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La sorprendente entrevista de Sean Penn al Chapo Guzmán

Vaya historia la de Sean Penn y Kate del Castillo en su encuentro con el Chapo Guzmán. De película. El relato deja entrever algunos rasgos del capo, retratado como un tipo sencillo, apegado a su madre y su rancho. La relación con los retenes militares en las proximidades de la guarida del Chapo habla del nivel de corrupción que prevalece al interior del gobierno. La entrevista resulta un tanto escueta y pésimamente escrita, pero tiene lo suyo. Me quedo con este pasaje del texto de Penn, en el cual retrata el problema de la droga como algo que va más allá de la biografía del polémico personaje un día después del show mediático que se desató en México tras su recaptura:

“No quiero ser retratado como una monja,” dice El Chapo. Esta representación no se me había ocurrido. Este sencillo hombre de un lugar sencillo, rodeado del simple cariño de sus hijos, no da la impresión de ser el lobo feroz de los cuentos. Su presencia evoca cuestiones de complejidad en un contexto cultural, de sobrevivientes y capitalistas, de agricultores y tecnócratas, de empresarios inteligentes de toda calaña, algunos que dicen plata y otros que dicen plomo”.

“Él (Chapo) nos sugiere que consideramos cambiar los planes de nuestra carrera por el negocio del petróleo. Dice que él aspiraría al sector energético, pero que su dinero de origen ilícito, restringen sus oportunidades de inversión. Él cita (pero me pide no nombrar en el texto) una serie de grandes corporaciones corruptas, tanto en México como en el extranjero. Hace notar, con cierto desdén, a varias empresas a través de las cuales lava dinero, mismas que toman con cinismo su propio trozo del pastel del narco”.

El relato completo en el sitio de la revista Rolling Stone: http://www.rollingstone.com/culture/features/el-chapo-speaks-20160109?page=18

 

La captura del ‘Chapo’ Guzmán, la (falsa) solución a todos nuestros problemas

Ahora México podrá dormir tranquilo, el mal ha sido erradicado con la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (ajá, cómo no), el “delincuente más buscado del mundo”, según dicen reiteradamente en las noticieros de televisión mientras se difundían las primeras imágenes oficiales sobre la captura del líder del Cártel del Pacífico. La noticia se difundió como pólvora luego de que la agencia estadounidense AP diera a conocer la noticia alrededor de las 9:45 horas. El país enteró se paralizó. No era para menos. La fama del capo mexicano se fortaleció desde hace un par de años con una intensa publicidad promovida desde el gobierno de Estados Unidos en su afán de construir enemigos públicos como parte de una añeja tradición política.

En México, la noticia inicial provocó desconfianza (¿por qué será?). La imagen del ‘Chapo’ Guzmán con el rostro golpeado circuló con virulencia por Twitter y las redes sociales. Las confirmaciones extraoficiales de dicha información en los medios de comunicación iban acabando con la incredulidad. Noticia bomba. Alrededor de las 13:42 horas, Enrique Peña Nieto confirmaba la noticia a través de su cuenta de Twitter. Minutos más tarde, casi en punto de las 14:00 horas, el gabinete de seguridad del gobierno mexicano daría a conocer los pormenores de la captura. El procurador Jesús Murillo Karam, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, explicó que el narcotraficante fue capturado a las 6:40 de la mañana, en la ciudad costera de Mazatlán, Sinaloa, tras varios días de seguirle la pista. La historia de las siete casas del capo mexicano, conectadas a través de túneles y sistemas de drenaje, además de equipadas con puertas de hierro, aderezaban el escueto relato del procurador. Finalmente, el ‘Chapo’ salió de un hangar del Aeropuerto de la Ciudad de México para desfilar frente a la prensa y subir a un helicóptero de la Policía Federal.

Los comentarios no se hicieron esperar. Y pese a la estridente cobertura sobre la captura del líder de la mayor organización de tráfico de drogas en el planeta, la noticia está muy lejos de convertirse en la solución de todos nuestros problemas. Cómo estará la situación en el país que el gobierno de Peña estaba urgido de un golpe mediático como este, como en su momento fue Elba Esther Gordillo, para tratar de construir gobernabilidad a base de noticas bomba. En esta ocasión le tocó al Chapo ser el sacrificado en esta ruleta del poder. ¿Con esto se debilitan las estructuras criminales que sostienen al narcotráfico en México? ¿Se debilitaron los Zetas con el supuesto asesinato del Heriberto Lazcano ‘El Lazca’ o la captura de Miguel Treviño Morales, mejor conocido como el ‘Z-40’? Preguntas difíciles de responder con precisión. No sabemos hasta qué punto Guzmán seguía controlando los hilos del cártel del Pacifico. Desde hace unos días, me llamó la atención un análisis realizado por la agencia Insight Crime, especializada en temas de crimen organizado, en el cual se aseguraba que Ismael ‘Mayo’ Zambada —uno de los tres líderes del Cártel del Pacífico junto con Guzmán y Juan José Esparragoza ‘El Azul’— había perdido fuerza, tal como lo evidenciaban las capturas de varios familiares y colaboradores cercanos. Tal parece que ese fue el hilo que condujo a la aprehensión del Chapo.

¿Por qué se dio la detención en este momento? Es algo que no queda claro, sobre todo, tomando en cuenta las relaciones que existen entre las organizaciones criminales y el gobierno, tal como sostiene el exoficial de inteligencia de la DEA, Phil Jordan, en una declaración atípica con la cadena Univisión, en la que afirma que informes de la inteligencia estadounidense tienen conocimiento de que el ‘Chapo’ Guzmán financió parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto:

Esto coincide con algunas investigaciones de la prensa estadounidense e información filtrada a través del sitio WikiLeaks, ya que de acuerdo con información de la agencia Sratfor, especializada en asuntos de inteligencia y preveedora de información del gobierno estadounidense, la DEA tuvo en la mira al ‘Chapo’ Guzmán en 2010 pero le perdonó la vida debido a una orden proveniente de altos funcionarios del gobierno de Barack Obama para no hacerlo, según un reportaje escrito por Douglas Lucas y publicado en el sitio de investigación WhoWhatWhy?

Desde luego, la captura funcionará muy bien para fortalecer al actual régimen. El mensaje es muy claro: el PRI volverá a administrar el crimen organizado como en los viejos tiempos luego de la ineptitud de los panistas y su docena trágica. Los tricolores se consolidan como los dueños de la baraja, serán ellos quien repartan el botín, al mismo tiempo que recibirán su palmadita en la espalda por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahora las portadas no solo serán en la revista Time, sino también en The New York Times o el Washington Post, así como el primetime en la cadena NBC y demás. La noticia ya se ha difundido con fuerza en los principales diarios del planeta. Aplausos por doquier para el gobierno mexicano. Fuegos artificiales cuyo impacto real dista mucho de esa otra realidad que a diario se vive en las calles. El mercado de la droga seguirá siendo igual de lucrativo con o sin la participación del ‘Chapo’ Guzmán. Quizá cambien los dueños de la empresa, pero el negocio seguirá intacto. El gobierno mexicano ha sido muy eficaz para capturar a aquellos personajes que afectan los intereses del grupo en el poder, pero eso no necesariamente significa que el gobierno mexicano esté dispuesto a acabar de fondo con el problema del crimen organizado. El desinterés que ha mostrado la presente administración por construir un andamiaje institucional que permita disminuir el problema de la corrupción es un claro ejemplo de ello. Y esto se debe a que la falta de controles institucionales facilita muchas de las tareas con las cuales los grupos políticos buscan mantener el poder: desvío de recursos, lavado de dinero, inyección de recursos ilícitos en las campañas electorales y un largo, largo etcétera. El problema estructural del narcotráfico seguirá ahí, intacto. Será sólo cuestión de tiempo para que surjan varias réplicas del ‘Chapo’ Guzmán. Y ahí estará el actual régimen, intentando administrar al crimen organizado para reafirmar su poder a costa de las libertades y derechos que la ciudadanía pierde a diario con tal de satisfacer los intereses de las élites. Por supuesto, no faltarán los millones de ingenuos que caerán en la trampa.

