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La raíz de la violencia (o de cómo la injusticia engendra monstruos)

Para entender la violencia en México hay que explorar sus causas más profundas. Y para ello, es indispensable comprender la diferencia entre justicia y venganza.

Spanish activist Jil Love and Mexican activist Julia Klug perform with tapes and fake blood during a protest against femicide and violence against women in Mexico City, Mexico

Manuel Hernández Borbolla

Una familia viaja por la carretera México-Puebla. El padre siente deseos de orinar y estaciona la camioneta en la que viaja junto a su esposa, su sobrina (una adolescente de 14 años) y su hijo, un bebé de dos años. La familia es sorprendida por una banda de asaltantes que intenta despojarlos del vehículo. Los ocho agresores golpean al padre, violan a la madre y la hija, y asesinan al bebé. Un día después, el cadáver de una mujer de 25 años es encontrado en Ciudad Universitaria, amarrada por el cuello a una caseta telefónica junto a la Facultad de Química.

Dos casos cuya violencia no deja de estremecer, a pesar de que la crisis humanitaria que vive México desde hace una década pareciera haber convertido la crueldad y el horror en un asunto cotidiano, donde el hallazgo de fosas clandestinas y el recuento de asesinatos se ha vuelto algo normal, parte de la rutina noticiosa que nos ha ido arrebatando nuestra capacidad de asombro e indignación.

Los datos son contundentes. A una década de la llamada guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón, el número de homicidios en el país se disparó desde 2007, registrando su pico más alto en 2011 y con un repunte en los últimos años, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero la tendencia se mantiene a la alza, ya que el primer trimestre de 2017 es ya el inicio de año más violento en la historia reciente de México. Un hecho que incluso ha sido reconocido por el presidente Enrique Peña Nieto, quien asegura que “los índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado”.

Homicidios

Pero no solo eso. De 2007 a la fecha, en México se han encontrado 855 fosas clandestinas con 1,548 cadáveres, según un informe reciente de la CNDH. Un país donde la guerra contra el narco provocó una crisis humanitaria con más de 30 mil desaparecidos, una ola de feminicidios y más de 35 mil desplazados. Además, México posee cinco de las 50 ciudades más violentas del planeta, según diversas fuentes. De este modo, el nivel de violencia, equiparable al de países en guerra civil, ha provocado que México sea considerado como el tercer país más peligroso del mundo.

Pero la contundencia de las cifras no es suficiente para comprender la magnitud del fenómeno de la violencia en México y otros países de América Latina, recién reconocida como la región más violenta del planeta. Una región donde el tráfico de las drogas, la pobreza y la desigualdad social no bastan para explicar los niveles de violencia registrados en los últimos años: desde el exterminio de migrantes en San Fernando y las mujeres violadas de Atenco, hasta el atentado y suicidio de un estudiante del Colegio Americano de Monterrey o el hallazgo de 249 cadáveres en una fosa de Veracruz, por mencionar algunos casos recientes.

“Este hombre me contaba, con mucha serenidad, cómo a una de sus víctimas le había abierto el pecho, sacado las costillas para poder arrancarle el corazón vivo y vio cómo se le agotaba el latido en sus manos”, relataba el periodista y corresponsal de guerra David Beriain hace unas semanas, al describir el impactante nivel de violencia de las pandillas en El Salvador.

“Cuando tú te sientas delante de ese al que llaman terrorista, asesino o narcotraficante, gente que mata gente, y no a uno ni a dos, te gustaría pensar que va a existir una distancia infinita entre tú y él, que va a pertenecer prácticamente a otra especie. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te acercas? Es igual que tú. Y puedes reconocer muchas partes de ti en él. Y eso asusta”, me contaba Beriain en otra ocasión.

¿Pero, cuál es la raíz de la violencia? ¿Qué es lo que lleva a una persona común a realizar actos tan terribles como desollar viva a una persona o asesinar a un bebé de dos años para luego violar a su madre? ¿Qué es lo que ocurre en una sociedad donde continuamente se presentan actos de barbarie como estos? Son preguntas cuya explicación requiere una revisión profunda de la condición humana.

Aftermath Teachers Protest in Oaxaca

La venganza, el odio y la injusticia

Toda violencia es consecuencia de un dolor profundo que busca ser aliviado. Un dolor proveniente de viejas heridas que siguen abiertas y no terminan de sanar, o también, del miedo a ser lastimado otra vez. Y por ello, toda agresión representa, en realidad, un acto de venganza contra el mundo.

Para el investigador de la Universidad de Ámsterdam, Nico Frijda, el dolor, tanto físico como psíquico, es el motor del deseo de vengar el insulto, lesión, pérdida, desprecio, sometimiento o humillación ocasionados por otra persona o grupo social, al existir “un alivio del dolor, a través del ejercicio de un poder elemental sobre el ofensor”, según sostiene en su libro The Lex Talionis: On Vengeance. En un sentido similar, la psiquiatra británica Felicity de Zuleta, autora del libro From Pain to Violence: The Traumatic Roots of Destructiveness, sostiene que las personas particularmente violentas suelen ser aquellas que sufren algún tipo de abuso a edades tempranas y recrean ese mismo patrón siendo adultos: víctimas que se transforman en victimarios.

De ahí que la venganza y la justicia son dos formas de curar el dolor que se genera cuando una persona ha sido lastimada por otra. Y este es un factor clave para comprender las repercusiones sociales de la violencia.

La venganza es un dolor que busca alivio en el dolor ajeno. Que el otro sienta el mismo dolor que yo siento, como un mecanismo de compensación: no se trata de quién nos la hizo, sino de quién nos la paga. Esto explica también el placer momentáneo que produce la venganza. Pero esta necesidad de satisfacer el dolor con el dolor de otro, suele generar un circulo vicioso que conduce a la crueldad, palabra cuyo sentido original hace referencia a algo que se “recrea en la sangre”. Una patología social que puede manifestarse en conductas psicópatas (que no siente culpa por hacer daño) o sadomasoquistas (quien siente placer con el dolor). Es decir, una forma de violencia que se reproduce y multiplica sistemáticamente con consecuencias autodestructivas, pues como bien sugiere aquella bella frase atribuida lo mismo a Shakespeare que a Buda: “La ira es el veneno que uno toma esperando que el otro se muera”.

La venganza y la justicia son dos formas de curar el dolor que se genera cuando una persona ha sido lastimada por otra.

Esto bien podría explicar cómo es que surgen casos como El Ponchis, el niño sicario que mató a cuatro personas a los 14 años, o El Pozolero, el albañil que terminó disolviendo cadáveres para el crimen organizado. Personajes emblemáticos de la galería del horror mexicana que surgen de un contexto social hostil donde la violencia se reproduce en múltiples formas: marginación, abandono, pobreza, abusos, frustración, etcétera. Un ambiente hostil que también ayuda a entender otros fenómenos, como la violencia en los estadios de futbol o la violencia durante protestas políticas. Toda rebelión surge de una furia incontenible.

La justicia, en cambio, busca lidiar con el dolor mediante una compensación del daño recibido. Por ello, la justicia busca restablecer el equilibrio perdido de manera armónica en relación con el orden natural de las cosas o con algún código moral expresado en la cultura. De este modo, el castigo de las malas acciones, ya sea por mandato humano o divino (un castigo de Dios, la ley del karma), suele estar asociado a un sentimiento de justicia. Y este sentimiento de justicia puede ser trastocado cuando las acciones condenables generan una sensación de gozo para quien las lleva a cabo. Un asunto que bien nos podría ayudar a entender el repudio popular que causó la burlona sonrisa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras ser detenido en Guatemala.

De ahí que la injusticia del Estado hace que la gente tenga que recurrir a otras expresiones de fuerza para defenderse de la violencia. Un ejemplo de esto, es la manera en que la impunidad sistemática y la complicidad del gobierno con el crimen organizado provocó que en 2013, un grupo de aguacateros y productores de limón se levantara en armas para constituir los grupos de Autodefensas en Michoacán, luego de que bandas delincuenciales extorsionaban a la población e incluso amenazaron con abusar sexualmente de sus esposas, hijas y madres.

Esta diferencia entre las nociones de justicia y venganza permite entender cómo es que la incapacidad del Estado para proveer seguridad y justicia a las víctimas de la violencia genera más violencia. Por ello, no es casualidad que la diáspora de la violencia en México esté íntimamente vinculada a una debilidad institucional provocada por altos niveles de corrupción e impunidad, que a su vez, ponen en entredicho la viabilidad misma del Estado como garante de la paz social.

Esta diferencia entre las nociones de justicia y venganza permite entender cómo es que la incapacidad del Estado para proveer seguridad y justicia a las víctimas de la violencia genera más violencia.

La justicia es un factor clave para que el Estado pueda ejercer el monopolio de la fuerza. Pero si el Estado mexicano es incapaz de impartir justicia, con niveles de impunidad del 99%, esto explica en buena medida la epidemia de violencia que existe en el país. La injusticia engendra monstruos.

“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica la violencia del narcotráfico”, me comentaba el historiador y politólogo Lorenzo Meyer en 2011, cuando lo entrevisté para un reportaje que exploraba las causas profundas de la violencia a partir del caso Monterrey, poco antes de que ocurriera el atentado contra el Casino Royale.

Por ello, no es casualidad que la violencia en México esté asociada a la violencia promovida desde las instituciones políticas, el sistema económico, la marginación social y el abuso como forma de vida, sin que existan los mecanismos sociales que permitan mitigar o revertir el daño causado.

La oscuridad es la sangre de las cosas heridas“, dijo alguna vez Jorge Luis Borges en un espléndido verso. No existe la maldad, solo un puñado de gente herida. He ahí la raíz de la violencia.

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Publicado originalmente en el Huffpost México

Un frente ciudadano para combatir a la corruptocracia: una lectura política de la dolorosa realidad nacional desde la matanza de Nochixtlán

El asesinato de al menos once personas a manos de la Policía Federal y el saldo de más de cien heridos durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la sociedad civil en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio de 2016, es la muestra más reciente de la dictadura que se padece actualmente en México.

A diferencia de lo ocurrido en Ayotzinapa, en Nochixtlán hubo muchos fotógrafos y testigos que documentaron la matanza. El secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong, dice que prefiere esperar a las investigaciones, lo cual se traduce en que quieren ganar tiempo para inventarse otra “verdad histórica” con la tontería esa de que los policías fueron emboscados. Nadie les cree. Y menos cuando hay fotos de agentes con armas largas vestidos de civiles. La crisis de derechos humanos que vivimos en México sólo se ve en las más crueles dictaduras: asesinatos, represión, desaparecidos, torturados.

