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El trágico fin de la Revolución Mexicana: la muerte del pacto social tras la agonía neoliberal

De un plumazo, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el acta de defunción de la Revolución Mexicana. La larga agonía llegó a su fin. La privatización de la industria petrolera acabó con cualquier vestigio de ese proyecto político y cultural derivado del pacto social plasmado en la Constitución de 1917. El mismo proyecto que sentó las bases para el mayor desarrollo en la historia del país entre 1930 y 1976, época en que el mundo hablaba del ‘milagro mexicano’ que permitió construir, entre otras cosas, instituciones fundamentales para el desarrollo del país a lo largo del siglo XX.

Por partida doble, la reforma energética pulverizó los dos grandes triunfos históricos de la Revolución Mexicana: el reparto agrario y la expropiación petrolera. Con la nueva legislación aprobada en el Congreso por el PRI y PAN (junto a sus partidos satélite, PVEM y Panal) establece que el gobierno tendrá facultades para obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas privadas para la explotación de hidrocarburos, una actividad considerada como prioritaria para los intereses de la nación, lo cual representa una expropiación disfrazada en la jerga legislativa. El solo argumento expuesto en la Ley de Hidrocarburos es aberrante. En las últimas décadas, las empresas mineras han demostrado hasta el cansancio la manera en que los intereses privados son capaces de pisotear los derechos elementales de las comunidades ante un Estado mexicano incapaz de impartir justicia. Los casos sobran. No en balde, los conflictos sociales derivados provocados por el despojo de los recursos naturales se ha incrementado de manera sustancial en los últimos años, tal como evidencian algunos informes de académicos y organizaciones civiles[1]. De ahí la preocupación externada por organizaciones campesinas en torno a la manera en que los intereses de las trasnacionales energéticas, apoyados por el gobierno mexicano, acentuarán los conflictos sociales que existen hoy en día ante el despojo como política de Estado y la utilización de técnicas extractivas con un alto impacto ambiental y social, tal como ocurre con el proceso de fractura hidráulica utilizado para la explotación del gas shale.[2]

Del otro lado, aún con la reforma energética ya aprobada, quedan muchas dudas del impacto económico que provocará el agujero fiscal de entre 200 mil y 800 mil millones de pesos que dejará la reforma energética en el presupuesto, ya que contrario a lo establecido en la ley, la iniciativa aprobada por el PRI y PAN no cuenta con un estudio prospectivo en materia económica[3]. Una situación que agudizaría las precarias finanzas de estados y municipios de todo el país ante la posible reducción de las participaciones federales como consecuencia de que Pemex comparta la renta petrolera con empresas privadas.

Por supuesto, el asunto de la privatización de la industria energética evidencia el abandono definitivo del PRI al proyecto social que le vio nacer. Aunque esto no es nuevo, ya que desde la década de 1980 la fractura interna del tricolor y las privatizaciones impulsadas tras la adopción del modelo neoliberal evidenciaban el distanciamiento ideológico del partido hegemónico frente al nacionalismo revolucionario que justificaba la existencia del PRI, las reformas estructurales del tricolor apegadas a los intereses de las cúpulas empresariales del país han dado la última estocada a la Revolución Mexicana, luego de que la reforma laboral cancelara los derechos conquistados tras años de luchas como las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Hoy no queda nada. Los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución, mismos que regulaban la educación, la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y los derechos de los trabajadores, los cuales el PRI presumía pomposamente aún durante el sexenio fúnebre de Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo, son letra muerta. Los tres pilares del nacionalismo revolucionario, (el sector obrero, campesino y popular) fueron aniquilados por líderes corruptos y un modelo económico que se ha cansado de evidenciar su inoperancia ante la ineficiente política exportadora y los fallidos tratados de libre comercio que el gobierno mexicano sigue impulsando con todo y sus miserable’s resultados, incluyendo la precarización del salario, el aumento sostenido de la pobreza y las altas tasas de migración hacia los Estados Unidos.

Más allá del rollo ideológico, el PRI pareciera no haberse dado cuenta de las repercusiones que tendrán estas reformas en la vida política del país y el problema de gobernabilidad que se avecina. Esto se debe a que la restauración del modelo autoriario que pretende reinstalar el PRI es directamente proporcional a su incapacidad para constatar que el México de hoy no es el mismo que el México jurásico de la ‘dictadura imperfecta’ acuñada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El PRI es incapaz de garantizar la gobernabilidad del país e imponer su mano dura como en antaño por una sencilla razón: la debilidad de las instituciones mexicanas. Las mismas instituciones que el PRI ayudó a desmantelar en aras de un proyecto económico que a lo largo del tiempo ha resultado desastroso en términos macroeconómicos, con una tasa de crecimiento prácticamente nula en tres décadas al comparar el Producto Interno Bruto por habitante.

La diferencia entre el viejo PRI, aquel viejo monstruo del corporativismo clientelar que “robaba pero dejaba robar” y el no tan nuevo PRI de corte neoliberal tras el cisma de los años 80 está en sus bases. Las instituciones con las que contaba el viejo PRI fueron el resultado de ese caos llamado la Revolución Mexicana y el pacto social que se materializó en la Constitución de 1917. Las instituciones con las que cuenta el nuevo PRI son la consecuencia directa del proyecto neoliberal confeccionado en el concejal de Washington, donde irónicamente, uno de los principales objetivos era debilitar al Estado mexicano para cederle el paso al ‘libre mercado’. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los grandes intereses económicos terminaron por devorar a un Estado débil como el mexicano. Sólo así puede entenderse el enorme poder de los cárteles de la droga y los grandes grupos empresariales que han magnificado sus negocios mediante la corrupción promovida desde el gobierno. Fue así como el crimen organizado, el de pistola en mano y cuello blanco, se apoderó del país. La mafia se disputa el mercado mientras el Estado intenta recobrar su papel de intermediario. Eso es lo que dejan entrever reformas como la de telecomunicaciones, donde el gobierno pretende recuperar el poder perdido para posicionarse como mediador en un conflicto de particulares disfrazado de política pública, tal como ocurre con la disputa entre América Móvil y Televisa. Algo similar ocurrió con el gremio magisterial, cuyos liderazgos fueron cobijados durante la docena trágica panista encabezada por Vicente Fox y Felipe Calderón. Es así como a través de medidas autoritarias y antipopulares (de acuerdo con las últimas encuestas de opinión en torno a la reforma energética), el PRI intenta el control que el Estado cedió a los poderes fácticos.

El problema de fondo reside en que la debilidad sistemática de las instituciones que dan sustento al Estado mexicano representa un problema político de grandes dimensiones, ya que esto explica en buena medida, el incremento de la corrupción, la violencia y la criminalidad en todo el país. Mientras el Estado debiera ser el ente encargado de garantizar la convivencia social entre los diferentes grupos, la ineptitud de los aparatos gubernamentales para hacer cumplir la ley, con el objetivo de beneficiar los intereses de las cúpulas empresariales a través de vacíos legales que fomentan la corrupción y el crimen organizado (tal como advierte acertadamente el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en su libro Vacíos de poder) ha generado un ambiente de descontento generalizado tras la ruptura del pacto social que daba permitía niveles mínimos de cohesión y convivencia.

Ahora que el proyecto revolucionario ha llegado a su fin, México parece navegar a la deriva. Al no existir un acuerdo social que salvaguarde los intereses de los distintos grupos que conforman ese país llamado México para beneficiar a las cúpulas, terminará por agudizar el descontento social y la violencia que se sigue viviendo a lo largo y ancho del país aunque los medios oficialistas intentan matizar en sus titulares. El saldo de una transición democrática fallida donde las élites mexicanas han logrado sepultar de una vez por todas el proyecto revolucionario para dar paso a una reedición del Porfiriato donde los grandes hacendados serán sustituidos por las trasnacionales petroleras. Son los giros trágicos de la historia en un país desmemoriado, educado para aceptar con resignación e ingenuidad los desplantes despóticos de sus amos y su nostalgia por las asimetrías sociales que provocaron esa insurrección que alguna vez fue la Revolución Mexicana.

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[1] Emir Olviares e Israel Rodríguez. En riesgo, grandes extensiones de tierra en 4 estados por cambios en materia energética. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/politica/006n1pol; También puede consultarse: Andrés Barreda Marín, Diagnóstico Ambiental de México, ANAA, 2009. http://www.afectadosambientales.org/andres-barreda-marin-diagnostico-ambiental-de-mexico-anaa-2009/; José Luis Lezama y Boris Graizbord. Los grandes problemas de México, capítulo IV: Medio Ambiente. Colmex, 2010. http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

[2] Manuel H. Borbolla. Expropiación de tierras, cara oculta de la reforma energética. Agencia Quadratín: http://mexico.quadratin.com.mx/Expropiacion-de-tierras-cara-oculta-de-la-reforma-energetica-I/; Piden campesinos modificar legislación por expropiaciones: http://mexico.quadratin.com.mx/Piden-modificar-legislacion-de-expropiaciones-por-reforma-energetica/

[3] Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, presentado por la bancada del PT en el Senado en julio de 2014 dentro de la discusión de la reforma energética: http://oaxaca.quadratin.com.mx/Reforma-energetica-dejara-hoyo-fiscal-de-800-mil-mdp-Bartlett/

Piketty, el economista que desnudó al capitalismo salvaje del siglo XXI

 

El economista francés Thomas Piketty ha desatado la furia de los neoliberales con el éxito de su libro El capital en el siglo XXI, el cual ha sido comparado con grandes obras de la teoría económica clásica, desde El capital de Marx hasta La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Lo más curioso es el entripado que dicho libro desató entre los editores de la revista británica The Economist, uno de los mayores referente ideológicos de la derecha neoliberal a nivel global. ¿La razón? El estudio de Piketty arroja argumentos contundentes (según afirman quienes lo han leído) sobre la manera en que los grandes rendimientos del capital privado terminan por debilitar el crecimiento económico de las naciones en el largo plazo, luego de hacer una revisión exhaustiva con datos de 30 países durante los últimos 30 años. La ecuación es simple: r > g (donde r es igual a rendimiento económico del capital y g es crecimiento económico). Una grieta estructural que, aunada al crecimiento exponencial e insostenible de la desigualdad social, golpea las entrañas del sistema económico vigente. De ahí la enorme molestia que ha generado entre los conservadores. Interesante tema para seguirle la pista.