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El miedo y la resurrección

El miedo siempre ha sido el más eficaz instrumento de dominación. El miedo paraliza, ciega el entendimiento. Y eso es precisamente el escenario que hemos vivido en México los últimos años. De ahí que el terror y la promesa del orden hayan sido utilizadas históricamente como las dos justificaciones más comunes para establecer a las dictaduras. Sólo así puede explicarse el supuesto triunfo electoral del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y la alegría incontenible del presidente Felipe Calderón. Sólo así puede explicarse que los medios de comunicación revivieran las campañas del miedo en la recta final de la contienda electoral de 2012. El miedo, la herramienta predilecta de aquellos que operan el sistema político para lucrar con la misera de la gente, el pánico como proyecto económico. Todas estas cuestiones se ilustran a la perfección en el documental Estado de Shock, producido por el Canal 6 de julio, en el que se evidencian los fines ocultos de la llamada guerra contra el narcotráfico, la justificación idónea para maquillar un gobierno ilegítimo, un proyecto de colonización cortesía de la oligarquía norteamericana y una oportunidad perfecta para aniquilar a la disidencia. Un diagnóstico crudo y desolador del país en el que vivimos, tan herido por la enajenación idiota de los cobardes que prefieren evadir la terrible realidad que nos rodea antes que enfrentarla cara a cara.

Sin embargo, no todo está perdido, como bien esgrime la máxima de Hölderlin: “allí donde está el dolor está también lo que salva”. Y esto es precisamente lo que intenta explicar el politólogo estadounidense Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, un manual de cómo iniciar una revolución pacífica sin morir en el intento. Sharp considera que para acabar con un régimen corrupto, es necesario atacar aquello que lo legitima. Si bien el argumento de este teórico de la revolución pacífica no es algo nuevo (ya que Max Weber detalla este punto en su célebre obra Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, al explicar los conceptos de legitimidad y orden social), sí lo es la manera tan esquemática en que explica, paso a paso, cómo desgastar la credibilidad del poder político sin la necesidad de empuñar un arma de fuego. Y esto se debe a la manera en que la paz despierta un sentimiento de humanidad en el corazón de la gente, sin importar que se trate de policías o militares. La paz nos conecta con los otros y le devuelve el poder a la comunidad política.

El discurso de México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad

Un trabajo que rescato de los archivos, realizado en 2009, cuyo principal objetivo es analizar la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de narcotráfico e inseguridad desde una perspectiva de comunicación política.

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Antecedentes

Desde principios del siglo XX, la relación bilateral entre México y EU ha sido profundamente marcada por el tema del narcotráfico. A partir de entonces, las políticas antidrogas han sido dictadas por el gobierno estadounidense y asumidas cabalmente por su contraparte mexicana debido a lo que algunos especialistas en el tema denominan una asimetría de poder en la relación entre México-EU.

Sin embargo, esa condición hegemónica de EU no impidió que a partir de la década de los 70, ambos gobiernos emprendieran una lucha cojunta en contra del narcotráfico, tal como quedó de manifiesto con la Operación Condor durante 1977, la cual fue denominada como “la más gigantesca abatida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México”, a decir de algunos funcionarios de la época.[1]

Para la década de los 80, la relación entre México y EU vivió uno de sus puntos más álgidos en materia de narcotráfico luego del asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos de los carteles mexicanos, situación que derivó en una crisis diplomática entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, la cual contó con una amplia cobertura mediática a los dos lados del Río Bravo.

A partir de la década de los 90, los distintos carteles del país emprendieron una batalla territorial por el control del tráfico de drogas en México y las principales rutas hacia EU. Durante esta época, las organizaciones de narcotraficantes tuvieron una ingerencia más notable dentro de la política nacional; episodios como los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo o de José Francisco Ruíz Massieau, el entonces secretario general del PRI, sacudieron a la sociedad mexicana de la primera mitad de los 90. Incluso existían sospechas de que el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de la República, protegía a varios integrantes del cartel del Golfo, encabezado por Juan García Abrego, quien fue detenido y extraditado a Colorado (por su calidad de ciudadano estadounidense) en 1995, lugar donde actualmente purga una condena. Tan solo una prueba de lo fuertemente vinculados que se encontraban los altos mandos del gobierno y los carteles.

Con el derrumbe del régimen vigente durante más de 70 años y el arribo del PAN a la presidencia de la República en 2000, luego de la victoria de Vicente Fox, las diversas organizaciones de narcotraficantes, vieron en esta, una oportunidad idónea para que los carteles adquirieran una mayor autonomía respecto del poder político.[2] Esto provocó que la disputa territorial arrojara una creciente ola de violencia que ha encendido los focos rojos en Washington, donde crece la preocupación de que la violencia sin control pueda empezar a regarse a través del territorio estadounidense.

A partir de entonces, los gobiernos de México y EU se han visto envueltos en una serie de declaraciones que van desde la “responsabilidad compartida”, hasta descalificaciones mutuas respecto al problema, que de acuerdo con algunos especialistas en la materia, incluso pone en riesgo la viabilidad del Estado mexicano.

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Las contradicciones en el discurso antidrogas de México y EU

En febrero de 2009, Dennis C. Blair, director de Inteligencia Nacional del gobierno de Barack Obama, señaló que el poder de los cárteles de droga mexicanos “impide” la capacidad de las autoridades federales de México de gobernar partes de su territorio e inhabilitan la consolidación de instituciones democráticas.[3]

“La influencia corruptora y la creciente violencia de los cárteles impiden a la capital gobernar en algunas partes del territorio”, explicó Blair, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien sin embargo, sostuvo que el gobierno mexicano era capaz de resolver la crisis.[4]

Además, advirtió que la imposibilidad que ha mostrado el gobierno mexicano para controlar parte de su territorio, y la corrupción alentada por el crimen organizado, erosionarán la tradicional posición privilegiada e influencia política de Estados Unidos en la región, “a menos que el país pueda dar respuesta a esos desafíos de forma más permanente e inmediata”.[5]

La repercusión de la supuesta ingobernabilidad del gobierno mexicano dio pie a que diversos analistas calificaran como muy grave el riesgo actual de que México pueda convertirse en un “Estado fallido”, es decir, una estructura donde la incapacidad del gobierno para ejercer su autoridad, pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano de acuerdo a la definición más básica del término.[6]

La molestia al interior de la administración de Felipe Calderón fue evidente. Las declaraciones de Blair no sólo representaban una severa crítica hacia la situación del país, sino que también echaba abajo la tesis oficial del gobierno mexicano, la cual defiende que la autoridad está ganando la denominada guerra contra el narcotráfico, una de las estrategias de Calderón para legitimar su gobierno luego de las dudas que generó entre la población el proceso electoral de 2006.

El mandatario calificó de absurdas las declaraciones y en un tono molesto criticó “la distorsión que hay de México fuera de nuestras fronteras”, pues consideró que su gobierno está “fortaleciendo la gobernabilidad en aquellas zonas donde se ha visto debilitada o vulnerada, y para ello estamos empleando todas las fuerzas del Estado”, según señaló durante un evento oficial el 12 de marzo pasado.[7]

“Por primera vez el gobierno está limpiando la casa de arriba abajo (…) no se preocupen si ven polvo salir de las ventanas, estamos limpiando la casa”, aseveró Calderón, quien incluso retó a probar la supuesta ingobernabilidad de su administración.

“Es absolutamente falso y absurdo que se señale que México no tiene autoridad sobre un punto del territorio nacional. Yo reto a quien diga eso que me diga a qué puntos del territorio nacional quiere ir, lo único que le pido es que no venga  de vacaciones como parece que vienen algunos analistas a México (…) Exijo que vayamos al punto que quieran del territorio nacional para demostrar el imperio del Estado, Sí tenemos problemas como los que tiene Estado Unidos, pero lo que tenemos nosotros es una firme determinación de terminar un problema que no ha sido creado en nuestro país y que sufre como consecuencia de estar a lado del mayor consumidor de drogas en el mundo y del mayor proveedor de armas del mundo”.[8]

Un poco antes, otro incidente ya había ocasionado una severa indignación entre los altos mandos del gobierno federal, luego de que la revista Forbes ubicara al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como uno de los hombres más ricos del mundo. Esto provocó que incluso, el mandatario denunciara una campaña orquestada para dañar la imagen de México ante el mundo. Aunque no dio nombres, la referencia al gobierno estadounidense fue ineludible.