Y en este sentido, es necesario cuestionar las inconsistencias en la estrategia política de la CNTE y su exigencia de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a lo cual uno podría preguntarse qué posibilidad real de diálogo existe cuando el gobierno utiliza armas de fuego para asesinar manifestantes desarmados. ¿Con quién habría que dialogar? ¿Con un gobierno ilegítimo que viola sistemáticamente los derechos humanos para reprimir a sus opositores y censurar la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto reconocer el diálogo implica reconocer como interlocutor a un gobierno ilegítimo que asesina a la población para salvaguardar los intereses de una oligarquía corruptocrática que ha convertido la ruina del país en un lucrativo negocio privado, como ocurrió con la reforma energética y la reforma educativa que pretende facilitar el despido de los maestros disidentes en beneficio de intereses políticos del gobierno? [1] De ahí que la reforma educativa no sea sino un instrumento de control diseñado para que el PRI pueda recuperar el control del gremio magisterial, luego de que los gobiernos del PAN otorgaron una serie de privilegios a los líderes corruptos del sindicato docente con fines político-electorales. Esto explica el por qué los profesores de la CNTE se oponen a un proceso de evaluación que otorga a los señores de la corruptocracia la posibilidad de sustituir a los maestros disidentes por maestros dóciles, lo cual convierte dicha reforma en un aparato de control diseñado para desarticular la oposición al actual régimen.

No es la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto reprime a sus opositores mediante el uso de la fuerza y otros medios coercitivos. Así ocurrió con la detención de José Manuel Mireles y las autodefensas de Michoacán, luego de que tuvieran que levantarse en armas para defenderse ante los continuos ataques del crimen organizado y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública. Así ocurrió también con la intervención de las fuerzas armadas, el crimen organizado y el Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de la campaña de desprestigio y acoso orquestada por el gobierno federal en contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sin contar con las presiones del gobierno sobre MVS para censurar a Carmen Aristegui y sus colaboradores luego del escándalo de corrupción de la Casa Blanca que involucra directamente a la esposa de Peña Nieto, así como el continuo asesinato de periodistas, activistas y líderes sociales, casos que muestran las difíciles condiciones que se enfrentan actualmente en México para ejercer la libertad de expresión. Rasgos típicos de una dictadura, término que puede definirse como una forma de gobierno en la que una persona o una élite ejerce el poder político a través de diversos mecanismos de coerción para contener a sus opositores mediante el uso de la fuerza.

Por lo anterior habría que preguntarse: ¿Con qué instituciones pretenden lograr gobernabilidad? ¿Con un Poder Ejecutivo que reprime a la disidencia y el pensamiento crítico al mismo tiempo que protege y beneficia a sus cómplices? ¿Con un Poder Legislativo que dicta leyes a modo para beneficiar los intereses de la clase política por encima de la gente, como ocurrió recientemente con la manera en que echaron abajo la propuesta de ley anticorrupción promovida desde la sociedad civil?[2] ¿Con un Poder Judicial que dicta sentencia en función de intereses políticos y donde los crímenes quedan impunes en más del 99% de los casos?[3] ¿Con órganos electorales que invariablemente resultan omisos ante la inyección de dinero ilícito durante las campañas electorales?[4] ¿Con procuradurías de justicia que torturan y manipulan los hechos a su conveniencia para construir “verdades históricas” como las de Ayotzinapa?[5] ¿Con gobernadores corruptos que no son sino empleados del crimen organizado y las empresas trasnacionales?[6] ¿Con los serviles medios de comunicación que administran la ignorancia y realizan campañas de difamación para beneficiar al gobierno en turno?[7] Este es el vivo retrato del actual régimen, donde la corrupción es aquello que da cohesión a todo el sistema político mexicano, lo cual permite entender el actual fenómeno de ingobernabilidad como consecuencia de una severa crisis de legitimidad. Una situación que ha derivado en una grave crisis institucional donde la ausencia de un Estado de derecho ha generado una ola de violencia utilizada por el gobierno para imponer sus propios intereses por encima del bien común, mediante el uso de la fuerza y una maquinaria burocrática diseñada para promover el abuso sistemático en contra de la población. Rasgos de un Estado fallido que busca reconfigurarse como una dictadura donde la política del garrote y la mordaza se ha convertido en el medio predilecto para tratar de controlar la creciente molestia social ante los desastrosos resultados de un gobierno ilegítimo y tirano.

Por ello, no es casualidad que la brutal represión y la detención de los líderes del magisterio disidente se produzca pocas semanas después de que los partidos políticos que forman parte del actual régimen, aprobaran en las comisiones de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca crear un Estado de excepción para suspender los derechos humanos y legalizar la represión contra la población civil.[8] Un instrumento típicamente utilizado por las dictaduras para acabar con la oposición política, controlar el descontento social y aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza. Algo que, de hecho, ha venido ocurriendo desde 2007, a inicios del sexenio de Felipe Calderón, tal como puede constatarse en el elevado índice de letalidad de las fuerzas armadas en su presunta “guerra contra el narcotráfico”,[9] lo cual evidencia que durante la última década se han realizado una serie de “ejecuciones sumarias” contra civiles,[10] tal como quedó de manifiesto con las masacres de Tlatlaya,[11] Apatzingán[12] y Tanhuato[13] a manos del ejército mexicano y fuerzas federales. Esto, sin contar con los casos de tortura reconocidos por los altos mandos del ejército[14] y otros casos violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en San Fernando, Ojinaga, Allende

De ahí que existan elementos más que suficientes para responsabilizar al Estado mexicano en tribunales internacionales por delitos contra la humanidad, tal como sostiene un reciente informe de Open Society, el cual señala que ante la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continua que prevalece en el país “existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.[15]

Una crisis de derechos humanos que no es sino síntoma de una enfermedad crónica provocada por un sistema capitalista cuya perversa lógica de explotación, acumulación y miseria ha servido para enriquecer a los más ricos mediante el sufrimiento de los más pobres,[16] situación que en buena medida explica los altos índices de violencia en México[17] y sirve también para encubrir una política de despojo promovida por empresas que —en su continua disputa por territorios, recursos y mercados— violentan los derechos elementales de las personas y las comunidades en complicidad con el Estado.[18] Una crisis profunda generada por un “pacto de impunidad” entre las élites político-empresariales que controlan al país.[19]

Es por ello que la renuncia de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete se vuelve un reclamo elemental para evitar una escalada de violencia ante el creciente descontento y la ola de represión contra opositores del actual régimen. Si bien la renuncia o destitución de funcionarios de alto perfil difícilmente resolverá la actual crisis política que enfrenta México, sí representa un primer paso para realizar cambios de fondo en la estructura del sistema político mexicano.

Aún cuando en las actuales condiciones la vía armada representa una opción legítima para derrocar al gobierno tirano que asesina civiles y protege delincuentes, me parece que la mejor vía para afrontar la crisis desde la resistencia civil es mediante la conformación de un Frente Amplio Democrático que genere consensos y una estrategia muy concreta para frenar la violencia y combatir la corrupción, los dos pilares que sostienen el poder político del gobierno autoritario que padecemos. La construcción de un Frente Amplio Democrático permitiría aglutinar y cohesionar la protesta social en las calles, al mismo tiempo que generaría condiciones para construir los consensos mínimos necesarios para echar a andar una reforma profunda del Estado mexicano y ejercer presión sobre la corruptocracia desde distintas trincheras, a partir de una estrategia puntual que ataque el problema de raíz y que pueda implementarse en diversos sectores sociales.

Por ello resulta urgente empezar a plantear la conformación de un frente ciudadano para encarar los abusos de la corruptocracia y convertir la inconformidad social que a diario vemos en las calles y redes sociales en un proyecto político donde la ciudadanía reclame el poder político que le corresponde y le ha sido arrebatado por políticos sin escrúpulos que han dejado en la ruina al país. Una labor urgente que sólo podrá convertirse mediante la construcción de acuerdos mínimos entre diversos sectores sociales, situación que atenta contra la tradición fragmentaria de una izquierda cuyo dogmatismo ideológico y su imposibilidad de construir consensos carga con una parte de responsabilidad en este desastre de país provocado por un bipartidismo de derecha cuyas políticas neoliberales no han hecho sino amplificar el abuso, la desigualdad y la miseria en todas las formas posibles. Una estampa que retrata a la perfección el México corrompido y violento en el que vivimos.

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[1] Manuel Gil Antón. La reforma Educativa. El Colegio de México, 2013. Entrevista disponible en Youtube.

[2] Rubén Rojas. “Elude Senado reclamo de mexicanos y aprueba Ley 3 de 3 rasurada”, en UNOtv. México, 15 de junio de 2016.

[3] Índice Global de Impunidad en México 2016. Universidad de las Américas, Puebla. México, 2016.

[4] Oswaldo Chacón Rojas. ”Diagnóstico del modelo de fiscalización electoral mexicano” en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, num. 4, pp. 275-301. PNUD-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2013.

[5] Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-CIDH. México, 2016.

[6] Humberto Padgett. Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano. Ediciones Urano. México, 2016.

[7] Jenaro Villamil. “Rapados en Comitán: el montaje fallido de Aurelio Nuño contra la CNTE”, en Homozapping. 1 de junio de 2016.

[8] “Aprueban diputados, en comisiones, dictamen sobre Estado de excepción en México”, en Aristegui Noticias. México, 29 de marzo de 2016.

[9] Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad. Documento de trabajo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2015.

[10] Azar Ahmed y Eric Schmitt. “En México, la letalidad desproporcionada de sus fuerzas armadas genera preocupación”, en The New York Times. 26 de mayo de 2016. // “Las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México – Informe de seguimiento de experto de la ONU”. Boletín de prensa. Naciones Unidas. Ginebra-Ciudad de México. 20 de junio de 2016.

[11] “Difunde AP que elementos de la Sedena fusilaron a 22 personas en el Edomex”, en Proceso. México, 11 de julio de 2014.

[12] Laura Castellanos. “Masacre en Apatzingán”, en Aristegui Noticias. Reportaje en dos partes. México, 19 de abril-24 de mayo de 2015.

[13] “Fue masacre en Tanhuato; la saña y que nadie traía zapatos, pruebas: familiares”, en La Jornada. México, 25 de mayo de 2015.

[14] “Ejército pide perdón por caso de tortura en Guerrero”, en Milenio Diario. México, 16 de abril de 2016.