BBC: Thomas Piketty, la nueva estrella de la economía mundial

The Guardian: The Piketty phenomenon: big picture economics

The Economist: Thomas Piketty’s “Capital”, summarised in four paragraphs

20 años del TLCAN: el recuento del desastre

La reforma energética y la entrega de la renta petrolera a empresas extranjeras es apenas el último capítulo de un proyecto político y económico cuyo fracaso es más evidente con el paso del tiempo. En prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, los saldos del proyecto neoliberal arrojan número rojos junto a las promesas incumplidas de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contribuyó a empeorar la calidad de vida de los mexicanos al mismo tiempo que permitió a las élites político-empresariales del país amasar grandes fortunas bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Manuel Hernández Borbolla

El saldo negativo que arroja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 20 años de su entrada en vigor, explican en buena medida al México actual: un país atrapado entre una crisis de legitimidad de sus instituciones políticas y una élite empresarial privilegiada cuya riqueza creció exponencialmente junto con la pobreza, el desempleo, la migración, la impunidad, la violencia del crimen organizado y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que conforman a un Estado mexicano devorado por la corrupción.

El mismo gobierno federal reconoce que la economía mexicana tiene un estancamiento de 30 años, época que coincide con el comienzo del proyecto neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo su auge con la firma del TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuó desarrollándose durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Nuestra economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha dado un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 2% en términos reales en promedio. Este débil crecimiento de la economía en los últimos 30 años está asociado al nulo crecimiento de la productividad”, señaló Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la presentación de la reforma fiscal que el Ejecutivo envió al Congreso en septiembre pasado.

Si el gobierno mexicano reconoce que el modelo económico utilizado en las últimas tres décadas no ha funcionado, ¿por qué seguir implementando las mismas medidas? Los especialistas consideran que esto se debe a que la implantación del TLCAN, la apertura comercial y las privatizaciones han resultado ser un gran negocio para una cúpula político-empresarial que ha amasado enormes fortunas cobijados por una impunidad sistemática que explica la crisis de legitimidad que enfrentan actualmente las instituciones mexicanas. Este es el saldo de tres décadas de reformas estructurales y la entrada en vigor del acuerdo comercial que marcó la historia reciente de México.

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1. Dejar de producir para importar

Las cifras macroeconómicas son contundentes. En dos décadas, México desmanteló su planta productiva para convertirse en un país importador. De acuerdo con datos del INEGI, la productividad total de México en 2011 fue 8.2% menor a la que existía en 1990.

En contraparte, de 1993 a septiembre de 2013, el país tuvo un déficit comercial de 124,460 millones de dólares, según datos del Banco de México. Al descontar los ingresos del petróleo, la estadística es aún peor, ya que el déficit acumulado en 20 años suma 329,554 millones de dólares.

El sector servicios, que incluye al turismo y el sistema financiero, también arroja un saldo negativo acumulado de 377,467 millones de dólares desde 1994 hasta 2012, periodo en el que el déficit se duplicó al pasar de -14,980 millones de dólares a -31,978 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, la SHCP y el Banco de México, recopilados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

La inversión extranjera pasó de 12,830 millones de dólares en 1994 a 72,299 millones de dólares en 2012, según cifras de Banxico. En el mismo periodo, México descendió del cuarto lugar al vigésimo tercero en la captación de inversión extranjera directa, debido principalmente a la pérdida de competitividad, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Sin embargo, la inyección de capital extranjero no ha logrado incidir de manera favorable en el crecimiento de la economía nacional, debido a que la apertura comercial provocó que se destruyeran varias cadenas productivas de valor que fomentaban el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, ya que la industria mexicana se enfoca principalmente en actividades de ensamblaje al final del proceso de fabricación, dirigido por empresas transnacionales que importan la mayoría de los insumos utilizados para generar productos de exportación. Algo que explica el poco valor agregado de la industria nacional, tal como ocurre con las pantallas planas, ya que en México se genera solo el 5% del valor agregado a pesar de ser uno de sus principales productos de exportación.

De 1993 a 2012, la industria mexicana registró un retroceso de 14.35% en el valor agregado de sus productos manufactureros, según datos de la Secretaría de Economía, lo cual evidencia la manera en que se ha desarticulado la planta productiva del país tras la firma del TLCAN.

“Las pequeñas, medianas y microempresas no están conectadas a la modernidad y tienen niveles muy bajos de productividad”, señaló en septiembre pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien reconoció que el 50% de las exportaciones mexicanas son realizadas por sólo 45 empresas. La mayoría de ellas, de capital extranjero.

Según la Cepal, México es uno de los tres países del continente donde la inversión extranjera deja menos utilidades para la economía nacional, de acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012.

Para nosotros, el comercio exterior fue firmar tratados de libre comercio pero no se establecieron programas de competitividad, fomento industrial ni comercio exterior”, afirma Arnulfo Gómez, investigador de la Universidad Anáhuac y consultor del sector privado, quien asegura que la política “dogmática” que se adoptó junto con la firma del TLCAN promovió la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas.

No hemos diseñado una política para fortalecer el mercado interno porque nos abrimos mucho y establecimos una competencia desleal para la planta productiva nacional”, agrega.

El especialista considera que mientras los Cuatro Tigres Asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) supieron aprovechar sus acuerdos comerciales con Japón para invertir en educación y programas que ayudaran a fortalecer su economía, México adoptó una postura basado en que “la mejor política industrial es la que no existe”, tal como en su momento declaró el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial del sexenio salinista, Jaime Serra Puche.

Aunque México tiene acuerdos de libre comercio con 45 países, tiene un déficit comercial con 30 de ellos, según explica Gómez, quien considera que firmar el Acuerdo Trans-Pacífico resultará contraproducente, principalmente para industrias como la cafetalera y la textil.

Para Gregorio Vidal, investigador de la UAM, el problema de fondo consiste en que el modelo basado en exportaciones carece de las bases necesarias para generar un crecimiento económico sostenido de entre 5% y 6%, a diferencia de lo que ocurre con otras potencias exportadoras como China, país que genera sus propios insumos y requerimientos industriales para luego transformarlos y exportarlos al resto del mundo, incluido México. Esto debido a que el TLCAN permitió que países como el gigante asiático introdujeran sus mercancías a México a través de Estados Unidos.

“Desde hace mucho tiempo no hay ninguna política industrial en México. Se ha asumido que simplemente hay que actuar de acuerdo a los mercados. Un ejemplo notable es el caso del petróleo, cuando se dice que sale más barato importar gasolina que construir refinerías”, señala Vidal, quien considera que la situación actual de Pemex ilustra la situación que ha ocurrido con el resto de la industria nacional.

También aumentó la presión sobre las finanzas públicas, ya que la balanza entre ingresos y gasto público pasó de tener un saldo favorable de 0.2% del PIB en 1994 a un saldo de -2.5% del PIB para 2012. Una cifra negativa que se incrementará para 2014, luego de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto solicitó aumentar la deuda pública 1.5% del PIB para 2014 con el objetivo de aumentar el gasto público y evitar una recesión ante la desaceleración económica de los últimos meses. Sin embargo, el incremento de la deuda difícilmente revertirá el rezago de la inversión estatal en México desde la implantación del modelo neoliberal, ya que en el país el gasto público como porcentaje del PIB “es de apenas del 19.5%, mientras que en el resto de América Latina alcanza, en promedio, es del 27.1%, y en los países de la OCDE es de 46.5%”, de acuerdo con la SHCP.

A pesar de que México registra un saldo negativo en casi todas las variables macroeconómicas, el PIB presenta un ligero crecimiento de 3.15% desde la entrada en vigor del TLCAN y un crecimiento por habitante de 1.46%, según datos de INEGI y Conapo. ¿Cómo se explica esto?

Esa es la verdadera pregunta ácida para el Estado mexicano a 20 años del TLCAN. ¿Cómo explican agregado económicos, en algunos casos muy altos, cuando no tenemos producción, hay aumento de desempleo y problemas con la producción agrícola?”, señala David Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien considera que los altos precios del petróleo del 2000 a la fecha no permiten explicar por sí solas la manera en que la economía real es “totalmente contraria” a las cifras macroeconómicas.

Por ello, diversos especialistas dudan de la veracidad de las cifras macroeconómicas sean reales, pues deja varios huecos a la hora de explicar fenómenos como la inflación.

“México tiene un problema y hay advertencias del sistema financiero internacional de que México está lavando dinero en grandes cantidades”, agrega Lozano.

—Ahí está el caso HSBC.

—Un ejemplo solamente. Pero también algunas políticas de Estado pueden servir para lavar dinero.

—¿Cómo cuáles?

—Ahí tienes el caso de Chihuahua y Coahuila. Funcionarios públicos que traían empresas que lavaban dinero con el propio dinero del gobierno— afirma Lozano.

La agencia Stratfor estima que cada año se lavan o blanquean en México entre 19,000 y 39,000 millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada.

De ahí que diversos investigadores consideren que la estabilidad macroeconómica del país en las últimas dos décadas haya sido inflada artificialmente mediante deuda pública, las divisas de los migrantes, la precarización del empleo, el comercio informal y el dinero generado por el crimen organizado.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima, cifra que coincide con el excedente de 10,000 millones de dólares que registró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sistema financiero mexicano al cierre del año fiscal 2011, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicada en 2012.