“Hay que lamentar profundamente que se haya escalado una campaña que parece que es una campaña contra México, que la opinión pública y ahora hasta las revistas no sólo se dedican a atacar, a mentir, sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales en lo que en México consideramos que es apología del delito. Eso ni nos arredra ni modifica un ápice nuestra firme determinación de fortalecer el Estado de derecho en México”.[9]

El mandatario aseguró que se ha quebrado una buena parte de la estructura financiera y logística del crimen organizado.

En el mismo tono, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, calificó de desafortunadas y carentes de seriedad las declaraciones del director nacional de Inteligencia de EU.

“Declaraciones como las del señor Blair son desafortunadas y no contribuyen a generar el clima de confianza indispensable para ganar esta lucha”, aseveró Gómez Mont, quien incluso exigió al gobierno de Estados Unidos que se reconozca el esfuerzo y liderazgo de México en el combate al crimen organizado.

“Porque si Estados Unidos no fuese el mayor mercado de drogas del mundo, nosotros no tendríamos este problema (…) Si ellos asumieran con mayor seriedad, su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería distinto. Al impedir que más droga llegue a niños y jóvenes, la lucha de México contra el narcotráfico, está salvando miles de vidas inocentes en las calles de México y también en las de Estados Unidos”, afirmó el responsable de la política interior.[10]

Desde el inicio de su administración el respaldo del ejército, Calderón inició una cruzada frontal contra el narcotráfico con un operativo de gran resonancia mediática en su natal Michoacán, recién tomó posesión del ejecutivo. A partir de entonces, el gobierno federal ha hecho todo lo posible por defender la tesis de que la autoridad está ganando la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que desde el inicio de la administración actual hasta el 13 de marzo de 2009, se contabilizaron 10 mil 475 asesinatos, de acuerdo con cifras de la PGR.[11]

Los ejemplos de cómo los altos funcionarios del gobierno federal han tratado de defender dicha postura son muchos. En mayo de 2008, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó de manera categórica que la guerra contra el crimen organizado la va ganando el Estado, “aunque no lo parezca”.[12] En el mismo tono fueron las declaraciones del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien rechazó que el gobierno federal estuviera perdiendo la batalla contra el crimen organizado, e incluso afirmó que los operativos instrumentados para combatir el narcotráfico arrojaban resultados positivos. “No, de ninguna manera, los operativos están dando resultados. Le estamos dando, y duro en esta lucha contra el crimen organizado, a las estructuras logísticas y financieras de los grupos criminales”, aseguró Mouriño, quien en noviembre de ese mismo año perdería la vida en un accidente aéreo que diversos especialistas atribuyeron al narcotráfico, a pesar de que nadie se adjudicó el hecho.

El énfasis de algunos integrantes del gabinete por enaltecer la cruzada del gobierno federal contra el narcotráfico incluso derivó en algunas declaraciones polémicas, como la del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aseguró que antes de la llegada al poder del presidente Felipe Calderón, la penetración del crimen organizado en “las entrañas” del gobierno, era tan seria que “el próximo presidente de la República iba a ser un narcotraficante”, según declaró en Paris ante representantes de la comunidad mexicana.[13]

Sin embargo, los hechos parecen contradecir el discurso oficial, según lo expresan las propias cifras del gobierno federal. Un ejemplo claro, son las declaraciones del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y algunos reportes de inteligencia de la SSP. Por una parte, el titular de la PGR reconoció en abril de 2007 que el narco enfrentaba un momento difícil, y por consecuencia, “una severa crisis en su articulación criminal”. En contraparte, un estudio de la SSP titulado Radiografía de las organizaciones de narcotraficantes, actualizado en diciembre de 2008, sostiene que la estructura de algunas orgaizaciones como el cartel de Tijuana están en plena expansión.[14] ¿Cómo puede enfrentar una organización una “severa crisis” y al mismo tiempo estar en plena expansión? Incluso existen reportes del gobierno estadounidense que sugieren que la presencia de los carteles mexicanos en territorio estadounidense va tomando más fuerza en ciudades como Atlanta, por ejemplo.[15]

Otro caso comúnmente citado para demostrar el éxito de la estrategia militar de Calderón es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con cerca de 1,600 ejecuciones el año pasado, Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México. El estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez se localiza, registra dos veces más muertes violentas que el estado que le sigue en violencia, Sinaloa. En 2008, la PGR registro 2,044 muertes violentas en Chihuahua; Sinaloa registro 985 (menos ejecuciones que en Ciudad Juárez por si sola). Aún mas, una noticia filtrada desde la policía de Juárez denunció que en la primera mitad de 2008 (el único período con información disponible), los homicidios se incrementaron en forma constante—casi sin excepción—mes tras mes[16]. La violencia había alcanzado niveles tan álgidos que un residente de Ciudad Juárez puso un cartel fuera de su oficina que informaba: “Aventar la basura o cadáveres esta terminantemente prohibido.” Este mismo hombre fue posteriormente asesinado.

Esto ha demostrado que pese a lo contundente de sus propios datos, el gobierno mexicano sigue manteniendo el mismo discurso, el cual sugiere que se está desarticulando poco a poco a los carteles, y por ende, ganando la guerra contra el narcotráfico. Esto ayuda a entender el por qué, las declaraciones de Blair, quien tiempo después se retractaría de las mismas[17], provocaron tal molestia en el gobierno federal, el cual ya antes había criticado el papel que estaba desempeñando EU en la cruzada contra las drogas, durante los últimos meses de la administración Bush.

Como muestra de ello, en junio de 2008, Calderón consideró “inconcebible” que en un año México haya puesto a disposición de la justicia a más de 20 mil personas vinculadas con el tráfico de drogas, y que en Estados Unidos no haya “una cifra específica” de su compromiso para combatir las redes criminales que operan de ese lado de la frontera.

“Es inconcebible que las redes criminales existan sólo del lado mexicano y que al pasar la droga por la frontera desaparezcan como por arte de magia, como si no existieran”, dijo el Jefe del Ejecutivo durante su encuentro con corresponsales españoles, en el que precisó que su gobierno ha encabezado una lucha frontal contra el narcotráfico: “hemos cerrado espacios a la estructura criminal y golpeado de manera importante su estructura financiera y operativa, y eso ha provocado reacomodo dentro de las propias bandas”.[18]

A raíz del creciente malestar en su contraparte mexicano, el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama decidió entablar un diálogo directo con Calderón para poner sobre la mesa la forma en que la nueva administración estadounidense trataría el problema del narcotráfico, asumiendo de entrada, una “responsabilidad compartida” junto a México.

Este acercamiento sentó las bases para un proceso de negociación y análisis del problema de forma conjunta entre EU y México. En este sentido, la visita oficial de Hillary Clinton, jefa de Estado del gobierno norteamericano, y de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de EU, sirvió como antesala de lo que sería la primer visita oficial de Obama a México, programada para el 16 y 17 de abril.

En su arribo a la capital mexicana a finales de marzo, Clinton presentó un discurso más contundente sobre la corresponsabilidad de EU en la lucha contra el narcotráfico, país al que le achaca contar con una legislación laxa en materia de venta de armas de las que se abastecen casi en un 90% los cárteles de la droga mexicanos.

En el vuelo que la trajo a la ciudad de México para una visita de dos días, Clinton mencionó que la incapacidad de EU para enfrentar el problema de la demanda “crea una situación por la cual la gente considera responsables al gobierno y al pueblo mexicanos. Eso no es justo”.[19]

En lo que han sido las declaraciones más directas del gobierno estadounidense en admitir que el narcotráfico es un “problema compartido”, la funcionaria dijo que la “insaciable” demanda de drogas en su país alimenta el problema, así como la falta de resultados para detener el contrabando de armas.