[15] Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Open Society Foundations, 2016, p. 166.

[16] Gerardo Esquivel Hernández. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam México. México, 15 de junio de 2015.

[17] Ted Enamorado, et al. Income Inequality and Violent Crime: Evidence from Mexico’s Drug War. Banco Mundial. Junio de 2014. // Índice de Paz México 2016. Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 2016.

[18] Carlos Fazio. Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo. México, 2016.

[19] Edgardo Buscaglia. Vacíos de poder en México. Random House Mondadori. México, 2014.

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Amor: la respuesta para acabar con el clima de violencia y desesperanza en que vivimos

¿Cómo acabar con la violencia, el egoísmo y el sufrimiento en estos tiempos de oscuridad, en los que no hay esperanza y todo parece estar perdido? Es la pregunta que muchos nos hacemos ante el estado de podredumbre generalizado que vivimos a diario. A veces es necesario acabar con el ruido del exterior para examinar las cosas a otro nivel. Ayer tuve algunas diferencias con Krishnamurti, pero como sea, sus charlas siempre me ayudan a replantear las cosas a un nivel elemental.

La respuesta siempre ha estado ahí. No es la protesta, ni siquiera el deseo de justicia lo que hará que las cosas cambien. Es el amor lo único que puede acabar con esta desesperanzadora oscuridad.

A veces actuamos por las razones equivocadas. A final de cuentas, inconformarnos no resuelve el problema de fondo: el sufrimiento que nos provoca nuestros deseos cuando no son satisfechos, por más generosos que estos deseos puedan llegar a ser. Vamos en la ruta equivocada, aunque a veces la ira y el rencor (humanos a final de cuentas) nos impidan ver con claridad.

El amor es la clave. Cuando amamos, no reparamos en los defectos de las demás personas. Simplemente amamos y ya, porque nos hace sentir felices. Y ese amor hacia los demás permite modificar ese complejo entramado de relaciones que sostienen a la sociedad. El problema de esta sociedad frívola y egoísta es precisamente ese: la falta de amor. No podremos corregir los problemas del mundo a través del conocimiento y la voluntad, sin esa energía capaz de mover al mundo que es el amor. Nos hace falta inconformarnos menos y ejercer más el amor, volvernos locos, amar hasta al más odiado enemigo. Siempre que indago en lo profundo de mí, cuando me siento tranquilo y en paz, aflora la misma respuesta.

Es cierto, abrir el corazón es siempre un riesgo: el riesgo de ser lastimado. Pero dadas las circunstancias, tenemos que correr ese riesgo. Es la única alternativa real para cambiar este mundo tan lleno de dolor y tan escaso de amor. Amar para acabar con el conflicto que aqueja el corazón del ser humano. Amar para volvernos uno y volvernos todos. Amar la vida y amar la muerte. Amar, amar, amar… tan sencillo como eso.
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La necesidad de un nuevo pacto social en México

La crisis actual del Estado mexicano tiene al país al borde de una guerra civil. No es exageración. Los primeros brotes de una insurrección popular son más que evidentes con el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán y las protestas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En ambos casos, los vínculos entre el crimen organizado y los tres niveles de gobierno han desnudado la profunda crisis de legitimidad por la que atraviesan los aparatos del Estado. Una crisis estructural que no pasa sólo por el poder Ejecutivo, sino también por el Legislativo, el Judicial y otros metapoderes como la élite empresarial que controla a los medios de comunicación.

En su libro Vacíos de poder en México, el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, señala que los altos niveles de violencia en México son consecuencia de un ‘pacto de impunidad’ entre las élites político-empresariales del país, en el cual se han debilitado intencionalmente los controles legales encargados de combatir al crimen organizado, con el objetivo de crear negocios multimillonarios al amparo de la corrupción y la impunidad. De ahí que el gobierno de Enrique Peña Nieto reconociera al principio de su administración que en México existían niveles de impunidad cercanos al 99%, tal como reconoció públicamente el gobierno federal al inicio del sexenio. Pero fuera de resolver el problema, el actual gobierno ha acentuado la crisis creando más vacíos legales para hacer negocios estratosféricos con reformas antipopulares como la energética, en la cual se crean más lagunas para que las empresas privadas puedan hacer negocios multimillonarios con los recursos naturales propiedad de la nación.

La restauración autoritaria que pretenden imponer el PRI y sus aliados que sostienen al actual régimen, es directamente proporcional a su miopia política. Los tricolores pretenden gobernar con mano dura y repression a los opositores, como en los viejos tiempos, sin entender que las cosas en el país han cambiado durante las últimas décadas. El actual régimen es incapaz de garantizar la gobernabilidad por la debilidad de las instituciones mexicanas, mismas que fueron desmanteladas en aras de un proyecto económico desastroso cuya premisa era precisamente “adelgazar” al Estado para permitir que el “libre mercado” y el capital financiero pudieran operar sin el menor obstáculo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. El mercado terminó devorando al débil Estado mexicano, el cual pretende recomponer su dictadura imperfecta a partir de viejas prácticas autoritarias. Sólo bajo esta lógica neoliberal puede entenderse la complicidad existente entre el Estado y el crimen organizado. Sólo así puede entenderse el enorme poder que en los últimos años han adquirido los cárteles de la droga y los grandes grupos empresariales que han magnificado sus fortunas al amparo de la corrupción. El crimen organizado se apoderó del Estado mediante inyección de dinero ilícito a las campañas electorales que sustentan a la partidocracia que gobierna bajo la misma lógica de la corrupción, la misma lógica con la que se legisla y se administra la justicia para satisfacer los intereses de las élites que tienen secuestrado al país.

De ese tamaño es la crisis estructural que padece el Estado mexicano. Una crisis provocada por un régimen corrupto que opera un Estado fallido que violenta el pacto social que antiguamente le otorgaba legitimidad al gobierno. Y es precisamente este vacío de legitimidad de las instituciones lo que genera el actual clima generalizado de violencia en el que los opositores al régimen desaparecen por miles mientras las fosas clandestinas desbordadas de cadáveres anónimos aparecen todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. De ahí que la violencia que vive el país provenga del Estado mismo.

El pacto social que legitima al Estado mexicano está roto, toda vez que el Estado (encarnado en el mal gobierno) no ha cumplido su parte del acuerdo dentro del pacto social. Y esa ruptura es la misma que genera un clima de desestabilización e ingobernabilidad que podría desencadenar una guerra civil en el futuro próximo como un intento desesperado de la población por restablecer el orden extraviado, al mismo tiempo que los grupos de poder mueven sus fichas para generar un reacomodo de fuerzas al interior del gobierno para seguir manteniendo el control. Si las instituciones del Estado son incapaces de resolver los problemas para los cuales fueron creadas, no tiene caso obedecerlas. Y si la vía institucional para resolver los problemas ha dejado de ser factible, la inconformidad se ve en la necesidad que buscar otras vías para resolver sus problemas, incluyendo las armas. De ahí el riesgo de que un conflicto armado pueda estallar en el futuro inmediato si no existen mecanismos capaces de resolver la crisis.

 

Reconstruir el pacto social

¿Cómo puede resolverse la crisis estructural del Estado mexicano? Reconstruyendo el pacto social a través del diálogo entre los distintos sectores sociales fuera de la vía institucional.

El espacio natural para establecer el diálogo necesario para construir un nuevo pacto social sería el Congreso, pero resulta que una buena parte de la actual crisis política pasa precisamente por la poca o nula legitimidad del Poder Legislativo. Una pérdida de legitimidad que se explica a partir de una crisis en el modelo de representación política implantado en México, ya que los legisladores responden más a las lógicas propias de los partidos políticos, cuyo carácter organizativo está basado en estructuras clientelares cuyo margen de acción depende del dinero público que desvían los gobiernos de los tres niveles con fines electorales. De ahí que el sistema político mexicano no pueda entenderse hoy en día sin el componente estructural de la corrupción, el cual articula todos los engranes de una maquinaria política divorciada de la ciudadanía. Sólo así puede entenderse la manera en que el Congreso ha logrado aprobar iniciativas de ley antipopulares como la reforma laboral, diseñada para satisfacer los intereses de las mafias político-empresariales que mantienen el control institucional del país sin contrapesos reales que permitan a la ciudadanía incidir en los procesos de participación política y toma de decisiones. Otro ejemplo es la manera en que iniciativas de ley promovidas por la ciudadanía son deformadas en su espíritu y en su forma por los legisladores de las distintas facciones partidistas para satisfacer a los intereses de la clase política, tal como ocurrió con la Ley General de Víctimas promovida por el Movimeinto por la Paz con Justicia y Dignidad. Por ello, la misma ilegitimidad del Congreso mexicano hace imposible que sea ese el lugar donde pueda darse el diálogo necesario para la construcción de un nuevo pacto social.

¿Y cómo construir este escenario de participación ante la grave crisis institucional que enfrenta el Estado? A partir del diálogo. ¿Y desde que estructura debe darse este diálogo entre los distintos sectores sociales? Desde una organización popular e incluyente que permita a la sociedad civil discutir los problemas del país sin pasar por el filtro de partidos políticos y un Congreso de dudosa legitimidad. De ahí la importancia de construir una estructura abierta que promueva la participación ciudadana y permita la construcción de un nuevo proyecto de nación mediante un nuevo pacto social que promueva nuevos modos de convivencia y un reparto mas equitativo del poder político y un rediseño institucional del Estado mexicano, lo cual debe plasmarse en una nueva Constitución redactada por un Congreso Constituyente, ajeno a los intereses sectarios de los partidos politicos y la corrompida clase política.

La teoría social nos ha enseñado que las instituciones son un producto de los hábitos -tal como sostienen tanto Berger y Luckman como Giddens con su teoría de la estructuración social- y por lo tanto, la construcción de un nuevo acuerdo social tiene que pasar por la institucionalización del diálogo como una vía para que los mexicanos puedan resolver sus diferencias.

Y es aquí donde el papel de las universidades, tanto públicas como privadas, juega un papel determinante en la conformación de estos espacios plurales que promuevan el diálogo entre distintos grupos sociales, con el fin de construir un proyecto alternativo de nación que permita solucionar la actual crisis de Estado que ha desembocado en diversas expresiones de violencia emanadas del pacto de impunidad existente entre gobiernos de los tres niveles y las organizaciones criminales que controlan el territorio, los sistemas de impartición de justicia, los medios de información y la toma de decisiones.

