la entrada en vigor del TLCAN y un crecimiento por habitante de 1.46%, según datos de INEGI y Conapo. ¿Cómo se explica esto?

Esa es la verdadera pregunta ácida para el Estado mexicano a 20 años del TLCAN. ¿Cómo explican agregado económicos, en algunos casos muy altos, cuando no tenemos producción, hay aumento de desempleo y problemas con la producción agrícola?”, señala David Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien considera que los altos precios del petróleo del 2000 a la fecha no permiten explicar por sí solas la manera en que la economía real es “totalmente contraria” a las cifras macroeconómicas.

Por ello, diversos especialistas dudan de la veracidad de las cifras macroeconómicas sean reales, pues deja varios huecos a la hora de explicar fenómenos como la inflación.

“México tiene un problema y hay advertencias del sistema financiero internacional de que México está lavando dinero en grandes cantidades”, agrega Lozano.

—Ahí está el caso HSBC.

—Un ejemplo solamente. Pero también algunas políticas de Estado pueden servir para lavar dinero.

—¿Cómo cuáles?

—Ahí tienes el caso de Chihuahua y Coahuila. Funcionarios públicos que traían empresas que lavaban dinero con el propio dinero del gobierno— afirma Lozano.

La agencia Stratfor estima que cada año se lavan o blanquean en México entre 19,000 y 39,000 millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada.

De ahí que diversos investigadores consideren que la estabilidad macroeconómica del país en las últimas dos décadas haya sido inflada artificialmente mediante deuda pública, las divisas de los migrantes, la precarización del empleo, el comercio informal y el dinero generado por el crimen organizado.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima, cifra que coincide con el excedente de 10,000 millones de dólares que registró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sistema financiero mexicano al cierre del año fiscal 2011, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicada en 2012.

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1950-1995GRAFICO 1

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1990-2011

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Variación en la Productividad Total de los Factores, 1990-2011

GRAFICO 3

(Fuente: INEGI)

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2. Los privilegiados de las privatizaciones

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que inició originalmente el proceso privatizador al extinguir 294 empresas públicas, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas, o de acuerdo con cifras de la SHCP, no fue sino hasta el sexenio de Salinas cuando el proceso privatizador alcanzó su auge debido al tamaño y relevancia de las empresas que pasaron al control del sector privado. Fue así como en 1991, el gobierno inició la privatización del sector bancario que se vendió principalmente a empresarios nacionales.

“Eran grupos financieros en un sentido amplio. Ellos son los que adquieren todos los bancos en un proceso acelerado que intenta generar grupos financieros y bancarios en el país de gran tamaño que permiten que algunas fortunas se fortalezcan”, explica el investigador de la UAM, Gregorio Vidal.

Con la crisis económica de 1994 y la inminente quiebra de los bancos, el gobierno implementó el mayor rescate financiero en la historia del país al convertir en deuda pública las deudas de los ahorradores. Durante el rescate bancario, el Estado mexicano gastó montos dos o tres veces mayores que los que recibió durante su privatización, para luego vender los bancos ya saneados al capital extranjero.

A 14 años de distancia, la deuda pública por el rescate bancario no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado un 19.87%, debido a que el dinero destinado anualmente para este rubro en el presupuesto de egresos se utiliza para pagar una parte de los intereses. De acuerdo con datos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la deuda en diciembre de 1999 era de 687,844 millones de pesos. Para septiembre de 2013 la deuda ascendía a 824,586 millones de pesos. Esto luego de que a diciembre de 2013, el Estado mexicano ha pagado un total acumulado de intereses por 106,710 millones 722,223 pesos, según el IPAB.

Sin embargo, el crédito otorgado por la banca se contrajo a la mitad desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que mientras en 1994 se otorgaron créditos por 47.4% del PIB, en 2012 el porcentaje de créditos llegó a 20.32%, según datos oficiales recopilados por el CEFP.

Para el gobierno federal, la falta de crédito ha repercutido la caída en la producción y la falta de trabajo, ya que aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos del país, sólo el 15% de ellas tienen acceso a financiamiento.

“Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan: los pequeños y medianos negocios del país”, reconoció Peña Nieto en mayo pasado durante la presentación de la reforma financiera.

En contraste, las ganancias de los bancos han crecido a un ritmo mayor que la economía en los últimos 15 años. De 1999 a octubre de 2013, la banca privada tuvo utilidades por 724,956 millones de pesos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que las ganancias de los bancos crecieron cuatro veces más que la economía nacional en el mismo periodo, principalmente por el cobro de intereses. (El PIB creció 186.37% a precios corrientes mientras que las utilidades de los bancos crecieron a 722% a precios corrientes).

Con la privatización de la industria siderúrgica, los ingenios azucareros, así como las empresas de telefonía, fertilizantes y productos básicos de consumo, y posteriormente los ferrocarriles, los aeropuertos, las líneas aéreas, los puertos marítimos y las dos compañías productoras de energía en fechas más recientes, la emergente élite empresarial del país comenzó a concentrar un mayor volumen de riqueza.

En 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaba los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones; Lorenzo Zambrano (Cemex), con 2,000 millones; Eugenio Garza Legüera (VISA y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones; Ángel Losada Giménez (Gigante), con 1,300 millones; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones; Pablo Aramburuzabala Ocaranza (Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones.

Estos 14 magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual pero con un aumento significativo en el grueso de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes.

En la lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del planeta con una fortuna estimada de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Legüera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones; Jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones; Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), con 2,500 millones; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (exdueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares.

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De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 2013, elaborado por el banco Credit Suisse, México ocupa el octavo lugar entre los países con mayor número de multimillonarios del planeta, con 186 magnates, aún cuando México es la decimocuarta economía del globo.

“Estos empresarios han salido enormemente beneficiados. O han vendido sus acciones o han cambiado de giro, pero se les han dado ganancias como nunca. Se ha flexibilizado la ley para que ellos puedan tener grandes ganancias, si bien no en el sector productivo, sí en el sector financiero, donde la ley es muy laxa para obtener rápidamente altas ganancias. Por eso ellos no pueden estar a favor de una regulación estatal”, explica Arturo Ortíz Wadeymar, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador asegura que mientras empresas como Grupo Modelo han sido adquiridas por compañías extranjeras, México se ha convertido con el paso de los años en un país donde las empresas mexicanas se han convertido en trasnacionales que exportan grandes cantidades de capital para realizar inversiones en otros países, tal como ocurre actualmente con compañías como América Móvil, Grupo Elektra, Cemex, Grupo México, Bimbo, o Gruma, por mencionar algunas.

“Ahí mismo está el dato de la balanza de pagos, donde la inversión de mexicanos en el extranjero está por ahí de 25,000 millones de dólares en 2013, es decir, están invirtiendo fuera porque ven pocas expectativas en el mercado nacional”, señala Ortíz.