Al finalizar el encuentro con Calderón en Los Pinos, Clinton ofreció una conferencia de prensa en la que descartó que en México existan “territorios ingobernables”, como manifestó a principios de mes el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis C. Blair. Asimismo, anunció la creación de una Oficina de Implementación Bilateral en México, en la que funcionarios de ambos países “trabajarán para combatir a los narcotraficantes y la violencia que tratan de diseminar”, aunque no precisó más detalles.

El discurso de EU no quedó del todo claro. El mismo día que Clinton se reunió con Calderón en la capital mexicana, Janet Napolitano, secretaria de Defensa y Seguridad de EU, reconoció ante el Congreso de su país que el gobierno de Felipe Calderón se enfrenta a “una amenaza existencial” en su lucha contra los cárteles de la droga y aseguró que EU está elaborando un “plan de contingencia” con las autoridades locales y estatales para responder “al peor de los casos”.[20]

¿Está en riesgo la viabilidad del Estado mexicano o no? Las declaraciones de Napolitano parecen apoyar lo que en un principio declaró Blair, pero por otra parte, el discurso de Clinton parece ir en dirección contraria.

Sin embargo, la visita oficial de Hillary no logró que el malestar de Calderón bajara de tono. El reclamo hacia el gobierno de los EU adquirió cierta repercusión en el ámbito internacional luego de que en una visita oficial a Gran Bretaña, a finales de marzo de 2009, el mandatario declarara al diario británico Financial Times que ni la ayuda financiera de Washington hasta el momento, ni sus intentos por frenar la actividad ilegal a lo largo de su frontera de 3 mil 200 kilómetros, resultaban suficientes para erradicar al narcotráfico, a pesar de que la misma Presidencia de la República aclaró que las declaraciones publicadas por el diario fueron sacadas de contexto.[21]

“La ayuda debería ser equivalente al flujo de dinero que los consumidores estadounidenses dan a los criminales”, señaló Calderón, refiriéndose a las compras de narcóticos de cárteles de drogas mexicanos por personas en EU.[22]

Asimismo, otro hecho continuó con la tensión bilateral, luego de que se diera a conocer que el hoy virtual embajador de EU ante México, Carlos Pascual, de ascendencia cubano-estadunidense y egresado de Harvard, es un experto en “Estados fallidos”, tal como lo publicó el periódico La Jornada.[23]

En la revista Foreing Affairs de julio-agosto de 2004, Pascual, junto con Stephen Krasner, publicó un artículo sobre los “Estados fallidos”, en el que afirmó: “En un mundo interrelacionado los Estados débiles y fallidos representan un riesgo para Estados Unidos y la seguridad global. Además, representan uno de los retos más importantes para la política exterior en la era contemporánea. Cuando el caos prevalece, el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas y otras formas de crimen organizado florecen”, según información del rotativo mexicano.

Este hecho puso en entredicho la postura real de EU respecto a México, ya que nuevamente, las acciones del gobierno estadounidense resultan notoriamente contradictorias al discurso oficial y protocolario del que había echado mano Clinton.

Pese a todas las polémicas posteriores a la visita de la Jefa de Estado norteamericana, en la que se preparó el terreno para la visita de Barack Obama a la ciudad de México, el discurso del mandatario estadounidense se dio en un tono conciliador, con el objetivo de limar asperezas con su homólogo mexicano.

Así lo sugieren declaraciones como las del 29 de marzo durante una entrevista concedida al programa Face the Nation, de la cadena CBS. En dicha emisión, Obama rechazó que los cárteles de la droga supongan una “amenaza a la existencia” de los gobiernos de México y Estados Unidos, aunque consideró que esta lucha se le ha escapado de las manos del gobierno mexicano y que esta situación representa una amenaza grave para las comunidades estadounidenses. Sin embargo, refrendó lo dicho por Clinton en relación a la “responsabilidad compartida”.[24]

“Por esta razón tenemos que reconocer que esta lucha es una calle de doble vía”, dijo Obama al reconocer que, desde Estados Unidos, “tenemos que poner de nuestra parte reduciendo el consumo y el tráfico de armas y de dinero” que van a parar a los cárteles de la droga.

Asimismo, el presidente Obama comparó la “valiente y audaz” campaña del presidente de México, Felipe Calderón, contra los cárteles de la droga con la guerra que, en su momento, libró Elliot Ness en EU contra la mafia de Al Capone, declaración que intentó resaltar la labor de Calderón a pesar de ser severamente criticada entre algunos representantes del poder legislativo mexicano.

En su arribo a México, el tema del abastecimiento de armas provenientes de EU y utilizadas por narcotraficantes mexicanos, fue uno de los temas centrales de Obama.

“Nadie tiene ilusiones de que tratar de restaurar esta eliminación será fácil”, dijo el mandatario. “Lo he dicho antes y lo repito, tengo enorme admiración por el valor del presidente (Calderón) y de todo su gabinete, por los policías y los militares que están atacando a estos cárteles”, señaló Obama, quien agregó que la demanda de droga en Estados Unidos es lo que ayuda a que estos cárteles funcionen. “Esta guerra (contra el narcotráfico) se está librando con armas no compradas aquí, sino en mi país”.[25]

“Como dije antes, y es algo que el presidente Calderón y yo reconocemos firmemente, no se puede combatir esta guerra con una sola mano, no se puede simplemente tener un esfuerzo del lado de México y no de Estados Unidos, y lo mismo vale a la inversa(…) Nadie tiene ilusiones de que tratar de reinstaurar esta eliminación será algo fácil. Será cuestión de ver cómo podemos mejorar nuestra policía y nuestra vigilancia (…) No quiere decir que vamos a trabajar hacia una eliminación de las armas de facto, pero rápidamente podemos lograr progresos importantes en este campo”.[26]

A pesar de que no se llegó a un acuerdo concreto para combatir al narcotráfico, el discurso estadounidense de Obama sirvió para reducir los reclamos de Calderón y restablecer un clima más cordial dentro de la relación bilateral, tal como lo dejaron entrever algunas declaraciones posteriores de ambos mandatarios.

Sin embargo, varias voces al interior del gobierno estadounidense, dependientes del poder ejecutivo, parecen no estar muy de acuerdo con la forma en que se está librando la guerra contra el narcotráfico.

A mediados de mayo pasado, Gil Kerilkowske, el recientemente nombrado zar antidrogas de la Casa Blanca, declaró nulo el concepto de “guerra contra las drogas” dentro de Estados Unidos, mientras se intensifica el debate político sobre el fracaso de ese concepto y en favor de la legalización de la mariguana.[27]

Esto representa otra seria contradicción dentro de la administración Obama, ya que mientras EU continúa financiando las “guerras contra la droga” en México y otras regiones, mediante estrategias como la Iniciativa Mérida, dentro del país es cada vez más evidente que hay un cambio de óptica tanto dentro como fuera del gobierno, y hoy fue expresada por uno de los comandantes de esa “guerra”.

Otro ejemplo de inconformidad lo mostró el propio ejército estadounidense, según la conclusión de un reporte sobre la viabilidad de la Iniciativa Mérida elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, el cual cuestiona que este plan bilateral no sólo se concentre en combatir a los productores de droga, sino que, además, dice, parece restarle recursos a la prevención de adicciones en ese país.[28]

“La Iniciativa no está siendo acompañada de ningún esfuerzo real de prevención, tratamiento u otros programas relativos a la demanda en Estados Unidos. Peor aún, el dinero gastado en la Iniciativa Mérida parece ser que ha sido a expensas de tales programas”, dice el documento. “El presupuesto para la publicidad en contra de las drogas en Estados Unidos se redujo más de la mitad (de 140 a 60 millones de dólares anualmente) en la administración de George Bush, y la aprobación de la Iniciativa Mérida se dio junto con un recorte de 73 millones de dólares a los programas nacionales de tratamiento”, agrega.

Sin embargo, todo parece indicar que el acercamiento de Obama ya empieza a generar algunos acuerdos concretos entre México y EU, tal como lo apunta el reciente acuerdo de cooperación “sin precedentes” firmado entre ambos países para reforzar la seguridad fronteriza y atajar el tráfico ilegal de drogas, dinero y armas pero sin entorpecer el flujo regular del comercio y de personas.[29]

“Este acuerdo supone un nuevo paso en el terreno de la cooperación bilateral”, aseguró Napolitano en referencia a los programas de desarrollo tecnológico, de intercambio de inteligencia y de entrenamiento.