De ahí la importancia de construir un nuevo pacto social que otorgue la legitimidad perdida al Estado y ponga fin al actual ‘pacto de impunidad’ existente entre gobiernos de los tres niveles y las organizaciones criminales que controlan el territorio, los sistemas de impartición de justicia, los medios de información y la toma de decisiones.

La reconstrucción del orden social a través de una reconfiguración del Estado implica una revolución. En nosotros queda que esta revolución pueda concretarse de manera pacífica.

México cansado

“Ya me cansé”, señaló el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al responder a las preguntas sobre las fosas encontradas en Guerrero y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No debería sorprendernos. Tan acostumbrados a dar órdenes y ser vitoreados por su séquito de aplaudidores, los políticos mexicanos no pueden ocultar su incomodidad a la hora de rendir cuentas como debería suceder en un Estado democrático. Por supuesto, sabemos que esto no es el caso de México.

Por eso nosotros también estamos cansados señor procurador. Cansados de la mezquindad con la que se manejan los políticos mexicanos a la hora de rendir cuentas ante las exigencias de la ciudadanía. Estamos cansados de que todos los días aparezcan fosas repletas de cadáveres al mismo tiempo que el Estado criminal del cual usted forma parte, desaparece estudiantes y luchadores sociales. Estamos cansados del actual régimen de impunidad diseñado para beneficiar los intereses de las élites político-empresariales que se han enriquecido al amparo de la corrupción. México está cansado, señor procurador, de que la ley termine beneficiando a los mismos de siempre al mismo tiempo que se utilizan mecanismos de represión para silenciar el descontento de quienes se atreven a criticar el abuso sistemático como forma de gobierno.

Estamos hartos de que ustedes los políticos se den vida de mirreyes y viajen en aviones de 7,500 millones de pesos en un país donde más de 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Cansados de que el salario mínimo no alcance ni para comprar una canasta básica de comida. Cansados de que el actual régimen no haya movido un dedo para resolver el escandaloso índice del 99% de impunidad propiciado por lo que el investigador Edgardo Buscaglia llama un pacto de impunidad entre las élites político empresariales del país. Cansados de que criminales protegidos por el Estado criminal como Moreira, Granier, Vallejo, Aguirre, Moreno Valle, Duarte, Eruviel, Sabines, Montiel, Medina, el ‘Gober precioso’ y una larga lista de infames sigan impunemente libres mientras las cárceles están llenas de inocentes y presos políticos.

Cansados de que la justicia sea sustituida por el ajuste de cuentas, tal como evidenciaron al encerrar a la maestra Elba Esther Gordillo con cargos inventados para no evidenciar la manera en que los gobiernos de todos los partidos desvían recursos multimillonarios a las mafias sindicales para financiar campañas electorales. Cansados de que los funcionarios se burlen de la ciudadanía y esgriman argumentos tan burdos como los que utilizaron para justificar el ilegal rebase de topes de gastos de campaña durante las elecciones presidenciales de 2012. Cansados de que el gobierno libere a narcotraficantes como Caro Quintero. Cansados de la manipulación informativa que ejercen a través de sus serviles medios de comunicación. Cansados de cómo los políticos han decidido vender al país para llenarse los bolsillos. Cansados de ver cómo están dispuestos a atentar contra el futuro de los jóvenes para beneficiar a las empresas extranjeras. Cansados del riesgo que corren a diario nuestras familias al salir a la calle debido a los altos índices de violencia promovidos desde el Estado. Cansados de que los legisladores hagan leyes a modo para legalizar el despojo y el saqueo, como hicieron con la reforma energética. Cansados de que los ministros de la Corte cobren sueldos millonarios para servir al presidente en turno, como evidenciaron con el caso Florence Cassez. Cansados de llorar por nuestros niños muertos y calcinados en la guardería ABC en un intento del exgobernador de Sonora por quemar evidencia de crímenes que seguirán impunes. Cansados de tener que salir a protestar todos los días por la nueva pendejada del gobierno. Cansados de que las madres tengan que buscar a sus hijos en fosas comunes. Cansados de que traten de silenciar la verdad matando periodistas. Cansados de pactos cupulares con los que intentan conseguir legitimidad mientras cierran el paso a la ciudadanía, como ocurrió con la reforma política y el carácter no vinculante de la consulta popular. Cansados de la hueca retórica oficialista de un gobierno ilegítimo. Cansados de vivir en un país donde el Estado de derecho es una puta al servicio del mejor postor. Cansados del apoyo que se da a las empresas extractivas que contaminan y destruyen nuestros bosques y ríos. Cansados de que el gobierno de Peña condonara más de 180 mil millones de pesos de impuestos a sus cuates como pago de favores por los servicios prestados durante la campaña presidencial. Cansado de que la economía vaya en picada mientras se aferran al mismo modelo que ha enriquecido a los más ricos y empobrecido a los más pobres. ¿Quién está más cansado, señor procurador? ¿Ustedes o nosotros? ¿El gobierno criminal al que representa o la ciudadanía? Pero no se preocupe, señor procurador, puede tomarse unas largas vacaciones. Trabajando o descansando, los resultados de su trabajo serán los mismos. Disfrute mientras pueda. Tras varios años de miedo y apatía, los mexicanos hemos comenzado a romper el hábito de la desesperanza para organizarnos mejor y remediar el desastre de país que nos han dejado. Esta fiesta apenas empieza.

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El país convertido en fosa común

México está caliente. La violencia sigue creciendo de manera sostenida y adoptando nuevos matices. El asesinato y desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de la policía municipal de Iguala, ha sacudido al país. Los ríos de sangre que el gobierno mexicano pretende silenciar con ayuda de los medios de comunicación se ha vuelto inmanejable. El torrente sangriento ha derribado el cerco mediático. La cantidad de cadáveres apilados en múltiples fosas encontradas a lo largo y ancho del país han evidenciado ante los ojos del mundo a una nación desgarrada por la violencia con la que opera el narco-Estado mexicano. Un estado represor que utiliza la fuerza pública para asesinar estudiantes, luchadores sociales y disidentes de un régimen manejado por una élite político-empresarial que se ha empeñado en destruir el pacto social en aras de su desmesurada ambición.

“La policía en todos lados, la justicia en ningún lugar”, rezaba una manta presente en la protesta multitudinaria del pasado 8 de octubre en el Distrito Federal por la matanza de los normalistas de Ayotzinapa. La frase retrata a la perfección el momento que se vive en las calles. El país arde. Ya no es solo Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, el Estado de México o Guerrero. Las secuelas de la guerra declarada del Estado mexicano contra la ciudadanía han provocado un cambio gradual en la espiral de violencia. Grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó a formar una brigada para cazar a los asesinos de los estudiantes, quienes fueron “cazados como perros”, según el testimonio de algunos sobrevivientes de la absurda matanza.  Ya no se trata de simples enfrentamientos entre cárteles de la droga disputándose el territorio nacional con la complicidad de los gobernantes de los tres niveles, como ocurrió durante la guerra idiota iniciada por el expresidente Felipe Calderón. La violencia de los últimos meses tiene un matiz diferente en el que la persecución contra los grupos disidentes al actual régimen van en aumento. El narco-Estado trata de mantener el control del país a través de la violencia a costa de su propia legitimidad. Y eso implica una mayor coerción. El círculo vicioso se reproduce cada vez con mayor fuerza. La desconfianza en las instituciones es directamente proporcional al aumento de la violencia promovida desde los aparatos de gobierno empeñados en aprobar reformas estructurales diseñadas para beneficiar a las élites de siempre pese a contar con un evidente rechazo popular.

La intensidad de las protestas sube de tono mientras el Estado se desfonda. Los estudiantes, maestros, campesinos y trabajadores no son ya los únicos inconformes con los intereses perversos que manejan el destino del país desde las sombras. Grupos conservadores que tradicionalmente han colaborado con el régimen, como los militares, la Iglesia y los empresarios empiezan a hacer cada vez más evidente su descontento. La bola de nieve crece. Las posturas se poralizan. El terreno para una guerra civil es fértil. La posibilidad de diálogo es nula. La vía institucional ha demostrado ser inútil hasta el cansancio. Los administradores del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial han utilizado los aparatos del Estado para institucionalizar el abuso. Los inverosímiles niveles de impunidad 99%, reconocidos por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, hablan de la magnitud de la crisis. El Estado fallido a la mexicana es una verdad incuestionable. Y si el Estado no cumple con su parte del contrato social, no hay razón alguna que siga existiendo. El vacío de poder intentará llenarse de algún modo. La disputa entre los grupos desencadenará una guerra civil. La mesa está puesta para que esto ocurra en cualquier momento, ante la ceguera cómplice de los medios de comunicación y una clase intelectual cortesana, diseñada para mantener intactos los privilegios imperiales de las élites.

Los brotes de violencia e inconformidad diseminados a lo largo y ancho del país no son ya focos rojos, sino advertencias concretas de que una guerra en busca de justicia se cocina en las entrañas de este México desgarrado. El baño de sangre es inevitable, tristemente, dolorosamente. El abuso insaciable de las mediocres élites que controlan los hilos del país no puede durar eternamente, como ingenuamente creen los señores de la ignominia. Los frívolos delirios de grandeza de la clase política a costa del sufrimiento de millones no puede prolongarse indefinidamente sin que existan repercusiones en las calles. Basta revisar la historia del hombre para confirmar la hipótesis. Y el problema es que la explosión furiosa de las masas no suele ser racional.

En tiempos de oscuridad como los actuales, construir la esperanza es el más sublime acto revolucionario. La noche de la ignominia no es eterna. Tarde o temprano saldrá el sol. Y los cadáveres de inocentes arrojados sobre fosas comunes serán la semilla que habrá de convertir la muerte en vida, el odio en amor.

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El trágico fin de la Revolución Mexicana: la muerte del pacto social tras la agonía neoliberal

De un plumazo, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el acta de defunción de la Revolución Mexicana. La larga agonía llegó a su fin. La privatización de la industria petrolera acabó con cualquier vestigio de ese proyecto político y cultural derivado del pacto social plasmado en la Constitución de 1917. El mismo proyecto que sentó las bases para el mayor desarrollo en la historia del país entre 1930 y 1976, época en que el mundo hablaba del ‘milagro mexicano’ que permitió construir, entre otras cosas, instituciones fundamentales para el desarrollo del país a lo largo del siglo XX.