Sin embargo, la fuga de capital es mucho mayor a la reportada oficialmente, ya que de acuerdo con un estudio de la firma Global Financial Integrity, México se convirtió en el tercer país en desarrollo con mayor fuga ilegal de capital, al registrar pérdidas por 461,860 millones de dólares de 2002 a 2011. Un fenómeno que se disparó con la entrada en vigor del TLCAN, debido a que la falta de controles facilitó el lavado de dinero a través de facturación fraudulenta, lo cual permitió que el crimen organizado pudiera lavar grandes sumas de dinero transferido principalmente a los Estados Unidos. Si se comparan los ingresos que recibió México por las remesas familiares y la inversión extranjera, frente a la fuga de capital, se obtiene un saldo negativo de 110,646.5 millones de dólares, lo cual evidencia la magnitud del problema.

El reporte concluye que el gobierno mexicano debe enfocarse en adoptar medidas para frenar la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero que se incrementó exponencialmente después de la entrada en vigor del TLCAN y que “constituye el 73.7% de todos los flujos ilícitos” registrados de 1970 a 2010, de acuerdo con la consultora.

Fuente: Global Financial Integrity

De ahí que la fuga de capital y la caída en la producción sean dos elementos clave para explicar la escasa generación de empleo en las últimas dos décadas, en contraste con un aumento de la riqueza registrada por la élite empresarial beneficiada por el modelo neoliberal.

Redituable sí ha sido. El tema es, ¿redituable para quién? Hay ganadores en este proceso, hay fortunas que han crecido, grupos que se han fortalecido, capitales colocados fuera que son resultado de esta lógica. Que el grueso de la población no se haya beneficiado es otra cosa”, explica Gregorio Vidal, investigador de la UAM, sobre la privatización de los bancos.

“Es muy complicado modificar la lógica económica, porque ellos seguirán defendiendo este mecanismo. Lo que no se logra advertir es que esta forma de operar la economía no hace posible que haya crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, mientras se consolida el estancamiento”, agrega Vidal.

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3. La erosión del ingreso y la falta de empleo

La poca productividad de México y el estancamiento de su economía durante los últimos 20 años se ha traducido en falta de empleo y reducción del poder adquisitivo para los trabajadores mexicanos.

En el país, más de la mitad de los mexicanos (53.3% de la población, equivalente a 63 millones de personas) enfrentan algún nivel de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social. De 1994 a 2012, el número de mexicanos con alguna carencia alimentaria aumentó en 1 millón 740,916; con alguna carencia de capacidades en 2 millones 626,039; con alguna carencia de patrimonio aumentaron en 5 millones 589,294.

A dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el precio de la canasta básica, pasó de 17.86 pesos en 1993 a 108.80 pesos hasta octubre de 2013, de acuerdo con datos del INEGI.

Paralelamente al aumento de la canasta básica, el salario mínimo tuvo una caída del 27% de 1994 a 2012, al pasar de 78.84 pesos a 57.04 pesos, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Además de la erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, también aumentó el desempleo. La tasa de desocupación pasó de 3.6% en 1994 a 5% de la población económicamente activa en 2012, según datos del INEGI.

Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM asegura que las cifras reales del desempleo en México son superiores a las reportadas por el INEGI, ya que al utilizar la metodología de la Organización Mundial del Trabajo, los especialistas aseguran que en el país existen 8 millones de desempleados en México hasta octubre de 2013, equivalentes al 15.5% de la población económicamente activa.

Asimismo, el gobierno reconoce las cifras oficiales sobre el desempleo dadas a conocer por el INEGI son engañosas debido a que el 60% de los trabajadores mexicanos pertenecen a la economía informal, sector que genera una productividad 45% menor en comparación con la economía formal.

“Las estadísticas dicen que México tiene entre el 4.8 y el 5% de su población activa desempleada, pero ese es un dato engañoso porque la realidad es que el 60% son trabajadores informales y sólo el 40% tienen un empleo formal”, reconoció Alfredo Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante una entrevista con la agencia EFE en junio pasado, durante su participación en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra.

El funcionario indicó que la informalidad es el principal problema del sector laboral mexicano es que la “informalidad no paga impuestos, no recibe prestaciones y no cuenta con seguridad social”. Esto, aun cuando el PRI y el PAN impulsaron dentro de la reforma laboral de 2012 aprobada por el Congreso de la Unión, al flexibilizar el despido con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a costa de los trabajadores.

Datos de la UNAM señalan que el tiempo de trabajo necesario para que un trabajador mexicano pueda adquirir una canasta alimenticia prácticamente se duplicó en 20 años, al pasar de 12.53 horas de trabajo en 1994 a 23.44 horas en abril de 2013. En otras palabras, el salario mínimo alcanza para comprar la mitad de comida de lo que se compraba previo a la entrada en vigor del TLCAN, a pesar de que los promotores del acuerdo comercial aseguraban que la libre competencia en el sector agrícola reduciría el precio de los alimentos.

En 2013, uno de cada dos mexicanos dijo haberse quedado alguna vez sin dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con datos de la consultora Latinbarómetro.

Las comparaciones internacionales tampoco resultan favorables. México es el país con mayor explotación laboral entre las principales economías del planeta, ya que el trabajador mexicano que en promedio trabaja 594 minutos al día (el número de horas semanales más alto de las principales economías del planeta), deja de recibir ingresos por prácticamente la mitad del tiempo trabajado (253 minutos), según datos de la OCDE publicados en 2011. Esto significa que la explotación laboral en México es superior a países como China e India, cuyos trabajadores laboran en promedio 504 y 486 minutos al día.

En el caso de los profesionistas, cifras del INEGI señalan que el 37.3% de los desempleados tenían estudios medio superior y superior durante 2013, derivado de un modelo económico en el que los jóvenes profesionistas no encuentran cabida dentro del mercado laboral. Una situación que ha contribuido a desperdiciar el llamado ‘bono demográfico’ de México, que según el Consejo Nacional de Población, se define como el fenómeno de transición demográfica en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y adultos mayores), lo que se supone debería contribuir al impulso económico del país.

Y a pesar de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores nacionales, México perdió 16 lugares en competitividad a nivel internacional de 2001 a 2012, según el Foro Económico Mundial, mientras que perdió 47 lugares en la evaluación del organismo en torno a la calidad de las instituciones públicas, al pasar del lugar 56 al 103 en el mismo periodo.

“El TLCAN ha provocado un mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy tenemos un incremento en la pobreza, aún cuando en los últimos 20 años es cuando más se ha incrementado el gasto federal en el combate a la pobreza”, asegura David Lozano, economista y coordinador del CAM, quien considera que la falta de empleos explica en buena medida la violencia que existe en varias regiones del país.