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1950-1995GRAFICO 1

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Evolución de la Productividad Total de los Factores en México, 1990-2011

GRAFICO 2

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Variación en la Productividad Total de los Factores, 1990-2011

GRAFICO 3

(Fuente: INEGI)

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2. Los privilegiados de las privatizaciones

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que inició originalmente el proceso privatizador al extinguir 294 empresas públicas, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas, o de acuerdo con cifras de la SHCP, no fue sino hasta el sexenio de Salinas cuando el proceso privatizador alcanzó su auge debido al tamaño y relevancia de las empresas que pasaron al control del sector privado. Fue así como en 1991, el gobierno inició la privatización del sector bancario que se vendió principalmente a empresarios nacionales.

“Eran grupos financieros en un sentido amplio. Ellos son los que adquieren todos los bancos en un proceso acelerado que intenta generar grupos financieros y bancarios en el país de gran tamaño que permiten que algunas fortunas se fortalezcan”, explica el investigador de la UAM, Gregorio Vidal.

Con la crisis económica de 1994 y la inminente quiebra de los bancos, el gobierno implementó el mayor rescate financiero en la historia del país al convertir en deuda pública las deudas de los ahorradores. Durante el rescate bancario, el Estado mexicano gastó montos dos o tres veces mayores que los que recibió durante su privatización, para luego vender los bancos ya saneados al capital extranjero.

A 14 años de distancia, la deuda pública por el rescate bancario no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado un 19.87%, debido a que el dinero destinado anualmente para este rubro en el presupuesto de egresos se utiliza para pagar una parte de los intereses. De acuerdo con datos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la deuda en diciembre de 1999 era de 687,844 millones de pesos. Para septiembre de 2013 la deuda ascendía a 824,586 millones de pesos. Esto luego de que a diciembre de 2013, el Estado mexicano ha pagado un total acumulado de intereses por 106,710 millones 722,223 pesos, según el IPAB.

Sin embargo, el crédito otorgado por la banca se contrajo a la mitad desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que mientras en 1994 se otorgaron créditos por 47.4% del PIB, en 2012 el porcentaje de créditos llegó a 20.32%, según datos oficiales recopilados por el CEFP.

Para el gobierno federal, la falta de crédito ha repercutido la caída en la producción y la falta de trabajo, ya que aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos del país, sólo el 15% de ellas tienen acceso a financiamiento.

“Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan: los pequeños y medianos negocios del país”, reconoció Peña Nieto en mayo pasado durante la presentación de la reforma financiera.

En contraste, las ganancias de los bancos han crecido a un ritmo mayor que la economía en los últimos 15 años. De 1999 a octubre de 2013, la banca privada tuvo utilidades por 724,956 millones de pesos, según informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que las ganancias de los bancos crecieron cuatro veces más que la economía nacional en el mismo periodo, principalmente por el cobro de intereses. (El PIB creció 186.37% a precios corrientes mientras que las utilidades de los bancos crecieron a 722% a precios corrientes).

Con la privatización de la industria siderúrgica, los ingenios azucareros, así como las empresas de telefonía, fertilizantes y productos básicos de consumo, y posteriormente los ferrocarriles, los aeropuertos, las líneas aéreas, los puertos marítimos y las dos compañías productoras de energía en fechas más recientes, la emergente élite empresarial del país comenzó a concentrar un mayor volumen de riqueza.

En 1993, México contaba con 14 empresarios cuyas fortunas superaba los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. En el selecto grupo se encontraban Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), con una fortuna de 5,100 millones de dólares; Carlos Slim (Grupo Carso) con 3,700 millones; Lorenzo Zambrano (Cemex), con 2,000 millones; Eugenio Garza Legüera (VISA y Bancomer) y Bernardo Garza Sada (Grupo Alfa), ambos ocupando el mismo escaño con 2,000 millones; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1,500 millones; Ángel Losada Giménez (Gigante), con 1,300 millones; Jerónimo Arango Arias (Cifra), con 1,100 millones; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 1,100 millones; Lorenzo y Roberto Servitje (Bimbo), con 1,100 millones; Adrián Sada González (Vitro y Serfín), con 1,000 millones; Alfonso Romo Garza (Pulsar Internacional), con 1,000 millones; Pablo Aramburuzabala Ocaranza (Cervecería Modelo), con 1,000 millones de dólares y Enrique Molina Sorbino (Gemex), con 1,000 millones.

Estos 14 magnates sumaban una fortuna acumulada de 22,900 millones de dólares. 20 años después, el número de multimillonarios mexicanos se mantuvo casi igual pero con un aumento significativo en el grueso de su riqueza, ya que en 2013, México tenía a 15 multimillonarios cuyas fortunas sumaron un total de 148,500 millones de dólares, cifra 648% mayor respecto a la de 1993, según datos de Forbes.

En la lista figuran Carlos Slim (Grupo Carso, América Móvil), considerado como el hombre más rico del planeta con una fortuna estimada de 73,000 millones de dólares; Alberto Bailleres (Grupo Peñoles, Palacio de Hierro y GNP), con 18,200 millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), con 16,700 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y Televisión Azteca), con 9,900 millones; Eva Gonda Rivera, viuda de Eugenio Garza Legüera (Femsa), con 6,600 millones de dólares; María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo, hoy propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch InBev), con 5,000 millones; Jerónimo Arango (Cifra y Walmart México), con 4,000 millones; Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), con 2,500 millones; Rufino Vigil González (Industrias CH), con 2,400 millones; los hermanos José y Francisco Calderón Rojas (Femsa), con 2,300 millones; Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes), con 1,900 millones de dólares; Roberto Hernández (exdueño de Banamex y accionista de Televisa), con 1,800 millones; Alfredo Harp Helú (ex accionista de Banamex), con 1,500 millones; Max Michel Suberville (Femsa y Liverpool), con 1,400 millones y Juan Gallardo Thurlow (Organización Cultiba SAP, dedicada a la industria de las bebidas azucaradas), con 1,300 millones de dólares.

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De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 2013, elaborado por el banco Credit Suisse, México ocupa el octavo lugar entre los países con mayor número de multimillonarios del planeta, con 186 magnates, aún cuando México es la decimocuarta economía del globo.

“Estos empresarios han salido enormemente beneficiados. O han vendido sus acciones o han cambiado de giro, pero se les han dado ganancias como nunca. Se ha flexibilizado la ley para que ellos puedan tener grandes ganancias, si bien no en el sector productivo, sí en el sector financiero, donde la ley es muy laxa para obtener rápidamente altas ganancias. Por eso ellos no pueden estar a favor de una regulación estatal”, explica Arturo Ortíz Wadeymar, experto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador asegura que mientras empresas como Grupo Modelo han sido adquiridas por compañías extranjeras, México se ha convertido con el paso de los años en un país donde las empresas mexicanas se han convertido en trasnacionales que exportan grandes cantidades de capital para realizar inversiones en otros países, tal como ocurre actualmente con compañías como América Móvil, Grupo Elektra, Cemex, Grupo México, Bimbo, o Gruma, por mencionar algunas.

“Ahí mismo está el dato de la balanza de pagos, donde la inversión de mexicanos en el extranjero está por ahí de 25,000 millones de dólares en 2013, es decir, están invirtiendo fuera porque ven pocas expectativas en el mercado nacional”, señala Ortíz.

Sin embargo, la fuga de capital es mucho mayor a la reportada oficialmente, ya que de acuerdo con un estudio de la firma Global Financial Integrity, México se convirtió en el tercer país en desarrollo con mayor fuga ilegal de capital, al registrar pérdidas por 461,860 millones de dólares de 2002 a 2011. Un fenómeno que se disparó con la entrada en vigor del TLCAN, debido a que la falta de controles facilitó el lavado de dinero a través de facturación fraudulenta, lo cual permitió que el crimen organizado pudiera lavar grandes sumas de dinero transferido principalmente a los Estados Unidos. Si se comparan los ingresos que recibió México por las remesas familiares y la inversión extranjera, frente a la fuga de capital, se obtiene un saldo negativo de 110,646.5 millones de dólares, lo cual evidencia la magnitud del problema.

El reporte concluye que el gobierno mexicano debe enfocarse en adoptar medidas para frenar la facturación fraudulenta, una manera de lavado de dinero que se incrementó exponencialmente después de la entrada en vigor del TLCAN y que “constituye el 73.7% de todos los flujos ilícitos” registrados de 1970 a 2010, de acuerdo con la consultora.

Fuente: Global Financial Integrity

De ahí que la fuga de capital y la caída en la producción sean dos elementos clave para explicar la escasa generación de empleo en las últimas dos décadas, en contraste con un aumento de la riqueza registrada por la élite empresarial beneficiada por el modelo neoliberal.

Redituable sí ha sido. El tema es, ¿redituable para quién? Hay ganadores en este proceso, hay fortunas que han crecido, grupos que se han fortalecido, capitales colocados fuera que son resultado de esta lógica. Que el grueso de la población no se haya beneficiado es otra cosa”, explica Gregorio Vidal, investigador de la UAM, sobre la privatización de los bancos.

“Es muy complicado modificar la lógica económica, porque ellos seguirán defendiendo este mecanismo. Lo que no se logra advertir es que esta forma de operar la economía no hace posible que haya crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, mientras se consolida el estancamiento”, agrega Vidal.

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3. La erosión del ingreso y la falta de empleo

La poca productividad de México y el estancamiento de su economía durante los últimos 20 años se ha traducido en falta de empleo y reducción del poder adquisitivo para los trabajadores mexicanos.

En el país, más de la mitad de los mexicanos (53.3% de la población, equivalente a 63 millones de personas) enfrentan algún nivel de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social. De 1994 a 2012, el número de mexicanos con alguna carencia alimentaria aumentó en 1 millón 740,916; con alguna carencia de capacidades en 2 millones 626,039; con alguna carencia de patrimonio aumentaron en 5 millones 589,294.

A dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el precio de la canasta básica, pasó de 17.86 pesos en 1993 a 108.80 pesos hasta octubre de 2013, de acuerdo con datos del INEGI.

Paralelamente al aumento de la canasta básica, el salario mínimo tuvo una caída del 27% de 1994 a 2012, al pasar de 78.84 pesos a 57.04 pesos, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Además de la erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, también aumentó el desempleo. La tasa de desocupación pasó de 3.6% en 1994 a 5% de la población económicamente activa en 2012, según datos del INEGI.

Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM asegura que las cifras reales del desempleo en México son superiores a las reportadas por el INEGI, ya que al utilizar la metodología de la Organización Mundial del Trabajo, los especialistas aseguran que en el país existen 8 millones de desempleados en México hasta octubre de 2013, equivalentes al 15.5% de la población económicamente activa.

Asimismo, el gobierno reconoce las cifras oficiales sobre el desempleo dadas a conocer por el INEGI son engañosas debido a que el 60% de los trabajadores mexicanos pertenecen a la economía informal, sector que genera una productividad 45% menor en comparación con la economía formal.

“Las estadísticas dicen que México tiene entre el 4.8 y el 5% de su población activa desempleada, pero ese es un dato engañoso porque la realidad es que el 60% son trabajadores informales y sólo el 40% tienen un empleo formal”, reconoció Alfredo Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante una entrevista con la agencia EFE en junio pasado, durante su participación en la Asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Ginebra.

El funcionario indicó que la informalidad es el principal problema del sector laboral mexicano es que la “informalidad no paga impuestos, no recibe prestaciones y no cuenta con seguridad social”. Esto, aun cuando el PRI y el PAN impulsaron dentro de la reforma laboral de 2012 aprobada por el Congreso de la Unión, al flexibilizar el despido con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a costa de los trabajadores.

Datos de la UNAM señalan que el tiempo de trabajo necesario para que un trabajador mexicano pueda adquirir una canasta alimenticia prácticamente se duplicó en 20 años, al pasar de 12.53 horas de trabajo en 1994 a 23.44 horas en abril de 2013. En otras palabras, el salario mínimo alcanza para comprar la mitad de comida de lo que se compraba previo a la entrada en vigor del TLCAN, a pesar de que los promotores del acuerdo comercial aseguraban que la libre competencia en el sector agrícola reduciría el precio de los alimentos.

En 2013, uno de cada dos mexicanos dijo haberse quedado alguna vez sin dinero suficiente para comprar comida, de acuerdo con datos de la consultora Latinbarómetro.

Las comparaciones internacionales tampoco resultan favorables. México es el país con mayor explotación laboral entre las principales economías del planeta, ya que el trabajador mexicano que en promedio trabaja 594 minutos al día (el número de horas semanales más alto de las principales economías del planeta), deja de recibir ingresos por prácticamente la mitad del tiempo trabajado (253 minutos), según datos de la OCDE publicados en 2011. Esto significa que la explotación laboral en México es superior a países como China e India, cuyos trabajadores laboran en promedio 504 y 486 minutos al día.

En el caso de los profesionistas, cifras del INEGI señalan que el 37.3% de los desempleados tenían estudios medio superior y superior durante 2013, derivado de un modelo económico en el que los jóvenes profesionistas no encuentran cabida dentro del mercado laboral. Una situación que ha contribuido a desperdiciar el llamado ‘bono demográfico’ de México, que según el Consejo Nacional de Población, se define como el fenómeno de transición demográfica en el que el número de población trabajadora es mayor al dependiente (niños y adultos mayores), lo que se supone debería contribuir al impulso económico del país.

Y a pesar de las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores nacionales, México perdió 16 lugares en competitividad a nivel internacional de 2001 a 2012, según el Foro Económico Mundial, mientras que perdió 47 lugares en la evaluación del organismo en torno a la calidad de las instituciones públicas, al pasar del lugar 56 al 103 en el mismo periodo.

“El TLCAN ha provocado un mayor deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy tenemos un incremento en la pobreza, aún cuando en los últimos 20 años es cuando más se ha incrementado el gasto federal en el combate a la pobreza”, asegura David Lozano, economista y coordinador del CAM, quien considera que la falta de empleos explica en buena medida la violencia que existe en varias regiones del país.

En 1995 los estados de la República tenían tasas de desempleo entre 8 y 11%, ahora los ves con tasas de hasta 22% de desempleo. Eso cómo no va a impactar en la violencia”, señala el especialista, quien afirma que actualmente el crimen organizado regula la oferta y demanda de ciertos productos y servicios a través de cuotas que impone a los productores de limón, en Michoacán y Jalisco, la piña en Veracruz, o leche en la zona de la Comarca Lagunera.

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario, UNAM

Hay lugares donde la economía es la economía del narcotráfico. Ahora ya tenemos población económicamente activa que se supone que es ilegal, pero que se contabiliza como ingreso en el paísHay empresas que son verdaderas lavadoras de dinero, pero el gobierno las mantiene porque son generadoras de empleo. Dicen que los tienen bien fiscalizados, pero son los que mejor pagan los servicios financieros y pagan sus impuestos”, asegura.

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4. La devastación del campo y los recursos naturales

A 20 años del TLCAN, el sector agrícola quedó estancado debido a que la falta de apoyos gubernamentales en el campo y las desventajas de los agricultores nacionales frente a sus contrapartes estadounidenses, provocaron que México haya dejado de producir alimentos para importarlos.

Datos de la UNAM señalan que el 72% de los productores del campo se encontraban en quiebra en 2011, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía.

Asimismo, el gobierno mexicano redujo a más de la mitad los subsidios agrícolas en dos décadas, según un estudio de la OCDE publicado en 2013, al pasar de 28% en el periodo 1991-1993 al 13% que se registró para 2010-2012.

Esta situación provocó que muchos productores mexicanos quebraran ante su incapacidad de competir con precios por debajo del valor de mercado ofrecidos por productores estadounidenses gracias a los altos subsidios otorgados por su gobierno, una práctica conocida como dumping que ha dejado cuantiosas pérdidas en productos como maíz, trigo, algodón, carne de puerco y de res.

La inequidad entre el régimen proteccionista de Estados Unidos y México ha provocado un estancamiento del sector agrícola, con un crecimiento de 1.8% anual en las últimas dos décadas, además de que la importación de comida se duplicó en dos décadas al pasar del 19% al 42%, de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“El hecho es que con el TLCAN, México se convirtió en una potencia importadora”, asegura Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Otra promesa incumplida es que se iban a dinamizar las inversiones privadas y extranjeras en el campo, las cuales nunca llegaron, mientras la inversión privada fue raquítica. Se retiró la inversión pública para el campo. Solamente se invirtió en una minoría de agricultores comerciales del norte que no representan más del 10% del total de unidades de producción y para el 90% solamente hubo presupuestos de carácter asistencialista para combatir la pobreza, pero no para el desarrollo productivo. El resultado es que no hay mejoría en el ingreso rural ni en el bienestar de la gente del campo”, agrega.

La Confederación Nacional Campesina, organización históricamente vinculada al PRI, reconoce que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a Estados Unidos y otras ciudades del país “con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80% de los alimentos que demanda la población”, según el informe Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo publicado en diciembre de 2013.

Además de la falta de apoyos al campo, el desmantelamiento de empresas paraestatales como Conasupo y Liconsa durante la década de 1990 permitió que diversas empresas trasnacionales regularan los precios de alimentos, semillas y otros insumos agroindustriales que explican en buena parte el incremento de los precios de la comida en las últimas décadas, tal como ocurrió en 2007 con la crisis de la tortilla.

“Se prometió que los consumidores se beneficiarían con alimentos de calidad y bajo precio, pero los resultados indican que tenemos un incremento constante de los precios del consumidor, sobre todo en los últimos siete años, a tal nivel que el precio internacionales de los alimentos se han duplicado o triplicado a los años previos al arranque del TLCAN y esto ha repercutido en el incremento de la pobreza, la desnutrición y la obesidad en México, porque también se ha importado el modelo de alimentación basado en alimentos chatarra y refrescos que ha provocado la epidemia de obesidad”, asegura Suárez.

“El TLCAN ha resultado en un fracaso para el país, los productores y los consumidores. Los únicos que se han beneficiado han sido una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Grupo Vizacarra, Monsanto, Cargill, ADM, Nestlé, Walmart, Pepsico, Coca Cola, Bayern, General Food y este tipo de empresas, que han visto crecer sus utilidades y su dominio de los mercados tanto nacionales como globales, además de concentrar subsidios, créditos a sus actividades económicas, regímenes de privilegio de carácter fiscal. Han pasado de una economía de libre mercado a una economía de oligopolios”, agrega.

Sin embargo, el sector agropecuario no es el único que presenta un saldo negativo tras la firma del acuerdo comercial, ya que las pérdidas económicas ocasionadas por daños al medio ambiente representan el 6.9% del PIB, de acuerdo con datos de INEGI en 2011. Tan solo ese año, las afectaciones ambientales de la minería generaron pérdidas por 242,274 millones de pesos.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 27,000 concesiones mineras que de manera conjunta equivalen entre el 15% y 30% de la superficie total del territorio nacional, gracias a las modificaciones constitucionales al artículo 27 constitucional que abrió la puerta a la privatización de la tierra, así como la apropiación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal estima que el 82% de las 155 mil hectáreas deforestadas cada año en el territorio mexicano son consecuencia del cambio de uso de suelos “para uso agropecuario, de turismo o por crecimiento urbano e industria”, sectores vinculados a la apertura comercial del TLCAN, convirtiendo a México en el país con mayor deforestación de la OCDE. Y aun cuando el 13% del territorio nacional se encuentra bajo protección federal, más de 2,600 especies están listadas bajo distintas categorías de amenaza, y la proporción de especies de mamíferos y aves amenazadas “es alta en comparación con los niveles de otros países de la OCDE”, según detalla un informe de la organización.