Por partida doble, la reforma energética pulverizó los dos grandes triunfos históricos de la Revolución Mexicana: el reparto agrario y la expropiación petrolera. Con la nueva legislación aprobada en el Congreso por el PRI y PAN (junto a sus partidos satélite, PVEM y Panal) establece que el gobierno tendrá facultades para obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas privadas para la explotación de hidrocarburos, una actividad considerada como prioritaria para los intereses de la nación, lo cual representa una expropiación disfrazada en la jerga legislativa. El solo argumento expuesto en la Ley de Hidrocarburos es aberrante. En las últimas décadas, las empresas mineras han demostrado hasta el cansancio la manera en que los intereses privados son capaces de pisotear los derechos elementales de las comunidades ante un Estado mexicano incapaz de impartir justicia. Los casos sobran. No en balde, los conflictos sociales derivados provocados por el despojo de los recursos naturales se ha incrementado de manera sustancial en los últimos años, tal como evidencian algunos informes de académicos y organizaciones civiles[1]. De ahí la preocupación externada por organizaciones campesinas en torno a la manera en que los intereses de las trasnacionales energéticas, apoyados por el gobierno mexicano, acentuarán los conflictos sociales que existen hoy en día ante el despojo como política de Estado y la utilización de técnicas extractivas con un alto impacto ambiental y social, tal como ocurre con el proceso de fractura hidráulica utilizado para la explotación del gas shale.[2]

Del otro lado, aún con la reforma energética ya aprobada, quedan muchas dudas del impacto económico que provocará el agujero fiscal de entre 200 mil y 800 mil millones de pesos que dejará la reforma energética en el presupuesto, ya que contrario a lo establecido en la ley, la iniciativa aprobada por el PRI y PAN no cuenta con un estudio prospectivo en materia económica[3]. Una situación que agudizaría las precarias finanzas de estados y municipios de todo el país ante la posible reducción de las participaciones federales como consecuencia de que Pemex comparta la renta petrolera con empresas privadas.

Por supuesto, el asunto de la privatización de la industria energética evidencia el abandono definitivo del PRI al proyecto social que le vio nacer. Aunque esto no es nuevo, ya que desde la década de 1980 la fractura interna del tricolor y las privatizaciones impulsadas tras la adopción del modelo neoliberal evidenciaban el distanciamiento ideológico del partido hegemónico frente al nacionalismo revolucionario que justificaba la existencia del PRI, las reformas estructurales del tricolor apegadas a los intereses de las cúpulas empresariales del país han dado la última estocada a la Revolución Mexicana, luego de que la reforma laboral cancelara los derechos conquistados tras años de luchas como las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Hoy no queda nada. Los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución, mismos que regulaban la educación, la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y los derechos de los trabajadores, los cuales el PRI presumía pomposamente aún durante el sexenio fúnebre de Carlos Salinas de Gortari y su sucesor Ernesto Zedillo, son letra muerta. Los tres pilares del nacionalismo revolucionario, (el sector obrero, campesino y popular) fueron aniquilados por líderes corruptos y un modelo económico que se ha cansado de evidenciar su inoperancia ante la ineficiente política exportadora y los fallidos tratados de libre comercio que el gobierno mexicano sigue impulsando con todo y sus miserable’s resultados, incluyendo la precarización del salario, el aumento sostenido de la pobreza y las altas tasas de migración hacia los Estados Unidos.

Más allá del rollo ideológico, el PRI pareciera no haberse dado cuenta de las repercusiones que tendrán estas reformas en la vida política del país y el problema de gobernabilidad que se avecina. Esto se debe a que la restauración del modelo autoriario que pretende reinstalar el PRI es directamente proporcional a su incapacidad para constatar que el México de hoy no es el mismo que el México jurásico de la ‘dictadura imperfecta’ acuñada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El PRI es incapaz de garantizar la gobernabilidad del país e imponer su mano dura como en antaño por una sencilla razón: la debilidad de las instituciones mexicanas. Las mismas instituciones que el PRI ayudó a desmantelar en aras de un proyecto económico que a lo largo del tiempo ha resultado desastroso en términos macroeconómicos, con una tasa de crecimiento prácticamente nula en tres décadas al comparar el Producto Interno Bruto por habitante.

La diferencia entre el viejo PRI, aquel viejo monstruo del corporativismo clientelar que “robaba pero dejaba robar” y el no tan nuevo PRI de corte neoliberal tras el cisma de los años 80 está en sus bases. Las instituciones con las que contaba el viejo PRI fueron el resultado de ese caos llamado la Revolución Mexicana y el pacto social que se materializó en la Constitución de 1917. Las instituciones con las que cuenta el nuevo PRI son la consecuencia directa del proyecto neoliberal confeccionado en el concejal de Washington, donde irónicamente, uno de los principales objetivos era debilitar al Estado mexicano para cederle el paso al ‘libre mercado’. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los grandes intereses económicos terminaron por devorar a un Estado débil como el mexicano. Sólo así puede entenderse el enorme poder de los cárteles de la droga y los grandes grupos empresariales que han magnificado sus negocios mediante la corrupción promovida desde el gobierno. Fue así como el crimen organizado, el de pistola en mano y cuello blanco, se apoderó del país. La mafia se disputa el mercado mientras el Estado intenta recobrar su papel de intermediario. Eso es lo que dejan entrever reformas como la de telecomunicaciones, donde el gobierno pretende recuperar el poder perdido para posicionarse como mediador en un conflicto de particulares disfrazado de política pública, tal como ocurre con la disputa entre América Móvil y Televisa. Algo similar ocurrió con el gremio magisterial, cuyos liderazgos fueron cobijados durante la docena trágica panista encabezada por Vicente Fox y Felipe Calderón. Es así como a través de medidas autoritarias y antipopulares (de acuerdo con las últimas encuestas de opinión en torno a la reforma energética), el PRI intenta el control que el Estado cedió a los poderes fácticos.

El problema de fondo reside en que la debilidad sistemática de las instituciones que dan sustento al Estado mexicano representa un problema político de grandes dimensiones, ya que esto explica en buena medida, el incremento de la corrupción, la violencia y la criminalidad en todo el país. Mientras el Estado debiera ser el ente encargado de garantizar la convivencia social entre los diferentes grupos, la ineptitud de los aparatos gubernamentales para hacer cumplir la ley, con el objetivo de beneficiar los intereses de las cúpulas empresariales a través de vacíos legales que fomentan la corrupción y el crimen organizado (tal como advierte acertadamente el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en su libro Vacíos de poder) ha generado un ambiente de descontento generalizado tras la ruptura del pacto social que daba permitía niveles mínimos de cohesión y convivencia.

Ahora que el proyecto revolucionario ha llegado a su fin, México parece navegar a la deriva. Al no existir un acuerdo social que salvaguarde los intereses de los distintos grupos que conforman ese país llamado México para beneficiar a las cúpulas, terminará por agudizar el descontento social y la violencia que se sigue viviendo a lo largo y ancho del país aunque los medios oficialistas intentan matizar en sus titulares. El saldo de una transición democrática fallida donde las élites mexicanas han logrado sepultar de una vez por todas el proyecto revolucionario para dar paso a una reedición del Porfiriato donde los grandes hacendados serán sustituidos por las trasnacionales petroleras. Son los giros trágicos de la historia en un país desmemoriado, educado para aceptar con resignación e ingenuidad los desplantes despóticos de sus amos y su nostalgia por las asimetrías sociales que provocaron esa insurrección que alguna vez fue la Revolución Mexicana.

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[1] Emir Olviares e Israel Rodríguez. En riesgo, grandes extensiones de tierra en 4 estados por cambios en materia energética. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/16/politica/006n1pol; También puede consultarse: Andrés Barreda Marín, Diagnóstico Ambiental de México, ANAA, 2009. http://www.afectadosambientales.org/andres-barreda-marin-diagnostico-ambiental-de-mexico-anaa-2009/; José Luis Lezama y Boris Graizbord. Los grandes problemas de México, capítulo IV: Medio Ambiente. Colmex, 2010. http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

[2] Manuel H. Borbolla. Expropiación de tierras, cara oculta de la reforma energética. Agencia Quadratín: http://mexico.quadratin.com.mx/Expropiacion-de-tierras-cara-oculta-de-la-reforma-energetica-I/; Piden campesinos modificar legislación por expropiaciones: http://mexico.quadratin.com.mx/Piden-modificar-legislacion-de-expropiaciones-por-reforma-energetica/

[3] Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, presentado por la bancada del PT en el Senado en julio de 2014 dentro de la discusión de la reforma energética: http://oaxaca.quadratin.com.mx/Reforma-energetica-dejara-hoyo-fiscal-de-800-mil-mdp-Bartlett/

Sigo siendo demasiado ingenuo

Leo los comentarios en Facebook, en Twitter y en las noticias. Unos piden que el gobierno ponga “orden” contra los güevones que toman las calles. Otros protestan contra la represión del gobierno contra los manifestantes. Los primeros se quejan que los manifestantes no los dejan trabajar. Los segundos salen a las calles porque les ha sido negado un empleo digno. Las imágenes se repiten: policías contra manifestantes entre palos, bombas molotov, gases lacrimógenos, gritos. La ola de violencia crece como la espuma, pero pocos, muy pocos diría yo, parecieran entender lo que sucede.

La ilusión de la separación los ha cegado. Todos defienden lo suyo sin importarles un carajo el daño que generan por igual sus acciones y su indiferencia siempre omisa. Salir a las calles para protestar o presenciar el drama nacional desde la tele. Los bandos están bien definidos. Y mientras tanto la ira crece, crece y crece. Llegará a un punto en que la ira se desborde, se salga de control y empiece el diluvio de sangre. Ejemplos en el mundo sobran. Ahí está Egipto, ahí está Siria. En México muchos creen que llegar a ese punto es imposible. ¡Qué ingenuos! Cuando la gente no tiene nada que perder sale a jugarse el pellejo sin reparar mucho en las consecuencias. Ahí están los anarquistas como un ejemplo cercano.

Y mientras eso ocurre los políticos planean privatizar el petróleo y aumentar los impuestos. ¿Para qué? Para “modernizar” a México, dicen. Pareciera que “modernizar” se ha convertido en la solución a todos nuestros males, sin importar el ambiguo significado del término. Al mismo tiempo, la corrupción sigue devorando a este país. La impunidad está ahí, a flor de piel, tan evidente, tan abominablemente evidente. Un retrato obsceno de cómo están las cosas en este país con olor a podrido. La descomposición gradual del gobierno ha provocado que la confianza de los mexicanos en las instituciones vaya en picada, un fenómeno provocado por una crisis política que ha producido gobernantes de dudosa legitimidad. ¿Y qué pasa cuando la gente encuentra agotada la vía institucional para satisfacer sus demandas? Sale a las calles a protestar pacíficamente (en el mejor de los casos) o a agarrarse a palos con la autoridad. La crisis institucional en México es profunda. ¿Quién confía en los políticos? ¿Quién confía en las fuerzas armadas? ¿Quién confía en los medios de comunicación? ¿Quién confía en las instituciones religiosas? ¿Quién confía en la buena voluntad de sus empleados o sus empleadores?