En 1995 los estados de la República tenían tasas de desempleo entre 8 y 11%, ahora los ves con tasas de hasta 22% de desempleo. Eso cómo no va a impactar en la violencia”, señala el especialista, quien afirma que actualmente el crimen organizado regula la oferta y demanda de ciertos productos y servicios a través de cuotas que impone a los productores de limón, en Michoacán y Jalisco, la piña en Veracruz, o leche en la zona de la Comarca Lagunera.

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM

Hay lugares donde la economía es la economía del narcotráfico. Ahora ya tenemos población económicamente activa que se supone que es ilegal, pero que se contabiliza como ingreso en el paísHay empresas que son verdaderas lavadoras de dinero, pero el gobierno las mantiene porque son generadoras de empleo. Dicen que los tienen bien fiscalizados, pero son los que mejor pagan los servicios financieros y pagan sus impuestos”, asegura.

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4. La devastación del campo y los recursos naturales

A 20 años del TLCAN, el sector agrícola quedó estancado debido a que la falta de apoyos gubernamentales en el campo y las desventajas de los agricultores nacionales frente a sus contrapartes estadounidenses, provocaron que México haya dejado de producir alimentos para importarlos.

Datos de la UNAM señalan que el 72% de los productores del campo se encontraban en quiebra en 2011, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía.

Asimismo, el gobierno mexicano redujo a más de la mitad los subsidios agrícolas en dos décadas, según un estudio de la OCDE publicado en 2013, al pasar de 28% en el periodo 1991-1993 al 13% que se registró para 2010-2012.

Esta situación provocó que muchos productores mexicanos quebraran ante su incapacidad de competir con precios por debajo del valor de mercado ofrecidos por productores estadounidenses gracias a los altos subsidios otorgados por su gobierno, una práctica conocida como dumping que ha dejado cuantiosas pérdidas en productos como maíz, trigo, algodón, carne de puerco y de res.

La inequidad entre el régimen proteccionista de Estados Unidos y México ha provocado un estancamiento del sector agrícola, con un crecimiento de 1.8% anual en las últimas dos décadas, además de que la importación de comida se duplicó en dos décadas al pasar del 19% al 42%, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“El hecho es que con el TLCAN, México se convirtió en una potencia importadora”, asegura Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Otra promesa incumplida es que se iban a dinamizar las inversiones privadas y extranjeras en el campo, las cuales nunca llegaron, mientras la inversión privada fue raquítica. Se retiró la inversión pública para el campo. Solamente se invirtió en una minoría de agricultores comerciales del norte que no representan más del 10% del total de unidades de producción y para el 90% solamente hubo presupuestos de carácter asistencialista para combatir la pobreza, pero no para el desarrollo productivo. El resultado es que no hay mejoría en el ingreso rural ni en el bienestar de la gente del campo”, agrega.

La Confederación Nacional Campesina, organización históricamente vinculada al PRI, reconoce que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a Estados Unidos y otras ciudades del país “con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80% de los alimentos que demanda la población”, según el informe Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo publicado en diciembre de 2013.

Además de la falta de apoyos al campo, el desmantelamiento de empresas paraestatales como Conasupo y Liconsa durante la década de 1990 permitió que diversas empresas trasnacionales regularan los precios de alimentos, semillas y otros insumos agroindustriales que explican en buena parte el incremento de los precios de la comida en las últimas décadas, tal como ocurrió en 2007 con la crisis de la tortilla.

“Se prometió que los consumidores se beneficiarían con alimentos de calidad y bajo precio, pero los resultados indican que tenemos un incremento constante de los precios del consumidor, sobre todo en los últimos siete años, a tal nivel que el precio internacionales de los alimentos se han duplicado o triplicado a los años previos al arranque del TLCAN y esto ha repercutido en el incremento de la pobreza, la desnutrición y la obesidad en México, porque también se ha importado el modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha provocado la epidemia de obesidad”, asegura Suárez.

“El TLCAN ha resultado en un fracaso para el país, los productores y los consumidores. Los únicos que se han beneficiado han sido una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Grupo Vizacarra, Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé, Walmart, Pepsico, Coca Cola, Bayern, General Food y este tipo de empresas, que han visto crecer sus utilidades y su dominio de los mercados tanto nacionales como globales, además de concentrar subsidios, créditos a sus actividades económicas, regímenes de privilegio de carácter fiscal. Han pasado de una economía de libre mercado a una economía de oligopolios”, agrega.

Sin embargo, el sector agropecuario no es el único que presenta un saldo negativo tras la firma del acuerdo comercial, ya que las pérdidas económicas ocasionadas por daños al medio ambiente representan el 6.9% del PIB, de acuerdo con datos de INEGI en 2011. Tan solo ese año, las afectaciones ambientales de la minería generaron pérdidas por 242,274 millones de pesos.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 27,000 concesiones mineras que de manera conjunta equivalen entre el 15% y 30% de la superficie total del territorio nacional, gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 27 constitucional que abrió la puerta a la privatización de la tierra, así como la apropiación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal estima que el 82% de las 155 mil hectáreas deforestadas cada año en el territorio mexicano son consecuencia del cambio de uso de suelos “para uso agropecuario, de turismo o por crecimiento urbano e industria”, sectores vinculados a la apertura comercial del TLCAN, convirtiendo a México en el país con mayor deforestación de la OCDE. Y aun cuando el 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas “es alta en comparación con los niveles de otros países de la OCDE”, según detalla un informe de la organización.

Para diciembre de 2011, un 29% de las tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para pasar a propiedad privada, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria.

De ahí que el abandono del sector agrícola aunado a la presión del capital privado sobre las comunidades ha generado un ambiente de descontento social en prácticamente todo el país, ya que de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), actualmente existen cerca de 350 conflictos sociales vinculados con problemas ambientales.

“Existen casos emblemáticos muy graves de daño por contaminación pero no existe ningún tipo de regulación y vigilancia sobre el manejo, uso y destrucción de los recursos naturales del país. Si a esto agregamos que en estos 20 años ha ocurrido un proceso acelerado de privatización de los recursos naturales vía concesiones mineras o la reforma energética, así como otro tipo de infraestructuras, tenemos la más grave amenaza para la supervivencia en la historia del país, más allá del problema de la violencia que también es muy grave”, señala Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la ANAA.

Sin embargo, el escenario podría empeorar para los próximos años, debido a que la reciente aprobación de la reforma energética podría generar una destrucción ambiental en los estados del Golfo de México debido a que ahí se encuentran grandes yacimientos petroleros que aumentarán la presión sobre las comunidades para que las empresas trasnacionales puedan extraer hidrocarburos del subsuelo, de modo similar a lo que ocurre con las mineras canadienses.

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5. Exilio forzado

Actualmente existen cerca de 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo del INEGI, lo cual significa que cerca del 18% de la población económicamente activa del país se encuentra en el vecino del norte.

Mientras que en 1990 existían 4 millones 409 mexicanos viviendo en Estados Unidos, la cifra aumentó a 11 millones 964 en 2010, lo cual representa un aumento del 171% en dos décadas.