Para diciembre de 2011, un 29% de las tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para pasar a propiedad privada, de acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria.

De ahí que el abandono del sector agrícola aunado a la presión del capital privado sobre las comunidades ha generado un ambiente de descontento social en prácticamente todo el país, ya que de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), actualmente existen cerca de 350 conflictos sociales vinculados con problemas ambientales.

“Existen casos emblemáticos muy graves de daño por contaminación pero no existe ningún tipo de regulación y vigilancia sobre el manejo, uso y destrucción de los recursos naturales del país. Si a esto agregamos que en estos 20 años ha ocurrido un proceso acelerado de privatización de los recursos naturales vía concesiones mineras o la reforma energética, así como otro tipo de infraestructuras, tenemos la más grave amenaza para la supervivencia en la historia del país, más allá del problema de la violencia que también es muy grave”, señala Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la ANAA.

Sin embargo, el escenario podría empeorar para los próximos años, debido a que la reciente aprobación de la reforma energética podría generar una destrucción ambiental en los estados del Golfo de México debido a que ahí se encuentran grandes yacimientos petroleros que aumentarán la presión sobre las comunidades para que las empresas trasnacionales puedan extraer hidrocarburos del subsuelo, de modo similar a lo que ocurre con las mineras canadienses.

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5. Exilio forzado

Actualmente existen cerca de 13 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo del INEGI, lo cual significa que cerca del 18% de la población económicamente activa del país se encuentra en el vecino del norte.

Mientras que en 1990 existían 4 millones 409 mexicanos viviendo en Estados Unidos, la cifra aumentó a 11 millones 964 en 2010, lo cual representa un aumento del 171% en dos décadas.

La migración masiva de trabajadores mexicanos se disparó justo después de la entrada en vigor del TLCAN, debido principalmente a la crisis económica de 1994, el crecimiento acelerado de la economía estadounidense y las redes de migrantes que se construyeron desde la reforma migratoria de Estados Unidos en los años 80.

El flujo migratorio hizo que en dos décadas, los ingresos por remesas aumentaron 645% al pasar de 3,475 millones de dólares en 1994 a 22,446 en 2012, según cifras oficiales recopiladas por el CEFP.

De ahí que diversos investigadores consideren que la migración fue una ‘válvula de escape’ para la economía mexicana, debido a que la falta de empleo en México podría haber contribuido a precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores nacionales.

“Ha sido una válvula de escape, debido a una combinación de factores, ya que por un lado el TLCAN no ha sido el motor de crecimiento que se esperaba y una política errónea de contención de parte de Estados Unidos consolidó el éxodo masivo de tantos mexicanos”, señala René Zenteno, catedrático del Colegio de la Frontera Norte e investigador de la Universidad de Texas.

“El impacto de las remesas es positivo, porque sin esos niveles de ingreso privado yo no sé cómo podrían sortear muchas familias en México momentos difíciles de estabilidad de ingreso. Las remesas lo que vienen a suplir es esa inestabilidad del ingreso y sus bajos niveles”, agrega.

Sin embargo, los expertos aún tienen dudas sobre cuál ha sido el impacto productivo de las remesas enviadas desde Estados Unidos, ya que de acuerdo con Silvia Elena Giorguli, directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ya que “en ningún país del mundo la emigración ha generado desarrollo local”.

Esto, debido a que en México no existen condiciones favorables para que la entrada de recursos incida de manera significativa en la reducción de la pobreza o la deserción escolar.

No hay condiciones muy favorables para capitalizar los beneficios de la migración. Hay gente que regresa con sus ahorros y abren tiendas de abarrotes, pero no hay condiciones para que se genere un entorno de inversión productiva que permita que se aprovechen los recursos y lo que aprendieron allá”, señala Giorguli,

“Eso pasa por la discusión del desarrollo nacional. No es que generes programas para los migrantes, sino modificar las condiciones del entorno en general”, agrega la especialista, quien considera que entre las consecuencias sociales del fenómeno migratorio se encuentran el despoblamiento de comunidades, procesos de ruptura y separación familiar, problemas de salud mental en los que se van y los que se quedan, así como una vulnerabilidad creciente para la mitad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y no tienen documentos.

Derivado de diversas denuncias interpuestas por organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó en noviembre de 2012 realizar una investigación profunda sobre las denuncias de trabajadores mexicanos contra el gobierno de Estados Unidos ante posibles violaciones al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), firmado como parte del TLCAN, principalmente en lo referente al “pago de salario mínimo; eliminación de la discriminación en el empleo; prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; indemnización en casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales; reciban la misma protección que los trabajadores nacionales; y tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales puedan hacer efectivos estos derechos”.

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6. El auge de la economía criminal y la crisis institucional

En los últimos 20 años, la capacidad financiera y operativa de los grandes cárteles de la droga en México convirtieron a estas organizaciones criminales en empresas trasnacionales cuya relevancia en la economía mexicana sigue creciendo ante un Estado débil e incapaz de satisfacer las demandas de su población. Algo que, según diversos especialistas, ayuda a explicar el escenario de violencia y crisis institucional por la que atraviesa el país.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad de Harvard, el narcotráfico es el quinto proveedor de empleo en México, al ocupar directamente a 468,000 personas en 2008, cifra que coincide con el medio millón calculado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

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Un informe publicado en 2013 por el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña, estima que las pérdidas económicas generadas por la violencia en México ascienden a 333,000 millones de dólares anuales, cifra equivalente al 27.7% del PIB.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia y asesor de la Organización de Naciones Unidas especializado en crimen organizado, el crecimiento de la violencia en México se debe a que “la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los Estados, obteniendo ganancias en aquellos mercados con excesos de complejidad o ausencia de marcos regulatorios”, debido a que las empresas criminales ofrecen a diversos sectores de la población todo aquello que el Estado, “por sus fallas o ausencia, no puede ofrecer”.

De acuerdo con Buscaglia, esto ayuda a entender cómo es que las organizaciones criminales han logrado infiltrar el 78% de los sectores económicos del país, al mismo tiempo que ha contribuido a vulnerado las instituciones de impartición de justicia.

En su libro Vacíos de poder en México, Buscaglia señala que la debilidad del Estado mexicano y la ausencia de controles regulatorios capaces de contener la violencia del crimen organizado es propiciada por un “pacto de impunidad” entre una élite político-empresarial mexicana “que hoy se beneficia de descontrolados financiamientos de campañas electorales y de enriquecimientos inexplicables, vía empresas familiares de políticos que se mantienen de sobornos”.

En otras palabras, la corrupción al interior del Estado mexicano no solo ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga, sino también de grandes grupos empresariales amparados por una clase política y una ilegalidad sistemática que explica los altos niveles de impunidad en México, ya que de acuerdo con Buscaglia, “no existe corrupción pública sin corrupción privada: ambas se retroalimentan”.

Así lo reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al señalar en diciembre de 2012 que durante el sexenio de Felipe Calderón existió una impunidad del 99%. Una cifra similar al 93% de impunidad reportados a diciembre de 2013 de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, según una investigación recientemente publicada en el periódico Reforma, porcentaje que sin embargo, no contempla los delitos no denunciados, lo cual hace concluir que la impunidad es aún mayor.

En 2013, el Índice de Percepción a la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México como un país con altos niveles de corrupción al ocupar el lugar 106 de 175 países, lo cual hace de México el país con mayor percepción de corrupción entre los países de la OCDE.

Lo mismo considera el informe 2013 del IEP, en el cual se documenta un deterioro en cuatro de las seis condiciones de gobernabilidad durante los últimos 12 años de acuerdo con los estándares del Banco Mundial, ya que “el nivel de corrupción percibido ha aumentado, el estado de derecho se ha debilitado, la libertad de expresión se ha reducido y, muy notoriamente, la estabilidad política ha disminuido en gran medida”.

La organización Freedom House calificó a México como un país “parcialmente libre” en su informe de 2013 debido a la falta de condiciones que existen en el país para garantizar el cumplimiento de derechos civiles como la libertad de expresión.

Esto ayuda a explicar el desencanto sostenido en la democracia en los últimos años. En 1996, el 53% de los mexicanos consideraban a la democracia como el sistema preferible frente a cualquier otra forma de gobierno, mientras que para 2013, solo el 37% mantuvieron dicha opinión, de acuerdo con datos del Latinbarómetro, lo cual representa una caída del 16%. En contraste, el 81% de los mexicanos consideraban injusta la distribución de la riqueza, mientras el 82% se declaró insatisfecho con el funcionamiento de la economía.

En 2010, el informe del Latinbarómetro señalaban que en América Latina, México y Brasil fueron “los dos países con la mayor cantidad de población que le da una baja legitimidad a la democracia”. Ese mismo año, los niveles de desconfianza de los mexicanos en el Congreso y el Poder Judicial fue de 72%, en los partidos políticos fue del 81%, en el gobierno fue de 66% y en las fuerzas armadas de 45%.

Los números evidencian el descontento de amplios sectores sociales con las instituciones del Estado mexicano, a raíz de casos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, la elección presidencial de 2006, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el sexenio de Calderón o el regreso del PRI a Los Pinos tras una elección marcada por acusaciones de compra de votos y protestas contra los medios de comunicación, principalmente las televisoras.

De ahí que la corrupción, impunidad e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población se han convertido en un problema de legitimidad política que permite explicar el surgimiento de los grupos de autodefensa surgidos en entidades como Michoacán y Guerrero, así como la ingobernabilidad que existe en Tamaulipas y otros estados secuestradas por las organizaciones criminales.