La secretaria de Seguridad Interna precisó, además, este programa supondrá el aumento de registros e inspecciones de los vehículos que van hacia México; el intercambio de inteligencia sobre actividades delictivas en la frontera y el fortalecimiento de los protocolos para el intercambio de esos datos.

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[1] Luis Astorga. El siglo de las drogas: el narcotráfico del Porfiriato al nuevo milenio. Plaza Janés. México. 2005. p. 115

[2] Íbid p. 162

[3] El poder de los cárteles crea ingobernabilidad en México, asegura la inteligencia estadunidense. La Jornada. 12 de febrero de 2009.

[4] EU: Calderón no gobierna en parte del territorio nacional. Milenio diario. 11 de marzo de 2009.

[5] Corrupción y narco en México erosionan a EU: Denis Blair. La Jornada. 11 de marzo de 2009.

[6] “El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera”, según se afirma en: H. H. Gerth y C. Wright Mills. From Max Weber, Londres, 1948.

[7] Que me digan dónde no gobierno: Calderón. Excélsior. 12 de marzo de 2009.

[8] Calderón reta a EU a comprobar que sí hay autoridad en México. El Universal. 12 de marzo de 2009.

[9] Ibidem.

[10] Segob rechaza que haya ingobernabilidad. El Universal. 11 de marzo de 2009.

[11] Suman 10 mil 475 ejecuciones en esta administración: PGR. El Universal. 25 de marzo de 2009

[12] “Aunque no lo parezca”, vamos ganando: Medina. Milenio diario. 29 de mayo de 2009.

[13] Si no se hubiera enfrentado al crimen, el presidente sería narco: SE. Milenio diario. 18 de febrero de 2009.

[14] Ricardo Ravelo. “La Consolidación” dentro de El México narco: primera parte. Proceso, edición especial número 24, México, junio de 2009.

[16] Bill Conroy. Juarez murders shine light on an emerging ‘Military Cartel’. Narco News. 6 de diciembre de 2008.

[17] Dennis Blair rechaza que haya un “Estado fallido”. El Universal. 27 de mayo de 2009.

[18] EU no aporta ni datos: Calderón. Milenio diario. 10 de junio de 2008.

[19] Hillary: injusto culpar a México por el narco. El Universal. 26 de marzo de 2009.

[20] México enfrenta una “amenaza existencial”, acepta Napolitano. El Universal. 26 de marzo de 2009.

[22] Insuficiente el apoyo contra las drogas: dice Calderón al Financial Times. Milenio diario. 27 de marzo de 2009.

[23] Experto en “estados fallidos”, el próximo embajador de EU. La Jornada. 27 de marzo de 2009.

[24] Narcoviolencia, fuera de control, alerta Obama. El Universal. 30 de marzo de 2009.

[25] Calderón y Obama cerrarán frontera a armas. http://www.eluniversal.com.mx. 16 de abril de 2009.

[26] México y EU buscan nueva era de cooperación bilateral. El Universal. 17 de abril de 2009.

[27] Washington elimina el concepto de “guerra contra las drogas”. La Jornada. 15 de mayo de 2009.

[28] Inefectiva, estrategia contra las drogas: Ejército de EU. El Diario de Ciudad Juárez. 15 de junio de 2009.

[29] México y EU anuncian plan para reforzar seguridad fronteriza. El Informador. 16 de junio de 2009.

Los diversos rostros de la violencia: el caso Monterrey


I. El olor del miedo
:
El testimonio habla de la violencia que se vive a diario en Monterrey. José Mendoza se siente vulnerable y por ello utiliza un seudónimo para ocultar su verdadero nombre. Sobrevivir a un tiroteo no le garantiza nada. Sabe que en cualquier momento el crimen organizado puede identificarlo y desaparecerlo sin el menor reparo, como ocurre a diario con sólo mirar las noticias.
Esta historia comenzó el pasado 22 de mayo de 2011 en la fachada del Café Iguana, uno de los bares emblemáticos de la ciudad, famoso por albergar a los grupos más sobresalientes de la escena rockera regiomontana. José llegó al lugar alrededor de las 00:20 horas. Acababa de saludar a Pablo y al ‘Enano’ cuando recibió el primer disparo en el brazo derecho, justo debajo del hombro, en el momento exacto que cruzaba la puerta de entrada. Se tiró al suelo por puro reflejo mientras el ensordecedor ruido de la metralla consumaba la tragedia. Luego vino un silencio pesado, profundo, espeso, capaz de convertir la incertidumbre en la más insoportable angustia.
Un miedo punzante se apoderó de José, quien permanecía tendido sobre el piso, escuchando gritos y sollozos de mujeres con los nervios destrozados. No sabía si el tiroteo había llegado a su fin. Pensó en la posibilidad de que hubiera narcotraficantes armados dentro del bar o que los agresores pudieran estar afuera, al acecho de cualquiera que intentara salir del establecimiento. Así pasaron varios minutos hasta que finalmente llegó la policía.
Lo subieron a la ambulancia bañado en sangre. La bala le destrozó el húmero, pasando a tan sólo cinco milímetros de la arteria braquial, algo que probablemente le hubiera provocado morir desangrado en pocos minutos. Durante el trayecto al hospital, los rescatistas lucían nerviosos. Le contaron que, en ocasiones, los sicarios bloqueaban el paso de las ambulancias para bajar a los heridos y desaparecerlos. Una vez en el hospital, los médicos pudieron salvarle el brazo. Cuatro personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a Pablo César Martínez y Gerardo Fermín Sánchez Lomelí, mejor conocido como ‘el Enano’, quienes formaban parte del equipo de seguridad del bar.
A casi dos meses de lo ocurrido, José no puede sacar de su cabeza aquel fatídico día. A menudo reflexiona sobre aquel instante en que se salvó de una muerte segura. “Si no hubiera dado ese pasito, justo al entrar, muy probablemente estaría muerto”, recuerda José al mostrar la cicatriz que le dejó el tiroteo.
Pensó en abandonar la ciudad mientras las cosas se tranquilizan un poco, quizá pasar un tiempo con su familia en Saltillo, pero considera que su vida está en Monterrey, al lado de su novia y los amigos que le han apoyado en estos momentos difíciles. Aunque ha recuperado la movilidad del brazo sigue sin poder trabajar, pero no le importa. Siente que volvió a nacer y por ello disfruta cada bocado, cada abrazo de los suyos como si fuera el último.
Los lentes oscuros que porta al momento de la entrevista no ocultan el miedo. “Ahora vivo con paranoia. Cada que veo un coche sospechoso, me entra la adrenalina y volteo para todos lados esperando que pase algo”, relata José. El narco no pudo quitarle la vida, pero le arrebató la calma. Una situación similar a la que viven a diario miles de habitantes de la zona urbana de Monterrey, víctimas del miedo y la violencia.