La migración masiva de trabajadores mexicanos se disparó justo después de la entrada en vigor del TLCAN, debido principalmente a la crisis económica de 1994, el crecimiento acelerado de la economía estadounidense y las redes de migrantes que se construyeron desde la reforma migratoria de Estados Unidos en los años 80.

El flujo migratorio hizo que en dos décadas, los ingresos por remesas aumentaron 645% al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 22,446 en 2012, según cifras oficiales recopiladas por el CEFP.

De ahí que diversos investigadores consideren que la migración fue una ‘válvula de escape’ para la economía mexicana, debido a que la falta de empleo en México podría haber contribuido a precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores nacionales.

“Ha sido una válvula de escape, debido a una combinación de factores, ya que por un lado el TLCAN no ha sido el motor de crecimiento que se esperaba y una política errónea de contención de parte de Estados Unidos consolidó el éxodo masivo de tantos mexicanos”, señala René Zenteno, catedrático del Colegio de la Frontera Norte e investigador de la Universidad de Texas.

“El impacto de las remesas es positivo, porque sin esos niveles de ingreso privado yo no sé cómo podrían sortear muchas familias en México momentos difíciles de estabilidad de ingreso. Las remesas lo que vienen a suplir es esa inestabilidad del ingreso y sus bajos niveles”, agrega.

Sin embargo, los expertos aún tienen dudas sobre cuál ha sido el impacto productivo de las remesas enviadas desde Estados Unidos, ya que de acuerdo con Silvia Elena Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ya que “en ningún país del mundo la emigración ha generado desarrollo local”.

Esto, debido a que en México no existen condiciones favorables para que la entrada de recursos incida de manera significativa en la reducción de la pobreza o la deserción escolar.

No hay condiciones muy favorables para capitalizar los beneficios de la migración. Hay gente que regresa con sus ahorros y abren tiendas de abarrotes, pero no hay condiciones para que se genere un entorno de inversión productiva que permita que se aprovechen los recursos y lo que aprendieron allá”, señala Giorguli,

“Eso pasa por la discusión del desarrollo nacional. No es que generes programas para los migrantes, sino modificar las condiciones del entorno en general”, agrega la especialista, quien considera que entre las consecuencias sociales del fenómeno migratorio se encuentran el despoblamiento de comunidades, procesos de ruptura y separación familiar, problemas de salud mental en los que se van y los que se quedan, así como una vulnerabilidad creciente para la mitad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y no tienen documentos.

Derivado de diversas denuncias interpuestas por organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó en noviembre de 2012 realizar una investigación profunda sobre las denuncias de trabajadores mexicanos contra el gobierno de Estados Unidos ante posibles violaciones al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), firmado como parte del TLCAN, principalmente en lo referente al “pago de salario mínimo; eliminación de la discriminación en el empleo; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; reciban la misma protección que los trabajadores nacionales; y tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales puedan hacer efectivos estos derechos”.

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6. El auge de la economía criminal y la crisis institucional

En los últimos 20 años, la capacidad financiera y operativa de los grandes cárteles de la droga en México convirtieron a estas organizaciones criminales en empresas trasnacionales cuya relevancia en la economía mexicana sigue creciendo ante un Estado débil e incapaz de satisfacer las demandas de su población. Algo que, según diversos especialistas, ayuda a explicar el escenario de violencia y crisis institucional por la que atraviesa el país.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Harvard, el narcotráfico es el quinto proveedor de empleo en México, al ocupar directamente a 468,000 personas en 2008, cifra que coincide con el medio millón calculado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

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Un informe publicado en 2013 por el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña, estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia en México ascienden a 333,000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 27.7% del PIB.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor de la Organización de Naciones Unidas especializado en crimen organizado, el crecimiento de la violencia en México se debe a que “la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los Estados, obteniendo ganancias en aquellos mercados con excesos de complejidad o ausencia de marcos regulatorios”, debido a que las empresas criminales ofrecen a diversos sectores de la población todo aquello que el Estado, “por sus fallas o ausencia, no puede ofrecer”.

De acuerdo con Buscaglia, esto ayuda a entender cómo es que las organizaciones criminales han logrado infiltrar el 78% de los sectores económicos del país, al mismo tiempo que ha contribuido a vulnerado las instituciones de impartición de justicia.

En su libro Vacíos de poder en México, Buscaglia señala que la debilidad del Estado mexicano y la ausencia de controles regulatorios capaces de contener la violencia del crimen organizado es propiciada por un “pacto de impunidad” entre una élite político-empresarial mexicana “que hoy se beneficia de descontrolados financiamientos de campañas electorales y de enriquecimientos inexplicables, vía empresas familiares de políticos que se mantienen de sobornos”.

En otras palabras, la corrupción al interior del Estado mexicano no solo ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga, sino también de grandes grupos empresariales amparados por una clase política y una ilegalidad sistemática que explica los altos niveles de impunidad en México, ya que de acuerdo con Buscaglia, “no existe corrupción pública sin corrupción privada: ambas se retroalimentan”.

Así lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al señalar en diciembre de 2012 que durante el sexenio de Felipe Calderón existió una impunidad del 99%. Una cifra similar al 93% de impunidad reportados a diciembre de 2013 de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, según una investigación recientemente publicada en el periódico Reforma, porcentaje que sin embargo, no contempla los delitos no denunciados, lo cual hace concluir que la impunidad es aún mayor.

En 2013, el Índice de Percepción a la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México como un país con altos niveles de corrupción al ocupar el lugar 106 de 175 países, lo cual hace de México el país con mayor percepción de corrupción entre los países de la OCDE.

Lo mismo considera el informe 2013 del IEP, en el cual se documenta un deterioro en cuatro de las seis condiciones de gobernabilidad durante los últimos 12 años de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, ya que “el nivel de corrupción percibido ha aumentado, el estado de derecho se ha debilitado, la libertad de expresión se ha reducido y, muy notoriamente, la estabilidad política ha disminuido en gran medida”.

La organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre” en su informe de 2013 debido a la falta de condiciones que existen en el país para garantizar el cumplimiento de derechos civiles como la libertad de expresión.

Esto ayuda a explicar el desencanto sostenido en la democracia en los últimos años. En 1996, el 53% de los mexicanos consideraban a la democracia como el sistema preferible frente a cualquier otra forma de gobierno, mientras que para 2013, solo el 37% mantuvieron dicha opinión, de acuerdo con datos del Latinbarómetro, lo cual representa una caída del 16%. En contraste, el 81% de los mexicanos consideraban injusta la distribución de la riqueza, mientras el 82% se declaró insatisfecho con el funcionamiento de la economía.