La corrupción desorganizada y sin controles que vive México invita a las empresas criminales de origen nacional y extranjero a establecer en el país cabeza de playa con franquicias para cometer actos predatorios mucho más violentos y dañinos que en los Estados relativamente fuertes”, señala Buscaglia.

“La transición fallida vivida en el país ha desmantelado parcialmente las instituciones del régimen autoritario de partido único de Estado, pero las élites político-empresariales no han remplazado ese vacío con instituciones democráticas, y de esta manera se ha impedido que los supuestos representantes populares encuentren un consenso necesario para definir acuerdos políticos con el propósito de delinear e instrumentar en la práctica aquellos controles judiciales, patrimoniales, contra la corrupción y socialmente preventivos que hagan reducir los comportamientos antisociales”, agrega.

Una crisis institucional y económica que evidencia la fractura del pacto social que ayuda a explicar el clima de descontento que prevalece en México.

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Infografía del abuso

Los datos son elocuentes. La perfecta estampa de la desigualdad planetaria.

Los diversos rostros de la violencia: el caso Monterrey


I. El olor del miedo
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El testimonio habla de la violencia que se vive a diario en Monterrey. José Mendoza se siente vulnerable y por ello utiliza un seudónimo para ocultar su verdadero nombre. Sobrevivir a un tiroteo no le garantiza nada. Sabe que en cualquier momento el crimen organizado puede identificarlo y desaparecerlo sin el menor reparo, como ocurre a diario con sólo mirar las noticias.
Esta historia comenzó el pasado 22 de mayo de 2011 en la fachada del Café Iguana, uno de los bares emblemáticos de la ciudad, famoso por albergar a los grupos más sobresalientes de la escena rockera regiomontana. José llegó al lugar alrededor de las 00:20 horas. Acababa de saludar a Pablo y al ‘Enano’ cuando recibió el primer disparo en el brazo derecho, justo debajo del hombro, en el momento exacto que cruzaba la puerta de entrada. Se tiró al suelo por puro reflejo mientras el ensordecedor ruido de la metralla consumaba la tragedia. Luego vino un silencio pesado, profundo, espeso, capaz de convertir la incertidumbre en la más insoportable angustia.
Un miedo punzante se apoderó de José, quien permanecía tendido sobre el piso, escuchando gritos y sollozos de mujeres con los nervios destrozados. No sabía si el tiroteo había llegado a su fin. Pensó en la posibilidad de que hubiera narcotraficantes armados dentro del bar o que los agresores pudieran estar afuera, al acecho de cualquiera que intentara salir del establecimiento. Así pasaron varios minutos hasta que finalmente llegó la policía.
Lo subieron a la ambulancia bañado en sangre. La bala le destrozó el húmero, pasando a tan sólo cinco milímetros de la arteria braquial, algo que probablemente le hubiera provocado morir desangrado en pocos minutos. Durante el trayecto al hospital, los rescatistas lucían nerviosos. Le contaron que, en ocasiones, los sicarios bloqueaban el paso de las ambulancias para bajar a los heridos y desaparecerlos. Una vez en el hospital, los médicos pudieron salvarle el brazo. Cuatro personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a Pablo César Martínez y Gerardo Fermín Sánchez Lomelí, mejor conocido como ‘el Enano’, quienes formaban parte del equipo de seguridad del bar.
A casi dos meses de lo ocurrido, José no puede sacar de su cabeza aquel fatídico día. A menudo reflexiona sobre aquel instante en que se salvó de una muerte segura. “Si no hubiera dado ese pasito, justo al entrar, muy probablemente estaría muerto”, recuerda José al mostrar la cicatriz que le dejó el tiroteo.
Pensó en abandonar la ciudad mientras las cosas se tranquilizan un poco, quizá pasar un tiempo con su familia en Saltillo, pero considera que su vida está en Monterrey, al lado de su novia y los amigos que le han apoyado en estos momentos difíciles. Aunque ha recuperado la movilidad del brazo sigue sin poder trabajar, pero no le importa. Siente que volvió a nacer y por ello disfruta cada bocado, cada abrazo de los suyos como si fuera el último.
Los lentes oscuros que porta al momento de la entrevista no ocultan el miedo. “Ahora vivo con paranoia. Cada que veo un coche sospechoso, me entra la adrenalina y volteo para todos lados esperando que pase algo”, relata José. El narco no pudo quitarle la vida, pero le arrebató la calma. Una situación similar a la que viven a diario miles de habitantes de la zona urbana de Monterrey, víctimas del miedo y la violencia.

Fachada del Café Iguana

Después de las 10 de la noche, las calles lucen despobladas. Puede sentirse la tensión en el ambiente. La gente voltea con desconfianza en todas direcciones mientras espera el autobús en la avenida Juárez, a la altura del Colegio Civil. Tras varios minutos, decido tomar un taxi con dirección al sur, cerca del Cerro de la Silla, donde vive César, un amigo de mi hermano que gentilmente me hospeda en su casa. Durante el recorrido, el taxista narra con detalle la vez que presenció un tiroteo a tan sólo unos metros de distancia, cuando los tipos que conducían una camioneta negra le cortaron el paso al automóvil de enfrente y comenzaron a disparar.
Al llegar a mi destino, César me cuenta que por las noches pueden oírse los enfrentamientos entre el ejército y las bandas del crimen organizado. Un ambiente que empieza a hacerse habitual.
La violencia en las calles se hizo más visible a partir de 2008, un año después de que el rompimiento formal entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas desencadenara una confrontación abierta por el control del territorio . A partir de entonces, la guerra entre ambas organizaciones detonó las ejecuciones en los nueve municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años y medio han sido contabilizados al menos 2 mil 443 asesinatos en el estado de Nuevo León, cifra que se ha incrementado notablemente año con año. En 2007, el gobierno estatal registró 283 asesinatos vinculados con el narcotráfico. En 2010 hubo 770 casos. Para la primera mitad de 2011 esta cifra se ha duplicado: hasta el 30 de junio se habían registrado al menos 860 homicidios .
Eso, sin contar los 21 ejecutados en el bar Sabino Gordo el pasado 8 de julio ─en una de las jornadas más violentas a nivel nacional durante el sexenio de Felipe Calderón─, la matanza de 23 personas más entre el lunes 11 y el miércoles 13 del mismo mes, o el asesinato de 52 personas en el atentado contra el Casino Royale que consternó al país entero en el mes de agosto. Hechos que hacen de 2011 el año más violento en la historia de Nuevo León.
Para revertir la situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para reestructurar las corporaciones policíacas de Nuevo León y reducir la presencia del ejército en las calles. La publicidad de la llamada ‘Fuerza Civil’ es evidente en cualquier rincón de Monterrey, ya sea en anuncios espectaculares, autobuses o puestos de reclutamiento, como los que hay a lo largo de la calle Morelos, en el centro de la ciudad. De esta forma se pretende acabar con la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad mediante incentivos económicos para los las nuevas generaciones de jóvenes policías, estrategia similar a la que utilizan los cárteles de la droga para reclutar gente.

Convocatoria Fuerza Civil, Nuevo León.

“Ahora el policía que menos gana en Nuevo León, con sus exámenes de control de confianza y todos los requisitos que implantamos, gana casi 14 mil pesos. Aumentamos los seguros de vida y la calidad de su capacitación. En pocas palabras, estamos dotando al policía de una carrera y un plan de vida para que tenga algo que perder. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos policíacos”, señaló el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante el foro Justicia y seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió la necesidad de realizar modificaciones de fondo en los sistemas de impartición de justicia a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario criticó la falta de una gran política nacional de desarrollo social capaz de resolver a fondo el problema de la delincuencia organizada, pues reconoció que la falta de oportunidades para los jóvenes representa un “caldo de cultivo” para el crimen.

Rodrigo Medina en el Foro de Justicia y Seguridad

De ahí que algunos expertos consideren que fenómenos como la pobreza, la marginación y los altos índices de desigualdad social que padece Monterrey, y el resto del país, representan “un factor determinante para entender todos las causas que están provocando los efectos negativos vinculados con la violencia y la criminalidad”, tal como sostiene Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, quien considera que el clima de violencia ha provocado en la población un temor profundo que le impide actuar de manera decidida frente al problema.

“Tenemos más miedo y como consecuencia ya no deseamos participar. Creo que el miedo se deriva de esta gran ignorancia de no saber hablar directamente del tema, porque tiene sus causas y son muy explicables. Tenemos muchos años cometiendo malas prácticas y a medida que las vayamos revirtiendo podremos solucionar el problema”, apunta el experto en derecho penal.

 

 

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II. El crimen como forma de vida
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‘El Gufi’ entró a una pandilla cuando tenía 13 años de edad. Creció en la colonia Independencia, una de las favelas regiomontanas donde la violencia y el crimen son cosa de todos los días.
“Desde chico viví la vida muy rápido, me gustaba andar de aquí para allá. También empecé de vicioso con las drogas, pues desde chico vi gente consumiendo drogas”, cuenta el Gufi, quien a los 11 años consumió mariguana por primera vez; a los 15 ya portaba su primera pistola.

Gufi

Pertenecer a una pandilla como la Sur 13 no era ningún juego, sino un asunto de pertenencia, de identidad. Una forma de hacer frente al mundo hostil que les rodeaba a un puñado de jóvenes con perspectivas de futuro poco alentadoras. Tenían un líder y a menudo hacían reuniones para “discutir” diversos temas, divertirse tomando cerveza o ayudarse entre sí. Cuando alguien del barrio estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, la pandilla vendía ropa o drogas para ayudar al hermano en apuros. También salían a robar a colonias acomodadas cuando el hambre apretaba. De ahí que muchas pandillas se identifiquen con personajes como Chucho ‘el Roto’, héroe de una mitología popular que robaba a los ricos para darle a los pobres, explica el Gufi mientras muestra orgulloso la imagen de Pancho Villa que lleva colgando del cuello.