Fachada del Café Iguana

Después de las 10 de la noche, las calles lucen despobladas. Puede sentirse la tensión en el ambiente. La gente voltea con desconfianza en todas direcciones mientras espera el autobús en la avenida Juárez, a la altura del Colegio Civil. Tras varios minutos, decido tomar un taxi con dirección al sur, cerca del Cerro de la Silla, donde vive César, un amigo de mi hermano que gentilmente me hospeda en su casa. Durante el recorrido, el taxista narra con detalle la vez que presenció un tiroteo a tan sólo unos metros de distancia, cuando los tipos que conducían una camioneta negra le cortaron el paso al automóvil de enfrente y comenzaron a disparar.
Al llegar a mi destino, César me cuenta que por las noches pueden oírse los enfrentamientos entre el ejército y las bandas del crimen organizado. Un ambiente que empieza a hacerse habitual.
La violencia en las calles se hizo más visible a partir de 2008, un año después de que el rompimiento formal entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas desencadenara una confrontación abierta por el control del territorio . A partir de entonces, la guerra entre ambas organizaciones detonó las ejecuciones en los nueve municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años y medio han sido contabilizados al menos 2 mil 443 asesinatos en el estado de Nuevo León, cifra que se ha incrementado notablemente año con año. En 2007, el gobierno estatal registró 283 asesinatos vinculados con el narcotráfico. En 2010 hubo 770 casos. Para la primera mitad de 2011 esta cifra se ha duplicado: hasta el 30 de junio se habían registrado al menos 860 homicidios .
Eso, sin contar los 21 ejecutados en el bar Sabino Gordo el pasado 8 de julio ─en una de las jornadas más violentas a nivel nacional durante el sexenio de Felipe Calderón─, la matanza de 23 personas más entre el lunes 11 y el miércoles 13 del mismo mes, o el asesinato de 52 personas en el atentado contra el Casino Royale que consternó al país entero en el mes de agosto. Hechos que hacen de 2011 el año más violento en la historia de Nuevo León.
Para revertir la situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para reestructurar las corporaciones policíacas de Nuevo León y reducir la presencia del ejército en las calles. La publicidad de la llamada ‘Fuerza Civil’ es evidente en cualquier rincón de Monterrey, ya sea en anuncios espectaculares, autobuses o puestos de reclutamiento, como los que hay a lo largo de la calle Morelos, en el centro de la ciudad. De esta forma se pretende acabar con la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad mediante incentivos económicos para los las nuevas generaciones de jóvenes policías, estrategia similar a la que utilizan los cárteles de la droga para reclutar gente.

Convocatoria Fuerza Civil, Nuevo León.

“Ahora el policía que menos gana en Nuevo León, con sus exámenes de control de confianza y todos los requisitos que implantamos, gana casi 14 mil pesos. Aumentamos los seguros de vida y la calidad de su capacitación. En pocas palabras, estamos dotando al policía de una carrera y un plan de vida para que tenga algo que perder. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos policíacos”, señaló el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante el foro Justicia y seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió la necesidad de realizar modificaciones de fondo en los sistemas de impartición de justicia a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario criticó la falta de una gran política nacional de desarrollo social capaz de resolver a fondo el problema de la delincuencia organizada, pues reconoció que la falta de oportunidades para los jóvenes representa un “caldo de cultivo” para el crimen.

Rodrigo Medina en el Foro de Justicia y Seguridad

De ahí que algunos expertos consideren que fenómenos como la pobreza, la marginación y los altos índices de desigualdad social que padece Monterrey, y el resto del país, representan “un factor determinante para entender todos las causas que están provocando los efectos negativos vinculados con la violencia y la criminalidad”, tal como sostiene Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, quien considera que el clima de violencia ha provocado en la población un temor profundo que le impide actuar de manera decidida frente al problema.

“Tenemos más miedo y como consecuencia ya no deseamos participar. Creo que el miedo se deriva de esta gran ignorancia de no saber hablar directamente del tema, porque tiene sus causas y son muy explicables. Tenemos muchos años cometiendo malas prácticas y a medida que las vayamos revirtiendo podremos solucionar el problema”, apunta el experto en derecho penal.

 

 

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II. El crimen como forma de vida
:
‘El Gufi’ entró a una pandilla cuando tenía 13 años de edad. Creció en la colonia Independencia, una de las favelas regiomontanas donde la violencia y el crimen son cosa de todos los días.
“Desde chico viví la vida muy rápido, me gustaba andar de aquí para allá. También empecé de vicioso con las drogas, pues desde chico vi gente consumiendo drogas”, cuenta el Gufi, quien a los 11 años consumió mariguana por primera vez; a los 15 ya portaba su primera pistola.

Gufi

Pertenecer a una pandilla como la Sur 13 no era ningún juego, sino un asunto de pertenencia, de identidad. Una forma de hacer frente al mundo hostil que les rodeaba a un puñado de jóvenes con perspectivas de futuro poco alentadoras. Tenían un líder y a menudo hacían reuniones para “discutir” diversos temas, divertirse tomando cerveza o ayudarse entre sí. Cuando alguien del barrio estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, la pandilla vendía ropa o drogas para ayudar al hermano en apuros. También salían a robar a colonias acomodadas cuando el hambre apretaba. De ahí que muchas pandillas se identifiquen con personajes como Chucho ‘el Roto’, héroe de una mitología popular que robaba a los ricos para darle a los pobres, explica el Gufi mientras muestra orgulloso la imagen de Pancho Villa que lleva colgando del cuello.

“Lo hacíamos para sostener nuestras casas, nuestros alimentos. Había ocasiones que no había nada que comer y de ahí teníamos que sacar”, recuerda el pandillero en retiro.
Se cuidaban las espaldas el uno al otro, unidos por los colores de la pandilla, ese pacto de sangre que hacía la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de enfrentar a las pandillas rivales o a la policía. Aunque siempre se sintió atraído por el respeto y el poder que le confería el ser miembro de la Sur 13, los problemas empezaron cuando los excesos se convirtieron en un estilo de vida. Algo que tarde o temprano pasa factura.