En 2010, el informe del Latinbarómetro señalaban que en América Latina, México y Brasil fueron “los dos países con la mayor cantidad de población que le da una baja legitimidad a la democracia”. Ese mismo año, los niveles de desconfianza de los mexicanos en el Congreso y el Poder Judicial fue de 72%, en los partidos políticos fue del 81%, en el gobierno fue de 66% y en las fuerzas armadas de 45%.

Los números evidencian el descontento de amplios sectores sociales con las instituciones del Estado mexicano, a raíz de casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, la elección presidencial de 2006, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el sexenio de Calderón o el regreso del PRI a Los Pinos tras una elección marcada por acusaciones de compra de votos y protestas contra los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

De ahí que la corrupción, impunidad e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población se han convertido en un problema de legitimidad política que permite explicar el surgimiento de los grupos de autodefensa surgidos en entidades como Michoacán y Guerrero, así como la ingobernabilidad que existe en Tamaulipas y otros estados secuestradas por las organizaciones criminales.

La corrupción desorganizada y sin controles que vive México invita a las empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer en el país cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios mucho más violentos y dañinos que en los Estados relativamente fuertes”, señala Buscaglia.

“La transición fallida vivida en el país ha desmantelado parcialmente las instituciones del régimen autoritario de partido único de Estado, pero las élites político-empresariales no han remplazado ese vacío con instituciones democráticas, y de esta manera se ha impedido que los supuestos representantes populares encuentren un consenso necesario para definir acuerdos políticos con el propósito de delinear e instrumentar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, contra la corrupción y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales”, agrega.

Una crisis institucional y económica que evidencia la fractura del pacto social que ayuda a explicar el clima de descontento que prevalece en México.

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El discurso de México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad

Un trabajo que rescato de los archivos, realizado en 2009, cuyo principal objetivo es analizar la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de narcotráfico e inseguridad desde una perspectiva de comunicación política.

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Antecedentes

Desde principios del siglo XX, la relación bilateral entre México y EU ha sido profundamente marcada por el tema del narcotráfico. A partir de entonces, las políticas antidrogas han sido dictadas por el gobierno estadounidense y asumidas cabalmente por su contraparte mexicana debido a lo que algunos especialistas en el tema denominan una asimetría de poder en la relación entre México-EU.

Sin embargo, esa condición hegemónica de EU no impidió que a partir de la década de los 70, ambos gobiernos emprendieran una lucha cojunta en contra del narcotráfico, tal como quedó de manifiesto con la Operación Condor durante 1977, la cual fue denominada como “la más gigantesca abatida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México”, a decir de algunos funcionarios de la época.[1]

Para la década de los 80, la relación entre México y EU vivió uno de sus puntos más álgidos en materia de narcotráfico luego del asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos de los carteles mexicanos, situación que derivó en una crisis diplomática entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, la cual contó con una amplia cobertura mediática a los dos lados del Río Bravo.

A partir de la década de los 90, los distintos carteles del país emprendieron una batalla territorial por el control del tráfico de drogas en México y las principales rutas hacia EU. Durante esta época, las organizaciones de narcotraficantes tuvieron una ingerencia más notable dentro de la política nacional; episodios como los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo o de José Francisco Ruíz Massieau, el entonces secretario general del PRI, sacudieron a la sociedad mexicana de la primera mitad de los 90. Incluso existían sospechas de que el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de la República, protegía a varios integrantes del cartel del Golfo, encabezado por Juan García Abrego, quien fue detenido y extraditado a Colorado (por su calidad de ciudadano estadounidense) en 1995, lugar donde actualmente purga una condena. Tan solo una prueba de lo fuertemente vinculados que se encontraban los altos mandos del gobierno y los carteles.

Con el derrumbe del régimen vigente durante más de 70 años y el arribo del PAN a la presidencia de la República en 2000, luego de la victoria de Vicente Fox, las diversas organizaciones de narcotraficantes, vieron en esta, una oportunidad idónea para que los carteles adquirieran una mayor autonomía respecto del poder político.[2] Esto provocó que la disputa territorial arrojara una creciente ola de violencia que ha encendido los focos rojos en Washington, donde crece la preocupación de que la violencia sin control pueda empezar a regarse a través del territorio estadounidense.

A partir de entonces, los gobiernos de México y EU se han visto envueltos en una serie de declaraciones que van desde la “responsabilidad compartida”, hasta descalificaciones mutuas respecto al problema, que de acuerdo con algunos especialistas en la materia, incluso pone en riesgo la viabilidad del Estado mexicano.

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Las contradicciones en el discurso antidrogas de México y EU

En febrero de 2009, Dennis C. Blair, director de Inteligencia Nacional del gobierno de Barack Obama, señaló que el poder de los cárteles de droga mexicanos “impide” la capacidad de las autoridades federales de México de gobernar partes de su territorio e inhabilitan la consolidación de instituciones democráticas.[3]

“La influencia corruptora y la creciente violencia de los cárteles impiden a la capital gobernar en algunas partes del territorio”, explicó Blair, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien sin embargo, sostuvo que el gobierno mexicano era capaz de resolver la crisis.[4]

Además, advirtió que la imposibilidad que ha mostrado el gobierno mexicano para controlar parte de su territorio, y la corrupción alentada por el crimen organizado, erosionarán la tradicional posición privilegiada e influencia política de Estados Unidos en la región, “a menos que el país pueda dar respuesta a esos desafíos de forma más permanente e inmediata”.[5]

La repercusión de la supuesta ingobernabilidad del gobierno mexicano dio pie a que diversos analistas calificaran como muy grave el riesgo actual de que México pueda convertirse en un “Estado fallido”, es decir, una estructura donde la incapacidad del gobierno para ejercer su autoridad, pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano de acuerdo a la definición más básica del término.[6]

La molestia al interior de la administración de Felipe Calderón fue evidente. Las declaraciones de Blair no sólo representaban una severa crítica hacia la situación del país, sino que también echaba abajo la tesis oficial del gobierno mexicano, la cual defiende que la autoridad está ganando la denominada guerra contra el narcotráfico, una de las estrategias de Calderón para legitimar su gobierno luego de las dudas que generó entre la población el proceso electoral de 2006.

El mandatario calificó de absurdas las declaraciones y en un tono molesto criticó “la distorsión que hay de México fuera de nuestras fronteras”, pues consideró que su gobierno está “fortaleciendo la gobernabilidad en aquellas zonas donde se ha visto debilitada o vulnerada, y para ello estamos empleando todas las fuerzas del Estado”, según señaló durante un evento oficial el 12 de marzo pasado.[7]

“Por primera vez el gobierno está limpiando la casa de arriba abajo (…) no se preocupen si ven polvo salir de las ventanas, estamos limpiando la casa”, aseveró Calderón, quien incluso retó a probar la supuesta ingobernabilidad de su administración.