“Lo hacíamos para sostener nuestras casas, nuestros alimentos. Había ocasiones que no había nada que comer y de ahí teníamos que sacar”, recuerda el pandillero en retiro.
Se cuidaban las espaldas el uno al otro, unidos por los colores de la pandilla, ese pacto de sangre que hacía la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de enfrentar a las pandillas rivales o a la policía. Aunque siempre se sintió atraído por el respeto y el poder que le confería el ser miembro de la Sur 13, los problemas empezaron cuando los excesos se convirtieron en un estilo de vida. Algo que tarde o temprano pasa factura.

Sur 13

“El narco se te hace un vicio, querer tener siempre más y más. En una ocasión, llegué a tener en mi casa 175 kilogramos de mariguana, cinco kilos de coca, 32 pistolas y hasta un harén con cinco mujeres. Todo se te hace fácil teniendo dinero. Para darte una idea, en aquel tiempo un kilo de coca costaba alrededor de 90 mil dólares. Ahora que miro atrás no sé que hice con todo ese dinero”, señala Gufi, quien decidió alejarse de ese estilo de vida luego de un incidente que vivió al lado de David Cardona Carrillo, alias ‘el Ruso’.
“Cuando llegamos nos encontramos a otros contrarios a la pandilla, nos reconocieron y sacaron de la disco. Nos dijeron que ya no nos querían volver a ver ahí. Me apuntaron con una pistola en el cuello y por azares del destino no me dispararon. Regresamos y no lo podíamos explicar, sabiendo que había muchas muertes y que estos tipos eran más violentos que nosotros dos juntos”, relata el Gufi, quien atribuye ese milagro a las bendiciones que su madre la envió desde el cielo, tras perder la batalla contra la diabetes.
Desde ese entonces ambos decidieron empezar una vida más tranquila. Ninguno sospechaba que el destino les tenía guardada otra fatalidad. Cuando celebraba su cumpleaños 25, hace poco más de un año, ‘el Ruso’ recibió un disparo en la pierna. Murió desangrado horas más tarde, cuando pretendían trasladarlo a un hospital. Una pérdida irreparable para el Gufi, quien ha decidido tatuarse el rostro de su amigo en el brazo izquierdo como símbolo de hermandad.
Piensa que el asesinato de su amigo fue producto de un error. ‘El Ruso’ se había creado fama de traficante y por ello, un grupo vinculado con los grandes cárteles de la droga decidió eliminarlo en la disputa por el territorio. Eso motivó que muchos integrantes de la Sur 13 abandonaran su hogar para refugiarse en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. A partir de entonces, cada uno está por su propia cuenta.
“Siempre ha existido una relación entre el narco y las pandillas, pero ahora se nota más por el control de la ciudad de Monterrey. Aquí hay tres cárteles en disputa, pero los que están haciendo todo el desmadre son los Zetas. Como nosotros éramos la pandilla que controlaba las ventas de droga y armas en la zona, tuvimos que salir de nuestro propio barrio, pues nos andaban buscando. Preguntaban nuestros alias, sin saber que estábamos ahí. Ese fue el motivo de nuestra separación. Todos se fueron para lugares distintos”, explica el Gufi, quien ahora intenta retomar sus estudios que dejó truncos por falta de dinero.
“Dicen las sagradas escrituras que iba a haber una etapa de guerras donde íbamos a pelear entre nosotros. Estamos en una etapa de la vida donde se está reflejando todo esto. Creo que así se va a acabar el mundo, en una lucha de todos contra todos”, afirma resignado.
Esta falta de esperanza pareciera ser un problema generalizado en algunos sectores de la juventud regiomontana, quienes mediante el crimen organizado buscan mitigar algunos traumas originados por las condiciones de marginación en que viven. El dinero y poder que proporciona el narcotráfico provoca admiración y respeto entre sus conocidos, algo que suele ser anhelado por jóvenes acostumbrados a la humillación derivada de la explotación laboral, la discriminación por su forma de vestir o la violencia familiar que muchos de ellos padecen.
Esto explica por qué muchas adolescentes no ven como un problema que sus novios sean parte de bandas criminales o que los niños pequeños sueñen con ser Zetas cuando sean grandes, emulando los pasos de sus hermanos mayores, los ‘chingones’ del barrio. Muchos de ellos se inician en las filas del narco como ‘halcones’, haciendo labores de espionaje callejero y pasando información.
De acuerdo con un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, durante el presente sexenio, al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por el narco en México. Algo que puede constatarse de forma clara en lugares como Monterrey, donde el número de menores de edad ejecutados crece de forma alarmante. Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León indican que entre 2009 y 2010, el número de menores procesados por delitos del fuero federal creció 98 por ciento, de 52 a 103, mientras los del fuero común aumentaron 28 por ciento, de 269 a 345 .
Ante este panorama, el gobierno estatal estudia la posibilidad de reducir la edad penal, con el fin de que los menores infractores de 12 a 17 años vinculados con el narcotráfico puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, algunos expertos califican como absurda esta medida debido a que no ataca el problema de fondo, vinculado a la falta de oportunidades. Algunos cálculos sostienen que en Nuevo León existen al menos 170 mil 122 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan .
Para Efrén Sandoval Hernández, experto en temas de desigualdad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la dramática caída en las condiciones del empleo y el limitado acceso a la educación son elementos clave para explicar este complejo escenario de descomposición social que vive Monterrey.
“Lo que está pasando tiene explicaciones de tipo político, pero en términos generales, podría pensar que hay una condición de vulnerabilidad generalizada, no sólo en términos laborales sino también sociales. Hay una sociedad muy fragmentada donde la gente tiene muy clara la existencia de esta desigualdad pero no tiene herramientas para luchar contra ella”, afirma el especialista.
Aunado a esto, Sandoval considera que la privatización del espacio público en zonas de alta marginación es otro de los factores que está recrudeciendo el problema, pues quitar albercas públicas para hacer estacionamientos o privatizar canchas de futbol limita aún más las condiciones de bienestar de muchos grupos vulnerables.
“Hoy está pasando algo que no pasaba antes: se está criminalizando a los pobres de manera brutal. Si antes se tenían más prejuicios en contra de ellos ahora se tienen más”, señala Sandoval, quien agrega que los operativos realizados por el ejército en muchos barrios populares, con el fin de encontrar armas y drogas, constituyen una violación a los derechos humanos y un claro ejemplo de esta situación.
“Supuestamente piden permiso para entrar pero, ¿te imaginas a alguien diciéndole al ejército que no pueden entrar a su casa?”, pregunta el experto.
Por ello considera ilógico que el gobierno pretenda acabar con la delincuencia organizada al mismo tiempo que utiliza la fuerza pública para desmantelar zonas de comercio informal, convirtiendo a la pobreza en un delito que perseguir.
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III. Migración, pobreza y discriminación
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Fidel Bernal Aguilar llora sin consuelo al contar su historia. Tiene 60 años de edad y en su rostro se refleja la desesperación. Nació en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, lugar que abandonó durante la adolescencia para probar suerte en Monterrey, junto a sus padres. Huían de la miseria en que vivían cultivando maíz y frijol, al igual que muchos migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro más próspero.

Fidel Bernal

Una vez establecido, Fidel comenzó a trabajar como albañil. Pagaban poco pero había mucho trabajo, según recuerda. Con el paso del tiempo se casó y formó una familia de seis hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Su mujer lo corrió de la casa cuando empezó a escasear el trabajo, a raíz de la crisis económica de 2008. Desde entonces lleva una tristeza profunda cargando a cuestas mientras deambula por la Alameda, como buscando una solución para sus problemas, la cual, simplemente no llega.

“Ando en la calle y pos ahí vamos a los comedores a que nos brinden un taco para comer y así he sobrevivido. Vamos a las clínicas a que los vigilantes nos den chance de pasar la noche pero a veces no quieren y nos vamos debajo de los puentes. No tenemos cobijas ni nada, así nomás”, recuerda Fidel con los ojos llenos de lágrimas. “Una vez me pegó una enfermedad a media noche y pos ya, me recuperé. Nadie le regala a uno un vaso de agua, una pastilla”.
Históricamente, la migración hacia Monterrey inició a finales del siglo XIX, a medida que la ciudad se convertía en un importante centro industrial. Más tarde, factores como la guerra cristera y el colapso de la minería en San Luis Potosí y Zacatecas provocaron la migración de albañiles que sabían trabajar la cantera, conformando las primeras colonias populares de Monterrey. En la década de los 70 llegaron los primeros grandes flujos de población indígena provenientes de la Huasteca potosina, Veracruz, Tamaulipas y otras regiones del país, situación que se incrementó aún más a partir de los años 90, en un escenario de crisis económica nacional.
“La escasa oportunidad de empleo es un motor que incentiva esta migración. Por ello encontramos personas que migran a Nuevo León con la idea de mejorar su calidad de vida, pero hemos encontrado personas que viven incluso en peores condiciones que en sus lugares de origen, además de que las aspiraciones y necesidades de estas familias se vuelven muy diferentes”, comenta Galileo Hernández, integrante de Enlace Potosino, una organización civil de reciente conformación que promueve el desarrollo social de los migrantes potosinos en Nuevo León.
Esto puede constatarse en sitios como Los Altos, en el municipio de Apodaca, ubicado en las afueras del área metropolitana de Monterrey que alberga un número importante de migrantes, quienes libran una lucha continua por la supervivencia.
Leonardo Santiago Cruz es originario de Tampamolón, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la Huasteca Potosina. A los 11 años llegó a Monterrey siguiendo a sus hermanos, luego de una prolongada sequía de tres años que agudizó al extremo las condiciones la miseria que predominaba en su comunidad. De niño trabajó lavando platos en un restaurante. Aún recuerda el miedo que sentía por la violencia de los policías. “Te miraban caminando en la calle y te paraban luego luego”, según cuenta.