Sur 13

“El narco se te hace un vicio, querer tener siempre más y más. En una ocasión, llegué a tener en mi casa 175 kilogramos de mariguana, cinco kilos de coca, 32 pistolas y hasta un harén con cinco mujeres. Todo se te hace fácil teniendo dinero. Para darte una idea, en aquel tiempo un kilo de coca costaba alrededor de 90 mil dólares. Ahora que miro atrás no sé que hice con todo ese dinero”, señala Gufi, quien decidió alejarse de ese estilo de vida luego de un incidente que vivió al lado de David Cardona Carrillo, alias ‘el Ruso’.
“Cuando llegamos nos encontramos a otros contrarios a la pandilla, nos reconocieron y sacaron de la disco. Nos dijeron que ya no nos querían volver a ver ahí. Me apuntaron con una pistola en el cuello y por azares del destino no me dispararon. Regresamos y no lo podíamos explicar, sabiendo que había muchas muertes y que estos tipos eran más violentos que nosotros dos juntos”, relata el Gufi, quien atribuye ese milagro a las bendiciones que su madre la envió desde el cielo, tras perder la batalla contra la diabetes.
Desde ese entonces ambos decidieron empezar una vida más tranquila. Ninguno sospechaba que el destino les tenía guardada otra fatalidad. Cuando celebraba su cumpleaños 25, hace poco más de un año, ‘el Ruso’ recibió un disparo en la pierna. Murió desangrado horas más tarde, cuando pretendían trasladarlo a un hospital. Una pérdida irreparable para el Gufi, quien ha decidido tatuarse el rostro de su amigo en el brazo izquierdo como símbolo de hermandad.
Piensa que el asesinato de su amigo fue producto de un error. ‘El Ruso’ se había creado fama de traficante y por ello, un grupo vinculado con los grandes cárteles de la droga decidió eliminarlo en la disputa por el territorio. Eso motivó que muchos integrantes de la Sur 13 abandonaran su hogar para refugiarse en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. A partir de entonces, cada uno está por su propia cuenta.
“Siempre ha existido una relación entre el narco y las pandillas, pero ahora se nota más por el control de la ciudad de Monterrey. Aquí hay tres cárteles en disputa, pero los que están haciendo todo el desmadre son los Zetas. Como nosotros éramos la pandilla que controlaba las ventas de droga y armas en la zona, tuvimos que salir de nuestro propio barrio, pues nos andaban buscando. Preguntaban nuestros alias, sin saber que estábamos ahí. Ese fue el motivo de nuestra separación. Todos se fueron para lugares distintos”, explica el Gufi, quien ahora intenta retomar sus estudios que dejó truncos por falta de dinero.
“Dicen las sagradas escrituras que iba a haber una etapa de guerras donde íbamos a pelear entre nosotros. Estamos en una etapa de la vida donde se está reflejando todo esto. Creo que así se va a acabar el mundo, en una lucha de todos contra todos”, afirma resignado.
Esta falta de esperanza pareciera ser un problema generalizado en algunos sectores de la juventud regiomontana, quienes mediante el crimen organizado buscan mitigar algunos traumas originados por las condiciones de marginación en que viven. El dinero y poder que proporciona el narcotráfico provoca admiración y respeto entre sus conocidos, algo que suele ser anhelado por jóvenes acostumbrados a la humillación derivada de la explotación laboral, la discriminación por su forma de vestir o la violencia familiar que muchos de ellos padecen.
Esto explica por qué muchas adolescentes no ven como un problema que sus novios sean parte de bandas criminales o que los niños pequeños sueñen con ser Zetas cuando sean grandes, emulando los pasos de sus hermanos mayores, los ‘chingones’ del barrio. Muchos de ellos se inician en las filas del narco como ‘halcones’, haciendo labores de espionaje callejero y pasando información.
De acuerdo con un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, durante el presente sexenio, al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por el narco en México. Algo que puede constatarse de forma clara en lugares como Monterrey, donde el número de menores de edad ejecutados crece de forma alarmante. Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León indican que entre 2009 y 2010, el número de menores procesados por delitos del fuero federal creció 98 por ciento, de 52 a 103, mientras los del fuero común aumentaron 28 por ciento, de 269 a 345 .
Ante este panorama, el gobierno estatal estudia la posibilidad de reducir la edad penal, con el fin de que los menores infractores de 12 a 17 años vinculados con el narcotráfico puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, algunos expertos califican como absurda esta medida debido a que no ataca el problema de fondo, vinculado a la falta de oportunidades. Algunos cálculos sostienen que en Nuevo León existen al menos 170 mil 122 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan .
Para Efrén Sandoval Hernández, experto en temas de desigualdad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la dramática caída en las condiciones del empleo y el limitado acceso a la educación son elementos clave para explicar este complejo escenario de descomposición social que vive Monterrey.
“Lo que está pasando tiene explicaciones de tipo político, pero en términos generales, podría pensar que hay una condición de vulnerabilidad generalizada, no sólo en términos laborales sino también sociales. Hay una sociedad muy fragmentada donde la gente tiene muy clara la existencia de esta desigualdad pero no tiene herramientas para luchar contra ella”, afirma el especialista.
Aunado a esto, Sandoval considera que la privatización del espacio público en zonas de alta marginación es otro de los factores que está recrudeciendo el problema, pues quitar albercas públicas para hacer estacionamientos o privatizar canchas de futbol limita aún más las condiciones de bienestar de muchos grupos vulnerables.
“Hoy está pasando algo que no pasaba antes: se está criminalizando a los pobres de manera brutal. Si antes se tenían más prejuicios en contra de ellos ahora se tienen más”, señala Sandoval, quien agrega que los operativos realizados por el ejército en muchos barrios populares, con el fin de encontrar armas y drogas, constituyen una violación a los derechos humanos y un claro ejemplo de esta situación.
“Supuestamente piden permiso para entrar pero, ¿te imaginas a alguien diciéndole al ejército que no pueden entrar a su casa?”, pregunta el experto.
Por ello considera ilógico que el gobierno pretenda acabar con la delincuencia organizada al mismo tiempo que utiliza la fuerza pública para desmantelar zonas de comercio informal, convirtiendo a la pobreza en un delito que perseguir.
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III. Migración, pobreza y discriminación
:
Fidel Bernal Aguilar llora sin consuelo al contar su historia. Tiene 60 años de edad y en su rostro se refleja la desesperación. Nació en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, lugar que abandonó durante la adolescencia para probar suerte en Monterrey, junto a sus padres. Huían de la miseria en que vivían cultivando maíz y frijol, al igual que muchos migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro más próspero.

Fidel Bernal

Una vez establecido, Fidel comenzó a trabajar como albañil. Pagaban poco pero había mucho trabajo, según recuerda. Con el paso del tiempo se casó y formó una familia de seis hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Su mujer lo corrió de la casa cuando empezó a escasear el trabajo, a raíz de la crisis económica de 2008. Desde entonces lleva una tristeza profunda cargando a cuestas mientras deambula por la Alameda, como buscando una solución para sus problemas, la cual, simplemente no llega.

“Ando en la calle y pos ahí vamos a los comedores a que nos brinden un taco para comer y así he sobrevivido. Vamos a las clínicas a que los vigilantes nos den chance de pasar la noche pero a veces no quieren y nos vamos debajo de los puentes. No tenemos cobijas ni nada, así nomás”, recuerda Fidel con los ojos llenos de lágrimas. “Una vez me pegó una enfermedad a media noche y pos ya, me recuperé. Nadie le regala a uno un vaso de agua, una pastilla”.
Históricamente, la migración hacia Monterrey inició a finales del siglo XIX, a medida que la ciudad se convertía en un importante centro industrial. Más tarde, factores como la guerra cristera y el colapso de la minería en San Luis Potosí y Zacatecas provocaron la migración de albañiles que sabían trabajar la cantera, conformando las primeras colonias populares de Monterrey. En la década de los 70 llegaron los primeros grandes flujos de población indígena provenientes de la Huasteca potosina, Veracruz, Tamaulipas y otras regiones del país, situación que se incrementó aún más a partir de los años 90, en un escenario de crisis económica nacional.
“La escasa oportunidad de empleo es un motor que incentiva esta migración. Por ello encontramos personas que migran a Nuevo León con la idea de mejorar su calidad de vida, pero hemos encontrado personas que viven incluso en peores condiciones que en sus lugares de origen, además de que las aspiraciones y necesidades de estas familias se vuelven muy diferentes”, comenta Galileo Hernández, integrante de Enlace Potosino, una organización civil de reciente conformación que promueve el desarrollo social de los migrantes potosinos en Nuevo León.
Esto puede constatarse en sitios como Los Altos, en el municipio de Apodaca, ubicado en las afueras del área metropolitana de Monterrey que alberga un número importante de migrantes, quienes libran una lucha continua por la supervivencia.
Leonardo Santiago Cruz es originario de Tampamolón, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la Huasteca Potosina. A los 11 años llegó a Monterrey siguiendo a sus hermanos, luego de una prolongada sequía de tres años que agudizó al extremo las condiciones la miseria que predominaba en su comunidad. De niño trabajó lavando platos en un restaurante. Aún recuerda el miedo que sentía por la violencia de los policías. “Te miraban caminando en la calle y te paraban luego luego”, según cuenta.

Leonardo Santiago Cruz

La discriminación es otro de los grandes problemas que la migración genera en el contexto cultural regiomontano, una sociedad hermética que no siempre ve con buenos ojos la llegada de gente de otras entidades, sobre todo indígenas. No en vano, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) califica como “preocupante” el nivel de intolerancia contra algunos sectores de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Basta revisar los comentarios racistas publicados por jóvenes regiomontanos en algunos grupos de Facebook, como el de “San Luis llévate a tu gente”, el cual contaba con 728 seguidores al momento de escribir este texto.
“Nuevo León es de las entidades con mayor discriminación en general, no sólo con la población indígena sino con cualquiera que sea diferente. Somos una sociedad muy excluyente y tenemos que hacer algo para que esta realidad cambie”, dice la antropóloga Carmen Farías Campero, una de las fundadoras de la organización Zihuame Mochilla (Casa de la Mujer en náhuatl), que ofrece diversas actividades para generar una cultura de respeto hacia los pueblos indígenas.
Una de las activistas más entusiastas de este proyecto es Elvira Maya Cruz, orgullosa de su cultura nahua y originaria de Chahuatlán, Veracruz. Salió de su comunidad hace 13 años, debido a que no le era redituable trabajar el bordado de una servilleta durante dos o tres días para ganar 20 pesos. Actualmente organiza cursos de cocina y manualidades con el fin de que las mujeres indígenas de su localidad puedan acceder a mejores condiciones de vida.
La labor no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que sortear muchos obstáculos, incluyendo algunos intentos de criminalizar el trabajo doméstico que, en su mayoría, realizan mujeres indígenas. Así ocurrió con un programa promovido en la localidad de San Pedro de los Garza para crear un padrón de empleadas domésticas, con el objetivo de reducir el número de robos que se registran en este municipio, uno de los más ricos de América Latina. Algunas organizaciones civiles han criticado fuertemente dicha medida, al considerarla un atentado contra de las garantías individuales de las trabajadoras.