“Es absolutamente falso y absurdo que se señale que México no tiene autoridad sobre un punto del territorio nacional. Yo reto a quien diga eso que me diga a qué puntos del territorio nacional quiere ir, lo único que le pido es que no venga  de vacaciones como parece que vienen algunos analistas a México (…) Exijo que vayamos al punto que quieran del territorio nacional para demostrar el imperio del Estado, Sí tenemos problemas como los que tiene Estado Unidos, pero lo que tenemos nosotros es una firme determinación de terminar un problema que no ha sido creado en nuestro país y que sufre como consecuencia de estar a lado del mayor consumidor de drogas en el mundo y del mayor proveedor de armas del mundo”.[8]

Un poco antes, otro incidente ya había ocasionado una severa indignación entre los altos mandos del gobierno federal, luego de que la revista Forbes ubicara al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como uno de los hombres más ricos del mundo. Esto provocó que incluso, el mandatario denunciara una campaña orquestada para dañar la imagen de México ante el mundo. Aunque no dio nombres, la referencia al gobierno estadounidense fue ineludible.

“Hay que lamentar profundamente que se haya escalado una campaña que parece que es una campaña contra México, que la opinión pública y ahora hasta las revistas no sólo se dedican a atacar, a mentir, sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales en lo que en México consideramos que es apología del delito. Eso ni nos arredra ni modifica un ápice nuestra firme determinación de fortalecer el Estado de derecho en México”.[9]

El mandatario aseguró que se ha quebrado una buena parte de la estructura financiera y logística del crimen organizado.

En el mismo tono, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, calificó de desafortunadas y carentes de seriedad las declaraciones del director nacional de Inteligencia de EU.

“Declaraciones como las del señor Blair son desafortunadas y no contribuyen a generar el clima de confianza indispensable para ganar esta lucha”, aseveró Gómez Mont, quien incluso exigió al gobierno de Estados Unidos que se reconozca el esfuerzo y liderazgo de México en el combate al crimen organizado.

“Porque si Estados Unidos no fuese el mayor mercado de drogas del mundo, nosotros no tendríamos este problema (…) Si ellos asumieran con mayor seriedad, su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería distinto. Al impedir que más droga llegue a niños y jóvenes, la lucha de México contra el narcotráfico, está salvando miles de vidas inocentes en las calles de México y también en las de Estados Unidos”, afirmó el responsable de la política interior.[10]

Desde el inicio de su administración el respaldo del ejército, Calderón inició una cruzada frontal contra el narcotráfico con un operativo de gran resonancia mediática en su natal Michoacán, recién tomó posesión del ejecutivo. A partir de entonces, el gobierno federal ha hecho todo lo posible por defender la tesis de que la autoridad está ganando la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que desde el inicio de la administración actual hasta el 13 de marzo de 2009, se contabilizaron 10 mil 475 asesinatos, de acuerdo con cifras de la PGR.[11]

Los ejemplos de cómo los altos funcionarios del gobierno federal han tratado de defender dicha postura son muchos. En mayo de 2008, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó de manera categórica que la guerra contra el crimen organizado la va ganando el Estado, “aunque no lo parezca”.[12] En el mismo tono fueron las declaraciones del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien rechazó que el gobierno federal estuviera perdiendo la batalla contra el crimen organizado, e incluso afirmó que los operativos instrumentados para combatir el narcotráfico arrojaban resultados positivos. “No, de ninguna manera, los operativos están dando resultados. Le estamos dando, y duro en esta lucha contra el crimen organizado, a las estructuras logísticas y financieras de los grupos criminales”, aseguró Mouriño, quien en noviembre de ese mismo año perdería la vida en un accidente aéreo que diversos especialistas atribuyeron al narcotráfico, a pesar de que nadie se adjudicó el hecho.

El énfasis de algunos integrantes del gabinete por enaltecer la cruzada del gobierno federal contra el narcotráfico incluso derivó en algunas declaraciones polémicas, como la del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aseguró que antes de la llegada al poder del presidente Felipe Calderón, la penetración del crimen organizado en “las entrañas” del gobierno, era tan seria que “el próximo presidente de la República iba a ser un narcotraficante”, según declaró en Paris ante representantes de la comunidad mexicana.[13]

Sin embargo, los hechos parecen contradecir el discurso oficial, según lo expresan las propias cifras del gobierno federal. Un ejemplo claro, son las declaraciones del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y algunos reportes de inteligencia de la SSP. Por una parte, el titular de la PGR reconoció en abril de 2007 que el narco enfrentaba un momento difícil, y por consecuencia, “una severa crisis en su articulación criminal”. En contraparte, un estudio de la SSP titulado Radiografía de las organizaciones de narcotraficantes, actualizado en diciembre de 2008, sostiene que la estructura de algunas orgaizaciones como el cartel de Tijuana están en plena expansión.[14] ¿Cómo puede enfrentar una organización una “severa crisis” y al mismo tiempo estar en plena expansión? Incluso existen reportes del gobierno estadounidense que sugieren que la presencia de los carteles mexicanos en territorio estadounidense va tomando más fuerza en ciudades como Atlanta, por ejemplo.[15]

Otro caso comúnmente citado para demostrar el éxito de la estrategia militar de Calderón es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con cerca de 1,600 ejecuciones el año pasado, Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México. El estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez se localiza, registra dos veces más muertes violentas que el estado que le sigue en violencia, Sinaloa. En 2008, la PGR registro 2,044 muertes violentas en Chihuahua; Sinaloa registro 985 (menos ejecuciones que en Ciudad Juárez por si sola). Aún mas, una noticia filtrada desde la policía de Juárez denunció que en la primera mitad de 2008 (el único período con información disponible), los homicidios se incrementaron en forma constante—casi sin excepción—mes tras mes[16]. La violencia había alcanzado niveles tan álgidos que un residente de Ciudad Juárez puso un cartel fuera de su oficina que informaba: “Aventar la basura o cadáveres esta terminantemente prohibido.” Este mismo hombre fue posteriormente asesinado.

Esto ha demostrado que pese a lo contundente de sus propios datos, el gobierno mexicano sigue manteniendo el mismo discurso, el cual sugiere que se está desarticulando poco a poco a los carteles, y por ende, ganando la guerra contra el narcotráfico. Esto ayuda a entender el por qué, las declaraciones de Blair, quien tiempo después se retractaría de las mismas[17], provocaron tal molestia en el gobierno federal, el cual ya antes había criticado el papel que estaba desempeñando EU en la cruzada contra las drogas, durante los últimos meses de la administración Bush.

Como muestra de ello, en junio de 2008, Calderón consideró “inconcebible” que en un año México haya puesto a disposición de la justicia a más de 20 mil personas vinculadas con el tráfico de drogas, y que en Estados Unidos no haya “una cifra específica” de su compromiso para combatir las redes criminales que operan de ese lado de la frontera.