La gente vomita su enojo en internet sin entender qué coños pasa. Y cuando la gene está enojada se cierra, no hay posibilidad de diálogo. Es entonces que somos más propensos a enfrascarnos en una guerra fraticida donde la ley del talión sea la única ley posible en un país donde la ley solo sirve para favorecer los intereses de las élites en el poder. De ahí que las reformas legales tengan ese tufo de “ajuste de cuentas” característico de los grupos criminales. En este diálogo de sordos la fatalidad es la única salida posible. Lo peor es que nadie pareciera darse cuenta de lo que se viene. Las señales son muy claras para quien las quiera ver. El problema es que nadie quiere ver otra cosa que no sean sus propios intereses. El egoísmo social que padecemos marca la pauta en esta crónica de una tragedia anunciada que vamos escribiendo a diario. Triste. Muy triste. ¿Se podría evitar la ruina como el único camino posible? Sí, por supuesto que sí. El problema es que no hay voluntad de cambiar, de cambiar en serio y asumir las consecuencias que eso implica. Nadie está dispuesto a sacrificar nada para construir el bien común. Me gustaría que la gente entendiera. Las alarmas suenan cada vez con más fuerza y yo todavía no encuentro la manera de transmitir esto que a mis ojos resulta tan claro. Por eso escribo como desesperado, para tratar de mitigar esta impotencia de ver cómo todo se va al carajo mientras la gente observa, pasivamente, el advenimiento de la ruina desde el balbuceo idiota del televisor y el cómodo resguardo de la indiferencia. Nadie escucha cuando todos gritan. Y sin embargo no pierdo la esperanza de que la gente abra sus corazones y entienda. Sé que pido demasiado. Intento resignarme, pero no puedo. Sigo siendo demasiado ingenuo.

Los diversos rostros de la violencia: el caso Monterrey


I. El olor del miedo
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El testimonio habla de la violencia que se vive a diario en Monterrey. José Mendoza se siente vulnerable y por ello utiliza un seudónimo para ocultar su verdadero nombre. Sobrevivir a un tiroteo no le garantiza nada. Sabe que en cualquier momento el crimen organizado puede identificarlo y desaparecerlo sin el menor reparo, como ocurre a diario con sólo mirar las noticias.
Esta historia comenzó el pasado 22 de mayo de 2011 en la fachada del Café Iguana, uno de los bares emblemáticos de la ciudad, famoso por albergar a los grupos más sobresalientes de la escena rockera regiomontana. José llegó al lugar alrededor de las 00:20 horas. Acababa de saludar a Pablo y al ‘Enano’ cuando recibió el primer disparo en el brazo derecho, justo debajo del hombro, en el momento exacto que cruzaba la puerta de entrada. Se tiró al suelo por puro reflejo mientras el ensordecedor ruido de la metralla consumaba la tragedia. Luego vino un silencio pesado, profundo, espeso, capaz de convertir la incertidumbre en la más insoportable angustia.
Un miedo punzante se apoderó de José, quien permanecía tendido sobre el piso, escuchando gritos y sollozos de mujeres con los nervios destrozados. No sabía si el tiroteo había llegado a su fin. Pensó en la posibilidad de que hubiera narcotraficantes armados dentro del bar o que los agresores pudieran estar afuera, al acecho de cualquiera que intentara salir del establecimiento. Así pasaron varios minutos hasta que finalmente llegó la policía.
Lo subieron a la ambulancia bañado en sangre. La bala le destrozó el húmero, pasando a tan sólo cinco milímetros de la arteria braquial, algo que probablemente le hubiera provocado morir desangrado en pocos minutos. Durante el trayecto al hospital, los rescatistas lucían nerviosos. Le contaron que, en ocasiones, los sicarios bloqueaban el paso de las ambulancias para bajar a los heridos y desaparecerlos. Una vez en el hospital, los médicos pudieron salvarle el brazo. Cuatro personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a Pablo César Martínez y Gerardo Fermín Sánchez Lomelí, mejor conocido como ‘el Enano’, quienes formaban parte del equipo de seguridad del bar.
A casi dos meses de lo ocurrido, José no puede sacar de su cabeza aquel fatídico día. A menudo reflexiona sobre aquel instante en que se salvó de una muerte segura. “Si no hubiera dado ese pasito, justo al entrar, muy probablemente estaría muerto”, recuerda José al mostrar la cicatriz que le dejó el tiroteo.
Pensó en abandonar la ciudad mientras las cosas se tranquilizan un poco, quizá pasar un tiempo con su familia en Saltillo, pero considera que su vida está en Monterrey, al lado de su novia y los amigos que le han apoyado en estos momentos difíciles. Aunque ha recuperado la movilidad del brazo sigue sin poder trabajar, pero no le importa. Siente que volvió a nacer y por ello disfruta cada bocado, cada abrazo de los suyos como si fuera el último.
Los lentes oscuros que porta al momento de la entrevista no ocultan el miedo. “Ahora vivo con paranoia. Cada que veo un coche sospechoso, me entra la adrenalina y volteo para todos lados esperando que pase algo”, relata José. El narco no pudo quitarle la vida, pero le arrebató la calma. Una situación similar a la que viven a diario miles de habitantes de la zona urbana de Monterrey, víctimas del miedo y la violencia.

Fachada del Café Iguana

Después de las 10 de la noche, las calles lucen despobladas. Puede sentirse la tensión en el ambiente. La gente voltea con desconfianza en todas direcciones mientras espera el autobús en la avenida Juárez, a la altura del Colegio Civil. Tras varios minutos, decido tomar un taxi con dirección al sur, cerca del Cerro de la Silla, donde vive César, un amigo de mi hermano que gentilmente me hospeda en su casa. Durante el recorrido, el taxista narra con detalle la vez que presenció un tiroteo a tan sólo unos metros de distancia, cuando los tipos que conducían una camioneta negra le cortaron el paso al automóvil de enfrente y comenzaron a disparar.
Al llegar a mi destino, César me cuenta que por las noches pueden oírse los enfrentamientos entre el ejército y las bandas del crimen organizado. Un ambiente que empieza a hacerse habitual.
La violencia en las calles se hizo más visible a partir de 2008, un año después de que el rompimiento formal entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas desencadenara una confrontación abierta por el control del territorio . A partir de entonces, la guerra entre ambas organizaciones detonó las ejecuciones en los nueve municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años y medio han sido contabilizados al menos 2 mil 443 asesinatos en el estado de Nuevo León, cifra que se ha incrementado notablemente año con año. En 2007, el gobierno estatal registró 283 asesinatos vinculados con el narcotráfico. En 2010 hubo 770 casos. Para la primera mitad de 2011 esta cifra se ha duplicado: hasta el 30 de junio se habían registrado al menos 860 homicidios .
Eso, sin contar los 21 ejecutados en el bar Sabino Gordo el pasado 8 de julio ─en una de las jornadas más violentas a nivel nacional durante el sexenio de Felipe Calderón─, la matanza de 23 personas más entre el lunes 11 y el miércoles 13 del mismo mes, o el asesinato de 52 personas en el atentado contra el Casino Royale que consternó al país entero en el mes de agosto. Hechos que hacen de 2011 el año más violento en la historia de Nuevo León.
Para revertir la situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para reestructurar las corporaciones policíacas de Nuevo León y reducir la presencia del ejército en las calles. La publicidad de la llamada ‘Fuerza Civil’ es evidente en cualquier rincón de Monterrey, ya sea en anuncios espectaculares, autobuses o puestos de reclutamiento, como los que hay a lo largo de la calle Morelos, en el centro de la ciudad. De esta forma se pretende acabar con la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad mediante incentivos económicos para los las nuevas generaciones de jóvenes policías, estrategia similar a la que utilizan los cárteles de la droga para reclutar gente.

Convocatoria Fuerza Civil, Nuevo León.

“Ahora el policía que menos gana en Nuevo León, con sus exámenes de control de confianza y todos los requisitos que implantamos, gana casi 14 mil pesos. Aumentamos los seguros de vida y la calidad de su capacitación. En pocas palabras, estamos dotando al policía de una carrera y un plan de vida para que tenga algo que perder. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestro estado tienen una deuda pendiente con la dignificación de los cuerpos policíacos”, señaló el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, durante el foro Justicia y seguridad: un binomio inseparable en la Reforma Penal, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió la necesidad de realizar modificaciones de fondo en los sistemas de impartición de justicia a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario criticó la falta de una gran política nacional de desarrollo social capaz de resolver a fondo el problema de la delincuencia organizada, pues reconoció que la falta de oportunidades para los jóvenes representa un “caldo de cultivo” para el crimen.

Rodrigo Medina en el Foro de Justicia y Seguridad

De ahí que algunos expertos consideren que fenómenos como la pobreza, la marginación y los altos índices de desigualdad social que padece Monterrey, y el resto del país, representan “un factor determinante para entender todos las causas que están provocando los efectos negativos vinculados con la violencia y la criminalidad”, tal como sostiene Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, quien considera que el clima de violencia ha provocado en la población un temor profundo que le impide actuar de manera decidida frente al problema.

“Tenemos más miedo y como consecuencia ya no deseamos participar. Creo que el miedo se deriva de esta gran ignorancia de no saber hablar directamente del tema, porque tiene sus causas y son muy explicables. Tenemos muchos años cometiendo malas prácticas y a medida que las vayamos revirtiendo podremos solucionar el problema”, apunta el experto en derecho penal.

 

 

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II. El crimen como forma de vida
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‘El Gufi’ entró a una pandilla cuando tenía 13 años de edad. Creció en la colonia Independencia, una de las favelas regiomontanas donde la violencia y el crimen son cosa de todos los días.
“Desde chico viví la vida muy rápido, me gustaba andar de aquí para allá. También empecé de vicioso con las drogas, pues desde chico vi gente consumiendo drogas”, cuenta el Gufi, quien a los 11 años consumió mariguana por primera vez; a los 15 ya portaba su primera pistola.