César Pérez, integrante de la asociación Enlace Potosino, ayuda a una señora originaria de San Luis Potosí a llenar un docuemnto para sacar un acta de nacimiento y poder realizar otros trámites, un problema recurrente al que se enfrentan los migrantes de otras entidades que llegan a Nuevo León.

“Yo no estoy de acuerdo con ese padrón, porque si algo pasa, los primeros etiquetados somos los indígenas y no debería ser así. Por eso les digo a mis sobrinas que no den sus datos si se los llegan a pedir”, comenta Elvira, quien una vez por semana recibe en casa a sus cuatro sobrinas que trabajan como empleadas domésticas en diversos puntos de la ciudad. Esto, para evitar que sufran la discriminación de la que son víctimas los indígenas que se reúnen cada domingo en la Alameda.

De esta forma, el crecimiento de la desigualdad social en Monterrey pareciera estar íntimamente ligado a los procesos migratorios derivados de una vulnerabilidad generalizada en otras regiones, pues al igual que ocurre en el resto del país, el incremento demográfico y la expansión territorial de los grandes centros urbanos está generando cinturones de pobreza, lugares donde se acumula un resentimiento social profundo que se expresa en diversas formas de violencia. Escenario típico de sitios con altos índices de marginación.

Ezequiel Cabrera Balderas vive en Los Altos, Apodaca. Vive de recolectar cartón y fierro viejo. En comunidades como Los Altos donde las oportunidades son pocas, muchos jóvenes son blanco fácil para ingresar a las filas del narcotráfico.

Esto concuerda con algunos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales indican que en los últimos años, la pobreza en las ciudades se ha disparado en comparación con el medio rural. En este sentido, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza desarrollado por la dependencia, ubica a Nuevo León como la primer entidad a nivel nacional con el mayor crecimiento de la pobreza laboral, luego de rebasar a Baja California. Una tendencia que predomina en todo el territorio nacional ante la desigualdad promovida por el actual modelo de desarrollo.

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IV. Crisis nacional
:
Para José Luis Calva Téllez, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, queda claro que el factor económico es un componente esencial a la hora de tratar de explicar el complejo escenario de violencia y falta de oportunidades que enfrenta México en la actualidad.
“La determinante principal de la descomposición social es el pésimo desempeño de la economía mexicana”, afirma el especialista, quien considera que la imposición del modelo neoliberal ha sido un rotundo fracaso. De ahí que el país haya perdido al menos tres décadas en materia de desarrollo, algo que podría calificarse como una verdadera “catástrofe”. Un proyecto que nunca pudo cumplir con todo lo que prometió. Los números son contundentes.
De 1935 a 1982, la economía mexicana tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 6.07, muy por encima del 2.2 registrado de 1983 a 2010. Lo mismo ocurre al medir el crecimiento del PIB per cápita, que durante el modelo post revolucionario alcanzó una tasa promedio de 3.17 contra el 0.5 registrado desde la restructuración económica que marcaría el inicio del modelo neoliberal en México, sin considerar a los mexicanos que han migrado al extranjero.
Ni siquiera la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudo revertir esa tendencia negativa, debido en gran parte a que la desaceleración de la economía de Estados Unidos tuvo efectos devastadores para México, con una dependencia casi absoluta frente a las finanzas de su vecino y principal socio comercial.
En los últimos 28 años, cerca de 12 millones de trabajadores se vieron forzados a migrar hacia Estados Unidos ante la falta de empleo, generando una entrada importante de divisas que en su momento más alto reportaba ingresos por cerca de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la situación de la gente que se quedó en el país no mejoró, pues con la implantación del modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido el 71.5 por ciento de su poder adquisitivo.
El campo corrió con la misma suerte, pues la reducción de los programas de fomento agropecuario y el intercambio negativo en la balanza comercial de los productores de granos hizo que la economía rural cayera en el olvido.
Todo esto provocó que fenómenos como la migración, el comercio informal o el tráfico de drogas se convirtieran en una alternativa de vida para muchos mexicanos. Para Calva Téllez, el hecho de que el narcotráfico sea una industria capaz de generar 600 mil empleos puede ayudar a entender el clima de violencia generalizado que vive el país. Una economía paralela que compite con el Estado.
El problema es que el gobierno federal pareciera no estar dispuesto a reconocer que la violencia es el resultado de un modelo de desarrollo fallido que al mismo tiempo promueve. Esto permite entender por qué el asunto del narcotráfico no ha sido combatido desde una perspectiva estructural, con políticas de Estado sólidas en materia fiscal, hacendaria o educativa. De ahí que el Congreso esté impulsando iniciativas de ley, como la Reforma Laboral, que siguen las reglas de un modelo neoliberal en crisis. Algo que para algunos expertos, sólo recrudecerá aún más la descomposición social que vive el país, a pesar de algunos avances como la reforma constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Vivimos un momento en que el Estado tiene que seguir afirmándose como una estructura institucional que permita el flujo de los capitales, y para ello se tuvo que abrir una válvula de escape como la reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales, algo en lo que México estaba muy retrasado a nivel internacional. Paralelamente, la política real de quienes están gobernando este país sigue una lógica de mayor explotación, reducción de salarios, contratos basura y outsourcing para permitir que las empresas sean más ágiles en la generación y concentración de la riqueza. Por ello se construyó una reforma laboral ad hoc para que el sistema económico siga funcionando”, explica Rodrigo Gutiérrez Rivas, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En este país la pobreza se criminaliza a través de los códigos penales y sirven muy bien para perseguir y encarcelar a los pobres. Claro, las normas diseñadas para frenar a las grandes trasnacionales en cuanto a la apropiación de los recursos están muy diluidas o no tienen la vigilancia adecuada, además de que en muchas ocasiones están diseñadas a favor de estas empresas y funcionan con una lógica de simulación”, explica el académico, quien sostiene que la pobreza sistemática que se vive en México está generando un sentimiento de frustración e impotencia que termina manifestándose en robos, delincuencia, daño a terceros, suicidios, etcétera.
Sin embargo, para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, el origen de la violencia en México tiene que ver con la debilidad de las instituciones mexicanas y no necesariamente con la desigualdad social, fenómeno que ha existido de forma permanente desde la época colonial.
“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica el narcotráfico”, comenta el investigador del Colegio de México, quien explica que históricamente, los estallidos de violencia en el país han venido acompañados de una debilidad institucional que genera las condiciones propicias para la insurrección de algunos grupos sociales, tal como ocurrió durante la Independencia y la Revolución Mexicana.
De ahí que la fragilidad y la corrupción al interior de las instituciones mexicanas no sólo abrió la puerta al narcotráfico, sino también a una serie de grupos de poder que ejercen su voluntad aún por encima del bien común, algo que empieza a gestar una profunda crisis de legitimidad que resulta evidente en la pérdida de credibilidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política y los procesos electorales.
“El narcotráfico encuentra un vacío de poder aprovechando una descomposición del control político, igual que Azcárraga o Slim. Se ha deslegitimado el sistema porque la desigualdad y la corrupción se han hecho más obvias”, apunta Meyer, quien considera que para revertir esta situación tendría que construirse un nuevo pacto social que “metiera en cintura” a los poderes fácticos.
Los niveles de violencia que vive México no pueden explicarse únicamente como una disputa de mercado por parte de los cárteles de la droga, si no se toman en cuenta otros factores, como el rencor acumulado durante generaciones enteras en condiciones de marginación y pobreza. Un factor determinante para entender la brutalidad de los asesinatos que abarrotan las primeras planas de la prensa nacional, siguiendo al pie de la letra aquella ‘ley de conservación de la violencia’, enunciada por el sociólogo Pierre Bourdieu, la cual afirma que “la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
::.

Diagnóstico de la violencia en México

Me parece que el diagnóstico del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de Naciones Unidas en temas de crimen organizado, junto con el realizado por especialistas de la UNAM, es el más preciso y sólido acerca de las causas fundamentales de la violencia en México y las medidas necesarias para hacerle frente. En síntesis, podemos afirmar que el florecimiento del narco tiene que ver con la fragmentación del Estado, una profunda crisis política y la debilidad de las instituciones mexicanas, factores que no se pueden resolver simplemente con los cuerpos de seguridad.

PDF con Propuestas de la UNAM:

Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia

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