“Es inconcebible que las redes criminales existan sólo del lado mexicano y que al pasar la droga por la frontera desaparezcan como por arte de magia, como si no existieran”, dijo el Jefe del Ejecutivo durante su encuentro con corresponsales españoles, en el que precisó que su gobierno ha encabezado una lucha frontal contra el narcotráfico: “hemos cerrado espacios a la estructura criminal y golpeado de manera importante su estructura financiera y operativa, y eso ha provocado reacomodo dentro de las propias bandas”.[18]

A raíz del creciente malestar en su contraparte mexicano, el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama decidió entablar un diálogo directo con Calderón para poner sobre la mesa la forma en que la nueva administración estadounidense trataría el problema del narcotráfico, asumiendo de entrada, una “responsabilidad compartida” junto a México.

Este acercamiento sentó las bases para un proceso de negociación y análisis del problema de forma conjunta entre EU y México. En este sentido, la visita oficial de Hillary Clinton, jefa de Estado del gobierno norteamericano, y de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de EU, sirvió como antesala de lo que sería la primer visita oficial de Obama a México, programada para el 16 y 17 de abril.

En su arribo a la capital mexicana a finales de marzo, Clinton presentó un discurso más contundente sobre la corresponsabilidad de EU en la lucha contra el narcotráfico, país al que le achaca contar con una legislación laxa en materia de venta de armas de las que se abastecen casi en un 90% los cárteles de la droga mexicanos.

En el vuelo que la trajo a la ciudad de México para una visita de dos días, Clinton mencionó que la incapacidad de EU para enfrentar el problema de la demanda “crea una situación por la cual la gente considera responsables al gobierno y al pueblo mexicanos. Eso no es justo”.[19]

En lo que han sido las declaraciones más directas del gobierno estadounidense en admitir que el narcotráfico es un “problema compartido”, la funcionaria dijo que la “insaciable” demanda de drogas en su país alimenta el problema, así como la falta de resultados para detener el contrabando de armas.

Al finalizar el encuentro con Calderón en Los Pinos, Clinton ofreció una conferencia de prensa en la que descartó que en México existan “territorios ingobernables”, como manifestó a principios de mes el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis C. Blair. Asimismo, anunció la creación de una Oficina de Implementación Bilateral en México, en la que funcionarios de ambos países “trabajarán para combatir a los narcotraficantes y la violencia que tratan de diseminar”, aunque no precisó más detalles.

El discurso de EU no quedó del todo claro. El mismo día que Clinton se reunió con Calderón en la capital mexicana, Janet Napolitano, secretaria de Defensa y Seguridad de EU, reconoció ante el Congreso de su país que el gobierno de Felipe Calderón se enfrenta a “una amenaza existencial” en su lucha contra los cárteles de la droga y aseguró que EU está elaborando un “plan de contingencia” con las autoridades locales y estatales para responder “al peor de los casos”.[20]

¿Está en riesgo la viabilidad del Estado mexicano o no? Las declaraciones de Napolitano parecen apoyar lo que en un principio declaró Blair, pero por otra parte, el discurso de Clinton parece ir en dirección contraria.

Sin embargo, la visita oficial de Hillary no logró que el malestar de Calderón bajara de tono. El reclamo hacia el gobierno de los EU adquirió cierta repercusión en el ámbito internacional luego de que en una visita oficial a Gran Bretaña, a finales de marzo de 2009, el mandatario declarara al diario británico Financial Times que ni la ayuda financiera de Washington hasta el momento, ni sus intentos por frenar la actividad ilegal a lo largo de su frontera de 3 mil 200 kilómetros, resultaban suficientes para erradicar al narcotráfico, a pesar de que la misma Presidencia de la República aclaró que las declaraciones publicadas por el diario fueron sacadas de contexto.[21]

“La ayuda debería ser equivalente al flujo de dinero que los consumidores estadounidenses dan a los criminales”, señaló Calderón, refiriéndose a las compras de narcóticos de cárteles de drogas mexicanos por personas en EU.[22]

Asimismo, otro hecho continuó con la tensión bilateral, luego de que se diera a conocer que el hoy virtual embajador de EU ante México, Carlos Pascual, de ascendencia cubano-estadunidense y egresado de Harvard, es un experto en “Estados fallidos”, tal como lo publicó el periódico La Jornada.[23]

En la revista Foreing Affairs de julio-agosto de 2004, Pascual, junto con Stephen Krasner, publicó un artículo sobre los “Estados fallidos”, en el que afirmó: “En un mundo interrelacionado los Estados débiles y fallidos representan un riesgo para Estados Unidos y la seguridad global. Además, representan uno de los retos más importantes para la política exterior en la era contemporánea. Cuando el caos prevalece, el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas y otras formas de crimen organizado florecen”, según información del rotativo mexicano.

Este hecho puso en entredicho la postura real de EU respecto a México, ya que nuevamente, las acciones del gobierno estadounidense resultan notoriamente contradictorias al discurso oficial y protocolario del que había echado mano Clinton.

Pese a todas las polémicas posteriores a la visita de la Jefa de Estado norteamericana, en la que se preparó el terreno para la visita de Barack Obama a la ciudad de México, el discurso del mandatario estadounidense se dio en un tono conciliador, con el objetivo de limar asperezas con su homólogo mexicano.

Así lo sugieren declaraciones como las del 29 de marzo durante una entrevista concedida al programa Face the Nation, de la cadena CBS. En dicha emisión, Obama rechazó que los cárteles de la droga supongan una “amenaza a la existencia” de los gobiernos de México y Estados Unidos, aunque consideró que esta lucha se le ha escapado de las manos del gobierno mexicano y que esta situación representa una amenaza grave para las comunidades estadounidenses. Sin embargo, refrendó lo dicho por Clinton en relación a la “responsabilidad compartida”.[24]

“Por esta razón tenemos que reconocer que esta lucha es una calle de doble vía”, dijo Obama al reconocer que, desde Estados Unidos, “tenemos que poner de nuestra parte reduciendo el consumo y el tráfico de armas y de dinero” que van a parar a los cárteles de la droga.

Asimismo, el presidente Obama comparó la “valiente y audaz” campaña del presidente de México, Felipe Calderón, contra los cárteles de la droga con la guerra que, en su momento, libró Elliot Ness en EU contra la mafia de Al Capone, declaración que intentó resaltar la labor de Calderón a pesar de ser severamente criticada entre algunos representantes del poder legislativo mexicano.

En su arribo a México, el tema del abastecimiento de armas provenientes de EU y utilizadas por narcotraficantes mexicanos, fue uno de los temas centrales de Obama.