Gufi

Pertenecer a una pandilla como la Sur 13 no era ningún juego, sino un asunto de pertenencia, de identidad. Una forma de hacer frente al mundo hostil que les rodeaba a un puñado de jóvenes con perspectivas de futuro poco alentadoras. Tenían un líder y a menudo hacían reuniones para “discutir” diversos temas, divertirse tomando cerveza o ayudarse entre sí. Cuando alguien del barrio estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, la pandilla vendía ropa o drogas para ayudar al hermano en apuros. También salían a robar a colonias acomodadas cuando el hambre apretaba. De ahí que muchas pandillas se identifiquen con personajes como Chucho ‘el Roto’, héroe de una mitología popular que robaba a los ricos para darle a los pobres, explica el Gufi mientras muestra orgulloso la imagen de Pancho Villa que lleva colgando del cuello.

“Lo hacíamos para sostener nuestras casas, nuestros alimentos. Había ocasiones que no había nada que comer y de ahí teníamos que sacar”, recuerda el pandillero en retiro.
Se cuidaban las espaldas el uno al otro, unidos por los colores de la pandilla, ese pacto de sangre que hacía la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de enfrentar a las pandillas rivales o a la policía. Aunque siempre se sintió atraído por el respeto y el poder que le confería el ser miembro de la Sur 13, los problemas empezaron cuando los excesos se convirtieron en un estilo de vida. Algo que tarde o temprano pasa factura.

Sur 13

“El narco se te hace un vicio, querer tener siempre más y más. En una ocasión, llegué a tener en mi casa 175 kilogramos de mariguana, cinco kilos de coca, 32 pistolas y hasta un harén con cinco mujeres. Todo se te hace fácil teniendo dinero. Para darte una idea, en aquel tiempo un kilo de coca costaba alrededor de 90 mil dólares. Ahora que miro atrás no sé que hice con todo ese dinero”, señala Gufi, quien decidió alejarse de ese estilo de vida luego de un incidente que vivió al lado de David Cardona Carrillo, alias ‘el Ruso’.
“Cuando llegamos nos encontramos a otros contrarios a la pandilla, nos reconocieron y sacaron de la disco. Nos dijeron que ya no nos querían volver a ver ahí. Me apuntaron con una pistola en el cuello y por azares del destino no me dispararon. Regresamos y no lo podíamos explicar, sabiendo que había muchas muertes y que estos tipos eran más violentos que nosotros dos juntos”, relata el Gufi, quien atribuye ese milagro a las bendiciones que su madre la envió desde el cielo, tras perder la batalla contra la diabetes.
Desde ese entonces ambos decidieron empezar una vida más tranquila. Ninguno sospechaba que el destino les tenía guardada otra fatalidad. Cuando celebraba su cumpleaños 25, hace poco más de un año, ‘el Ruso’ recibió un disparo en la pierna. Murió desangrado horas más tarde, cuando pretendían trasladarlo a un hospital. Una pérdida irreparable para el Gufi, quien ha decidido tatuarse el rostro de su amigo en el brazo izquierdo como símbolo de hermandad.
Piensa que el asesinato de su amigo fue producto de un error. ‘El Ruso’ se había creado fama de traficante y por ello, un grupo vinculado con los grandes cárteles de la droga decidió eliminarlo en la disputa por el territorio. Eso motivó que muchos integrantes de la Sur 13 abandonaran su hogar para refugiarse en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey. A partir de entonces, cada uno está por su propia cuenta.
“Siempre ha existido una relación entre el narco y las pandillas, pero ahora se nota más por el control de la ciudad de Monterrey. Aquí hay tres cárteles en disputa, pero los que están haciendo todo el desmadre son los Zetas. Como nosotros éramos la pandilla que controlaba las ventas de droga y armas en la zona, tuvimos que salir de nuestro propio barrio, pues nos andaban buscando. Preguntaban nuestros alias, sin saber que estábamos ahí. Ese fue el motivo de nuestra separación. Todos se fueron para lugares distintos”, explica el Gufi, quien ahora intenta retomar sus estudios que dejó truncos por falta de dinero.
“Dicen las sagradas escrituras que iba a haber una etapa de guerras donde íbamos a pelear entre nosotros. Estamos en una etapa de la vida donde se está reflejando todo esto. Creo que así se va a acabar el mundo, en una lucha de todos contra todos”, afirma resignado.
Esta falta de esperanza pareciera ser un problema generalizado en algunos sectores de la juventud regiomontana, quienes mediante el crimen organizado buscan mitigar algunos traumas originados por las condiciones de marginación en que viven. El dinero y poder que proporciona el narcotráfico provoca admiración y respeto entre sus conocidos, algo que suele ser anhelado por jóvenes acostumbrados a la humillación derivada de la explotación laboral, la discriminación por su forma de vestir o la violencia familiar que muchos de ellos padecen.
Esto explica por qué muchas adolescentes no ven como un problema que sus novios sean parte de bandas criminales o que los niños pequeños sueñen con ser Zetas cuando sean grandes, emulando los pasos de sus hermanos mayores, los ‘chingones’ del barrio. Muchos de ellos se inician en las filas del narco como ‘halcones’, haciendo labores de espionaje callejero y pasando información.
De acuerdo con un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, durante el presente sexenio, al menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por el narco en México. Algo que puede constatarse de forma clara en lugares como Monterrey, donde el número de menores de edad ejecutados crece de forma alarmante. Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Datos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León indican que entre 2009 y 2010, el número de menores procesados por delitos del fuero federal creció 98 por ciento, de 52 a 103, mientras los del fuero común aumentaron 28 por ciento, de 269 a 345 .
Ante este panorama, el gobierno estatal estudia la posibilidad de reducir la edad penal, con el fin de que los menores infractores de 12 a 17 años vinculados con el narcotráfico puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, algunos expertos califican como absurda esta medida debido a que no ataca el problema de fondo, vinculado a la falta de oportunidades. Algunos cálculos sostienen que en Nuevo León existen al menos 170 mil 122 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan .
Para Efrén Sandoval Hernández, experto en temas de desigualdad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la dramática caída en las condiciones del empleo y el limitado acceso a la educación son elementos clave para explicar este complejo escenario de descomposición social que vive Monterrey.
“Lo que está pasando tiene explicaciones de tipo político, pero en términos generales, podría pensar que hay una condición de vulnerabilidad generalizada, no sólo en términos laborales sino también sociales. Hay una sociedad muy fragmentada donde la gente tiene muy clara la existencia de esta desigualdad pero no tiene herramientas para luchar contra ella”, afirma el especialista.
Aunado a esto, Sandoval considera que la privatización del espacio público en zonas de alta marginación es otro de los factores que está recrudeciendo el problema, pues quitar albercas públicas para hacer estacionamientos o privatizar canchas de futbol limita aún más las condiciones de bienestar de muchos grupos vulnerables.
“Hoy está pasando algo que no pasaba antes: se está criminalizando a los pobres de manera brutal. Si antes se tenían más prejuicios en contra de ellos ahora se tienen más”, señala Sandoval, quien agrega que los operativos realizados por el ejército en muchos barrios populares, con el fin de encontrar armas y drogas, constituyen una violación a los derechos humanos y un claro ejemplo de esta situación.
“Supuestamente piden permiso para entrar pero, ¿te imaginas a alguien diciéndole al ejército que no pueden entrar a su casa?”, pregunta el experto.
Por ello considera ilógico que el gobierno pretenda acabar con la delincuencia organizada al mismo tiempo que utiliza la fuerza pública para desmantelar zonas de comercio informal, convirtiendo a la pobreza en un delito que perseguir.
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III. Migración, pobreza y discriminación
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Fidel Bernal Aguilar llora sin consuelo al contar su historia. Tiene 60 años de edad y en su rostro se refleja la desesperación. Nació en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, lugar que abandonó durante la adolescencia para probar suerte en Monterrey, junto a sus padres. Huían de la miseria en que vivían cultivando maíz y frijol, al igual que muchos migrantes que llegaron con la esperanza de un futuro más próspero.

Fidel Bernal

Una vez establecido, Fidel comenzó a trabajar como albañil. Pagaban poco pero había mucho trabajo, según recuerda. Con el paso del tiempo se casó y formó una familia de seis hijos, a los que no ve desde hace tiempo. Su mujer lo corrió de la casa cuando empezó a escasear el trabajo, a raíz de la crisis económica de 2008. Desde entonces lleva una tristeza profunda cargando a cuestas mientras deambula por la Alameda, como buscando una solución para sus problemas, la cual, simplemente no llega.

“Ando en la calle y pos ahí vamos a los comedores a que nos brinden un taco para comer y así he sobrevivido. Vamos a las clínicas a que los vigilantes nos den chance de pasar la noche pero a veces no quieren y nos vamos debajo de los puentes. No tenemos cobijas ni nada, así nomás”, recuerda Fidel con los ojos llenos de lágrimas. “Una vez me pegó una enfermedad a media noche y pos ya, me recuperé. Nadie le regala a uno un vaso de agua, una pastilla”.
Históricamente, la migración hacia Monterrey inició a finales del siglo XIX, a medida que la ciudad se convertía en un importante centro industrial. Más tarde, factores como la guerra cristera y el colapso de la minería en San Luis Potosí y Zacatecas provocaron la migración de albañiles que sabían trabajar la cantera, conformando las primeras colonias populares de Monterrey. En la década de los 70 llegaron los primeros grandes flujos de población indígena provenientes de la Huasteca potosina, Veracruz, Tamaulipas y otras regiones del país, situación que se incrementó aún más a partir de los años 90, en un escenario de crisis económica nacional.
“La escasa oportunidad de empleo es un motor que incentiva esta migración. Por ello encontramos personas que migran a Nuevo León con la idea de mejorar su calidad de vida, pero hemos encontrado personas que viven incluso en peores condiciones que en sus lugares de origen, además de que las aspiraciones y necesidades de estas familias se vuelven muy diferentes”, comenta Galileo Hernández, integrante de Enlace Potosino, una organización civil de reciente conformación que promueve el desarrollo social de los migrantes potosinos en Nuevo León.
Esto puede constatarse en sitios como Los Altos, en el municipio de Apodaca, ubicado en las afueras del área metropolitana de Monterrey que alberga un número importante de migrantes, quienes libran una lucha continua por la supervivencia.
Leonardo Santiago Cruz es originario de Tampamolón, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la Huasteca Potosina. A los 11 años llegó a Monterrey siguiendo a sus hermanos, luego de una prolongada sequía de tres años que agudizó al extremo las condiciones la miseria que predominaba en su comunidad. De niño trabajó lavando platos en un restaurante. Aún recuerda el miedo que sentía por la violencia de los policías. “Te miraban caminando en la calle y te paraban luego luego”, según cuenta.