Leonardo Santiago Cruz

La discriminación es otro de los grandes problemas que la migración genera en el contexto cultural regiomontano, una sociedad hermética que no siempre ve con buenos ojos la llegada de gente de otras entidades, sobre todo indígenas. No en vano, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) califica como “preocupante” el nivel de intolerancia contra algunos sectores de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Basta revisar los comentarios racistas publicados por jóvenes regiomontanos en algunos grupos de Facebook, como el de “San Luis llévate a tu gente”, el cual contaba con 728 seguidores al momento de escribir este texto.
“Nuevo León es de las entidades con mayor discriminación en general, no sólo con la población indígena sino con cualquiera que sea diferente. Somos una sociedad muy excluyente y tenemos que hacer algo para que esta realidad cambie”, dice la antropóloga Carmen Farías Campero, una de las fundadoras de la organización Zihuame Mochilla (Casa de la Mujer en náhuatl), que ofrece diversas actividades para generar una cultura de respeto hacia los pueblos indígenas.
Una de las activistas más entusiastas de este proyecto es Elvira Maya Cruz, orgullosa de su cultura nahua y originaria de Chahuatlán, Veracruz. Salió de su comunidad hace 13 años, debido a que no le era redituable trabajar el bordado de una servilleta durante dos o tres días para ganar 20 pesos. Actualmente organiza cursos de cocina y manualidades con el fin de que las mujeres indígenas de su localidad puedan acceder a mejores condiciones de vida.
La labor no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que sortear muchos obstáculos, incluyendo algunos intentos de criminalizar el trabajo doméstico que, en su mayoría, realizan mujeres indígenas. Así ocurrió con un programa promovido en la localidad de San Pedro de los Garza para crear un padrón de empleadas domésticas, con el objetivo de reducir el número de robos que se registran en este municipio, uno de los más ricos de América Latina. Algunas organizaciones civiles han criticado fuertemente dicha medida, al considerarla un atentado contra de las garantías individuales de las trabajadoras.

César Pérez, integrante de la asociación Enlace Potosino, ayuda a una señora originaria de San Luis Potosí a llenar un docuemnto para sacar un acta de nacimiento y poder realizar otros trámites, un problema recurrente al que se enfrentan los migrantes de otras entidades que llegan a Nuevo León.

“Yo no estoy de acuerdo con ese padrón, porque si algo pasa, los primeros etiquetados somos los indígenas y no debería ser así. Por eso les digo a mis sobrinas que no den sus datos si se los llegan a pedir”, comenta Elvira, quien una vez por semana recibe en casa a sus cuatro sobrinas que trabajan como empleadas domésticas en diversos puntos de la ciudad. Esto, para evitar que sufran la discriminación de la que son víctimas los indígenas que se reúnen cada domingo en la Alameda.

De esta forma, el crecimiento de la desigualdad social en Monterrey pareciera estar íntimamente ligado a los procesos migratorios derivados de una vulnerabilidad generalizada en otras regiones, pues al igual que ocurre en el resto del país, el incremento demográfico y la expansión territorial de los grandes centros urbanos está generando cinturones de pobreza, lugares donde se acumula un resentimiento social profundo que se expresa en diversas formas de violencia. Escenario típico de sitios con altos índices de marginación.

Ezequiel Cabrera Balderas vive en Los Altos, Apodaca. Vive de recolectar cartón y fierro viejo. En comunidades como Los Altos donde las oportunidades son pocas, muchos jóvenes son blanco fácil para ingresar a las filas del narcotráfico.

Esto concuerda con algunos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales indican que en los últimos años, la pobreza en las ciudades se ha disparado en comparación con el medio rural. En este sentido, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza desarrollado por la dependencia, ubica a Nuevo León como la primer entidad a nivel nacional con el mayor crecimiento de la pobreza laboral, luego de rebasar a Baja California. Una tendencia que predomina en todo el territorio nacional ante la desigualdad promovida por el actual modelo de desarrollo.

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IV. Crisis nacional
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Para José Luis Calva Téllez, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, queda claro que el factor económico es un componente esencial a la hora de tratar de explicar el complejo escenario de violencia y falta de oportunidades que enfrenta México en la actualidad.
“La determinante principal de la descomposición social es el pésimo desempeño de la economía mexicana”, afirma el especialista, quien considera que la imposición del modelo neoliberal ha sido un rotundo fracaso. De ahí que el país haya perdido al menos tres décadas en materia de desarrollo, algo que podría calificarse como una verdadera “catástrofe”. Un proyecto que nunca pudo cumplir con todo lo que prometió. Los números son contundentes.
De 1935 a 1982, la economía mexicana tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 6.07, muy por encima del 2.2 registrado de 1983 a 2010. Lo mismo ocurre al medir el crecimiento del PIB per cápita, que durante el modelo post revolucionario alcanzó una tasa promedio de 3.17 contra el 0.5 registrado desde la restructuración económica que marcaría el inicio del modelo neoliberal en México, sin considerar a los mexicanos que han migrado al extranjero.
Ni siquiera la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudo revertir esa tendencia negativa, debido en gran parte a que la desaceleración de la economía de Estados Unidos tuvo efectos devastadores para México, con una dependencia casi absoluta frente a las finanzas de su vecino y principal socio comercial.
En los últimos 28 años, cerca de 12 millones de trabajadores se vieron forzados a migrar hacia Estados Unidos ante la falta de empleo, generando una entrada importante de divisas que en su momento más alto reportaba ingresos por cerca de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la situación de la gente que se quedó en el país no mejoró, pues con la implantación del modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido el 71.5 por ciento de su poder adquisitivo.
El campo corrió con la misma suerte, pues la reducción de los programas de fomento agropecuario y el intercambio negativo en la balanza comercial de los productores de granos hizo que la economía rural cayera en el olvido.
Todo esto provocó que fenómenos como la migración, el comercio informal o el tráfico de drogas se convirtieran en una alternativa de vida para muchos mexicanos. Para Calva Téllez, el hecho de que el narcotráfico sea una industria capaz de generar 600 mil empleos puede ayudar a entender el clima de violencia generalizado que vive el país. Una economía paralela que compite con el Estado.
El problema es que el gobierno federal pareciera no estar dispuesto a reconocer que la violencia es el resultado de un modelo de desarrollo fallido que al mismo tiempo promueve. Esto permite entender por qué el asunto del narcotráfico no ha sido combatido desde una perspectiva estructural, con políticas de Estado sólidas en materia fiscal, hacendaria o educativa. De ahí que el Congreso esté impulsando iniciativas de ley, como la Reforma Laboral, que siguen las reglas de un modelo neoliberal en crisis. Algo que para algunos expertos, sólo recrudecerá aún más la descomposición social que vive el país, a pesar de algunos avances como la reforma constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Vivimos un momento en que el Estado tiene que seguir afirmándose como una estructura institucional que permita el flujo de los capitales, y para ello se tuvo que abrir una válvula de escape como la reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales, algo en lo que México estaba muy retrasado a nivel internacional. Paralelamente, la política real de quienes están gobernando este país sigue una lógica de mayor explotación, reducción de salarios, contratos basura y outsourcing para permitir que las empresas sean más ágiles en la generación y concentración de la riqueza. Por ello se construyó una reforma laboral ad hoc para que el sistema económico siga funcionando”, explica Rodrigo Gutiérrez Rivas, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En este país la pobreza se criminaliza a través de los códigos penales y sirven muy bien para perseguir y encarcelar a los pobres. Claro, las normas diseñadas para frenar a las grandes trasnacionales en cuanto a la apropiación de los recursos están muy diluidas o no tienen la vigilancia adecuada, además de que en muchas ocasiones están diseñadas a favor de estas empresas y funcionan con una lógica de simulación”, explica el académico, quien sostiene que la pobreza sistemática que se vive en México está generando un sentimiento de frustración e impotencia que termina manifestándose en robos, delincuencia, daño a terceros, suicidios, etcétera.
Sin embargo, para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, el origen de la violencia en México tiene que ver con la debilidad de las instituciones mexicanas y no necesariamente con la desigualdad social, fenómeno que ha existido de forma permanente desde la época colonial.
“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica el narcotráfico”, comenta el investigador del Colegio de México, quien explica que históricamente, los estallidos de violencia en el país han venido acompañados de una debilidad institucional que genera las condiciones propicias para la insurrección de algunos grupos sociales, tal como ocurrió durante la Independencia y la Revolución Mexicana.
De ahí que la fragilidad y la corrupción al interior de las instituciones mexicanas no sólo abrió la puerta al narcotráfico, sino también a una serie de grupos de poder que ejercen su voluntad aún por encima del bien común, algo que empieza a gestar una profunda crisis de legitimidad que resulta evidente en la pérdida de credibilidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política y los procesos electorales.
“El narcotráfico encuentra un vacío de poder aprovechando una descomposición del control político, igual que Azcárraga o Slim. Se ha deslegitimado el sistema porque la desigualdad y la corrupción se han hecho más obvias”, apunta Meyer, quien considera que para revertir esta situación tendría que construirse un nuevo pacto social que “metiera en cintura” a los poderes fácticos.
Los niveles de violencia que vive México no pueden explicarse únicamente como una disputa de mercado por parte de los cárteles de la droga, si no se toman en cuenta otros factores, como el rencor acumulado durante generaciones enteras en condiciones de marginación y pobreza. Un factor determinante para entender la brutalidad de los asesinatos que abarrotan las primeras planas de la prensa nacional, siguiendo al pie de la letra aquella ‘ley de conservación de la violencia’, enunciada por el sociólogo Pierre Bourdieu, la cual afirma que “la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
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