“Nadie tiene ilusiones de que tratar de restaurar esta eliminación será fácil”, dijo el mandatario. “Lo he dicho antes y lo repito, tengo enorme admiración por el valor del presidente (Calderón) y de todo su gabinete, por los policías y los militares que están atacando a estos cárteles”, señaló Obama, quien agregó que la demanda de droga en Estados Unidos es lo que ayuda a que estos cárteles funcionen. “Esta guerra (contra el narcotráfico) se está librando con armas no compradas aquí, sino en mi país”.[25]

“Como dije antes, y es algo que el presidente Calderón y yo reconocemos firmemente, no se puede combatir esta guerra con una sola mano, no se puede simplemente tener un esfuerzo del lado de México y no de Estados Unidos, y lo mismo vale a la inversa(…) Nadie tiene ilusiones de que tratar de reinstaurar esta eliminación será algo fácil. Será cuestión de ver cómo podemos mejorar nuestra policía y nuestra vigilancia (…) No quiere decir que vamos a trabajar hacia una eliminación de las armas de facto, pero rápidamente podemos lograr progresos importantes en este campo”.[26]

A pesar de que no se llegó a un acuerdo concreto para combatir al narcotráfico, el discurso estadounidense de Obama sirvió para reducir los reclamos de Calderón y restablecer un clima más cordial dentro de la relación bilateral, tal como lo dejaron entrever algunas declaraciones posteriores de ambos mandatarios.

Sin embargo, varias voces al interior del gobierno estadounidense, dependientes del poder ejecutivo, parecen no estar muy de acuerdo con la forma en que se está librando la guerra contra el narcotráfico.

A mediados de mayo pasado, Gil Kerilkowske, el recientemente nombrado zar antidrogas de la Casa Blanca, declaró nulo el concepto de “guerra contra las drogas” dentro de Estados Unidos, mientras se intensifica el debate político sobre el fracaso de ese concepto y en favor de la legalización de la mariguana.[27]

Esto representa otra seria contradicción dentro de la administración Obama, ya que mientras EU continúa financiando las “guerras contra la droga” en México y otras regiones, mediante estrategias como la Iniciativa Mérida, dentro del país es cada vez más evidente que hay un cambio de óptica tanto dentro como fuera del gobierno, y hoy fue expresada por uno de los comandantes de esa “guerra”.

Otro ejemplo de inconformidad lo mostró el propio ejército estadounidense, según la conclusión de un reporte sobre la viabilidad de la Iniciativa Mérida elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, el cual cuestiona que este plan bilateral no sólo se concentre en combatir a los productores de droga, sino que, además, dice, parece restarle recursos a la prevención de adicciones en ese país.[28]

“La Iniciativa no está siendo acompañada de ningún esfuerzo real de prevención, tratamiento u otros programas relativos a la demanda en Estados Unidos. Peor aún, el dinero gastado en la Iniciativa Mérida parece ser que ha sido a expensas de tales programas”, dice el documento. “El presupuesto para la publicidad en contra de las drogas en Estados Unidos se redujo más de la mitad (de 140 a 60 millones de dólares anualmente) en la administración de George Bush, y la aprobación de la Iniciativa Mérida se dio junto con un recorte de 73 millones de dólares a los programas nacionales de tratamiento”, agrega.

Sin embargo, todo parece indicar que el acercamiento de Obama ya empieza a generar algunos acuerdos concretos entre México y EU, tal como lo apunta el reciente acuerdo de cooperación “sin precedentes” firmado entre ambos países para reforzar la seguridad fronteriza y atajar el tráfico ilegal de drogas, dinero y armas pero sin entorpecer el flujo regular del comercio y de personas.[29]

“Este acuerdo supone un nuevo paso en el terreno de la cooperación bilateral”, aseguró Napolitano en referencia a los programas de desarrollo tecnológico, de intercambio de inteligencia y de entrenamiento.

La secretaria de Seguridad Interna precisó, además, este programa supondrá el aumento de registros e inspecciones de los vehículos que van hacia México; el intercambio de inteligencia sobre actividades delictivas en la frontera y el fortalecimiento de los protocolos para el intercambio de esos datos.

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[1] Luis Astorga. El siglo de las drogas: el narcotráfico del Porfiriato al nuevo milenio. Plaza Janés. México. 2005. p. 115

[2] Íbid p. 162

[3] El poder de los cárteles crea ingobernabilidad en México, asegura la inteligencia estadunidense. La Jornada. 12 de febrero de 2009.

[4] EU: Calderón no gobierna en parte del territorio nacional. Milenio diario. 11 de marzo de 2009.

[5] Corrupción y narco en México erosionan a EU: Denis Blair. La Jornada. 11 de marzo de 2009.

[6] “El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera”, según se afirma en: H. H. Gerth y C. Wright Mills. From Max Weber, Londres, 1948.

[7] Que me digan dónde no gobierno: Calderón. Excélsior. 12 de marzo de 2009.

[8] Calderón reta a EU a comprobar que sí hay autoridad en México. El Universal. 12 de marzo de 2009.

[9] Ibidem.

[10] Segob rechaza que haya ingobernabilidad. El Universal. 11 de marzo de 2009.

[11] Suman 10 mil 475 ejecuciones en esta administración: PGR. El Universal. 25 de marzo de 2009

[12] “Aunque no lo parezca”, vamos ganando: Medina. Milenio diario. 29 de mayo de 2009.

[13] Si no se hubiera enfrentado al crimen, el presidente sería narco: SE. Milenio diario. 18 de febrero de 2009.

[14] Ricardo Ravelo. “La Consolidación” dentro de El México narco: primera parte. Proceso, edición especial número 24, México, junio de 2009.

[16] Bill Conroy. Juarez murders shine light on an emerging ‘Military Cartel’. Narco News. 6 de diciembre de 2008.

[17] Dennis Blair rechaza que haya un “Estado fallido”. El Universal. 27 de mayo de 2009.

[18] EU no aporta ni datos: Calderón. Milenio diario. 10 de junio de 2008.

[19] Hillary: injusto culpar a México por el narco. El Universal. 26 de marzo de 2009.

[20] México enfrenta una “amenaza existencial”, acepta Napolitano. El Universal. 26 de marzo de 2009.

[22] Insuficiente el apoyo contra las drogas: dice Calderón al Financial Times. Milenio diario. 27 de marzo de 2009.

[23] Experto en “estados fallidos”, el próximo embajador de EU. La Jornada. 27 de marzo de 2009.

[24] Narcoviolencia, fuera de control, alerta Obama. El Universal. 30 de marzo de 2009.

[25] Calderón y Obama cerrarán frontera a armas. http://www.eluniversal.com.mx. 16 de abril de 2009.

[26] México y EU buscan nueva era de cooperación bilateral. El Universal. 17 de abril de 2009.

[27] Washington elimina el concepto de “guerra contra las drogas”. La Jornada. 15 de mayo de 2009.

[28] Inefectiva, estrategia contra las drogas: Ejército de EU. El Diario de Ciudad Juárez. 15 de junio de 2009.

[29] México y EU anuncian plan para reforzar seguridad fronteriza. El Informador. 16 de junio de 2009.

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