Leonardo Santiago Cruz

La discriminación es otro de los grandes problemas que la migración genera en el contexto cultural regiomontano, una sociedad hermética que no siempre ve con buenos ojos la llegada de gente de otras entidades, sobre todo indígenas. No en vano, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) califica como “preocupante” el nivel de intolerancia contra algunos sectores de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010. Basta revisar los comentarios racistas publicados por jóvenes regiomontanos en algunos grupos de Facebook, como el de “San Luis llévate a tu gente”, el cual contaba con 728 seguidores al momento de escribir este texto.
“Nuevo León es de las entidades con mayor discriminación en general, no sólo con la población indígena sino con cualquiera que sea diferente. Somos una sociedad muy excluyente y tenemos que hacer algo para que esta realidad cambie”, dice la antropóloga Carmen Farías Campero, una de las fundadoras de la organización Zihuame Mochilla (Casa de la Mujer en náhuatl), que ofrece diversas actividades para generar una cultura de respeto hacia los pueblos indígenas.
Una de las activistas más entusiastas de este proyecto es Elvira Maya Cruz, orgullosa de su cultura nahua y originaria de Chahuatlán, Veracruz. Salió de su comunidad hace 13 años, debido a que no le era redituable trabajar el bordado de una servilleta durante dos o tres días para ganar 20 pesos. Actualmente organiza cursos de cocina y manualidades con el fin de que las mujeres indígenas de su localidad puedan acceder a mejores condiciones de vida.
La labor no ha sido fácil, pues en el camino han tenido que sortear muchos obstáculos, incluyendo algunos intentos de criminalizar el trabajo doméstico que, en su mayoría, realizan mujeres indígenas. Así ocurrió con un programa promovido en la localidad de San Pedro de los Garza para crear un padrón de empleadas domésticas, con el objetivo de reducir el número de robos que se registran en este municipio, uno de los más ricos de América Latina. Algunas organizaciones civiles han criticado fuertemente dicha medida, al considerarla un atentado contra de las garantías individuales de las trabajadoras.

César Pérez, integrante de la asociación Enlace Potosino, ayuda a una señora originaria de San Luis Potosí a llenar un docuemnto para sacar un acta de nacimiento y poder realizar otros trámites, un problema recurrente al que se enfrentan los migrantes de otras entidades que llegan a Nuevo León.

“Yo no estoy de acuerdo con ese padrón, porque si algo pasa, los primeros etiquetados somos los indígenas y no debería ser así. Por eso les digo a mis sobrinas que no den sus datos si se los llegan a pedir”, comenta Elvira, quien una vez por semana recibe en casa a sus cuatro sobrinas que trabajan como empleadas domésticas en diversos puntos de la ciudad. Esto, para evitar que sufran la discriminación de la que son víctimas los indígenas que se reúnen cada domingo en la Alameda.

De esta forma, el crecimiento de la desigualdad social en Monterrey pareciera estar íntimamente ligado a los procesos migratorios derivados de una vulnerabilidad generalizada en otras regiones, pues al igual que ocurre en el resto del país, el incremento demográfico y la expansión territorial de los grandes centros urbanos está generando cinturones de pobreza, lugares donde se acumula un resentimiento social profundo que se expresa en diversas formas de violencia. Escenario típico de sitios con altos índices de marginación.

Ezequiel Cabrera Balderas vive en Los Altos, Apodaca. Vive de recolectar cartón y fierro viejo. En comunidades como Los Altos donde las oportunidades son pocas, muchos jóvenes son blanco fácil para ingresar a las filas del narcotráfico.

Esto concuerda con algunos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales indican que en los últimos años, la pobreza en las ciudades se ha disparado en comparación con el medio rural. En este sentido, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza desarrollado por la dependencia, ubica a Nuevo León como la primer entidad a nivel nacional con el mayor crecimiento de la pobreza laboral, luego de rebasar a Baja California. Una tendencia que predomina en todo el territorio nacional ante la desigualdad promovida por el actual modelo de desarrollo.

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IV. Crisis nacional
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Para José Luis Calva Téllez, reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, queda claro que el factor económico es un componente esencial a la hora de tratar de explicar el complejo escenario de violencia y falta de oportunidades que enfrenta México en la actualidad.
“La determinante principal de la descomposición social es el pésimo desempeño de la economía mexicana”, afirma el especialista, quien considera que la imposición del modelo neoliberal ha sido un rotundo fracaso. De ahí que el país haya perdido al menos tres décadas en materia de desarrollo, algo que podría calificarse como una verdadera “catástrofe”. Un proyecto que nunca pudo cumplir con todo lo que prometió. Los números son contundentes.
De 1935 a 1982, la economía mexicana tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 6.07, muy por encima del 2.2 registrado de 1983 a 2010. Lo mismo ocurre al medir el crecimiento del PIB per cápita, que durante el modelo post revolucionario alcanzó una tasa promedio de 3.17 contra el 0.5 registrado desde la restructuración económica que marcaría el inicio del modelo neoliberal en México, sin considerar a los mexicanos que han migrado al extranjero.
Ni siquiera la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudo revertir esa tendencia negativa, debido en gran parte a que la desaceleración de la economía de Estados Unidos tuvo efectos devastadores para México, con una dependencia casi absoluta frente a las finanzas de su vecino y principal socio comercial.
En los últimos 28 años, cerca de 12 millones de trabajadores se vieron forzados a migrar hacia Estados Unidos ante la falta de empleo, generando una entrada importante de divisas que en su momento más alto reportaba ingresos por cerca de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la situación de la gente que se quedó en el país no mejoró, pues con la implantación del modelo neoliberal los salarios mínimos han perdido el 71.5 por ciento de su poder adquisitivo.
El campo corrió con la misma suerte, pues la reducción de los programas de fomento agropecuario y el intercambio negativo en la balanza comercial de los productores de granos hizo que la economía rural cayera en el olvido.
Todo esto provocó que fenómenos como la migración, el comercio informal o el tráfico de drogas se convirtieran en una alternativa de vida para muchos mexicanos. Para Calva Téllez, el hecho de que el narcotráfico sea una industria capaz de generar 600 mil empleos puede ayudar a entender el clima de violencia generalizado que vive el país. Una economía paralela que compite con el Estado.
El problema es que el gobierno federal pareciera no estar dispuesto a reconocer que la violencia es el resultado de un modelo de desarrollo fallido que al mismo tiempo promueve. Esto permite entender por qué el asunto del narcotráfico no ha sido combatido desde una perspectiva estructural, con políticas de Estado sólidas en materia fiscal, hacendaria o educativa. De ahí que el Congreso esté impulsando iniciativas de ley, como la Reforma Laboral, que siguen las reglas de un modelo neoliberal en crisis. Algo que para algunos expertos, sólo recrudecerá aún más la descomposición social que vive el país, a pesar de algunos avances como la reforma constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“Vivimos un momento en que el Estado tiene que seguir afirmándose como una estructura institucional que permita el flujo de los capitales, y para ello se tuvo que abrir una válvula de escape como la reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales, algo en lo que México estaba muy retrasado a nivel internacional. Paralelamente, la política real de quienes están gobernando este país sigue una lógica de mayor explotación, reducción de salarios, contratos basura y outsourcing para permitir que las empresas sean más ágiles en la generación y concentración de la riqueza. Por ello se construyó una reforma laboral ad hoc para que el sistema económico siga funcionando”, explica Rodrigo Gutiérrez Rivas, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“En este país la pobreza se criminaliza a través de los códigos penales y sirven muy bien para perseguir y encarcelar a los pobres. Claro, las normas diseñadas para frenar a las grandes trasnacionales en cuanto a la apropiación de los recursos están muy diluidas o no tienen la vigilancia adecuada, además de que en muchas ocasiones están diseñadas a favor de estas empresas y funcionan con una lógica de simulación”, explica el académico, quien sostiene que la pobreza sistemática que se vive en México está generando un sentimiento de frustración e impotencia que termina manifestándose en robos, delincuencia, daño a terceros, suicidios, etcétera.
Sin embargo, para el historiador y politólogo Lorenzo Meyer, el origen de la violencia en México tiene que ver con la debilidad de las instituciones mexicanas y no necesariamente con la desigualdad social, fenómeno que ha existido de forma permanente desde la época colonial.
“A mi juicio la violencia está en las instituciones políticas. La desigualdad ha estado aquí siempre y eso por sí solo no explica el narcotráfico”, comenta el investigador del Colegio de México, quien explica que históricamente, los estallidos de violencia en el país han venido acompañados de una debilidad institucional que genera las condiciones propicias para la insurrección de algunos grupos sociales, tal como ocurrió durante la Independencia y la Revolución Mexicana.
De ahí que la fragilidad y la corrupción al interior de las instituciones mexicanas no sólo abrió la puerta al narcotráfico, sino también a una serie de grupos de poder que ejercen su voluntad aún por encima del bien común, algo que empieza a gestar una profunda crisis de legitimidad que resulta evidente en la pérdida de credibilidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política y los procesos electorales.
“El narcotráfico encuentra un vacío de poder aprovechando una descomposición del control político, igual que Azcárraga o Slim. Se ha deslegitimado el sistema porque la desigualdad y la corrupción se han hecho más obvias”, apunta Meyer, quien considera que para revertir esta situación tendría que construirse un nuevo pacto social que “metiera en cintura” a los poderes fácticos.
Los niveles de violencia que vive México no pueden explicarse únicamente como una disputa de mercado por parte de los cárteles de la droga, si no se toman en cuenta otros factores, como el rencor acumulado durante generaciones enteras en condiciones de marginación y pobreza. Un factor determinante para entender la brutalidad de los asesinatos que abarrotan las primeras planas de la prensa nacional, siguiendo al pie de la letra aquella ‘ley de conservación de la violencia’, enunciada por el sociólogo Pierre Bourdieu, la cual afirma que “la violencia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.
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Diagnóstico de la violencia en México

Me parece que el diagnóstico del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de Naciones Unidas en temas de crimen organizado, junto con el realizado por especialistas de la UNAM, es el más preciso y sólido acerca de las causas fundamentales de la violencia en México y las medidas necesarias para hacerle frente. En síntesis, podemos afirmar que el florecimiento del narco tiene que ver con la fragmentación del Estado, una profunda crisis política y la debilidad de las instituciones mexicanas, factores que no se pueden resolver simplemente con los cuerpos de seguridad.

PDF con Propuestas de la UNAM:

Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia

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